En la convertibilidad se conocieron los casos de dominicanas que terminaban en prostíbulos argentinos. El fenómeno se volvió a producir en los últimos años. La fiscalía especializada inició la investigación de una banda dedicada a esa trata. La Justicia logró desbaratarla.
Por Mariana Carbajal
Por Mariana Carbajal
Sus víctimas eran jóvenes dominicanas, de escasos recursos. Las traían engañadas a la Argentina con falsas promesas de trabajo en peluquerías y casas de familia. Les hacían hipotecar sus bienes para poder pagar sus honorarios y el pasaje, un monto que rondaba los 5000 dólares, una cifra que para ellas resultaba enorme. Las empujaban a pasar como refugiadas y finalmente las introducían al circuito de prostíbulos en distintas provincias, como La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Así operaba desde hacía tres años una red de tratantes de República Dominicana, de acuerdo con una investigación iniciada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase). La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal acaba de confirmar el procesamiento con prisión preventiva de uno de los integrantes identificados por la pesquisa. Hay una orden de captura internacional contra otros dos dominicanos que formarían parte de la banda. Uno de ellos, se presume, tendría cinco pasaportes con distintas identidades.
El procesamiento fue dictado el 9 de mayo por el juez federal N° 2, Marcelo Martínez de Giorgi. Tras ser apelado por la defensa, la Sala I de la Cámara lo confirmó el martes último y pidió, además, que se investigara si hubo “connivencia de personal de la Dirección Nacional de Migraciones” en la maniobra.
Esta investigación judicial tiene la particularidad de que es una de las primeras –desde la sanción en abril de 2008 de la Ley 26.364, que tipificó el delito de trata– que muestra con más claridad la logística de una red y sus eslabones de captura, recepción y traslado de víctimas.
Actualmente hay otras causas que involucran a redes prostibularias poderosas en Mar del Plata y Tierra del Fuego. Este caso tiene otra singularidad y es que se inició –en febrero de 2009– a partir de una denuncia realizada por el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), de la DNM, ante la Ufase, que depende de la Procuración General de la Nación.
En la década del ’90, durante la convertibilidad, cuando un peso valía un dólar –y no estaba tipificado el delito de trata– centenares de dominicanas fueron víctimas de una red mafiosa que las tentaba con la posibilidad de enviar suculentas remesas en billetes verdes a sus familias del empobrecido país centroamericano, y las forzaba a ejercer la prostitución en burdeles de diversos puntos del país. En aquel momento se involucró incluso a autoridades diplomáticas dominicanas en la red.
El procesamiento fue dictado el 9 de mayo por el juez federal N° 2, Marcelo Martínez de Giorgi. Tras ser apelado por la defensa, la Sala I de la Cámara lo confirmó el martes último y pidió, además, que se investigara si hubo “connivencia de personal de la Dirección Nacional de Migraciones” en la maniobra.
Esta investigación judicial tiene la particularidad de que es una de las primeras –desde la sanción en abril de 2008 de la Ley 26.364, que tipificó el delito de trata– que muestra con más claridad la logística de una red y sus eslabones de captura, recepción y traslado de víctimas.
Actualmente hay otras causas que involucran a redes prostibularias poderosas en Mar del Plata y Tierra del Fuego. Este caso tiene otra singularidad y es que se inició –en febrero de 2009– a partir de una denuncia realizada por el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), de la DNM, ante la Ufase, que depende de la Procuración General de la Nación.
En la década del ’90, durante la convertibilidad, cuando un peso valía un dólar –y no estaba tipificado el delito de trata– centenares de dominicanas fueron víctimas de una red mafiosa que las tentaba con la posibilidad de enviar suculentas remesas en billetes verdes a sus familias del empobrecido país centroamericano, y las forzaba a ejercer la prostitución en burdeles de diversos puntos del país. En aquel momento se involucró incluso a autoridades diplomáticas dominicanas en la red.
