En 2009 hubo 4.000 denuncias contra cuidacoches hechas por la clase media fastidiada, un récord para la Justicia Contravencional. El debate entre reprimir o regular.
Por Diego Rosemberg
La palabra cuidacoches fue acuñada por los medios de comunicación a la sombra de la crisis de 2001, según lo registró el diccionario 1.300 neologismos en la prensa argentina de las lingüistas Andreína Adelstein, Inés Kuguel y Gabriela Resnik. Las transformaciones sociales que provocó aquel crack repercutieron tanto en la vida como en el habla cotidiana. En ese momento, resultó necesario encontrar términos originales para designar a nuevas ocupaciones que la inventiva popular desarrolló para combatir índices récord de desocupación. Así nacieron también los vocablos paseaperros, cartonear o limpiavidrios.
La palabra cuidacoches fue acuñada por los medios de comunicación a la sombra de la crisis de 2001, según lo registró el diccionario 1.300 neologismos en la prensa argentina de las lingüistas Andreína Adelstein, Inés Kuguel y Gabriela Resnik. Las transformaciones sociales que provocó aquel crack repercutieron tanto en la vida como en el habla cotidiana. En ese momento, resultó necesario encontrar términos originales para designar a nuevas ocupaciones que la inventiva popular desarrolló para combatir índices récord de desocupación. Así nacieron también los vocablos paseaperros, cartonear o limpiavidrios.
Según el diccionario publicado en 2008 por la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuidacoches significa: “Persona que se ocupa de cuidar autos estacionados en la calle a cambio de una propina”. La definición connota una acción loable como el resguardo de un bien ajeno. También implica agradecimiento, dado que la propina es un pago por satisfacción. Pero a medida que lo peor de la crisis fue quedando atrás, el neologismo comenzó a trocar por otros que funcionan como sinónimos pero que no connotan exactamente lo mismo, tal es el caso de trapito o franelita. Los nuevos vocablos son metonimias que reducen al cuidacoche a su herramienta: la gamuza. Invisibilizan a la otrora acción loable de protección y asemejan a la persona que la ejecuta con un objeto bastante despreciable: un trapo. El diminutivo, además, lejos de ser cariñoso opera de manera despectiva. Esta semana, el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri fue aún más allá y le adosó el calificativo de mafia, palabra que el diccionario define como organización clandestina de tipo criminal y de origen siciliano.
Tras este recorrido puede inferirse que Macri enmascaró un problema de raíz social para presentarlo como una cuestión vinculada a la seguridad. En compañía de la plana mayor de su Gabinete y de la diputada nacional Gabriela Michetti –como si se tratara casi de una cuestión de Estado-, el jefe de Gobierno anunció el lunes pasado un proyecto legislativo que el miércoles tomó oficialmente estado parlamentario. Propone modificar el Código Contravencional para poder castigar con prisión de uno a cinco días y multar de 200 a 2.000 pesos a no sólo a cuidacoches, sino también a los limpiavidrios y –ya que estamos- a los que participan de marchas de protesta portando capuchas, palos o cadenas. Ni en la conferencia de prensa, ni en las declaraciones mediáticas posteriores ni en el proyecto que ingresó a la Legislatura, Macri menciona una salida laboral para cuidacoches y limpiavidrios que perderían su fuente de sustento si se aplicara esta nueva normativa.
Incluir limpiavidrios, manifestantes encapuchados y trapitos en una misma bolsa parece una quimera. Ni siquiera todos los cuidacoches son una misma cosa. La mayoría de ellos son cuentapropistas que encuentran en la calle las monedas que les niega el mercado laboral. Algunos piden una tarifa a voluntad y otros exigen de cinco a diez pesos de pago forzoso. Existen aquellos que como servicio complementario ofrecen el lavado manual de la carrocería. También están los que establecen precarios acuerdos con restaurantes y se benefician mutuamente: los locales ofrecen seguridad para los autos de los comensales y los franelita se ganan el día con las propinas (si el local se encuentra en Puerto Madero, se los llama valet parking). Por supuesto, están aquellos que se organizan en torno a las cercanías de los megaeventos, generalmente regenteados por los mismos barrabravas. El año pasado para ver a Madonna en River la tarifa era de 50.
