martes, 27 de abril de 2010

KISSINGER SABÍA Y DEJÓ HACER


Los nuevos documentos desclasificados, muestran que en 1976 el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger dio la orden a las embajadas norteamericanas en la región de no meterse con los crímenes que entonces se cometían en el marco del Plan Cóndor.



El 16 de septiembre de 1976, sólo cuatro días antes de que el canciller de Salvador Allende muriera en un atentado en Washington, el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, dio la orden a las embajadas estadounidenses en la región de no meterse. Documentos desclasificados demostraron que el gobierno norteamericano sabía que existía el Plan Cóndor y lo que éste significaba. “Existen rumores de que esta cooperación excede el intercambio de información e incluye planes para asesinar a subversivos, políticos y prominentes figuras, tanto dentro de las fronteras de ciertos países del Cono Sur como fuera de ellas”, escribió el propio Kissinger en un cable secreto a finales de agosto de ese año. Dos semanas después, sin mediar una explicación, el entonces jefe de la diplomacia de Gerald Ford y Premio Nobel de la Paz se desdijo y ordenó no intervenir.



“Simplemente instruya a los embajadores para que no tomen ninguna otra medida”, le ordenó a su subalterno, Shlaudeman, en otro cable ahora desclasificado, que escribió desde Lusaka, la capital de Zambia, donde se encontraba realizando una visita oficial.


Aún quedan muchos documentos por desclasificar para poder completar la historia de lo que sucedió hace casi 34 años. Pero los cables secretos publicados ayer por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) confirmaron algunas de las sospechas, por ejemplo, que la Casa Blanca supo, desde el inicio, sobre el Plan Cóndor y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las dictaduras latinoamericanas en los años setenta. En el cable de finales de agosto de 1976, Kissinger se mostraba preocupado por cómo los asesinatos de líderes de alto perfil afectarían la imagen internacional de las dictaduras sudamericanas. En el caso argentino, su preocupación era específica. Ese tipo de actividades tendría un impacto negativo en general sobre la imagen de Argentina en el extranjero en general y, en particular, sobre los esfuerzos de refinanciamiento externo de Martínez de Hoz.


Para evitar mayores críticas de la comunidad internacional hacia sus aliados sudamericanos en la Guerra Fría, el secretario de Estado les envió un cable a los embajadores norteamericanos en Buenos Aires, Montevideo, Santiago y La Paz para que trasmitieran sus miedos directamente a los dictadores o los comandantes de las Fuerzas Armadas de turno: Jorge Rafael Videla, Julio César Vadora, Augusto Pinochet y Hugo Banzer.


La respuesta de los cuatro embajadores fue casi la misma, según se desprende del informe que presenta más tarde el hombre de Kissinger para América latina, Harry Shlaudeman. Ninguno quería herir las “sensibilidades” de los dictadores. El embajador en Montevideo, Ernest Siracusa, incluso llegó a admitir que temía que su vida pudiera peligrar si elevaba el cuestionamiento a la cúpula militar. De hacerlo, pedían un respaldo directo de Washington.


Kissinger se tomó más de dos semanas en contestar y lo hizo con un tono muy diferente al que había utilizado a finales de agosto. “No ha habido más informes en estas últimas semanas que indiquen una intención de activar el Plan Cóndor”, dijo el secretario de Estado junto a la instrucción de no actuar en el cable desde Zambia. La orden les llegó a los embajadores el 20 de septiembre.


Un día después la noticia les llegó desde Washington. El ex canciller del asesinado presidente chileno Salvador Allende, Orlando Letelier, y su secretaria de 26 años, Ronni Karpen Moffitt, habían sido asesinados, cuando conducían por la avenida Massachusetts, en la capital estadounidense. Años después, las investigaciones demostraron que la bomba que hizo estallar el vehículo fue colocada por un agente de la DINA, la policía secreta de Pinochet. La dictadura chilena nunca reconoció su responsabilidad sobre el crimen y el responsable, Michael Townley (sospechoso también de haber plantado la bomba que mató al ex comandante chileno Carlos Prats y su mujer en Buenos Aires en 1974), camina libre en las calles estadounidenses, gracias al sistema de protección al testigo.


Para Peter Kornbluth, uno de los analistas de NSA, la organización que desclasificó los documentos y los publicó en su página web, los documentos revelaron el verdadero rol que jugó Estados Unidos en la historia del Plan Cóndor: “Ahora sabemos lo que pasó: el Departamento de Estado inició a tiempo un esfuerzo para frustrar asesinatos en el Cono Sur y Kissinger sin explicación lo abortó”.

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