LA JUSTICIA PORTEñA CONSIDERO QUE “VULNERAN EL DERECHO A LA INTIMIDAD” DE NIñOS Y ADOLESCENTES.
El gobierno de Macri ya firmó los contratos para instalar cámaras de seguridad en 92 escuelas. En doce de ellas hubo, el año pasado, tomas de estudiantes, advierte el gremio docente. Denuncian al mecanismo como “una herramienta de control”.
Por Eduardo Videla
Por Eduardo Videla
La instalación de cámaras de seguridad en escuelas porteñas fue suspendida parcialmente por la Justicia, al considerar que la medida “vulnera el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes” que allí concurren. La jueza Elena Liberatori adoptó la decisión en respuesta a la presentación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Observatorio de Derechos Humanos, en respaldo de los padres de cuatro niñas que asisten a dos establecimientos de la ciudad. La suspensión rige, por el momento, para esas dos escuelas, pero tanto el gremio docente como el ODH convocaron a las familias que quieran sumarse a la demanda a presentar su adhesión. “De las 17 escuelas secundarias en las que está previsto instalar cámaras, en 12 hubo tomas por parte de estudiantes el año pasado, lo cual indica que la medida está pensada como una herramienta de control”, dijo a Página/12 Eduardo López, el titular de UTE.
La decisión de instalar cámaras en escuelas de la ciudad fue revelada por Página/12 el 6 de julio último. Para ese entonces, ya estaba adjudicada la licitación para poner en marcha un servicio de seguridad privada para 330 edificios dependientes del Gobierno de la Ciudad, entre ellos 92 correspondientes a jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias. El servicio incluye la presencia de personal de vigilancia y la instalación de alarmas y cámaras de seguridad en cada objetivo. Además de escuelas y hospitales, la licitación incluye a tres ex centros clandestinos de detención.
Los antecedentes no aportaban tranquilidad a las comunidades escolares involucradas: el gobierno de Mauricio Macri había firmado un convenio con canales de noticias para cederles imágenes registradas por las cámaras instaladas en la vía pública. Para evitar que esto ocurra en las escuelas, la Defensoría del Pueblo porteña inició una actuación.
Al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por dos padres, la jueza Liberatori consideró que la decisión de instalar cámaras de video en escuelas genera “un conflicto de derechos o intereses: por un lado, el legítimo interés del Estado en la protección de sus bienes y edificios, y por otro, el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución nacional”.
La jueza tomó en cuenta un “protocolo” que elaboró el Ministerio de Educación porteño el 12 de agosto último para regular “los alcances” del servicio de seguridad en las escuelas. Sin embargo, advierte que ese documento “sin firma” fue elaborado después de celebrarse los contratos de adjudicación, entre el Ministerio de Seguridad y las empresas, por lo cual no estaría contemplado en los mismos.
En ese protocolo se aclara que las cámaras estarán instaladas “en el perímetro” de las escuelas, es decir, fuera de los edificios, y funcionarán “fuera del horario escolar”. Sin embargo, para la jueza existen contradicciones en el texto que hacen suponer que las cámaras serían instaladas dentro de las escuelas.
Por lo pronto, revela la jueza en su dictamen, no se observa en los pliegos de la licitación “ningún tipo de especificación respecto del lugar donde se instalarán los dispositivos de filmación” y, sobre los horarios, sólo se manifiesta que el servicio deberá prestarse “durante las 24 horas todos los días, incluso sábados, domingos y feriados”.
En base a estos elementos, Liberatori concluye que “el medio elegido” para brindar el servicio de seguridad “aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida (la custodia de bienes y personas), ya que al no haberse establecido límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos de filmación, se genera una afectación irrazonable del derecho de intimidad”.
Al hacer lugar al pedido, la jueza estima que las escuelas no quedarán desprotegidas, ya que la licitación incluye la presencia de personal de vigilancia y la instalación de alarmas. La demanda fue presentada por padres de cuatro niñas que asisten al Instituto Bernasconi y a una escuela primaria ubicada en La Rioja e Independencia. La medida cautelar afecta, por ahora, a estos dos establecimientos.
Un vocero del Ministerio de Seguridad del gobierno porteño argumentó, en declaraciones a la agencia Télam, que “en las ciudades más importantes del mundo se toma ese tipo de medidas para prevenir hechos de inseguridad, accidentes o siniestros, como incendios”. Y añadió que las 92 escuelas incluidas en la licitación no fueron seleccionadas para la colocación de cámaras en base a un criterio determinado, sino que la elección obedece a “un trabajo en etapas”.
Gustavo Lesbegueris, del Area Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo, consideró “razonable” el fallo de la jueza, ya que “la comunidad escolar no ha sido consultada al elegir los objetivos” y reclamó que en el caso de instalarse, “debería hacerse con monitoreo externo de la Facultad de Ingeniería de la UBA o la UTN”.