Falsas refugiadas
En el Cepare comenzaron a sospechar de la existencia de una posible red dedicada al tráfico ilícito de migrantes o bien a la trata de personas al observar el llamativo aumento del número de ciudadanas de nacionalidad dominicana que solicitaban refugio, alegando persecución política o amenazas de muerte en su país. Los pedidos crecieron de once en 2007, a 125 en 2008, y en los dos primeros meses de 2009 ya se contaban 22. Esa fue la punta del ovillo. Aunque no se requiere visado a los ciudadanos dominicanos para ingresar al país, las autoridades de migraciones detectaron que en muchos de los casos las personas entrevistadas habían pagado para que un tercero les gestionase el viaje, ya sea proporcionándoles documentación falsa o, incluso, cartas de invitación supuestamente exigidas como requisito para ingresar a la Argentina.
Tenían otro denominador común: habían recibido promesas engañosas de trabajo con la expectativa de viajar primero a Buenos Aires y posteriormente a España con el mismo propósito, ofrecimientos que nunca se cumplieron. Las damnificadas presentaban un perfil similar: mujeres jóvenes –aunque también se detectó alguna víctima masculina–, pobres y muchas de ellas madres. Otro dato que generó sospechas es que una gran cantidad de ellas fueron acompañadas por el mismo hombre a realizar los trámites para pedir asilo. Ese hombre, Julio Almonte Javier, dominicano, con DNI argentino, de 36 años, está imputado como parte de la organización de tratantes. Está preso en el penal federal de Ezeiza. El juez Di Giorgi lo acaba de procesar con prisión preventiva.
La Ufase, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, realizó una investigación preliminar, que permitió ubicar a varias de las víctimas de la organización. Ellas brindaron su testimonio. La pesquisa, en la que intervino la Policía Federal, se extendió incluso a diversas provincias. Colombo denunció los hechos detectados ante la Justicia federal. Se estableció que la red estaría conformada por al menos tres miembros –todos dominicanos– que “cumplían distintas tareas”.
Tenían otro denominador común: habían recibido promesas engañosas de trabajo con la expectativa de viajar primero a Buenos Aires y posteriormente a España con el mismo propósito, ofrecimientos que nunca se cumplieron. Las damnificadas presentaban un perfil similar: mujeres jóvenes –aunque también se detectó alguna víctima masculina–, pobres y muchas de ellas madres. Otro dato que generó sospechas es que una gran cantidad de ellas fueron acompañadas por el mismo hombre a realizar los trámites para pedir asilo. Ese hombre, Julio Almonte Javier, dominicano, con DNI argentino, de 36 años, está imputado como parte de la organización de tratantes. Está preso en el penal federal de Ezeiza. El juez Di Giorgi lo acaba de procesar con prisión preventiva.
La Ufase, a cargo del fiscal Marcelo Colombo, realizó una investigación preliminar, que permitió ubicar a varias de las víctimas de la organización. Ellas brindaron su testimonio. La pesquisa, en la que intervino la Policía Federal, se extendió incluso a diversas provincias. Colombo denunció los hechos detectados ante la Justicia federal. Se estableció que la red estaría conformada por al menos tres miembros –todos dominicanos– que “cumplían distintas tareas”.
La banda
Almonte Javier llegó al país en 2007. Se afincó en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación judicial, la banda habría operado desde 2008. Los otros dos miembros serían una mujer, Tania María Carmona Soto, que también vivía en Buenos Aires, y Bautista William Vázquez, que residiría en el país centroamericano. No se descarta que hubiera otros integrantes todavía no identificados. El juez De Giorgi libró a Interpol un pedido de captura internacional contra Soto y Vázquez.
Vázquez –dice la resolución judicial– se encargaba de “la captación mediante engaños de mujeres y/u hombres en su país de origen a quienes tentaba con mejores propuestas laborales que las que desempeñaban allí”. También se ocupaba de “cobrarles las abultadas sumas de dinero con la excusa de cubrir gastos relativos al viaje, tanto a las víctimas como a sus familiares”. En algunos casos no sólo operaba como “reclutador”: “se comprobó que personalmente trasladó a las víctimas a la Argentina y las entregó a las personas que posteriormente las explotaron sexualmente”, dice la resolución del juez De Giorgi. Soto también se habría ocupado de “tentar” y “captar” con “idéntica modalidad” a personas dominicanas “abusando de la confianza o la amistad forjada con las víctimas y dándole participación a su hermano de apellido Moreno Soto en el cobro del dinero exigido, en virtud de que ella operaba desde la Argentina”, señala el juez. Otra de sus tareas sería la de recibir y acoger a las personas recién llegadas desde República Dominicana y dirigirlas a regularizar y así blanquear su situación migratoria en la Dirección Nacional de Migraciones.
