Los uniformados han sido un engranaje clave en la industria prostibularia. Ésta, a su vez, fue una de las cajas policiales más taquilleras. De qué manera funcionaban los pactos societarios entre comisarios y proxenetas.
Por Ricardo Ragendorfer
Ya al despuntar el siglo XX, Buenos Aires comenzaba a ser mundialmente conocida como el paraíso de los tenebrosos. Así se nombraba a los traficantes de mujeres con fines de explotación sexual. Ellos fueron la semilla local del crimen organizado. Y en el variado mosaico de nacionalidades que subyacía entre los proxenetas resaltaba una organización polaca: la Sociedad de Socorros Mutuos Varsovia, rebautizada luego como Swig Migdal. Desde 1906 controlaría el negocio de la prostitución en el país. Su mano de obra era traída desde los confines más remotos de Europa oriental con falsas promesas matrimoniales, antes de ser distribuida en los tres mil piringundines que esa cofradía regenteaba en esta ciudad y Rosario. Su jefe máximo fue un tal Noé Trauman. Sobre él se decía que en su Polonia natal había sido un cuadro anarquista. Y que inspiró al mismísimo Roberto Arlt para delinear el personaje del Rufián Melancólico en su novela Los siete locos. Es probable que ambas cosas no hayan sido exactamente así. Lo cierto es que su imperio se prolongó hasta 1930, cuando la denuncia de una ex pupila llamada Raquel Liberman propiciaría su derrumbe. Entonces, también quedó al descubierto la red policial que por casi 25 años había apuntalado su funcionamiento.
A más de ocho décadas, el asunto no ha cambiado de modo sustancial. Las esclavas modernas –entre las cuales son muy apreciadas las menores de edad– son cooptadas en las provincias del norte y en países limítrofes con engañosos ofrecimientos de trabajo o, directamente, a través de la privación compulsiva de su libertad por un indeterminado número de grupos abocados a la industria prostibularia. En semejante escenario, sus protectores de uniforme no son un engranaje menor.
A más de ocho décadas, el asunto no ha cambiado de modo sustancial. Las esclavas modernas –entre las cuales son muy apreciadas las menores de edad– son cooptadas en las provincias del norte y en países limítrofes con engañosos ofrecimientos de trabajo o, directamente, a través de la privación compulsiva de su libertad por un indeterminado número de grupos abocados a la industria prostibularia. En semejante escenario, sus protectores de uniforme no son un engranaje menor.
Los socios del silencio. Es notable que el robo de automóviles desvele más al espíritu público que la trata de personas. Es que, al parecer, este delito no se encuentra entre las prioridades de las empresas periodísticas, al punto de que su relativa visibilidad social fue fruto de una telenovela, Vidas robadas, basada en la desaparición de Marita Verón, ocurrida en Tucumán el 3 de abril de 2002.
El caso, aún sin resolver, se convirtió en un hecho maldito para la Justicia argentina. Y la madre de la víctima, Susana Trimarco, pasaría a ser un ícono internacional de la lucha contra el tráfico de mujeres, ya que entre sus logros se destaca el rescate de 59 chicas latinoamericanas reducidas a condiciones de esclavitud en España. Por su parte, la investigación realizada por el comisario tucumano Jorge Tobar dejó al desnudo la complicidad de jueces, funcionarios y policías de al menos siete provincias –Tucumán, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta y Buenos Aires– con organizaciones volcadas al rufianismo.
Éstas –junto a su autoría en cientos de desapariciones sin denuncia ni difusión mediática– tampoco fueron ajenas a otros dos casos resonantes: el de Fernanda Aguirre, una nena de sólo 13 años secuestrada a comienzos de 2004 en Paraná, y el de la estudiante universitaria Florencia Penacchi, sucedido en 2005 a metros de su domicilio, en el barrio porteño de Palermo.
La pesquisa de este hecho en particular, a cargo de la Policía Federal, puso de relieve la convivencia de altos oficiales de esa fuerza con las mafias del rubro, tal como en su momento lo demostró el entonces titular de la División Antisecuestros, comisario Jorge Cipolla. Éste malograría las pocas posibilidades de resolver el caso mediante pistas falsas e hipótesis antojadizas, en las que incluso apeló a la indignidad de sembrar sospechas sobre la moral de la víctima. Con el correr del tiempo, Cipolla se transformaría en un protagonista central de la historia que une a los hombres de azul con proxenetas de toda laya.
Ya se sabe que, en el ámbito capitalino, la Federal siempre fue la gran protectora de la industria prostibularia. Y ello, desde tiempos inmemoriales, razón por la cual –en la jerga canera– a esa caja de recaudación se la llama “la histórica”. Por tal motivo, durante más de medio siglo, la hoy extinta División de Moralidad fue uno de los destinos más codiciados de la fuerza. Tanto es así que, para seguir existiendo, las trabajadoras sexuales independientes y los fiolos minoristas supieron establecer con los agentes del orden un vínculo signado por el sometimiento económico, mientras que con los propietarios de lupanares y sus proveedores de carne fresca los uniformados mantienen pactos generadores de suculentos dividendos.