Para el titular de UTE, Eduardo López, llama la atención que doce escuelas secundarias incluidas en el programa hayan sido escenario, el año pasado, de tomas protagonizadas por estudiantes, entre ellas, el Otto Krause, el Lenguas Vivas, el Fader, el Lola Mora, el Joaquín V. González y el Normal 1.
“Las escuelas son ámbitos de construcción de conocimiento, no de control social”, expresó la legisladora Laura García Tuñón (Proyecto Sur) en respaldo del fallo. En el mismo sentido, Francisco “Tito” Nenna expresó: “El macrismo quiere un nuevo dispositivo de control para garantizar la seguridad sin contemplar derechos de la comunidad educativa”.
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La decisión de instalar cámaras en escuelas de la ciudad fue revelada por Página/12 el 6 de julio último. Para ese entonces, ya estaba adjudicada la licitación para poner en marcha un servicio de seguridad privada para 330 edificios dependientes del Gobierno de la Ciudad, entre ellos 92 correspondientes a jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias. El servicio incluye la presencia de personal de vigilancia y la instalación de alarmas y cámaras de seguridad en cada objetivo. Además de escuelas y hospitales, la licitación incluye a tres ex centros clandestinos de detención.
Los antecedentes no aportaban tranquilidad a las comunidades escolares involucradas: el gobierno de Mauricio Macri había firmado un convenio con canales de noticias para cederles imágenes registradas por las cámaras instaladas en la vía pública. Para evitar que esto ocurra en las escuelas, la Defensoría del Pueblo porteña inició una actuación.
Al hacer lugar a la medida cautelar solicitada por dos padres, la jueza Liberatori consideró que la decisión de instalar cámaras de video en escuelas genera “un conflicto de derechos o intereses: por un lado, el legítimo interés del Estado en la protección de sus bienes y edificios, y por otro, el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución nacional”.
La jueza tomó en cuenta un “protocolo” que elaboró el Ministerio de Educación porteño el 12 de agosto último para regular “los alcances” del servicio de seguridad en las escuelas. Sin embargo, advierte que ese documento “sin firma” fue elaborado después de celebrarse los contratos de adjudicación, entre el Ministerio de Seguridad y las empresas, por lo cual no estaría contemplado en los mismos.
En ese protocolo se aclara que las cámaras estarán instaladas “en el perímetro” de las escuelas, es decir, fuera de los edificios, y funcionarán “fuera del horario escolar”. Sin embargo, para la jueza existen contradicciones en el texto que hacen suponer que las cámaras serían instaladas dentro de las escuelas.
Por lo pronto, revela la jueza en su dictamen, no se observa en los pliegos de la licitación “ningún tipo de especificación respecto del lugar donde se instalarán los dispositivos de filmación” y, sobre los horarios, sólo se manifiesta que el servicio deberá prestarse “durante las 24 horas todos los días, incluso sábados, domingos y feriados”.
En base a estos elementos, Liberatori concluye que “el medio elegido” para brindar el servicio de seguridad “aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida (la custodia de bienes y personas), ya que al no haberse establecido límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos de filmación, se genera una afectación irrazonable del derecho de intimidad”.
Al hacer lugar al pedido, la jueza estima que las escuelas no quedarán desprotegidas, ya que la licitación incluye la presencia de personal de vigilancia y la instalación de alarmas. La demanda fue presentada por padres de cuatro niñas que asisten al Instituto Bernasconi y a una escuela primaria ubicada en La Rioja e Independencia. La medida cautelar afecta, por ahora, a estos dos establecimientos.
Un vocero del Ministerio de Seguridad del gobierno porteño argumentó, en declaraciones a la agencia Télam, que “en las ciudades más importantes del mundo se toma ese tipo de medidas para prevenir hechos de inseguridad, accidentes o siniestros, como incendios”. Y añadió que las 92 escuelas incluidas en la licitación no fueron seleccionadas para la colocación de cámaras en base a un criterio determinado, sino que la elección obedece a “un trabajo en etapas”.
Gustavo Lesbegueris, del Area Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo, consideró “razonable” el fallo de la jueza, ya que “la comunidad escolar no ha sido consultada al elegir los objetivos” y reclamó que en el caso de instalarse, “debería hacerse con monitoreo externo de la Facultad de Ingeniería de la UBA o la UTN”.
Para el titular de UTE, Eduardo López, llama la atención que doce escuelas secundarias incluidas en el programa hayan sido escenario, el año pasado, de tomas protagonizadas por estudiantes, entre ellas, el Otto Krause, el Lenguas Vivas, el Fader, el Lola Mora, el Joaquín V. González y el Normal 1.
“Las escuelas son ámbitos de construcción de conocimiento, no de control social”, expresó la legisladora Laura García Tuñón (Proyecto Sur) en respaldo del fallo. En el mismo sentido, Francisco “Tito” Nenna expresó: “El macrismo quiere un nuevo dispositivo de control para garantizar la seguridad sin contemplar derechos de la comunidad educativa”.
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