Sobre Almonte Javier “se acreditó en primer lugar que se dedicaba con habitualidad a la tarea de acompañar a sus connacionales –quienes se encontraban en la Argentina en situación de vulnerabilidad– a tramitar la petición de la condición de ‘refugiado’ ante las oficinas de la Comisión Nacional para los Refugiados, de la DNM, cobrándoles por ello una suma de dinero extra (de diversos importes), en determinadas ocasiones bajo la identidad de ‘René Galván’”, dice el auto de procesamiento. En algunos casos, señala el magistrado, redactaba él mismo las cartas de presentación que encabezaban los legajos migratorios e inventaba las falsas causas por las cuales las víctimas habían dejado su país de origen, como persecución política y amenaza de muerte, en otros dictaba el contenido y les decía que lo memorizaran para que al momento de ser entrevistados su relato tuviera coherencia. Si bien los ciudadanos dominicanos no requieren visado para ingresar al país, el hecho de ser reconocidos con carácter de “refugiados” les permitiría obtener la residencia precaria en poco tiempo, incluso, en algunos casos, inmediatamente, explica el juez De Giorgi. Almonte Javier estaba tramitando él mismo la solicitud de refugiado junto con Soto.
El magistrado estableció que Almonte Javier también se ocupaba de recibir a las personas engañadas al llegar al Aeropuerto de Ezeiza y trasladarlas a hoteles del barrio porteño de Once. Su tercera función –dice el juez– fue establecer un contacto entre las damnificadas y prostíbulos ubicados en diversas provincias. Almonte Javier fue indagado, el 25 de abril último, negó las imputaciones, pero quedó preso. En la causa declararon nueve víctimas de la banda, ocho mujeres y un varón, pero se presume que las personas damnificadas serían muchas más. Algunas de las jóvenes terminaron “vendidas” y entregadas en distintos locales nocturnos, de las localidades de 25 de Mayo en La Pampa, Quilmes en el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, entre otros puntos.
Vázquez –dice la resolución judicial– se encargaba de “la captación mediante engaños de mujeres y/u hombres en su país de origen a quienes tentaba con mejores propuestas laborales que las que desempeñaban allí”. También se ocupaba de “cobrarles las abultadas sumas de dinero con la excusa de cubrir gastos relativos al viaje, tanto a las víctimas como a sus familiares”. En algunos casos no sólo operaba como “reclutador”: “se comprobó que personalmente trasladó a las víctimas a la Argentina y las entregó a las personas que posteriormente las explotaron sexualmente”, dice la resolución del juez De Giorgi. Soto también se habría ocupado de “tentar” y “captar” con “idéntica modalidad” a personas dominicanas “abusando de la confianza o la amistad forjada con las víctimas y dándole participación a su hermano de apellido Moreno Soto en el cobro del dinero exigido, en virtud de que ella operaba desde la Argentina”, señala el juez. Otra de sus tareas sería la de recibir y acoger a las personas recién llegadas desde República Dominicana y dirigirlas a regularizar y así blanquear su situación migratoria en la Dirección Nacional de Migraciones.
Sobre Almonte Javier “se acreditó en primer lugar que se dedicaba con habitualidad a la tarea de acompañar a sus connacionales –quienes se encontraban en la Argentina en situación de vulnerabilidad– a tramitar la petición de la condición de ‘refugiado’ ante las oficinas de la Comisión Nacional para los Refugiados, de la DNM, cobrándoles por ello una suma de dinero extra (de diversos importes), en determinadas ocasiones bajo la identidad de ‘René Galván’”, dice el auto de procesamiento. En algunos casos, señala el magistrado, redactaba él mismo las cartas de presentación que encabezaban los legajos migratorios e inventaba las falsas causas por las cuales las víctimas habían dejado su país de origen, como persecución política y amenaza de muerte, en otros dictaba el contenido y les decía que lo memorizaran para que al momento de ser entrevistados su relato tuviera coherencia. Si bien los ciudadanos dominicanos no requieren visado para ingresar al país, el hecho de ser reconocidos con carácter de “refugiados” les permitiría obtener la residencia precaria en poco tiempo, incluso, en algunos casos, inmediatamente, explica el juez De Giorgi. Almonte Javier estaba tramitando él mismo la solicitud de refugiado junto con Soto.
