El año pasado se presentaron dos hombres en Benson, Arizona, una pequeña ciudad del desierto situada a unos cien kilómetros de la frontera mexicana, con una propuesta.
Por Laura Sullivan
Glen Nichols, el responsable administrativo de la gestión local de Benson, recuerda el convite.
“El caballero que es el principal impulsor de este asunto lleva en el dedo un anillo de turquesa gigantesco –decía Nicols–. Es un tipo grandísimo y lo tomé por un vendedor de coches.”
Lo que vendía era una cárcel para mujeres y niños inmigrantes ilegales. “Hablan [de] lo positivo que iba a ser para la comunidad –prosigue Nichols–, de la cantidad de dinero que recibiríamos a diario por cada interno.”
Pero no convencieron a Nichols. Él les preguntó cómo iban a conseguir mantener una prisión llena durante años, o incluso décadas, con inmigrantes ilegales.
“Hablaban como si no tuvieran la menor duda de que la llenarían”, decía Nichols.
Eso es porque este tipo de empresas penitenciarias tenían un plan: un nuevo modelo de negocio basado en encarcelar a inmigrantes ilegales. Y el plan se convirtió en la ley de inmigración de Arizona.
La ley está recurrida en los tribunales. Pero si se ratifica, obligará a la policía a encarcelar a todo aquel que no pueda dar prueba de haber entrado legalmente en el país.
Cuando se aprobó, en abril, desató tempestades de fuego. Los manifestantes entonaban la consigna del sesgo racial. Las empresas amenazaron con boicotear al estado de Arizona.
Los partidarios eran igualmente apasionados y reclamaban que se diera un valiente paso adelante para poner freno a la inmigración ilegal.
Pero mientras el debate recrudecía, pocas personas tenían conciencia de cómo se gestó la ley.
La ley podía enviar a la cárcel a centenares de miles de inmigrantes ilegales como nunca lo había hecho antes. Y la cosa podía suponer beneficios de cientos de millones de dólares para las empresas penitenciarias privadas responsables de alojarlos y atenderlos.
Russell Pearce, senador por el estado de Arizona, dice que fue idea suya. Dice que la cosa no tiene nada que ver con las cárceles. Que tiene que ver con lo que es mejor para el país.
“Ya está bien –dijo Pearce en su despacho, sentado bajo una pancarta que decía “Que reine la libertad”–. La gente tiene que pensar en el costo de no velar por el cumplimiento de nuestras leyes y por la seguridad de nuestra frontera. Es un caballo de Troya que destruye nuestro país, y una república no puede sobrevivir siendo una nación sin ley.”
Pero, en lugar de llevar la idea al hemiciclo del estado de Arizona, Pearce la contó primero en una sala de reuniones de un hotel. Fue el pasado mes de diciembre en el Grand Hyatt de Washington D. C. En su interior se celebró una reunión de un grupo secreto denominado Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo (American Legislative Exchange Council). Sus miembros lo llaman Alec.
Es una organización de legisladores y empresas y asociaciones poderosas, como la tabaquera Reynolds American Inc., Exxon Mobil o la Asociación Nacional del Rifle. Otra de sus integrantes es la multimillonaria Corrections Corporation of America: la empresa penitenciaria privada más grande del país.
“Hice una presentación –decía Pearce–. Expuse los datos. Expuse las consecuencias y ellos aprobaron entusiastamente.”
Según dos fuentes que participaron en la reunión, entre las aproximadamente 50 personas de la sala había altos cargos de Corrections Corporation of America.
Pearce y Corrections Corporation of America llevan años asistiendo a estas reuniones. Ambos ocupan un sillón en alguno de los consejos directivos de Alec.
Y esta ley era importante para la empresa. Según informes de Corrections Corporation of America, a los que ha tenido acceso NPR, los directivos creen que la detención de inmigrantes es su siguiente gran mercado. El año pasado dejaron escrito que esperaban obtener “una parte significativa de ingresos” de Immigration and Customs Enforcement, la agencia que detiene a los inmigrantes ilegales.
En la sala de reuniones, el grupo decidió que convertiría la idea de la inmigración en una ley modélica. Debatieron y analizaron el tono. Luego, votaron. “No hubo ningún voto en contra –decía Pearce–. Nunca escuché a nadie poner una objeción a esta ley modelo.” Cuatro meses después, esa ley modelo se convirtió, casi palabra por palabra, en la ley de inmigración de Arizona.
“Alec es el grupo conservador, defensor del libre mercado y de las limitaciones a la intervención del Estado”, decía Michael Hough, coordinador de la reunión.
Hough trabaja para Alec, pero también aspira a ser representante del estado de Maryland y, si lo eligieran, tiene planes para apoyar una ley similar a la de Arizona.
A la pregunta de si las empresas privadas suelen redactar leyes ejemplares para los legisladores, Hough respondió “claro, así es como está establecido. Es cooperación entre los sectores público y privado. Creemos en ambos sectores, los negocios y los legisladores deben sentarse a la misma mesa, juntos”.
No tiene nada de ilegal. El plan de Pearce para la inmigración se convirtió en una futura ley y Pearce se la llevó a Arizona.
Pearce dijo que no le preocupa que pueda parecer que las empresas penitenciarias privadas tienen alguna oportunidad de presionar en favor de una determinada legislación en las reuniones de Alec.
“Yo no voy allí a reunirme con ellos –decía–. Voy allí para reunirme con otros legisladores.”
Tal vez Pearce vaya allí para reunirse con otros legisladores, pero 200 compañías privadas pagan decenas de miles de dólares para reunirse con legisladores como él.
En cuanto la ley de Pearce aterrizó en la Cámara de Representantes de Arizona en enero, hubo señales de la influencia de Alec. Se sumaron al carro treinta y seis copatrocinadores, un número del que jamás se había oído hablar antes en la cámara. Según documentos obtenidos por NPR, dos tercios de esos patrocinadores asistieron a aquella reunión de diciembre o son miembros de Alec.
Esa misma semana, Corrections Corporation of America contrató a una persona nueva y con pujanza para que presionara en la Cámara de Representantes.
En mayo, The Geo Group celebró una conferencia con inversores. Cuando les preguntaron por la ley, los directivos restaron importancia al asunto preguntando: “¿Es que tenían alguna ley de inmigración?”. Cuando los cargos de la empresa se echaron a reír, el presidente, Wayne Calabrese, intervino.
“Este es Wayne –dijo–. Sólo creo que, como consecuencia de lo que está pasando, las oportunidades en el ámbito federal van a seguir creciendo a ritmo acelerado. Habrá que detener a la gente a la que pillan cruzando la frontera y, para mí, creo yo, va a haber muchas más oportunidades para lo que nosotros hacemos.”
Unas oportunidades que las empresas penitenciarias han contribuido a crear.
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