Una jueza porteña le ordenó al gobierno de Macri presentar en 120 días un plan para urbanizar la villa Rodrigo Bueno. El jefe de Gabinete dijo que el fallo era “un disparate”. En el fondo del conflicto, un megaproyecto inmobiliario.
Por Eduardo Videla
Para el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, urbanizar una villa ubicada junto a la Reserva Ecológica, tal como lo ordenó en un fallo la Justicia porteña, resulta un “disparate”. En esos términos, el funcionario adelantó que el Gobierno de la Ciudad apelará la medida, dictada el martes último por la jueza Elena Liberatori en una causa que ya lleva casi seis años. La magistrada, antes de adoptar la resolución, consultó a especialistas que dictaminaron que urbanizar esa villa es técnicamente posible y recomendable. En rigor, existe una controversia de fondo que consiste en la proximidad de este barrio precario, donde hoy viven unas 700 familias, de acuerdo con el último censo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con los terrenos donde el holding IRSA planea construir un megaemprendimiento de viviendas y espacios de recreación marina para personas de alto poder adquisitivo. La causa se inició en 2005, cuando un decreto del gobierno porteño, durante la gestión de Jorge Telerman, dispuso un plan de subsidios para los que aceptaran irse de la villa, con la idea de erradicarla. Muchas familias aceptaron el dinero, pero otras iniciaron un reclamo judicial, en ese momento, con el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). “Los querían sacar con dinero porque el asentamiento resultaba molesto para el emprendimiento de IRSA”, dijo a Página/12 Gustavo Moreno, quien intervino en el caso como asesor tutelar de primera instancia, en representación de los niños que viven en la villa. Moreno logró que se declare inconstitucional la inclusión del barrio dentro de los límites de la Reserva Ecológica. “Cuando se hizo esa delimitación por ordenanza, en 1986, la villa ya existía, no se trata de una ocupación posterior”, argumentó el asesor. La historia de la villa Rodrigo Bueno fue reconstruida para la causa por un equipo de antropólogas del Instituto Gino Germani de la UBA y del Conicet, designado por la jueza Liberatori. Los primeros asentamientos datan de mediados de los años ’80, pero su mayor crecimiento coincide con la etapa de crecimiento de Puerto Madero. “Allí vive mucha de la gente que trabaja en la construcción de los grandes emprendimientos inmobiliarios de ese barrio”, relató a este diario Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, autora de un proyecto para urbanizar dicha villa. La villa Rodrigo Bueno se encuentra ubicada sobre la avenida Costanera Sur, entre la Reserva Ecológica y los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, que en 1997 compró IRSA para su emprendimiento Santa María del Plata. Pero entre la Reserva y la villa hay un cementerio de autos judicializados, de la Policía Federal, y un baldío donde funcionó el obrador de la empresa Covimet. Dos lotes sobre los que los gobiernos de la ciudad no mostraron tanto interés en recuperar como el que ocupa la villa. El arquitecto Jaime Sorín recibió a principios de 2010, cuando todavía era decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, un pedido de la jueza Liberatori para que, en el marco de la causa, analice la factibilidad de urbanizar el barrio o determine si, por el contrario, era necesario erradicarlo. “El asentamiento tiene muchos años, construcciones definitivas y sólidas, aunque necesitan una mejora. Lo que sí requiere es inversión en espacio público: veredas, calles, agua, una plaza, comedor y guardería”, explicó Sorín a este diario, al hacer una síntesis de su dictamen. Es que el único equipamiento que tiene el barrio es una capilla, Nuestra Señora de Caacupé, donde hasta fines del año pasado hacía su trabajo pastoral el cura Jorge Carbonell, hoy reemplazante de Pepe Di Paola al frente de la Pastoral Villera porteña. Sorín advierte que hoy la villa quiere ser erradicada por el mismo Estado que antes le dio chapas, en la gestión de Ibarra, o caños para el agua, durante el actual gobierno. “Se debe dar allí una solución definitiva, a través de una ley de radicación como hicimos con la Villa 31”, agregó Facundo Di Filippo, legislador con mandato cumplido. En su fallo, la jueza Liberatori declaró nulos los decretos que disponían el desalojo del predio, dispuso la incorporación del barrio Rodrigo Bueno al Programa de Radicación de Villas (Ley 148) de la cual estaba marginado, y le ordenó al Gobierno de la Ciudad que en 120 días presente un plan de integración urbana y social del barrio, entre otras medidas. El gobierno porteño respondió a través de su jefe de Gabinete. “Realmente es un disparate. Estamos convalidando una toma a gente que ha usurpado un lugar. No podemos convalidar dándole un apoyo del Estado a alguien que tomó un espacio público o un espacio privado”, dijo Rodríguez Larreta. “Deberían ser más sinceros –le respondió la diputada Sánchez Andía– y reconocer que ideológicamente no les gusta que haya una villa en Puerto Madero. Porque en lo técnico no hay ningún impedimento.”
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