El magistrado estableció que Almonte Javier también se ocupaba de recibir a las personas engañadas al llegar al Aeropuerto de Ezeiza y trasladarlas a hoteles del barrio porteño de Once. Su tercera función –dice el juez– fue establecer un contacto entre las damnificadas y prostíbulos ubicados en diversas provincias. Almonte Javier fue indagado, el 25 de abril último, negó las imputaciones, pero quedó preso. En la causa declararon nueve víctimas de la banda, ocho mujeres y un varón, pero se presume que las personas damnificadas serían muchas más. Algunas de las jóvenes terminaron “vendidas” y entregadas en distintos locales nocturnos, de las localidades de 25 de Mayo en La Pampa, Quilmes en el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, entre otros puntos.
Los casos investigados
La Ufase registra un total de 312 procesados por el delito de trata en diversos puntos del país desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364, que tipificó como delito federal la captación, traslado y recepción de personas con fines de explotación sexual, laboral, trabajo esclavo o tráfico de órganos. En casi el 70 por ciento de los casos el fin de la trata, en las causas iniciadas, era la explotación sexual.
Misiones, señalada como una provincia de reclutamiento de jóvenes pobres, es la jurisdicción con más cantidad de causas abiertas hasta el momento: en total contabiliza 19. Le siguen, en los primeros puestos del ranking, el departamento judicial de San Martín (que incluye además los distritos de San Isidro, Morón, Mercedes, Campana y Tres de Febrero), con 18; La Plata, con 15; Córdoba y Salta, 13 y Comodoro Rivadavia (donde está la causa de la zona roja conocida como de Las Casitas), 12. En la ciudad de Buenos Aires hay sólo cinco, de acuerdo con las estadísticas de la Ufase. La fiscalía especializada contabiliza además 23 fallos condenatorios en todo el país. Ninguno de ellos, evalúan en la Ufase, recayó sobre peces gordos. La causa que investiga a la red de dominicanas es una de las primeras que deja en evidencia una organización con cierto grado de complejidad. Por el contrario, el 37 por ciento de las personas condenadas por trata –hasta ahora– fueron mujeres, muchas de las cuales previamente habían sido víctimas y pasaron luego a regentear burdeles, donde antes habían sido explotadas, es decir, eslabones débiles de la cadena de un delito que, se estima, mueve millones de dólares en el mundo y es el tercero más rentable después del tráfico de armas y del narcotráfico.
Misiones, señalada como una provincia de reclutamiento de jóvenes pobres, es la jurisdicción con más cantidad de causas abiertas hasta el momento: en total contabiliza 19. Le siguen, en los primeros puestos del ranking, el departamento judicial de San Martín (que incluye además los distritos de San Isidro, Morón, Mercedes, Campana y Tres de Febrero), con 18; La Plata, con 15; Córdoba y Salta, 13 y Comodoro Rivadavia (donde está la causa de la zona roja conocida como de Las Casitas), 12. En la ciudad de Buenos Aires hay sólo cinco, de acuerdo con las estadísticas de la Ufase. La fiscalía especializada contabiliza además 23 fallos condenatorios en todo el país. Ninguno de ellos, evalúan en la Ufase, recayó sobre peces gordos. La causa que investiga a la red de dominicanas es una de las primeras que deja en evidencia una organización con cierto grado de complejidad. Por el contrario, el 37 por ciento de las personas condenadas por trata –hasta ahora– fueron mujeres, muchas de las cuales previamente habían sido víctimas y pasaron luego a regentear burdeles, donde antes habían sido explotadas, es decir, eslabones débiles de la cadena de un delito que, se estima, mueve millones de dólares en el mundo y es el tercero más rentable después del tráfico de armas y del narcotráfico.
El dramático caso de A. S.
