Por Susana Méndez Miembro de la Comisión Provincial por la Memoria.
No se trata de casos aislados, de excesos o errores del personal policial, sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de este grupo etario, en mayor medida cuando pertenecen a familias pauperizadas.
Ese día, 1 de abril, cumplía 17 años, por esa razón mis amigos organizaron un partido de fútbol, íbamos con C. T. (16 años) al lugar del encuentro. Yo iba manejando, me equivoco de calle y doblo a contramano, ahí un patrullero me hace señas de luces, me doy cuenta que estoy equivocado. Doblo y otro patrullero me sigue con las luces apagadas, es entonces cuando ambos patrulleros producen una emboscada y comienzan a dispararnos, nos asustamos. Trato de seguir la marcha pero C. T. me dice ‘me dieron’, entonces freno. Mi cuerpo estaba duro, a mí también me habían herido. La policía siguió disparándonos, bajo del auto y es allí donde un policía me tira al piso y me empiezan a pegar, a C. T. lo sacan del auto y es arrastrado y golpeado, perdiendo el conocimiento. Veo que lo arrastran a unos tres metros. Escucho desde el piso que dicen, ‘los matamos y los tiramos al descampado’. Me parece que ellos piensan que C. T. está muerto porque dejan de golpearlo….” (Relato de D. C.)
Este es el relato que pudimos escuchar en una entrevista que tuvimos el miércoles 1 de junio en Mar del Plata. Fuimos convocados por la filial de SUTEBA a la escuela a la que concurren las víctimas y los padres de algunos de los muchos casos de ataques a jóvenes por parte de las fuerzas policiales, que vienen sucediendo en todo el país.
Desde 1983 hasta marzo de 2011, llegan a más de 3000 los jóvenes que fueron muertos por la represión policial. Esto sin contar los tantos que resultaron heridos. Esto hace pensar que no se trata de casos aislados, de excesos o errores del personal policial, sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de este grupo etario, en mayor medida cuando pertenecen a familias pauperizadas.
Al respecto, los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria, a través del trabajo del Comité contra la Tortura y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalan una curva ascendente en hechos de violencia con participación policial, cuyas expresiones más graves culminan en la muerte de estos jóvenes. Estas prácticas son más cotidianas y numerosas, mostrando una lógica relación entre las policías y los adolescentes varones de los barrios más empobrecidos.
Los integrantes de la policía, como en otras instituciones sociales, señalan a estos jóvenes como peligrosos, ejerciendo violencia sobre ellos, que va desde discriminaciones hasta violaciones y muertes en los casos más graves. Desde la mirada de los jóvenes, esta fuerza de seguridad es su contrincante principal. Frente a ellos temen perder hasta la vida, ya sea porque los enfrentamientos con los uniformados son violentos o porque, al ser detenidos, los jóvenes pueden sufrir apremios ilegales en comisarías o destacamentos. Esto no es ficción o exageración, sino que está demostrado en las numerosas denuncias hechas ante la justicia.
Este abuso represivo pone en tela de juicio el valor de las figuras de autoridad de nuestra sociedad, desvirtuando los valores éticos de toda la población y dividiendo a la ciudadanía. Así, por un lado están aquellos que justifican una seguridad regida por la aplicación de “mano dura” como solución al problema. Son los mismos que insisten en la penalización de jóvenes y adolescentes, en perfeccionar los sistemas represivos y bajar la edad de la imputabilidad. Y están acompañados por algunos medios de comunicación que incitan a sumar adeptos a estas ideas, a través de la manipulación de la información y la repetición permanente de noticias delictivas.
En otro lugar estamos los que creemos que una política autoritaria frente al delito produce una fuerte dosis de exclusión y violencia. Desde esa premisa proponemos una solución democrática de la cuestión de seguridad, basada en un debate abierto y pluralista, que permita alcanzar acuerdos básicos entre Estado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos para atender las legítimas demandas de la sociedad. Estos son los mismos principios del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática, que la Comisión provincial por la Memoria y el CELS impulsan desde 2009.
A medida que transcurría la entrevista con que comencé esta nota, sonaba en mi cabeza una canción que entonaban los militantes de los ’70 en las plazas, en las universidades y en sus marchas, cuyo estribillo decía que el pueblo iba a triunfar para lograr “un país donde los chicos puedan jugar, mirando al sol y aprendiendo a amar…” aludiendo a la esperanza de lograr una de las más importantes premisas para una sociedad democratizada y equitativa, el cuidado de las generaciones venideras y el cumplimiento de un desarrollo pleno, basado en el respeto de sus necesidades y derechos.
