El autor de El ciudadano sheriff Dario Kosovsky, analiza el mapa del armamento civil en la Argentina. Asegura que la tenencia “para seguridad” se legitima y se construye a partir de reacciones emocionales.
Nueve personas fallecen por día como consecuencia del uso de armas de fuego. Pero sólo la cuarta parte de esas muertes es en ocasión de robo: el resto se debe a suicidios, casos de gatillo fácil, conflictos interpersonales y otros tipos de violencia. Los datos del Ministerio de Justicia de 2008 lo confirman: el 64 por ciento de los homicidios dolosos no ocurren durante un delito. Otro dato preocupa más: un millón doscientas mil personas tienen armas en su casa de manera legal, con los papeles del Renar. Y se estima que hay otro millón sin registrar. “Las armas de fuego están fabricadas para matar. Y su uso para la defensa personal es frecuentemente inútil”, afirma a Miradas al Sur Darío Kosovsky. Es abogado y docente. Investigador permanente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la comisión directiva de Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed). También escribió el libro El ciudadano sheriff, donde analiza el uso de armas en la Argentina.
–A partir del caso Etchecopar, se escucharon justificaciones a favor de su accionar. Se dijo que, como estaba dentro de su casa y corría peligro su familia, había hecho bien en disparar. ¿Hizo bien? ¿Qué debería haber hecho?
–Si Etchecopar obró bien o mal lo sabe él mismo y carece de sentido ingresar en un juego de hipótesis sobre los modos de reacción de cada persona frente a una situación similar. El intercambio generado por las interpelaciones posteriores a este tipo de eventos (“y vos qué harías” o “y vos no matarías si tocan a tus hijos”) genera debates fundados en lo emocional y obnubila los caminos para escudriñar los modos en que la sociedad y sus instituciones pueden abordar el fenómeno de los conflictos interpersonales violentos, de los que este hecho es tan sólo una expresión. El campo al que nos lleva este acontecimiento en particular es al de la gestión de la conflictividad interpersonal y puntualmente, en su marco, al de la utilización de armas de fuego.
–¿La tenencia de armas en un hogar aumenta la posibilidad de que una autodefensa termine mal?
–Las armas de fuego están fabricadas para matar y diariamente en nuestro país y en el mundo cumplen con creces su cometido. Su uso para la defensa personal es frecuentemente inútil para el objetivo pretendido y genera accidentes y muertes de quien acude a ellas, o de sus familiares.
–Así lo señalan las estadísticas…
–No sólo estadísticamente hay una contundencia argumental irrebatible en este sentido, sino que casuísticamente (para quienes oponen el “no me vengan con estadísticas”) es fácil contabilizar una infinidad de casos relacionados. No sólo con quienes se han intentado defender con armas, sino con las personas que las tenían por seguridad y terminaron muertos ellos o sus familiares, por accidente. Ejemplos sobran: en Cipolletti un nene mató de un balazo a otro frente a su hermanito de tres años mientras manipulaban el arma de su padre. Más cercano está el caso del ex gobernador Carlos Soria, cuya esposa sigue detenida por su muerte.
–El debate por la inseguridad o sobre el uso de armas aparece siempre de manera espasmódica.
–La reactivación del debate sobre el recurso de las armas de fuego para la defensa personal expresa, independientemente de las sensaciones individuales frente a lo que se denomina genéricamente “delito”, una dinámica de tensión permanente entre los discursos de emergencia y los discursos de excedencia. Esta tensión se configura a partir de la existencia de temores reales y hechos puntuales de la vida social que son redimensionados a partir de un proceso de violencia simbólica. Los temores a ser víctimas de delitos están extendidos en nuestra sociedad y si bien el "miedo al delito" tiene un vínculo con los hechos de violencia que sufre una persona, la relación no es causalmente directa. Esto significa que entre las situaciones que experimentamos y nuestros miedos hay una relación mediada por una multiplicidad de factores entre los que se destaca la violencia simbólica de la que prácticamente todos somos víctimas.
–¿Qué responsabilidad tienen los medios en la creación de miedo?
–La responsabilidad de los medios masivos de comunicación ya ha sido más que graficada en los últimos tiempos. Todos somos consumidores de medios que reproducen un mismo suceso violento cada 30 minutos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana en una variedad de noticieros y flashes informativos en todo el país, respecto de los que también se realizan entrevistas en programas periodísticos prime-time, se publican informes especiales y sobre los que se editorializa –hasta que dura el interés en el evento– en los medios gráficos y, hoy también, en sus versiones web. Este consumo nos transforma en víctimas de violencia simbólica, es decir que se ejerce con nuestra anuencia. Redimensiona cuantitativa y cualitativamente nuestros miedos y tiende a la anulación de nuestra capacidad crítica, con lo cual sentimos en carne propia lo que visualizamos e internalizamos como propias las opiniones que nos transmiten.
