La experta alemana Isabell Kempf afirma que en Africa se tomó conciencia de que la forma de solucionar los conflictos es con la ayuda de los vecinos. Ruanda tiene un sistema jurídico que castiga a los genocidas; Kenia incorporó una Constitución progresista.
Por Luciana Bertoia.
Africa lleva décadas desangrándose por los conflictos. La región de los Grandes Lagos, donde se encuentran Ruanda, Burundi y el Congo, ha sido el epicentro del genocidio, explican los especialistas. Algunos estiman que en sólo cien días en 1994 murieron cerca de un millón de tutsis en Ruanda. Sin el interés del mundo occidental, los países de una de las zonas más pobres del continente se dieron cuenta hace años de que deben evitar conjuntamente nuevas matanzas y que deben desandar el camino de la justicia.
Isabell Kempf es consejera de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para la región de los Grandes Lagos. También, la economista alemana trabaja para la Conferencia Internacional para los Grandes Lagos, que es una iniciativa de 11 países para la paz y el desarrollo, surgida en 2004 en respuesta al genocidio en Ruanda y a las dos guerras en el Congo. “Se agruparon para discutir las causas profundas de los conflictos en la región y para encontrar una respuesta colectiva, porque muchos de los problemas afectan a toda la región. Es por eso que crearon el año pasado también un Comité de Prevención del Genocidio, que es regional y que tiene como objetivo trabajar en políticas educativas y leyes para la lucha contra la impunidad en la región”, explicó a Página/12 la funcionaria que viajó desde Burundi a Buenos Aires para participar del Tercer Encuentro Internacional sobre Genocidio, organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Sin dejar de mencionar los avances argentinos en materia de verdad y justicia, Kempf espera que se juzgue a quienes cometieron crímenes aberrantes en el Este africano.
–¿Cómo están trabajando los países en la prevención del genocidio?
–Ruanda tiene más experiencia, porque cuenta con una comisión nacional de prevención del genocidio y un sistema jurídico para poder penalizar a los perpetradores del genocidio. Kenia, después de la violencia electoral en 2008, hizo una nueva Constitución muy progresista, que reconoce los derechos sociales, culturales y a la tierra, y que intenta integrar a los diferentes grupos étnicos en una sociedad más inclusiva.
–¿Cuáles fueron las consecuencias sociales que imprimieron las matanzas en esa zona de Africa?
–En primer lugar, creo que la gente está cansada de los conflictos. La gente quiere crear relaciones más positivas entre los países y quiere reconstruir la región, que es muy bella, con muchos recursos naturales y humanos. Por eso, la iniciativa regional propone trabajar juntos para que los recursos naturales no sean utilizados para retroalimentar los conflictos, para luchar contra la violencia sexual y para terminar con los desplazados internos, que cuando comenzamos había casi 10 millones de desplazados en el lugar. Hay una conciencia de que se necesita del vecino para la propia estabilidad.
–¿Esta coordinación regional se presenta como un modelo alternativo a lo que puede ser una intervención de la comunidad internacional, liderada por los países occidentales?
–Sí, porque justamente lo que se espera es trabajar en la prevención del genocidio y en los crímenes masivos. Para hacerlo, hay que monitorear la situación de los derechos humanos, porque un genocidio comienza con una exclusión permanente de un grupo en la sociedad. Por ejemplo, el año pasado hubo elecciones en Burundi y gran violencia política. Entonces, se movilizaron los embajadores y los cancilleres de los países vecinos para explicarles a las autoridades que no iban a permitir que resurja la violencia en Burundi y que no iban a dar refugio a personas –del gobierno o de la oposición– que hayan cometido crímenes.
–¿Por qué no intervino la comunidad internacional cuando se produjo el genocidio ruandés?
–Los estadounidenses venían de una experiencia en Somalia, donde el mantenimiento de la paz había sido un fracaso. Ellos no querían intervenir en un país donde no tenían intereses geopolíticos ni económicos. Entonces hicieron de todo para que no se hablara del genocidio. Porque probar que se trataba de un genocidio implicaba la obligación de intervenir para la comunidad internacional.
