De los diez millones de alumnos en el país, el 60 por ciento asiste a escuelas públicas, donde siete de cada diez terminan el ciclo secundario. Las desigualdades y lo que falta resolver.
Por Sabrina Díaz Rato y Esteban Kraizer
El sistema educativo argentino se encuentra entre los más amplios de Latinoamérica por el caudal de su matrícula. Cada día, más de 10 millones de niños, jóvenes y adultos habitan algún establecimiento escolar, desde jardín de infantes hasta ciclo superior. Con esta cifra, cualquier autoridad educativa podría ufanarse de la capacidad inclusiva y cuando se presenta la oportunidad no dudan en hacerlo. Pero la premisa cambia de tono cuando sobrevienen las preguntas de dónde se alojan esos 10 millones de estudiantes, en qué condiciones y con qué perspectivas.
En algunos de estos puntos, hay que hacer un paréntesis. De la masa de población escolarizada, sólo el 63 por ciento lo hace en instituciones educativas pertenecientes al sector público, y este porcentaje disminuye en las grandes ciudades, acercándose al 50 por ciento. En la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de los establecimientos educativos pertenece al sector privado, fruto de los casi 600 millones de pesos que el Gobierno destina anualmente a este sector. Existiendo una escuela gratuita, ¿por qué la mitad de la población elige pagar por estudiar?
Para la investigadora de Flacso Sandra Ziegler, “la educación nacional presenta amplias desigualdades en términos de acceso y cobertura, pero por sobre todo hay condiciones muy desiguales de permanencia y egreso. Se registran profundas brechas entre las provincias y, al mismo tiempo, dentro de una misma provincia pueden advertirse diferencias importantes según los niveles y sectores sociales que atiende el sistema educativo”. En este sentido, los datos obtenidos en los últimos censos educativos son categóricos: en cuatro de las provincias en donde el porcentaje de población con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) sobrepasa el 20 por ciento –Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán– la matrícula escolar apenas trepa al 60 por ciento.
El ministro de Educación de Chaco, Francisco Romero, responde a Veintitrés y despeja culpas con referencias al gobierno anterior (1995-2007): “En 2007, de 10 adolescentes que ingresaban a la escuela, sólo 3 egresaban. Hoy, a pesar de que hemos aumentado esta matrícula, seguimos sufriendo un desgranamiento escolar del 55 por ciento, que nos duele porque es una de las heridas que atraviesan nuestra geografía social, condenando a nuestros adolescentes al camino de la exclusión social”. El funcionario proyecta un aumento de entre el 70 y el 75 por ciento de la matrícula para 2012 y vuelve sobre su predecesor: “Esta provincia, que en los ’90 era la que menos invertía por alumno y por escuela, tendrá este año el presupuesto más alto de la historia, 1.860 millones de pesos, y el desafío de incorporar a los casi 40.000 niños y jóvenes que fueron arrojados del sistema tras las políticas neoliberales”. Para lograrlo, asegura Romero con la confianza puesta en la Asignación Universal por Hijo, “se optimizarán los edificios escolares disponibles y se crearán 100 nuevas escuelas” para dar soporte a la nueva demanda social. Otra de las medidas destacadas por el ministro chaqueño “es la obligatoriedad de la sala de 4 años y la educación secundaria, que los diputados tratarán a partir de marzo”. Los ministerios de Santiago del Estero y Tucumán no contestaron la consulta de esta revista y en Misiones se disculparon porque “el ministro está de viaje”.
En la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, donde la población con NBI está por debajo del 10 por ciento, el sistema educativo atiende en promedio al 95 por ciento de la población en edad escolar. “En la Argentina coexisten una educación de alta calidad con otra de calidad bajísima y si tenemos que ubicarlo por sectores sociales, los chicos que provienen de familias con más necesidades son los que están expuestos a la peor educación. Es algo que aún no hemos podido revertir”, confiesa la senadora Blanca Osuna (FPV), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara alta e impulsora del Plan Quinquenal de Inclusión Educativa Total, Plena y Oportuna y del Programa Nacional de Inclusión y Ampliación de Oportunidades para la Educación Superior, ambas destinadas a apoyar a niños y adultos con escaso desarrollo socioeconómico.
Otra dificultad que afronta la escuela nacional, alimentada por las desigualdades subyacentes, es el déficit en la contención de los alumnos en las aulas. Mientras en la primaria la tasa de deserción es menor al 2 por ciento, en la educación media sobrepasa el 12 por ciento. En números absolutos, de cada 10 niños que ingresan al sistema educativo, sólo 7 terminan la escuela secundaria.
El sistema educativo argentino se encuentra entre los más amplios de Latinoamérica por el caudal de su matrícula. Cada día, más de 10 millones de niños, jóvenes y adultos habitan algún establecimiento escolar, desde jardín de infantes hasta ciclo superior. Con esta cifra, cualquier autoridad educativa podría ufanarse de la capacidad inclusiva y cuando se presenta la oportunidad no dudan en hacerlo. Pero la premisa cambia de tono cuando sobrevienen las preguntas de dónde se alojan esos 10 millones de estudiantes, en qué condiciones y con qué perspectivas.
