Entrevista al abogado Pablo Vassel, iniciador de la causa sobre torturas a soldados argentinos por parte de sus propios jefes. En 2007, cuando era subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel reunió los primeros 23 testimonios de ex soldados torturados durante el conflicto por cabos, oficiales y suboficiales argentinos. Fue el principio de una causa que hoy estudia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que unos 70 efectivos aparecen imputados por distintos delitos de lesa humanidad.
Por: Daniel Enzetti
La película es muy buena… pero se queda corta.” Recién terminaba la proyección de Iluminados por el fuego en Corrientes, en 2005, y en medio del impacto que habían producido las imágenes, un ex combatiente de Malvinas se le acercó al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Pablo Vassel, y le soltó la frase, sin que nadie escuchara alrededor. Ese fue el principio de una investigación que arrancó en forma de testimonios grabados en video, y a los dos años derivó en una denuncia penal presentada en el Juzgado Federal de Río Grande. Las entrevistas daban cuenta de torturas, homicidios y vejámenes sufridos por los soldados en las islas, que acusaban en forma directa a cabos, oficiales y suboficiales argentinos de cometer delitos aberrantes contra su propia tropa. “No entendía nada –reconoce Vassel–, ¿qué era quedarse corto frente a esas escenas con pibes que habían sufrido la guerra y que en ese momento teníamos al lado? Entendí cuando me empezaron a contar de las torturas, de los soldados muertos de hambre, los estaqueos. Empezamos a reunirnos en mi casa, en la oficina. De a poco se sumaron otras voces. Corrientes tiene 1800 ex combatientes, fue una provincia importante en el marco del conflicto.”
Hoy la causa cuenta con 120 declaraciones, y aproximadamente 70 imputados de distinto rango militar. Recibió aportes de dependencias vinculadas con los Derechos Humanos y también de agrupaciones de ex soldados como el Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata. El expediente tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por pedido de la querella, que solicitó al máximo tribunal que declare a los delitos como de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles.
“El proceso de recoger los testimonios –explica Vassel–, hasta que elevamos la denuncia, llevó varios meses. Los ex combatientes nunca le habían comentado a nadie esas cosas, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni siquiera a sus camaradas. De a poco, me fueron confiando sus vivencias: describían la muerte de tres soldados correntinos por hambre y el homicidio de un soldado a manos de un cabo a raíz de una cuestión absolutamente personal. Cinco contaron cómo fueron torturados, y otros 15 daban cuenta de vejámenes y torturas a camaradas suyos. Reunimos casi 15 horas de video, más de 200 páginas con desgrabaciones, y lo mejor era hacer una presentación judicial.
–¿Siempre fue ese el objetivo?
–Lo que contaban era de un tremendo impacto y las historias no podían quedar ahí. Podría haber hecho la “gran Susanita” y formar parte de la gran hipocresía argentina, levantando a los héroes de Malvinas el 2 de abril, olvidándome el 3, y haciendo lo mismo al año siguiente. Empecé a investigar, entendiendo que los hechos que describían eran crímenes, y le di forma a la denuncia en 2007, cuando la presentamos en el Juzgado Federal de Río Grande. A la política del Estado nacional de Memoria, Verdad y Justicia, le agregábamos un eje más, la soberanía. Malvinas es parte norte de Tierra del Fuego, y por eso el tribunal era competente para intervenir en hechos criminales ocurridos en las islas. No hay hecho más soberano para un país que imponer en un territorio en disputa su Constitución, sus leyes, su Código Penal, su autoridad judicial. Viajé a Río Grande con Orlando Pascua, de la Red de Compromiso Social por Malvinas que, entre otras cosas, denunció al teniente de navío Binotti, preso por su actuación en el aparato represivo de la ESMA. Con el tiempo se agregaron testigos, viajé por el país escuchando relatos y aportaron información otras dependencias, como la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la de Chubut, la bonaerense y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Los delitos registrados fueron homicidios, abandono de persona seguida de muerte, lesiones graves, abuso de autoridad, coacción y privación ilegítima de la libertad, entre otros.