–¿Hay posibilidades de que se lleve a la Justicia a quienes cometieron crímenes durante los conflictos étnicos en la región, más allá de lo que ya se hizo en Ruanda?
–En Burundi, por ejemplo, se está estableciendo la Comisión de Verdad y Reconciliación y se espera que empiece a funcionar para comienzos del año próximo. Pero la sociedad civil no se siente representada allí. Hay una discusión muy fuerte en este momento.
–¿Están organizadas las víctimas en Burundi?
–Sí, hay organizaciones de viudas, de familiares y de víctimas en general. Los distintos grupos se reúnen cada dos semanas para discutir cómo quieren que sea el proceso: cómo tiene que ser la protección de los testigos, cómo hay que escribir la historia, si quieren reparaciones individuales o colectivas.
–Pero una Comisión de Verdad y Reconciliación no implica una revisión judicial. ¿Qué pasará con los perpetradores?
–Por el momento, hay impunidad. Incluso el presidente actual fue condenado por un tribunal nacional por crímenes contra la humanidad pero las penas nunca se aplicaron. Porque después de los acuerdos de paz, hubo una amnistía provisoria hasta que se cree un tribunal mixto con expertos nacionales e internacionales.
–¿Por qué está tan presente la idea de la reconciliación?
–Allí es muy importante porque una parte del conflicto fue creado por intereses exteriores de la colonización. El conflicto étnico es artificial porque todos los burundeses tienen la misma lengua, la misma cultura, y siempre vivieron juntos en las colinas. Para ellos es importante tener esta reconciliación porque se sienten como un mismo pueblo. Ellos hablan mucho del perdón porque es una sociedad muy católica. El presidente, que pertenece a una iglesia evangélica, pidió disculpas en la televisión cuando comenzó su mandato. Se disculpó porque había matado a varias personas. A mí me parece muy peligroso porque uno puede pedir perdón, pero tiene una responsabilidad jurídica. Yo creo que en este momento la mayoría de la población quiere justicia, pero muchos de los criminales están en el gobierno. Creo que va a ser más fácil tener un tribunal mixto, donde haya extranjeros y nacionales. Eso podría garantizar la seguridad de los jueces y de los testigos.
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Isabell Kempf es consejera de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para la región de los Grandes Lagos. También, la economista alemana trabaja para la Conferencia Internacional para los Grandes Lagos, que es una iniciativa de 11 países para la paz y el desarrollo, surgida en 2004 en respuesta al genocidio en Ruanda y a las dos guerras en el Congo. “Se agruparon para discutir las causas profundas de los conflictos en la región y para encontrar una respuesta colectiva, porque muchos de los problemas afectan a toda la región. Es por eso que crearon el año pasado también un Comité de Prevención del Genocidio, que es regional y que tiene como objetivo trabajar en políticas educativas y leyes para la lucha contra la impunidad en la región”, explicó a Página/12 la funcionaria que viajó desde Burundi a Buenos Aires para participar del Tercer Encuentro Internacional sobre Genocidio, organizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Sin dejar de mencionar los avances argentinos en materia de verdad y justicia, Kempf espera que se juzgue a quienes cometieron crímenes aberrantes en el Este africano.
–¿Cómo están trabajando los países en la prevención del genocidio?
–Ruanda tiene más experiencia, porque cuenta con una comisión nacional de prevención del genocidio y un sistema jurídico para poder penalizar a los perpetradores del genocidio. Kenia, después de la violencia electoral en 2008, hizo una nueva Constitución muy progresista, que reconoce los derechos sociales, culturales y a la tierra, y que intenta integrar a los diferentes grupos étnicos en una sociedad más inclusiva.
–¿Cuáles fueron las consecuencias sociales que imprimieron las matanzas en esa zona de Africa?