Son justamente los vecinos de Núñez y Belgrano que conforman las ONG Defendamos Buenos Aires y Malditos Parquímetros quienes presentaron un proyecto de ley aún más duro, proponiendo 30 días de arresto para los cuidacoches. El año pasado, se presentaron 4.194 denuncias contra ellos en la justicia contravencional porteña, aunque ninguna llegó a condena. Basaron sus presentaciones en la violación del artículo 79 del actual Código Contravencional que prohíbe el cobro de estacionamiento en el espacio público no concesionado.
El dato no es menor: una parte de la legislación presentada por el jefe de Gobierno ya existe. Sin embargo, el anuncio tal vez haya sonado como música a los oídos de los porteños más irritados. “El pensamiento de mucha gente es simple, no hay por qué exigirle que tenga uno de tipo complejo, como deben tener los dirigentes y los especialistas en leyes”, opina Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad.
Pierini enviará mañana otro proyecto a la Legislatura con una mirada opuesta a la del oficialismo porteño. Propone regular la actividad, dotando a los cuidacoches de tarjetas de estacionamiento de hasta dos horas con la intención de que se la vendan a los automovilistas, como sucede -por ejemplo- en La Plata. “Se trata también de dignificar la actividad de los auxiliares de estacionamiento”, sostiene Pierini utilizando un neologismo que elude explícitamente la criminalización. Entre las funciones que debería cumplir, según su proyecto, el cuidacoche colaboraría con el estacionamiento, se comprometería a cuidar al vehículo y a llamar a la fuerza pública en caso de que advierta la existencia de riesgo de delitos sobre los vehículos que custodia.
“Esta actividad no está regulada y cuando el Estado no regula crece el espacio para pícaros y mafiosos. Por eso, yo no propongo penarla sino regularla. Este no es un problema de seguridad. Los porteños no le tienen miedo a los cuidacoches sino a las salideras bancarias”, dice la Defensora del Pueblo que califica de “mamarracho” la propuesta macrista: “Cuando define la condena a los limpiavidrios no explicita ningún delito. Simplemente caracteriza a las funciones que realizan y se basa en su supuesta peligrosidad. El artículo 13 de la Constitución prohíbe cualquier norma basada en supuestas peligrosidades, lo que deben sancionarse son delitos. ¿Qué delito comete un limpiavidrios? Este proyecto se parece bastante a los edictos policiales”.
El constitucionalista Roberto Gargarella, docente de la Universidad Torcuato Di Tella y doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de Chicago opina que las penalizaciones que propone el macrismo “son sólo concebibles en el marco de un plan general cuya prioridad sea la atención de los derechos de los que están peor y el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al gobierno en materia de cuidado, salud y vivienda de los más desaventajados. El gobierno de la Ciudad no sólo no da muestras de contar con ese plan sino que establece prioridades contrarias a las que tiene por obligación cumplir. Su programa se basa en premisas prejuiciosas”.
La aprobación del proyecto macrista no parece sencilla. Para lograrla, necesitará los votos de 31 legisladores, mientras que el bloque oficialista apenas cuenta con 26. Y todos las demás bancadas salieron a cuestionar la iniciativa del Pro. El legislador de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, caracterizó la presentación macrista como “llamativa” en un momento donde el gobierno porteño debe revisar las fojas de servicio de 14 oficiales de la Policía Metropolitana y justo cuando el titular de la fuerza debe ser citado judicialmente luego que se abriera una causa que investiga la vinculación del ex jefe de Investigaciones de la institución, Miguel Ángel Colombo, con una red de prostíbulos.
Sin embargo, la crítica más virulenta provino del legislador del MST, Marcelo Parrilli: “El macrismo nos recuerda los criterios totalitarios del nazismo y el stalinismo”, acusó. El legislador utilizó otro de los neologismos compilados en el diccionario de la Universidad de General Sarmiento: macrismo, un vocablo que designa a “los seguidores de Mauricio Macri, político y empresario argentino”. Habrá que ver si los diccionarios que se escriban en el futuro, tras la gestión del ingeniero, darán cuenta de nuevas connotaciones y expliquen que el macrismo se trató de un gobierno porteño jaqueado por temerarios enemigos: centenas de personas pobres armadas con franelas, baldes y escobillas que cuidaban coches o limpiaban lunetas.
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