domingo, 17 de enero de 2010

EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA


Por Claudio Mardones y Cristian Alarcón


Las organizaciones, nucleadas en la Coordinadora de Lucha de la Ciudad, recordaron que “ya son más de 15.000 las personas en la calle y que en sólo un año hubo 113 muertes como consecuencia directa de esa situación y del abandono total por parte del gobierno”.


4 millones de pesos en armas


El gobierno porteño compró más de 850 pistolas y 120 armas largas de origen italiano para los primeros agentes de la Policía Metropolitana. La adquisición fue por un costo de 4 millones de pesos y fue resuelta por contratación directa el miércoles 22 de julio a través de la Resolución 778 del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que fue publicada en el Boletín Oficial la semana pasada. Los revólveres Beretta PX4 Storm y las escopetas marca Benelli fueron comprados a Trompia S.R.L., la empresa rosarina que tiene la representación para América Latina de este armamento. Según explicó una alta fuente del gobierno porteño, “la contratación directa se revolvió por una cuestión de urgencia, ya que necesitamos tener estas armas antes de octubre, cuando salgan los primeros agentes”. Las armas fueron seleccionadas por el subjefe de la Metro, el ex comisario federal Osvaldo Chamorro.



El monopolio de la violencia.


Las imágenes de la muerte en las calles de Buenos Aires se diluyen con el tiempo. Parecen lejanas, frías, como esos trozos de vereda ocupada con mosaicos de colores en memoria de los pibes que murieron en la represión desatada el 20 de diciembre a las cinco de la tarde. Fue una batalla de jóvenes armados con piedras, y una policía sacada, mandada a matar. La masacre fue el resultado de una decisión política. El Estado, ese día, avanzaba vestido de azul en motos que pasaban haciéndonos finitos y disparando con unas armas que todos, al comienzo, ilusos, creíamos que tenían balas de goma. Pero eran de verdad. Junté algunas de las que mataron a uno de los chicos para llevarlas luego a la Justicia, la misma que sobreseyó al Fino Palacios, ahora entronizado como el sheriff que los porteños macristas esperaban con ansias de control. No hay teórico que discuta lo que Max Weber dejó clarito: “El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física”. Es lo que el gobierno de Mauricio Macri cree que le reclaman, al menos lo dicen las encuestas. Por eso le pican las manos para ejercerla. El asunto es que nunca, de Grecia en adelante, ha sido tarea fácil. Los Estados modernos han intentado darles un marco democrático y de respeto a los derechos y hasta a la más violenta de las acciones. Los expertos del gobierno deben contar con un buen catálogo de “armamento y dispositivos no letales” para proveerles a los hombres de la nueva policía porteña que tengan que salir a neutralizar el avance de las marchas sobre el bendito “espacio público”.¿Eligirán usar el protocolo que usa la ONU para los cascos blancos? A saber, primero un cordón de policías con enormes escudos que acorralan a la gente; luego, si no basta, otra tropa pero con duplas de hombres, uno con escudo y el otro con un bastón con el que derriba manifestantes; y si fracasan, los vehículos blindados con alambres de púa que rodean a la muchedumbre y la aislan. En la fantasía de estos represores vocacionales pueden convivir desde la Flash Ball, esa que dispara pintura y no mata pero noquea; hasta las electrónicas que dan electricidad, los camiones hidrantes con agua pestilente que hizo famosos Pinochet o el “aikido policial”. Vaya a saber qué compra de “no letales” harán. Eso, juran, no lo saben aún. Lo que sí saben, y de eso hacen bandera, es la decisión política que ya existe: reprimir.

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