Después, sucedió lo que sucedió: la violencia hacia el pueblo, primero brutal –mantenida aún hoy en día por las fuerzas de seguridad– y luego, la otra violencia, invisibilizada, a partir de la instauración de formas de vida que se manifestaron en políticas de exclusión, fortaleciendo el modelo de una sociedad entrecruzada entre los que ejercen un poder y aquellos a los cuales se los somete.
Este es el relato que pudimos escuchar en una entrevista que tuvimos el miércoles 1 de junio en Mar del Plata. Fuimos convocados por la filial de SUTEBA a la escuela a la que concurren las víctimas y los padres de algunos de los muchos casos de ataques a jóvenes por parte de las fuerzas policiales, que vienen sucediendo en todo el país.
Desde 1983 hasta marzo de 2011, llegan a más de 3000 los jóvenes que fueron muertos por la represión policial. Esto sin contar los tantos que resultaron heridos. Esto hace pensar que no se trata de casos aislados, de excesos o errores del personal policial, sino de una práctica sistemática basada en el control social y el disciplinamiento de este grupo etario, en mayor medida cuando pertenecen a familias pauperizadas.
Al respecto, los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria, a través del trabajo del Comité contra la Tortura y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalan una curva ascendente en hechos de violencia con participación policial, cuyas expresiones más graves culminan en la muerte de estos jóvenes. Estas prácticas son más cotidianas y numerosas, mostrando una lógica relación entre las policías y los adolescentes varones de los barrios más empobrecidos.
Los integrantes de la policía, como en otras instituciones sociales, señalan a estos jóvenes como peligrosos, ejerciendo violencia sobre ellos, que va desde discriminaciones hasta violaciones y muertes en los casos más graves. Desde la mirada de los jóvenes, esta fuerza de seguridad es su contrincante principal. Frente a ellos temen perder hasta la vida, ya sea porque los enfrentamientos con los uniformados son violentos o porque, al ser detenidos, los jóvenes pueden sufrir apremios ilegales en comisarías o destacamentos. Esto no es ficción o exageración, sino que está demostrado en las numerosas denuncias hechas ante la justicia.
Este abuso represivo pone en tela de juicio el valor de las figuras de autoridad de nuestra sociedad, desvirtuando los valores éticos de toda la población y dividiendo a la ciudadanía. Así, por un lado están aquellos que justifican una seguridad regida por la aplicación de “mano dura” como solución al problema. Son los mismos que insisten en la penalización de jóvenes y adolescentes, en perfeccionar los sistemas represivos y bajar la edad de la imputabilidad. Y están acompañados por algunos medios de comunicación que incitan a sumar adeptos a estas ideas, a través de la manipulación de la información y la repetición permanente de noticias delictivas.
En otro lugar estamos los que creemos que una política autoritaria frente al delito produce una fuerte dosis de exclusión y violencia. Desde esa premisa proponemos una solución democrática de la cuestión de seguridad, basada en un debate abierto y pluralista, que permita alcanzar acuerdos básicos entre Estado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos para atender las legítimas demandas de la sociedad. Estos son los mismos principios del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática, que la Comisión provincial por la Memoria y el CELS impulsan desde 2009.
A medida que transcurría la entrevista con que comencé esta nota, sonaba en mi cabeza una canción que entonaban los militantes de los ’70 en las plazas, en las universidades y en sus marchas, cuyo estribillo decía que el pueblo iba a triunfar para lograr “un país donde los chicos puedan jugar, mirando al sol y aprendiendo a amar…” aludiendo a la esperanza de lograr una de las más importantes premisas para una sociedad democratizada y equitativa, el cuidado de las generaciones venideras y el cumplimiento de un desarrollo pleno, basado en el respeto de sus necesidades y derechos.
Después, sucedió lo que sucedió: la violencia hacia el pueblo, primero brutal –mantenida aún hoy en día por las fuerzas de seguridad– y luego, la otra violencia, invisibilizada, a partir de la instauración de formas de vida que se manifestaron en políticas de exclusión, fortaleciendo el modelo de una sociedad entrecruzada entre los que ejercen un poder y aquellos a los cuales se los somete.
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