–¿Ese miedo legitima además el uso de armas?
–Sí, la legitimación de la tenencia de armas “para seguridad” se va construyendo como parte de reacciones emocionales a estos procesos y se refuerza en momentos en que ocurre un hecho como el de Etchecopar. Hay actores que intentan incidir en esta construcción social de los miedos y hoy, entre ellos en nuestro país se encuentra el propio Estado. El Estado argentino, incorporó como propias ideas de la sociedad civil y desde 2007 ha instado sistemáticamente a la población a no tener armas en sus hogares.
–¿Cuál fue la respuesta de la sociedad?
–Ha sido asombrosa, casi inédita en el mundo. En el marco del Plan Nacional de Desarme, hombres y mujeres de todo el país han entregado más de 127.000 armas de fuego y 1.000.000 de municiones que ya fueron destruidas. Independientemente de haber sacado de circulación aproximadamente un 5 por ciento de las armas del país y del impacto que ello ha tenido sobre los suicidios y los homicidios en diferentes ciudades, el propio plan ha tenido sobre quienes entregaron un gran impacto a partir de la inutilización de las armas por aplastamiento en el momento de la entrega. Tanto esta acción estatal, como las grandes campañas de comunicación de concientización sobre los riesgos de la tenencia de armas en los hogares y el activismo de la sociedad civil en la prevención de la violencia armada, han buscado y logrado tensionar al discurso de la emergencia.
–¿Considera que el Gobierno Nacional ha tomado un rol más activo en la seguridad pública?
–La puesta en crisis del discurso de emergencia a partir de una visión más estructural de la gestión de la conflictividad lleva implícita la obligación estatal de proveer de mejor seguridad a la población. Ello parece haber sido asimilado por la Nación, que frente al cuestionamiento de “tenemos que protegernos porque nadie lo hace” y al posicionarse por el desarme y desmotivar a la población al uso de la violencia está asumiendo un rol activo como protagonista de la generación de mayor seguridad en la población. La creación de un ministerio específico, si bien en proceso de consolidación, lo confirma en tanto ha ido gestando un inédito gobierno político de la seguridad tendiente a revertir la impronta delegativa en las instituciones policiales y a fijar los lineamientos estratégicos de la seguridad pública, asumir la dirección político-institucional de las fuerzas de seguridad, del sistema de prevención de la violencia y el delito y de la participación comunitaria.
–¿Esa es también la situación en la provincia de Buenos Aires?
–No, la provincia de Buenos Aires, si bien había sido precursora en reformas institucionales en la materia en el país, en los últimos años inició un proceso de reversión que se está evidenciando tanto en la dinámica de criminalidad como de violencia institucional en ese territorio. La puesta en tensión de los discursos y prácticas de la emergencia no sólo necesita de la profundización estatal de la política de desarme sino que exige, además, de su correlato en el impulso de pautas y lineamientos con la misma orientación desde la Nación a las provincias en materia de conducción política de los sistemas de seguridad.
–A partir del caso Etchecopar, se escucharon justificaciones a favor de su accionar. Se dijo que, como estaba dentro de su casa y corría peligro su familia, había hecho bien en disparar. ¿Hizo bien? ¿Qué debería haber hecho?
–Si Etchecopar obró bien o mal lo sabe él mismo y carece de sentido ingresar en un juego de hipótesis sobre los modos de reacción de cada persona frente a una situación similar. El intercambio generado por las interpelaciones posteriores a este tipo de eventos (“y vos qué harías” o “y vos no matarías si tocan a tus hijos”) genera debates fundados en lo emocional y obnubila los caminos para escudriñar los modos en que la sociedad y sus instituciones pueden abordar el fenómeno de los conflictos interpersonales violentos, de los que este hecho es tan sólo una expresión. El campo al que nos lleva este acontecimiento en particular es al de la gestión de la conflictividad interpersonal y puntualmente, en su marco, al de la utilización de armas de fuego.
–¿La tenencia de armas en un hogar aumenta la posibilidad de que una autodefensa termine mal?
–Las armas de fuego están fabricadas para matar y diariamente en nuestro país y en el mundo cumplen con creces su cometido. Su uso para la defensa personal es frecuentemente inútil para el objetivo pretendido y genera accidentes y muertes de quien acude a ellas, o de sus familiares.
–Así lo señalan las estadísticas…
–No sólo estadísticamente hay una contundencia argumental irrebatible en este sentido, sino que casuísticamente (para quienes oponen el “no me vengan con estadísticas”) es fácil contabilizar una infinidad de casos relacionados. No sólo con quienes se han intentado defender con armas, sino con las personas que las tenían por seguridad y terminaron muertos ellos o sus familiares, por accidente. Ejemplos sobran: en Cipolletti un nene mató de un balazo a otro frente a su hermanito de tres años mientras manipulaban el arma de su padre. Más cercano está el caso del ex gobernador Carlos Soria, cuya esposa sigue detenida por su muerte.
