Ahora nadie puede de buena fe sostener: la Iglesia hizo lo que pudo; hizo y hace todo lo que puede para falsificar la historia nacional y no tener que asumir su propia e indeclinable responsabilidad.
Por Alejandro Horowicz
El heredero de Rodolfo Walsh, con documento indiscutible, acaba de probar lo que inductivamente sabíamos: la complicidad estructural de la Iglesia Católica en la represión ejecutada por la dictadura burguesa terrorista del ’76. Una cosa es presuponer con fundamento conceptual que la Iglesia fue instigadora y cómplice de la política de terrorismo sistemático (tortura, violación, asesinato y desaparición de antagonistas políticos), y otra muy distinta es probarlo con rigor judicial. Horacio Verbitsky acaba de demostrar, en Página 12 del domingo 6 de mayo, que Jorge Rafael Videla había “confesado” el 10 de abril de 1978, el “método empleado” a la máxima jerarquía católica.
No se trata de la publicación de documentos “secretos” que pierden su condición de tales en determinada fecha, como suele hacer con “tachaduras” el Departamento de Estado de los EE UU; Verbitsky, sin revelar cómo accedió a la fuente, al no tratarse de documentos desclasificados, da otra muestra de su probada pericia profesional: no sólo expurga archivos hasta ubicar el documento donde la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Católica atestigua los dichos de Videla, sino hace saber que su voluntad política no ha variado un ápice. Es decir, que la Iglesia a sabiendas y propositivamente participa aun hoy en un proceso de falsificación histórica y encubrimiento político de delitos de lesa humanidad, a 34 años de los dichos de Videla.
Vale la pena detenerse en este aspecto del problema. Si algo probaron los juicios a los ejecutores de la política terrorista fue la sistematicidad con que actuaron. No se trataba de ninguna improvisación, todo había sido previa y fríamente pensado. El “problema” que Videla presenta al cardenal Raúl Primatesta, y a los obispos Vicente Zazpe y Juan Aramburu (imposibilidad de informar a la sociedad con la debida meticulosidad, por no existir una lista unificada de las víctimas) es sólo una burda y consentida estratagema verbal. La ausencia de “información centralizada” choca con la decisión piramidal, esto es perfectamente centralizada, de “aniquilar” al enemigo. Esta decisión contiene una suerte de garantía adicional para los “ejecutores” materiales, adenda que se propone asegurarles a perpetuidad la impunidad de sus actos. Por tanto, para que sea “imposible traicionar” –debemos admitir que los verdugos conocían perfectamente el paño de sus jefes– para que no puedan delatarlos más tarde, debía ser materialmente imposible saber quién era el responsable. Ahora bien, esta “imposibilidad” no era una debilidad del poder, sino su lógica operativa. Y la amistosa comprensión de la Iglesia, que Videla subrayara una y otra vez, demuestra algo más: no era la primera vez que esa jerarquía recibía esa información.
El propio Verbitsky nos hace saber que previamente Emilio Mignone, fundador del CELS, les había hecho llegar una carta donde daba cuenta de la metodología empleada. Y es precisamente esa carta la que guía el interrogatorio presidencial, pero tanto la jerarquía como el propio Videla sabían perfectamente que existía otra fuente: los 250 capellanes militares.
Un profesor de la Escuela Superior de Guerra de esos días, me relató una historia presencial. Acababa de dar su clase “técnica”, y vio ingresar a un capellán al curso. El cambio de clima entre los oficiales fue instantáneo. Tanto le llamó la atención que permaneció en las inmediaciones, y pudo escuchar los alaridos de los asistentes enardecidos por el discurso eclesial. No sólo eran reconfortados –como nos hiciera saber el capitán Adolfo Scilingo, en testimonio al propio Verbitsky– sino incitados a actuar con la debida energía de cruzados católicos. Ahora se entiende mejor el comportamiento del curita Christian von Wernich, y sobre todo el ominoso silencio de sus superiores tras su condena judicial pública. Silencio que no han roto hasta hoy, y que muy difícilmente se quiebre.