–En primer lugar, creo que la gente está cansada de los conflictos. La gente quiere crear relaciones más positivas entre los países y quiere reconstruir la región, que es muy bella, con muchos recursos naturales y humanos. Por eso, la iniciativa regional propone trabajar juntos para que los recursos naturales no sean utilizados para retroalimentar los conflictos, para luchar contra la violencia sexual y para terminar con los desplazados internos, que cuando comenzamos había casi 10 millones de desplazados en el lugar. Hay una conciencia de que se necesita del vecino para la propia estabilidad.
–¿Esta coordinación regional se presenta como un modelo alternativo a lo que puede ser una intervención de la comunidad internacional, liderada por los países occidentales?
–Sí, porque justamente lo que se espera es trabajar en la prevención del genocidio y en los crímenes masivos. Para hacerlo, hay que monitorear la situación de los derechos humanos, porque un genocidio comienza con una exclusión permanente de un grupo en la sociedad. Por ejemplo, el año pasado hubo elecciones en Burundi y gran violencia política. Entonces, se movilizaron los embajadores y los cancilleres de los países vecinos para explicarles a las autoridades que no iban a permitir que resurja la violencia en Burundi y que no iban a dar refugio a personas –del gobierno o de la oposición– que hayan cometido crímenes.
–¿Por qué no intervino la comunidad internacional cuando se produjo el genocidio ruandés?
–Los estadounidenses venían de una experiencia en Somalia, donde el mantenimiento de la paz había sido un fracaso. Ellos no querían intervenir en un país donde no tenían intereses geopolíticos ni económicos. Entonces hicieron de todo para que no se hablara del genocidio. Porque probar que se trataba de un genocidio implicaba la obligación de intervenir para la comunidad internacional.
–¿Hay posibilidades de que se lleve a la Justicia a quienes cometieron crímenes durante los conflictos étnicos en la región, más allá de lo que ya se hizo en Ruanda?
–En Burundi, por ejemplo, se está estableciendo la Comisión de Verdad y Reconciliación y se espera que empiece a funcionar para comienzos del año próximo. Pero la sociedad civil no se siente representada allí. Hay una discusión muy fuerte en este momento.
–¿Están organizadas las víctimas en Burundi?
–Sí, hay organizaciones de viudas, de familiares y de víctimas en general. Los distintos grupos se reúnen cada dos semanas para discutir cómo quieren que sea el proceso: cómo tiene que ser la protección de los testigos, cómo hay que escribir la historia, si quieren reparaciones individuales o colectivas.
–Pero una Comisión de Verdad y Reconciliación no implica una revisión judicial. ¿Qué pasará con los perpetradores?
–Por el momento, hay impunidad. Incluso el presidente actual fue condenado por un tribunal nacional por crímenes contra la humanidad pero las penas nunca se aplicaron. Porque después de los acuerdos de paz, hubo una amnistía provisoria hasta que se cree un tribunal mixto con expertos nacionales e internacionales.
–¿Por qué está tan presente la idea de la reconciliación?
–Allí es muy importante porque una parte del conflicto fue creado por intereses exteriores de la colonización. El conflicto étnico es artificial porque todos los burundeses tienen la misma lengua, la misma cultura, y siempre vivieron juntos en las colinas. Para ellos es importante tener esta reconciliación porque se sienten como un mismo pueblo. Ellos hablan mucho del perdón porque es una sociedad muy católica. El presidente, que pertenece a una iglesia evangélica, pidió disculpas en la televisión cuando comenzó su mandato. Se disculpó porque había matado a varias personas. A mí me parece muy peligroso porque uno puede pedir perdón, pero tiene una responsabilidad jurídica. Yo creo que en este momento la mayoría de la población quiere justicia, pero muchos de los criminales están en el gobierno. Creo que va a ser más fácil tener un tribunal mixto, donde haya extranjeros y nacionales. Eso podría garantizar la seguridad de los jueces y de los testigos.
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