Este estado de situación saltaría a la luz pública a mediados de 2008, cuando algunas organizaciones sociales –entre ellas, La Alameda– escracharon una decena de prostíbulos que funcionaban a escasas cuadras del Departamento Central. Entonces se comprobaría que en tales establecimientos había mujeres reducidas a condiciones de esclavitud. Por aquellos días, en el organigrama de la Federal ya existía la División Trata de Personas, al mando del comisario Jorge Omar González. Se trata, por cierto, de otro actor central de esta historia.
En 2009, el comisario Fernández ideó una temeraria maniobra: “plantar” dos menores en un prostíbulo situado en la avenida Perito Moreno, de Pompeya, para así comprometer a quien lo regenteaba. Éste no era otro que el ya mencionado comisario Cipolla, quien tras sus trapisondas en la investigación del caso Penacchi, fue galardonado con la jefatura de la División Delitos contra la Salud. Al parecer, ambos comisarios mantenían una añeja rivalidad. Fernández, para concretar su plan, recurrió a una mujer policía. Pero ella, lejos de cumplir la orden de su jefe, terminó haciendo una denuncia ante el juez federal Ariel Lijo.
Lo cierto es que la presentación judicial de la suboficial Nancy Miño sacudió el avispero. Y Fernández, un sujeto alto, enjuto, de mirada inquietante, al que sus subordinados llaman San La Muerte debido a un tatuaje que decora su antebrazo izquierdo, quedaría a partir de entonces sospechado de recibir coimas, regentear prostíbulos, fraguar causas penales, plantar evidencias con fines de extorsión, además de propiciar el funcionamiento de redes abocadas al tráfico de mujeres a cambio de dinero. En esa denuncia también figuran sus hombres de confianza, los oficiales Rodolfo Arreguez, Marcelo Fabián Acosta y Luis Alberto Rojas, además de otros 15 efectivos de aquella división. Claro que Cipolla tampoco quedaría bien parado en ese expediente, motivo por el cual no tardó en ser eyectado de la fuerza.
En cambio, a Fernández la suerte le fue menos esquiva. Sostenido por la cúpula encabezada por el comisario Néstor Vallecas, lograría permanecer en su puesto. Y hasta se dio el lujo de participar como panelista el 21 de marzo pasado en un seminario sobre trata de personas realizado en el Hotel NH. No obstante –tal como confirmó el Ministerio de Seguridad a Miradas al Sur–, hace tres semanas Fernández fue pasado a disponibilidad debido a las graves acusaciones que pesan sobre él. Lo reemplaza una mujer: la comisario Noemí Suárez.
Mientras tanto, el ex comisario Cipolla supo reinsertarse airosamente en la sociedad civil. Ya alejado tanto del uniforme como de la administración de lupanares, a este hombre cincuentón la vida le ha dado una segunda oportunidad. Ahora –tal como informó Miradas al Sur en su edición del 19 de junio– está en pareja con la legisladora porteña del PRO María Eugenia Rodríguez Araya, una joven figura macrista que basó su campaña en la lucha contra las redes que explotan sexualmente a mujeres, Cipolla ha logrado redimirse de su vidrioso pasado y actualmente trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad.
En medio de tales vaivenes, por primera vez la penalización de los traficantes de mujeres es una política de Estado. Prueba de ello son las cifras cosechadas al respecto por la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, encabezada por el fiscal Marcelo Colombo: 46 proxenetas ya condenados, sobre un total de 312 con procesos judiciales en marcha.
Los tenebrosos ya no serán lo que eran.
El caso, aún sin resolver, se convirtió en un hecho maldito para la Justicia argentina. Y la madre de la víctima, Susana Trimarco, pasaría a ser un ícono internacional de la lucha contra el tráfico de mujeres, ya que entre sus logros se destaca el rescate de 59 chicas latinoamericanas reducidas a condiciones de esclavitud en España. Por su parte, la investigación realizada por el comisario tucumano Jorge Tobar dejó al desnudo la complicidad de jueces, funcionarios y policías de al menos siete provincias –Tucumán, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta y Buenos Aires– con organizaciones volcadas al rufianismo.
Éstas –junto a su autoría en cientos de desapariciones sin denuncia ni difusión mediática– tampoco fueron ajenas a otros dos casos resonantes: el de Fernanda Aguirre, una nena de sólo 13 años secuestrada a comienzos de 2004 en Paraná, y el de la estudiante universitaria Florencia Penacchi, sucedido en 2005 a metros de su domicilio, en el barrio porteño de Palermo.
