UNA SUCURSAL DEL INFIERNO MANEJADA POR LA BONAERENSE

La comisaría 2ª de Lomas del Mirador tiene una siniestra historia. En la dictadura fue un centro clandestino de detención. El año pasado estuvo Luciano Arruga, antes de desaparecer. Y esta semana murieron cuatro presos en un incendio.

Por Laureano Barrera
Periodista

La comisaría 2ª de Lomas del Mirador, en La Matanza, fue sin dudas un lugar siniestro. Allí, en la antigua comisaría de Villa Insuperable, el Primer Cuerpo del Ejército montó un campo de concentración bautizado socarronamente como El Sheraton (o el Embudo), donde entre 1976 y 1978, se acondicionó en el segundo piso una sala con picana eléctrica, y por donde pasaron más de 30 secuestrados.

El incendio del lunes pasado, que devoró dos calabozos diminutos y la vida de cuatro jóvenes, dejó a otros catorce hospitalizados y a seis efectivos policiales heridos, le devuelve a la comisaría el carácter funerario que había tenido bajo las órdenes de Suárez Mason: no sólo porque la superpoblación coloca a los presos de hoy en peores condiciones que los secuestrados de entonces, sino por un detalle tenebroso que los medios casi pasaron por alto: allí, el 31 de enero pasado, fue salvajemente torturado un joven que dos detenidos identificaron como Luciano Arruga.

La primera versión del siniestro fue la que brindó la policía, que la prensa recogió casi sin cuestionamientos: se habría desencadenado en el momento en que los internos armaron un motín y prendieron fuego colchones, cuando una requisa descubrió un túnel inconcluso que preparaban para la fuga. “Fue una combustión provocada por los detenidos, no por negligencia”, se excusó rápidamente el superintendente de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta.

Lo cierto es que el fuego mató por asfixia a Jorge Luis Moya, de 26 años; Pablo Sebastián Frías, de 20; Fernando Butaro, de 22, y David Moreyra y que, a juzgar por las condiciones en las que estaban cautivos –el propio Baratta admitió que “en el lugar estaban apretados”–, la tragedia pudo haber sido mayor. “En el motín había alojados 18 internos cuando la comisaría es, como máximo, para 10. Yo tuve la posibilidad de entrar a esa comisaría y te puedo asegurar que ahí no pueden entrar más de 5 o 6 personas en condiciones normales”, apunta Juan Manuel Colombi, abogado de Apdh-La Matanza, y recuerda que el organismo ya había dado la alarma previamente de esta situación.

Las condiciones para enfrentar una circunstancia así tampoco eran las adecuadas. “Tenemos en un radio de diez cuadras una comisaría y un destacamento que no sabemos todavía para qué funciona, y en ninguno de los dos había un matafuegos para frenar el incendio. Tampoco había ambulancias: a los heridos se los trasladó en un colectivo de la línea 620”, se queja Combi. “Nos dijeron que en el reconocimiento judicial, no se encontró el supuesto túnel por el que pensaban escaparse”, agregó, desnudando las primeras grietas, “y no precisamente en los muros de la Seccional”, dijo Roberto Cipriano, el coordinador del Comité.

Mediante un comunicado, el Cels responsabilizó de las muertes al “Gobierno provincial, que motivó reformas legales regresivas e insiste en mantener a los detenidos por varios meses en comisarías”. El Ejecutivo incumple lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2005 ante un habeas corpus colectivo interpuesto por el organismo –conocido como Verbitsky–, que declaró ilegal el alojamiento en comisarías e instó a la provincia por el abuso de la prisión preventiva. Bajo la gestión de León Arslanian y luego de una adecuación normativa, la cantidad de presos en comisarías bajó más de un 50%, hasta llegar a 2.782 a fines de 2007.

La investigación del hecho quedó en la fiscalía N° 6 de La Matanza a cargo de Mariana Seggio. “La fiscal está investigando quién quemó el colchón, que es importante pero más importante me parece todo lo que no se hizo después”, advierte el abogado Combi. Y “lo que no se hizo después”, se podría haber previsto antes. El 8 de abril de 2008, el juez federal Daniel Rafecas junto a sobrevivientes y funcionarios, realizaron una inspección ocular a la comisaría para reconocer El Sheraton. En los fragmentos filmados y publicados en el sitio web de Memoria Abierta, pueden apreciarse con nitidez las paupérrimas condiciones en las que se hacinaban los 18 presos. Tanto que en aquella oportunidad, el juez envió un informe a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y no obtuvo respuesta.

A pesar de ciertas concesiones en el cautiverio ilegal –a veces estaban destabicados y circulaban por los calabozos–, el cineasta desaparecido Pablo Szir le mostró a su hija, en una de las visitas a familiares que les permitían los represores, su antebrazo marcado con brasa de cigarrillo. Otra costumbre que no se ha perdido: la Apdh local denunció tres meses atrás a los efectivos de la seccional por quemar a un menor de esa forma.

En la causa por la desaparición de Luciano Arruga, dos testigos declaran haber visto cómo torturaban a un menor que reconocieron por fotos como Luciano. “Relatan que lo esposaron contra los barrotes del calabozo con los brazos alzados para que se le duerman. De esa manera, al no circular la sangre, el detenido no grita tanto cuando le aplican los golpes o torturas ni quedan rastros en su cuerpo”, cuenta Combi, abogado también de la familia Arruga.
Hay continuidades perversas, encarnadas en la memoria represiva de las fuerzas de seguridad: un historietista como Héctor Oesterheld, un cartonero como Arruga y un adolescente preso hace un mes por tentativa de robo, Pablo Frías, padecieron por igual –en dictadura o democracia– el hedor de esas jaulas humanas, el rigor de la Bonaerense y fueron condenados sin ley a un destino que no merecían: la desaparición o la muerte.