–El escrito resalta, además, que no fueron hechos aislados.
–Estela Carlotto, una de las primeras que colaboró, entendió que no se podía analizar la cuestión Malvinas sin ubicarla en el contexto del desempeño de las Fuerzas Armadas. La investigación demuestra que los cuadros militares argentinos, aún frente a un enemigo agresor, pirata y colonialista, trataron a sus soldados, en el espacio insular y dentro del contexto bélico, de la misma manera que trataban al resto de los argentinos en el continente. Mientras Alfredo Martínez de Hoz impuso el hambre durante la dictadura, ahí están los ex combatientes, que murieron de hambre y hasta perdieron 40 kilos en el conflicto. Las torturas a los soldados no es muy distinta a las que Luciano Benjamín Menéndez ordenaba en el III Cuerpo de Ejército, al estaquear a detenidos políticos. El enterramiento, una vieja costumbre que parecía perimida desde la Conquista del Desierto con Julio Argentino Roca, volvió con la turba de Malvinas. Y la picana también fue de uso común para los hombres del regimiento a cargo de Mohamed Alí Seineldín, que obligaban a descalzar a los soldados para aplicarles descargas con el teléfono de campaña. Eran conductas a las que las Fuerzas Armadas estaban acostumbradas.
–¿Puede establecerse un denominador común en esos primeros 23 casos?
–Sí. Todas las circunstancias fueron por cuestiones famélicas: como represalia contra los combatientes por tratar de procurarse alimentos. Me resisto a decir “robo”, frente a soldados que ante la obligación de defender a la patria en medio de una guerra, con frío intenso, lluvia y mal abrigados, pasaban varios días sin ingerir nada, y no porque faltara comida. Los vejámenes nunca fueron sanciones aplicadas por cobardía, negarse a combatir, entregar información al enemigo, o por deserción. Cuestiones que tampoco justificarían la tortura, expresamente prohibida por la Convención de Ginebra, pero que serviría de argumento para algún sector de los nostálgicos del medioevo. Hay un solo caso vinculado a un tema disciplinario, ocurrido en el Liceo Militar General Roca, entes del conflicto. Un soldado correntino de la III Brigada fue estaqueado por llegar a la formación riéndose. El que dio la orden en Comodoro Rivadavia fue Delfor Polano, capitán del Ejército que venía de actuar en el centro clandestino El Campito de Campo de Mayo, y que después fue denunciado por ataques al cementerio judío de La Tablada. Hoy está procesado por la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio. Esta gente era como el Ku Klux Klan, pero sin sábana. Racistas y torturadores, lo más detestable de las Fuerzas Armadas.
–¿Qué responsabilidad de conducción tenían los efectivos acusados de torturar a combatientes?
–Estamos frente a un plan sistemático y diagramado. Todas las unidades desplazadas en Malvinas presentaron hechos de tortura a sus combatientes. Inclusive la Fuerza Aérea que, antes de la ocupación, enterró en el aeropuerto del continente a un soldado por tener entre su ropa un paquete de galletitas. A pesar de que había calabozos para un hipotético castigo, si es que lo merecía, los efectivos lo estaquearon semidesnudo, con temperaturas invernales. No podría decir que todos torturaron, pero si me preguntan si algún cabo estuvo implicado, puedo identificar el caso. Lo mismo pasa con un sargento, un capitán, un capitán de navío, un guardiamarina, un oficial o u suboficial. Se demuestra el carácter sistemático de la aplicación de las mismas políticas de desprecio a la dignidad humana impuestas por la dictadura en el continente, después del golpe de Estado. Idéntico a lo que pasó en la ESMA, Campo de Mayo, La Perla o el Regimiento 9 de mi provincia. Estos personajes dijeron que todo era un invento, y que de haber existido vejámenes, eran obra de algún loco suelto. Excusa que se cayó cuando demostramos no sólo que los casos involucran a todos los grados militares, sino que ocurrieron en las islas. Allí donde actuó una unidad, existió un caso. En Malvinas, se aplicó el hambre y las torturas como estrategia. Y repito: no faltaban víveres, porque los oficiales y suboficiales estaban muy bien comidos. Existió una injusta distribución de los alimentos. Hoy, aquellas primeras 23 historias se convirtieron en casi 120 testimonios, que identifican a unos 70 imputados. Se suma el Informe Rattenbach, donde varios efectivos dan cuenta de casos similares.