UN SECRETO A ALARIDOS. En mi libro Las dictaduras argentinas me ocupo de considerar lo que la sociedad argentina sabía, sobre la política de masacre, mientras sucedía. Leyendo 660 cartas de los lectores publicadas en el diario La Prensa entre 1976 y 1983 demuestro que básicamente se sabía todo. Dos piezas que no son cartas de los lectores integran mi análisis: la solicitada pagada por los familiares del profesor Bravo, para lograr su liberación, y el reportaje a monseñor Antonio Quarracino, por ese entonces presidente de la CELAM y obispo de Avellaneda. El reportaje está fechado el 3 de abril de 1983. Sostiene entonces Quarracino: debe decirse a la sociedad argentina sobre los desaparecidos que “de alguna manera u otra todos somos culpables”.
Y añade: “Yo entiendo que es preferible hablar de ley de olvido antes que de ley de amnistía, porque la amnistía tiene el frío contenido jurídico, en cambio el olvido tiene un sentido más hondo, más humano, más profundo. Juzgo conveniente hacer una estructuración jurídica, hacer algo que pueda llamarse verdaderamente ley, aunque pueda tener otra denominación, que evite el envenenamiento por odio, la venganza, la injusticia en la sociedad argentina actual y en la del futuro.”
Es imprescindible prestar atención a las fechas. El 3 de abril, Quarracino adelanta el comportamiento del entonces general Bignone, a cargo del Ejecutivo por decisión del Ejército. El 28 de abril, después de fijar la fecha electoral para octubre, Bignone dicta el Decreto 2726/83 en el que ordena la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos. Vale decir, esa documentación existía al menos hasta esa fecha y habría dejado de existir entonces. O lo que todavía es más grave, Bignone utilizó un decreto del Poder Ejecutivo para encubrir los delitos cometidos, y da a conocer el Documento Final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo que comunica la muerte de los desaparecidos. Recién el 23 de septiembre su gobierno promulgaría la Ley 22.924, de autoamnistía, y es precisamente en el desconocimiento de su carácter de ley que se basa el juicio a las tres juntas militares impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín.
Entonces, Bignone dicta la autoamnistía el 23 de septiembre y Quarracino impulsa esa “idea” cinco meses antes. Más aun, todavía la “ley” no ha sido comunicada y el presidente del CELAM nos hace saber sus dotes predictivas, sostiene monseñor: “Yo no afirmo que no deba actuar la justicia, cuando deba actuar, pero que tenga reglas o límites, que no se cuáles podrían ser para evitar ese envenenamiento.”
La justicia sólo puede establecer lo acontecido y determinar la responsabilidad penal. El límite de la justicia es preciso: la igualdad ante la ley, es decir, igual delito supone igual pena. Sostengo en Las dictaduras argentinas: “La afirmación ‘todos somos culpables’ sólo puede surgir de la voluntad explícita de no averiguar la responsabilidad, personal, intransferible, de cada uno de los culpables. Y como las FF AA y la Iglesia Católica no pueden ser culpables, todos somos culpables para que ambas instituciones resulten inocentes. De ser así, su afirmación equivaldría a una confesión de culpabilidad que afecta, en primera instancia, a la Iglesia Católica.”
Cuando terminé de escribir Las dictaduras argentinas no estaba disponible el documento que Verbitsky acaba de difundir. Es que su publicación –al igual que la verdad videlista– cierra otro capítulo sobre la responsabilidad histórica de la represión. Ahora nadie puede de buena fe sostener: la Iglesia hizo lo que pudo; hizo y hace todo lo que puede para falsificar la historia nacional y no tener que asumir su propia e indeclinable responsabilidad. Es tiempo de dejarlo definitivamente en claro.<
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