LUEGO DE LA LEY, LLEGÓ LA TRAMPA

En Bariloche, el 50 por ciento de las tierras están en manos foráneas. Primero son transferidas por las autoridades provinciales a intermediarios locales, que a los pocos meses ceden los terrenos a sus dueños finales. Por Sebastián Premici

La gestión y manejo de los recursos naturales en Argentina, como la tierra, están bajo la jurisdicción de las provincias, derecho consagrado en la Constitución de 1994. En este sentido, uno de los casos paradigmáticos que dan cuenta de cómo se comercializa este recurso vital ocurre en Río Negro. Según la información catastral oficial, los distritos de Bariloche y el Bolsón suman en total 510.000 hectáreas, de las cuales el 35 por ciento está en manos de extranjeros. En Bariloche, ese porcentaje llega al 50 por ciento (118.000 hectáreas). En muchos casos, las tierras fiscales que terminan en manos extranjeras primero son transferidas por las autoridades provinciales a intermediarios locales, que a los pocos meses ceden los terrenos a sus dueños finales. Esta operatoria es aplicada para sortear una ley que restringe que las tierras ubicadas en las zonas de seguridad sean vendidas a extranjeros. Además, existe una normativa provincial que establece que no pueden revenderse las tierras fiscales antes de cumplidos los cinco años de cancelado el bien. Página/12 analizó las operatorias relacionadas con Joe Lewis, dueño de 11.612 hectáreas, y el Grupo Burco Argentina SA, compañía de origen belga que tiene 7080 hectáreas. Las llamadas “zonas de seguridad” son las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de conformidad ante el Ministerio del Interior (decreto ley 15.385/44), donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. Según denunciaron los legisladores provinciales Luis Bonardo y Luis Bardeggia (Bloque Foro Rionegrino) ante la fiscalía penal de Viedma, a cargo de Daniela Zágali, en “Río Negro se venden tierras a extranjeros a partir de un ardid que involucra a intermediarios”. “Cuando se privatiza el recurso más valioso que es la tierra para realizar un emprendimiento inmobiliario, se les quita a cientos de familias la posibilidad de su sustento. No estamos en contra de la actividad privada, pero creemos que hay que poner reparos”, afirmó a Página/12 Bardeggia, legislador que ingresó junto al FpV y luego armó un bloque junto a Bonardo. Un lago escondido El inglés Joseph Lewis adquirió hace quince años la estancia Lago Escondido, una propiedad que había comprado originalmente la familia Montero durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y fundó la empresa Hidden Lake SA. Fueron aproximadamente 10.000 hectáreas que contienen dentro del predio el lago y distintos cauces de ríos a partir de los cuales Lewis construirá una empresa hidroeléctrica junto a Pampa Energía. El año pasado, la Legislatura provincial sancionó una ley donde aprobó el proyecto de Lewis, y se fijó la obligación de pagar un canon por el uso del agua, que todavía no fue definido. Después de la adquisición original de las 10.000 hectáreas, el empresario inglés comenzó a comprar tierras aledañas hasta llegar a las 11.612 hectáreas. De ahí se desprenden las distintas denuncias ante la fiscalía de Viedma, que involucraron al menos 603 hectáreas vendidas a partir de distintos intermediarios. ¿Cómo fue la operatoria? El 2 de febrero de 2006, el gobierno provincial de Miguel Saiz adjudicó un predio rural de 329 hectáreas al presidente de la Empresa Forestal Rionegrina (Emfor), José Luis Martínez Pérez, por un precio de 251.113 pesos (763 pesos la hectárea). El 27 de diciembre del mismo año, a través de un boleto de compraventa, la propiedad fue transferida a Nicolás Bernardo Van Ditmar. En dicho contrato se especificó que Van Ditmar realizaba la operación “por gestión de negocios y con dinero de y para Hidden Lake”. Como remarcó Bardeggia en diálogo con este diario, transcurrieron sólo diez meses desde la primera operación, cuando la ley estipula que deben transcurrir cinco años. La misma operación, con los mismos intermediarios, se había realizado en 1997, con un predio aledaño de 247 hectáreas. Según indicó la gobernación de la provincia el año pasado, la ley que regula el plazo de “inenajenabilidad” de un terreno “cayó en desuso”. “Impedir que un titular venda a un tercero sería menoscabar el derecho de propiedad”, indicó la gobernación a través de un documento difundido por la Secretaría de Comunicación de la provincia. Por otro lado, el estado provincial adjudicó el año pasado 19.000 hectáreas a la empresa Pampa Energía, terrenos que son aledaños al Lago Escondido. La empresa de Marcelo Midlin tiene el 98 por ciento de la Hidroeléctrica Lago Escondido, según figura en su página web, que es construida dentro del predio de Lewis. “Para que quede claro, el problema no es que se invierta en energía, sino que se regale la tierra o que no se discuta cómo gestionar los recursos naturales”, señaló el legislador, quien agregó que “el intermediario para la venta de las tierras de Pampa Energía fue Van Ditmar”. Quién es quién Van Ditmar es presidente del directorio de Hidden Lake, y titular de un predio de 8000 hectáreas (Bahía Dorada SA), en el cual Lewis construyó un aeródromo “para comodidad personal”, según explicaron a este diario fuentes de la compañía Hidden Lake. El aeródromo también está ubicado en una zona de seguridad, según la definición de la Ley 15.385/44. Por su parte, Martínez Pérez, además de ser presidente de Emfor –empresa privada con participación mayoritaria del Estado– recibió un “poder especial” por parte de Lewis para representar legalmente a Hidden Lake, con fecha de diciembre de 1998. Más cerca en el tiempo, en 2008, la provincia le vendió a la empresa Forestal y Ganadera San Tadeo SRL –a través del intermediario Fernando Valenzuela, que integra el mismo estudio de abogados que Martínez Pérez–dos predios, uno por 4526 hectáreas (donde se pagó 36 pesos la hectárea) y otro por 5598 hectáreas (27 pesos la hectárea). Después de algunos meses de realizada la primera operación, las más de diez hectáreas fueron transferidas a Ana María Trianes, cónyuge de Martínez Pérez e integrante del mismo estudio de abogados. Toda esta información está documentada en el Registro de la Propiedad de la provincia, al que Página/12 tuvo acceso. Por su parte, desde el área de comunicación de Hidden Lake indicaron a este diario que las compras que se realizaron a Martínez Pérez “no fueron irregulares”, aunque reconocieron que “hubo algunas desprolijidades” en cómo se gestionaron las operaciones.