–Mencionabas el silencio de los ex combatientes y que el tema de las torturas esté apareciendo a tres décadas de la guerra. ¿A qué se puede atribuir eso?
–Recuerdo dos testimonios. El que describe la muerte de Rito Portillo, soldado de El Palmar, San Luis, asesinado por su cabo antes del desembarco de los ingleses en San Carlos. El denunciante nunca había contado y a partir de esas palabras, varios hablaron de lo mismo, aun sin haber cruzado una sola palabra en 25 años. Y otro caso fue el de un soldado que, mientras preparábamos la cámara, nos pidió que conversáramos bajito, porque su mujer no sabía nada de aquellas historias. Le dijimos que era imposible, que la información le llegaría a los jueces, porque la idea era que tomara estado público. Y entonces lo entendió, nos contestó que era una buena oportunidad para que su esposa por fin supiera lo que había soportado en las islas. Esta investigación le quita un peso enorme al alma a los soldados, y que a la luz de los 450 ex combatientes que se suicidaron después, poner en palabras la magnitud de lo sufrido significa una ayuda enorme para los que fueron víctimas. Cuando el terror es tan grande que ni siquiera se puede verbalizar, destruye doblemente. Y sobre la cuestión de que pasó mucho tiempo, hay que entender que Malvinas interpela a los argentinos de distintas maneras. Hay exitismo, sensación de que significó de alguna manera un apoyo a la dictadura, impresión de que el país estuvo envuelto en una mentira colectiva… La del ’80 fue la década de la desmalvinización: los soldados vinieron ocultos en camiones, no se podían mostrar. Incluso en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), en 1982, las primeras agrupaciones de ex combatientes eran consideradas “subversivas”. La del ’90 fue la década de la impunidad. ¿Qué sentido tenía relatar y buscar justicia, cuando criminales confesos como Alfredo Astiz, Jorge Videla o Reinaldo Bignone caminaban libres por la calle? En esa época, hasta represores como Antonio Pernías conseguían ascensos con acuerdo del propio Senado de la República. Este es el tiempo de la verdad y la justicia. Hay que decir que con la Semana Santa de 1987, la cuestión se niveló de la peor manera, porque los que intentaban el golpe del ’87 eran “héroes de Malvinas”. Una especie de justificación, para decir que eran intocables. Pasaban a ser lo mismo los carapintadas que apuntaban al pueblo desde Campo de Mayo, que los soldados correntinos y chaqueños, pibes de 19 años, que regresaban a las chacras de donde los habían sacado.
–La defensa de los acusados planteó que los hechos prescribieron, y esto aparece como el tema central de la acusación que tiene hoy la Corte.
–Dijeron muchas cosas. Que era todo una mentira, que se trataba de casos aislados, y por último que los testigos eran falsos. Ahora, frente a la incontrastable realidad de las torturas masivas, sólo les queda el argumento del paso del tiempo. Estos son crímenes de lesa humanidad, por la tortura sistemática, el hambre sistemático y la impunidad. Esa impunidad se garantizó. Si hay algo que demuestran las otras causas que llegan a debate oral y público es que, una vez que se instala el debate en la comunidad, siempre aparecen nuevos testimonios, nuevas víctimas, y nuevos aportes al caso. <
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