La pesquisa de este hecho en particular, a cargo de la Policía Federal, puso de relieve la convivencia de altos oficiales de esa fuerza con las mafias del rubro, tal como en su momento lo demostró el entonces titular de la División Antisecuestros, comisario Jorge Cipolla. Éste malograría las pocas posibilidades de resolver el caso mediante pistas falsas e hipótesis antojadizas, en las que incluso apeló a la indignidad de sembrar sospechas sobre la moral de la víctima. Con el correr del tiempo, Cipolla se transformaría en un protagonista central de la historia que une a los hombres de azul con proxenetas de toda laya.
Ya se sabe que, en el ámbito capitalino, la Federal siempre fue la gran protectora de la industria prostibularia. Y ello, desde tiempos inmemoriales, razón por la cual –en la jerga canera– a esa caja de recaudación se la llama “la histórica”. Por tal motivo, durante más de medio siglo, la hoy extinta División de Moralidad fue uno de los destinos más codiciados de la fuerza. Tanto es así que, para seguir existiendo, las trabajadoras sexuales independientes y los fiolos minoristas supieron establecer con los agentes del orden un vínculo signado por el sometimiento económico, mientras que con los propietarios de lupanares y sus proveedores de carne fresca los uniformados mantienen pactos generadores de suculentos dividendos.
Este estado de situación saltaría a la luz pública a mediados de 2008, cuando algunas organizaciones sociales –entre ellas, La Alameda– escracharon una decena de prostíbulos que funcionaban a escasas cuadras del Departamento Central. Entonces se comprobaría que en tales establecimientos había mujeres reducidas a condiciones de esclavitud. Por aquellos días, en el organigrama de la Federal ya existía la División Trata de Personas, al mando del comisario Jorge Omar González. Se trata, por cierto, de otro actor central de esta historia.
En 2009, el comisario Fernández ideó una temeraria maniobra: “plantar” dos menores en un prostíbulo situado en la avenida Perito Moreno, de Pompeya, para así comprometer a quien lo regenteaba. Éste no era otro que el ya mencionado comisario Cipolla, quien tras sus trapisondas en la investigación del caso Penacchi, fue galardonado con la jefatura de la División Delitos contra la Salud. Al parecer, ambos comisarios mantenían una añeja rivalidad. Fernández, para concretar su plan, recurrió a una mujer policía. Pero ella, lejos de cumplir la orden de su jefe, terminó haciendo una denuncia ante el juez federal Ariel Lijo.
Lo cierto es que la presentación judicial de la suboficial Nancy Miño sacudió el avispero. Y Fernández, un sujeto alto, enjuto, de mirada inquietante, al que sus subordinados llaman San La Muerte debido a un tatuaje que decora su antebrazo izquierdo, quedaría a partir de entonces sospechado de recibir coimas, regentear prostíbulos, fraguar causas penales, plantar evidencias con fines de extorsión, además de propiciar el funcionamiento de redes abocadas al tráfico de mujeres a cambio de dinero. En esa denuncia también figuran sus hombres de confianza, los oficiales Rodolfo Arreguez, Marcelo Fabián Acosta y Luis Alberto Rojas, además de otros 15 efectivos de aquella división. Claro que Cipolla tampoco quedaría bien parado en ese expediente, motivo por el cual no tardó en ser eyectado de la fuerza.
En cambio, a Fernández la suerte le fue menos esquiva. Sostenido por la cúpula encabezada por el comisario Néstor Vallecas, lograría permanecer en su puesto. Y hasta se dio el lujo de participar como panelista el 21 de marzo pasado en un seminario sobre trata de personas realizado en el Hotel NH. No obstante –tal como confirmó el Ministerio de Seguridad a Miradas al Sur–, hace tres semanas Fernández fue pasado a disponibilidad debido a las graves acusaciones que pesan sobre él. Lo reemplaza una mujer: la comisario Noemí Suárez.
Mientras tanto, el ex comisario Cipolla supo reinsertarse airosamente en la sociedad civil. Ya alejado tanto del uniforme como de la administración de lupanares, a este hombre cincuentón la vida le ha dado una segunda oportunidad. Ahora –tal como informó Miradas al Sur en su edición del 19 de junio– está en pareja con la legisladora porteña del PRO María Eugenia Rodríguez Araya, una joven figura macrista que basó su campaña en la lucha contra las redes que explotan sexualmente a mujeres, Cipolla ha logrado redimirse de su vidrioso pasado y actualmente trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad.
En medio de tales vaivenes, por primera vez la penalización de los traficantes de mujeres es una política de Estado. Prueba de ello son las cifras cosechadas al respecto por la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, encabezada por el fiscal Marcelo Colombo: 46 proxenetas ya condenados, sobre un total de 312 con procesos judiciales en marcha.
Los tenebrosos ya no serán lo que eran.
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