–El debate por la inseguridad o sobre el uso de armas aparece siempre de manera espasmódica.
–La reactivación del debate sobre el recurso de las armas de fuego para la defensa personal expresa, independientemente de las sensaciones individuales frente a lo que se denomina genéricamente “delito”, una dinámica de tensión permanente entre los discursos de emergencia y los discursos de excedencia. Esta tensión se configura a partir de la existencia de temores reales y hechos puntuales de la vida social que son redimensionados a partir de un proceso de violencia simbólica. Los temores a ser víctimas de delitos están extendidos en nuestra sociedad y si bien el "miedo al delito" tiene un vínculo con los hechos de violencia que sufre una persona, la relación no es causalmente directa. Esto significa que entre las situaciones que experimentamos y nuestros miedos hay una relación mediada por una multiplicidad de factores entre los que se destaca la violencia simbólica de la que prácticamente todos somos víctimas.
–¿Qué responsabilidad tienen los medios en la creación de miedo?
–La responsabilidad de los medios masivos de comunicación ya ha sido más que graficada en los últimos tiempos. Todos somos consumidores de medios que reproducen un mismo suceso violento cada 30 minutos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana en una variedad de noticieros y flashes informativos en todo el país, respecto de los que también se realizan entrevistas en programas periodísticos prime-time, se publican informes especiales y sobre los que se editorializa –hasta que dura el interés en el evento– en los medios gráficos y, hoy también, en sus versiones web. Este consumo nos transforma en víctimas de violencia simbólica, es decir que se ejerce con nuestra anuencia. Redimensiona cuantitativa y cualitativamente nuestros miedos y tiende a la anulación de nuestra capacidad crítica, con lo cual sentimos en carne propia lo que visualizamos e internalizamos como propias las opiniones que nos transmiten.
–¿Ese miedo legitima además el uso de armas?
–Sí, la legitimación de la tenencia de armas “para seguridad” se va construyendo como parte de reacciones emocionales a estos procesos y se refuerza en momentos en que ocurre un hecho como el de Etchecopar. Hay actores que intentan incidir en esta construcción social de los miedos y hoy, entre ellos en nuestro país se encuentra el propio Estado. El Estado argentino, incorporó como propias ideas de la sociedad civil y desde 2007 ha instado sistemáticamente a la población a no tener armas en sus hogares.
–¿Cuál fue la respuesta de la sociedad?
–Ha sido asombrosa, casi inédita en el mundo. En el marco del Plan Nacional de Desarme, hombres y mujeres de todo el país han entregado más de 127.000 armas de fuego y 1.000.000 de municiones que ya fueron destruidas. Independientemente de haber sacado de circulación aproximadamente un 5 por ciento de las armas del país y del impacto que ello ha tenido sobre los suicidios y los homicidios en diferentes ciudades, el propio plan ha tenido sobre quienes entregaron un gran impacto a partir de la inutilización de las armas por aplastamiento en el momento de la entrega. Tanto esta acción estatal, como las grandes campañas de comunicación de concientización sobre los riesgos de la tenencia de armas en los hogares y el activismo de la sociedad civil en la prevención de la violencia armada, han buscado y logrado tensionar al discurso de la emergencia.
–¿Considera que el Gobierno Nacional ha tomado un rol más activo en la seguridad pública?
–La puesta en crisis del discurso de emergencia a partir de una visión más estructural de la gestión de la conflictividad lleva implícita la obligación estatal de proveer de mejor seguridad a la población. Ello parece haber sido asimilado por la Nación, que frente al cuestionamiento de “tenemos que protegernos porque nadie lo hace” y al posicionarse por el desarme y desmotivar a la población al uso de la violencia está asumiendo un rol activo como protagonista de la generación de mayor seguridad en la población. La creación de un ministerio específico, si bien en proceso de consolidación, lo confirma en tanto ha ido gestando un inédito gobierno político de la seguridad tendiente a revertir la impronta delegativa en las instituciones policiales y a fijar los lineamientos estratégicos de la seguridad pública, asumir la dirección político-institucional de las fuerzas de seguridad, del sistema de prevención de la violencia y el delito y de la participación comunitaria.
–¿Esa es también la situación en la provincia de Buenos Aires?
–No, la provincia de Buenos Aires, si bien había sido precursora en reformas institucionales en la materia en el país, en los últimos años inició un proceso de reversión que se está evidenciando tanto en la dinámica de criminalidad como de violencia institucional en ese territorio. La puesta en tensión de los discursos y prácticas de la emergencia no sólo necesita de la profundización estatal de la política de desarme sino que exige, además, de su correlato en el impulso de pautas y lineamientos con la misma orientación desde la Nación a las provincias en materia de conducción política de los sistemas de seguridad.
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