El informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la situación de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires muestra las transformaciones pendientes en el Estado provincial.
Por Adolfo Pérez Esquivel.
“El modelo neoliberal de los 90 ha dejado profundas huellas políticas, culturales, económicas y sociales en el Estado y la sociedad. Desmontar su andamiaje es tarea de esta etapa histórica. Sin embargo, cuando se analizan las situaciones de Justicia, seguridad y las prácticas hacia personas privadas de libertad, el núcleo duro de ideas que dieron sustento a la institucionalidad que se modeló en aquellos años, parece tener todavía un rol hegemónico”, dice la introducción del informe. La superación de estas prácticas contradictorias con la democracia precisa de una profunda reforma. Es una problemática compleja y tras de sí hay intereses corporativos muy fuertes y de raigambre histórica. Pero esa dificultad no puede trabar esta enorme deuda de la democracia.
La mano dura y la demagogia punitiva, la utilización de la prisión preventiva masiva sobre los sectores empobrecidos, las prácticas policiales violentas y arbitrarias sobre los más vulnerables, los malos tratos y torturas en cárceles y comisarías, la ineficacia en la investigación judicial de la violencia institucional sobre personas sin recursos , la persecución a los jueces que no se adaptan a los criterios hegemónicos y dictan sentencia a derecho, son parte de un modelo que impugnamos y al que llamamos sistema de la crueldad.
Nuestro equipo ha monitoreado cárceles, comisarias y centros de detención de niños y adolescentes, y demuestra la situación violatoria de los derechos humanos básicos, en especial de los más jóvenes . Una sociedad que responde a enormes problemas sociales con el Código Penal y la violencia institucional sólo genera más violencia e inseguridad.
Hace dos años que desapareció Luciano Arruga , tras haber sido detenido en La Matanza y la causa aún se sigue por averiguación de paradero, como si se hubiera perdido. En la comisaria 6ta de Tolosatorturaron al menor Alejandro Alonso , luego lo persiguieron y le armaron una causa por haber denunciado a sus victimarios. Estos son hechos que no sólo hablan de las prácticas policiales ilegales y de delitos graves sobre jóvenes sino también de la debilidad de la investigación judicial.
La violencia sobre niños y adolescentes en el Centro de Recepción de Lomas de Zamoramuestra la gravedad del problema. La nueva y positiva legislación sobre protección integral de la niñez todavía debe implementarse profundamente.
Por ello seguimos impulsando las políticas de inclusión social, una democrática distribución de la riqueza y el conocimiento, un mayor presupuesto social en la Provincia. Somos conscientes que la transformación es compleja ya que la Policía y el Servicio Penitenciario son y actúan como corporaciones. Pero el autogobierno policial y los pactos políticos con esas fuerzas son parte central del problema a superar ya que agudizan la inseguridad, desprofesionalizan a la policía y al SPB y dejan zonas grises de connivencia con el delito.
El informe muestra una realidad que hay que visibilizar. No hay razón de Estado para ocultarla, porque allí se encuentra la base de la impunidad y de que el sistema mantenga su crueldad.
La mano dura y la demagogia punitiva, la utilización de la prisión preventiva masiva sobre los sectores empobrecidos, las prácticas policiales violentas y arbitrarias sobre los más vulnerables, los malos tratos y torturas en cárceles y comisarías, la ineficacia en la investigación judicial de la violencia institucional sobre personas sin recursos , la persecución a los jueces que no se adaptan a los criterios hegemónicos y dictan sentencia a derecho, son parte de un modelo que impugnamos y al que llamamos sistema de la crueldad.
Nuestro equipo ha monitoreado cárceles, comisarias y centros de detención de niños y adolescentes, y demuestra la situación violatoria de los derechos humanos básicos, en especial de los más jóvenes . Una sociedad que responde a enormes problemas sociales con el Código Penal y la violencia institucional sólo genera más violencia e inseguridad.
Hace dos años que desapareció Luciano Arruga , tras haber sido detenido en La Matanza y la causa aún se sigue por averiguación de paradero, como si se hubiera perdido. En la comisaria 6ta de Tolosatorturaron al menor Alejandro Alonso , luego lo persiguieron y le armaron una causa por haber denunciado a sus victimarios. Estos son hechos que no sólo hablan de las prácticas policiales ilegales y de delitos graves sobre jóvenes sino también de la debilidad de la investigación judicial.
La violencia sobre niños y adolescentes en el Centro de Recepción de Lomas de Zamoramuestra la gravedad del problema. La nueva y positiva legislación sobre protección integral de la niñez todavía debe implementarse profundamente.
Por ello seguimos impulsando las políticas de inclusión social, una democrática distribución de la riqueza y el conocimiento, un mayor presupuesto social en la Provincia. Somos conscientes que la transformación es compleja ya que la Policía y el Servicio Penitenciario son y actúan como corporaciones. Pero el autogobierno policial y los pactos políticos con esas fuerzas son parte central del problema a superar ya que agudizan la inseguridad, desprofesionalizan a la policía y al SPB y dejan zonas grises de connivencia con el delito.
El informe muestra una realidad que hay que visibilizar. No hay razón de Estado para ocultarla, porque allí se encuentra la base de la impunidad y de que el sistema mantenga su crueldad.
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