En algunos de estos puntos, hay que hacer un paréntesis. De la masa de población escolarizada, sólo el 63 por ciento lo hace en instituciones educativas pertenecientes al sector público, y este porcentaje disminuye en las grandes ciudades, acercándose al 50 por ciento. En la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de los establecimientos educativos pertenece al sector privado, fruto de los casi 600 millones de pesos que el Gobierno destina anualmente a este sector. Existiendo una escuela gratuita, ¿por qué la mitad de la población elige pagar por estudiar?
Para la investigadora de Flacso Sandra Ziegler, “la educación nacional presenta amplias desigualdades en términos de acceso y cobertura, pero por sobre todo hay condiciones muy desiguales de permanencia y egreso. Se registran profundas brechas entre las provincias y, al mismo tiempo, dentro de una misma provincia pueden advertirse diferencias importantes según los niveles y sectores sociales que atiende el sistema educativo”. En este sentido, los datos obtenidos en los últimos censos educativos son categóricos: en cuatro de las provincias en donde el porcentaje de población con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) sobrepasa el 20 por ciento –Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán– la matrícula escolar apenas trepa al 60 por ciento.
El ministro de Educación de Chaco, Francisco Romero, responde a Veintitrés y despeja culpas con referencias al gobierno anterior (1995-2007): “En 2007, de 10 adolescentes que ingresaban a la escuela, sólo 3 egresaban. Hoy, a pesar de que hemos aumentado esta matrícula, seguimos sufriendo un desgranamiento escolar del 55 por ciento, que nos duele porque es una de las heridas que atraviesan nuestra geografía social, condenando a nuestros adolescentes al camino de la exclusión social”. El funcionario proyecta un aumento de entre el 70 y el 75 por ciento de la matrícula para 2012 y vuelve sobre su predecesor: “Esta provincia, que en los ’90 era la que menos invertía por alumno y por escuela, tendrá este año el presupuesto más alto de la historia, 1.860 millones de pesos, y el desafío de incorporar a los casi 40.000 niños y jóvenes que fueron arrojados del sistema tras las políticas neoliberales”. Para lograrlo, asegura Romero con la confianza puesta en la Asignación Universal por Hijo, “se optimizarán los edificios escolares disponibles y se crearán 100 nuevas escuelas” para dar soporte a la nueva demanda social. Otra de las medidas destacadas por el ministro chaqueño “es la obligatoriedad de la sala de 4 años y la educación secundaria, que los diputados tratarán a partir de marzo”. Los ministerios de Santiago del Estero y Tucumán no contestaron la consulta de esta revista y en Misiones se disculparon porque “el ministro está de viaje”.
En la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, donde la población con NBI está por debajo del 10 por ciento, el sistema educativo atiende en promedio al 95 por ciento de la población en edad escolar. “En la Argentina coexisten una educación de alta calidad con otra de calidad bajísima y si tenemos que ubicarlo por sectores sociales, los chicos que provienen de familias con más necesidades son los que están expuestos a la peor educación. Es algo que aún no hemos podido revertir”, confiesa la senadora Blanca Osuna (FPV), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara alta e impulsora del Plan Quinquenal de Inclusión Educativa Total, Plena y Oportuna y del Programa Nacional de Inclusión y Ampliación de Oportunidades para la Educación Superior, ambas destinadas a apoyar a niños y adultos con escaso desarrollo socioeconómico.
Otra dificultad que afronta la escuela nacional, alimentada por las desigualdades subyacentes, es el déficit en la contención de los alumnos en las aulas. Mientras en la primaria la tasa de deserción es menor al 2 por ciento, en la educación media sobrepasa el 12 por ciento. En números absolutos, de cada 10 niños que ingresan al sistema educativo, sólo 7 terminan la escuela secundaria.
“Existen algunas representaciones sociales que dificultan el tránsito de los chicos por el período educativo en tiempo y forma. Frente a lo que muchos sostienen, repetir de grado es un obstáculo a resolver porque es la antesala del abandono. Ningún chico abandona la escuela, sino que el sistema los abandona a ellos”, aclara Osuna recordando la repitencia, una “pauta cultural difícil de remover” del mundo escolar. Para la funcionaria, “antes que un mecanismo pedagógico para mejorar el rendimiento de los alumnos funciona más como mecanismo exclusor, como lo muestran la mayoría de las investigaciones”.
De todas maneras, los números son sólo eso y pueden ser leídos en todas las direcciones. Para un caso u otro, junto con el debate sobre los cargos y las alianzas, el Congreso enfrenta este año numerosos desafíos en materia educativa. “Las leyes marcan un horizonte, pero las condiciones cotidianas del sistema educativo no se modifican ni revierten por la mera existencia de normas. Hoy se requiere una labor profunda en generar condiciones para que dichas leyes se efectivicen”, sostiene Ziegler, mientras que para la presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, aún falta “una nueva Ley de Educación Superior, que suplante a la actual que data de 1995, y una nueva Ley de Financiamiento Educativo que capitalice la experiencia de la actual, respaldando la continuidad de las paritarias salariales y el compromiso del gobierno nacional con las provincias en materia educativa”.
Habrá que ver si las leyes, los salarios docentes, la escuela media y el financiamiento educativo se concretan efectivamente tal como son enumerados por oficialistas, opositores y especialistas. Lo cierto es que el sistema escolar merece una nueva revisión y es hora de poner manos a la obra sin tomarse recreo.
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