Engaños y deuda
A. S. declaró ante la Ufase el 10 de agosto de 2009. Su testimonio consta en la resolución judicial que procesó a Julio Almonte Javier. La joven dominicana contó con detalle cómo había sido engañada en su país y una vez en Buenos Aires, vendida a un prostíbulo de la localidad pampeana de 25 de Mayo. William Vázquez, dijo la muchacha, le había prometido que en la Argentina le conseguiría trabajo en casas de familia, cuidando ancianos o como camarera en un restaurante. A cambio del empleo y un mes de alquiler y comida, Vázquez le exigió 190 mil pesos dominicanos, casi 5000 dólares. A. S. reunió todos sus ahorros y pidió préstamos a una hermana y a otra persona. Pero lo máximo que pudo juntar fueron 150 mil pesos dominicanos (unos 4000 dólares), y fue lo que le pagó.
Vázquez le exigió un estudio de VIH, con la excusa de que en la Argentina lo pedían en todos los trabajos. Finalmente la muchacha viajó acompañada por Vázquez a Buenos Aires el 3 de enero de 2008. Primero se alojaron en el Hotel Alsina, en Adolfo Alsina y 24 de Noviembre, en el barrio de Once. Tuvo que dormir en la misma habitación que Vázquez, aunque aclaró que en camas separadas. Una noche, contó, le pidió que se acostara con él, pero ella se negó.
A. S. señaló que Almonte Javier la acompañó a tramitar la residencia precaria y le explicó lo que tenía que decir y escribir en la carta de presentación, que él mismo le dictó. A los pocos días arribaron al hotel otras chicas dominicanas. Dos de ellas fueron enviadas a 25 de Mayo, en La Pampa. Les dijo que era para “servir copas”. A los pocos días viajó ella y otra joven más al mismo lugar. Ella creía que iba a trabajar como camarera. No sospechaba que la enviaban a un burdel. Llegaron a 25 de Mayo en micro. Allí las esperaba la esposa del dueño del boliche, quien les anunció que tenían que vestirse con polleras cortas y ropa insinuante. A. S. dijo que se negó. Las cargaron en un camión y las llevaron a un prostíbulo. La muchacha contó que aunque los clientes se le acercaban, ella los rechazaba. Junto a la otra joven dominicana les dijo a los dueños que no quería trabajar “en eso”, pero los proxenetas le comunicaron que no se podía ir “ya que debían devolverles la plata que habían pagado a cambio de ellas”, según declaró en la Ufase. Les retuvieron la documentación, su residencia y otros papeles, contó A. S. Como se negaron a trabajar en el local las dejaron encerradas dos días en una habitación. Si no trabajaba no le daban comida, señaló la joven. En el burdel, contó, tenían que dormir ocho chicas en una cama doble.
La muchacha declaró que la esposa del propietario del prostíbulo, al verlas llorar, les contaba que ella también había empezado y trabajado “de eso” y que así había conocido a su marido, con quien luego decidieron poner “el negocio”, donde explotaban sexualmente a las mujeres. A. S. y su compañera finalmente lograron escaparse y después de pasar hambre durante varios días fueron a una comisaría y un policía les dijo que volvieran al lugar a reclamar sus cosas. Lo hicieron y la mujer les devolvió sus pertenencias. Con dinero que les enviaron desde República Dominicana pudieron tomar un micro de regreso a Buenos Aires, donde se reunieron con unas primas.
Vázquez le exigió un estudio de VIH, con la excusa de que en la Argentina lo pedían en todos los trabajos. Finalmente la muchacha viajó acompañada por Vázquez a Buenos Aires el 3 de enero de 2008. Primero se alojaron en el Hotel Alsina, en Adolfo Alsina y 24 de Noviembre, en el barrio de Once. Tuvo que dormir en la misma habitación que Vázquez, aunque aclaró que en camas separadas. Una noche, contó, le pidió que se acostara con él, pero ella se negó.
