Por Catriel Etcheverri
El trabajo alerta, entre otras cosas, sobre la persecución policial a jóvenes y menores de sectores vulnerables, las condiciones inhumanas de detención y la reducción de la seguridad pública a las políticas policiales y penales.
El Comité contra la Tortura, dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presentará hoy en La Plata su Informe Anual 2011 en el que realiza una evaluación sobre las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires. Aunque el debate en torno a los postulados explicitados en el Acuerdo por una Seguridad Democrática, impulsado por diversos organismos sociales, ganó terreno en los últimos meses, y en especial desde la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, la situación en el distrito más poblado del país motivó fuertes críticas por parte de la Comisión.El informe se detiene en las prácticas de las fuerzas de seguridad y las violaciones a los Derechos Humanos en los lugares de encierro como cárceles, comisarías e institutos de menores. “El discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes constituyen pilares de los problemas a superar”, alerta el documento que será presentado al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aunque por el momento ninguno de los dos respondió al pedido de audiencia para que se pueda efectuar la entrega de manera personal. Los integrantes de la Corte Suprema de la provincia lo recibirán hoy poco antes del mediodía. Uno de los puntos más relevantes del informe da cuenta del incremento de la persecución policial sobre los jóvenes y los niños de los sectores más vulnerables, que se materializa en detenciones sin orden judicial, el armado de causas y el reclutamiento para el delito. En este punto destaca que “es inadmisible que los policías sospechados de torturar y hacer desaparecer a Luciano Arruga estén nuevamente en actividad”. La Comisión reclama también la creación de una Policía Judicial que, tal como lo establece la Constitución provincial, dependa directamente de la Corte Suprema para así desplazar a la Bonaerense de la instrucción de los expedientes penales, de modo de evitar “la práctica recurrente del armado de causas”.“En los casos de averiguación de identidad, los que más sufren la persecución policial son los de menores recursos, y en especial quienes tienen entre 14 y 25 años. El 88,4% de las actas analizadas no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención y las que ensayan alguna justificación utilizan términos vagos e imprecisos”, indica el documento y agrega que “en el 93,2% de los casos no se puede establecer cuánto duró la privación de la libertad”.Para la Comisión, el gobierno provincial profundizó las políticas de seguridad basadas en la mano dura y la demagogia punitiva. De hecho, durante 2010 se dispusieron cambios que incrementaron el autogobierno de las fuerzas policiales como la unificación de las carteras de Seguridad y Justicia y la delegación en el jefe policial del diseño de políticas relacionadas con la seguridad pública. Se reduce así la seguridad pública a políticas policiales y penales.El informe advierte que, no obstante la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación “sigue siendo crítico”. Mientras la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, a marzo de este año la cantidad de personas detenidas asciende a casi 30 mil. Casi el doble de lo que el sistema penitenciario es capaz de alojar en condiciones dignas. En varias cárceles bonaerenses se relevaron celdas individuales de 2x2 metros, ocupadas por cuatro, cinco y hasta ocho detenidos.Durante 2009 murieron 117 personas en cárceles bonaerenses. El año pasado esa cifra trepó a 133, once personas cada mes. Según el informe, 94 de estos decesos ocurrieron por problemas de salud que “hubieran sido evitables con otras condiciones sanitarias y adecuada atención médica”. El documento sostiene que los programas recientemente aplicados constituyen un avance insuficiente debido a que siguen sosteniendo un enfoque centrado en la enfermedad, sin considerar a la salud como integral y abarcativa de todas las esferas de la vida. No se cuestionan las condiciones materiales de detención, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos. Se registró un incremento de hechos violentos y casos de torturas en los lugares de detención, lo que motivó que la Comisión presentara 987 habeas corpus individuales. Paradójicamente, explica el informe, las peleas entre detenidos descendieron, sin embargo aumentó la represión ante hechos de violencia.La Comisión Provincial por la Memoria cuestionó en duros términos el proyecto de ley impulsado por el senador Federico Scarabino que propone la creación de un mecanismo provincial de control de lugares de detención que no respeta los postulados básicos de independencia funcional y financiera. “Este proyecto se convierte en un intento por subordinar el único control realmente existente que desde hace ocho años realiza la Comisión”, denuncia. <
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