A. S. señaló que Almonte Javier la acompañó a tramitar la residencia precaria y le explicó lo que tenía que decir y escribir en la carta de presentación, que él mismo le dictó. A los pocos días arribaron al hotel otras chicas dominicanas. Dos de ellas fueron enviadas a 25 de Mayo, en La Pampa. Les dijo que era para “servir copas”. A los pocos días viajó ella y otra joven más al mismo lugar. Ella creía que iba a trabajar como camarera. No sospechaba que la enviaban a un burdel. Llegaron a 25 de Mayo en micro. Allí las esperaba la esposa del dueño del boliche, quien les anunció que tenían que vestirse con polleras cortas y ropa insinuante. A. S. dijo que se negó. Las cargaron en un camión y las llevaron a un prostíbulo. La muchacha contó que aunque los clientes se le acercaban, ella los rechazaba. Junto a la otra joven dominicana les dijo a los dueños que no quería trabajar “en eso”, pero los proxenetas le comunicaron que no se podía ir “ya que debían devolverles la plata que habían pagado a cambio de ellas”, según declaró en la Ufase. Les retuvieron la documentación, su residencia y otros papeles, contó A. S. Como se negaron a trabajar en el local las dejaron encerradas dos días en una habitación. Si no trabajaba no le daban comida, señaló la joven. En el burdel, contó, tenían que dormir ocho chicas en una cama doble.
La muchacha declaró que la esposa del propietario del prostíbulo, al verlas llorar, les contaba que ella también había empezado y trabajado “de eso” y que así había conocido a su marido, con quien luego decidieron poner “el negocio”, donde explotaban sexualmente a las mujeres. A. S. y su compañera finalmente lograron escaparse y después de pasar hambre durante varios días fueron a una comisaría y un policía les dijo que volvieran al lugar a reclamar sus cosas. Lo hicieron y la mujer les devolvió sus pertenencias. Con dinero que les enviaron desde República Dominicana pudieron tomar un micro de regreso a Buenos Aires, donde se reunieron con unas primas.
UNA MUJER DENUNCIO Y ESTA AMENAZADA
Con destino de burdel
Con destino de burdel
Una de las víctimas de la red de trata de dominicanas, D. V., declaró en la Justicia que recibió amenazas telefónicas donde un hombre le advertía que por haber denunciado a William Vázquez, sobre quien pesa un pedido de captura internacional, estaba “en la lista de las que él tiene que matar” junto con el resto de las mujeres que lo habían acusado. Un varón que resultó damnificado por la banda declaró que pagó 3000 dólares por un pasaporte falso.
Otra de las jóvenes estafadas, S. D. contó que en República Dominicana William Vázquez le aseguró que en la Argentina se ganaba en dólares y que obtendría 1000 dólares por semana o quincena y que si aceptaba la oferta, debía pagarle 5000 dólares. Entusiasmada, contó, sacó un crédito en un banco de Santo Domingo, para lo cual hipotecó un terreno y vendió su peluquería. S. D. viajó en avión a Lima y desde allí en micro a Buenos Aires, con otras dos jóvenes también engañadas por la misma red. Viajaron por tierra, declaró, porque William Vázquez les dijo que por Ezeiza no iban a poder entrar por los controles. A ella le prometió un trabajo en una peluquería, a las otras dos, empleo doméstico.
Otra mujer, J. D., declaró ante la Ufase el 20 de noviembre de 2009. Contó que había llegado al país un mes antes, también engañada por William Vázquez: le pagó 160 mil pesos dominicanos a cambio de que le consiguiera trabajo en Europa. Cuando le dieron los pasajes se enteró de que iba a la Argentina.
Desde Ezeiza, una mujer llamada Ana la llevó a un departamento y le dijo que le diera sus documentos. De ahí, la llevaron a un burdel, que luego pudo determinar que estaba en Quilmes, sobre la avenida Calchaquí al 2400. “Yo enseguida me di cuenta de que estaba engañada”, contó. La regenta del prostíbulo le explicó “el trabajo” que debía hacer: “Teníamos que tener relaciones sexuales con los clientes”, describió la joven. Contó que se pasó varios días llorando. “Estaba pasando mucha hambre y al final decidí trabajar ahí para juntar algo de dinero para irme”. Finalmente, afirmó, la ayudó un cliente, que le dio una suma de dinero, con la que le pagó a un empleado del local, que a cambio le permitió recuperar sus documentos –se los habían sacado– y escapar.
//
No hay comentarios:
Publicar un comentario