jueves, 20 de junio de 2013

CRIMEN E IMPUNIDAD

El caso de la adolescente qom “suicidada” en Pacheco. La policía dio por suicidio la muerte de una chica de 14 años. Su familia acusa a un narco y denuncia encubrimiento y golpes en la comisaría.
 
Por Tomás Eliaschev
 
Los efectivos de la comisaría 6ª de El Talar de Pacheco quisieron cerrar el caso rápidamente. Sin dar aviso a ninguna autoridad judicial, sentenciaron que se había tratado de un suicidio. Fue el domingo 17 de febrero último, minutos después de las 20. El cuerpo sin vida de Micaela Fernández, de 14 años, una chica de familia indígena perteneciente a la nación qom, yacía en el piso de una casa ubicada en la calle Paraguay 2055, en el Barrio La Paloma. Tenía un tiro en la cabeza. Estaba a quince cuadras de la vivienda de su familia, en Las Tunas. Detrás de esta muerte aparece la sospecha de que existe una red de prostitución infantil y narcotráfico que contaría con la complicidad de la policía de Tigre, donde se produjeron los acontecimientos.

Según la familia, cuando finalmente vieron el cadáver, notaron que Micaela tenía señales evidentes de haber sido golpeada en sus brazos, en sus manos y en la boca. Están seguros de que a la joven la asesinaron. Aseguran que en ese domicilio un hombre conocido como Pato Cenizo ejerce los negocios más turbios que se puedan imaginar: según denuncian, el secuestro y explotación de adolescentes y niñas prostituidas por policías y narcos. A esto se suma que los funcionarios públicos uniformados, en vez de contener a la madre de la víctima, Nancy Fernández, cuando fue a pedir ayuda, la golpearon, profiriéndole insultos discriminatorios, según denunció la mujer. Su padre, Eugenio, abuelo de la víctima, habló con Veintitrés sobre el caso de Micaela: “La mataron, no se suicidó como quiso hacernos creer la policía. Cuando mi hija Nancy se enteró y fue adonde la encontraron, Cenizo le pegó”.

Las desgracias siguieron: “Luego, mi hija Nancy fue a hacer la denuncia a la comisaría 6ª y le pegaron los mismos policías. Eran cinco, la llevaron a un cuarto. Mientras le pegaban le decían ‘india de mierda’ y ‘negra de mierda’. El que le dijo eso fue el subcomisario José Ríos, jefe del destacamento de Las Tunas, que estaba junto al oficial principal Alejandro Sandoval”, protestó Eugenio, dirigente de la comunidad Toba Yecthakay. Y agregó: “No dejaron nada escrito en el libro de guardia, solamente que Micalea se suicidó, pero no pusieron el lugar ni la hora, ni siquiera la fecha. Cuando vimos el cuerpo en el sepelio, notamos que Micaela tenía golpes en las manos, los pies y en los labios”.

El fiscal del caso es Diego Molina Pico, el mismo del asesinato de María Marta García Belsunce. “Hasta ahora no dice nada”, se quejó Eugenio, que se presentó en la fiscalía federal de trata de personas para elevar la denuncia. “Cenizo sigue libre: es un vendedor de droga y secuestra chicas. Las engaña y las explota. Hace poco salió de la cárcel de Bahía Blanca. Está protegido por la policía. Todo el mundo sabe quién es y a qué se dedica. Y le tienen miedo: hay otros casos como el de Micaela pero las familias tienen miedo. A raíz de esta lucha me enteré que el que manda a la policía es el intendente”, dijo el abuelo de la víctima, que destacó que no tuvieron respuestas del poder político. “Algunos concejales se me acercaron, pero sólo para apagar el fuego. Nosotros no queremos política: queremos justicia”, insistió. La situación es complicada para la familia Fernández. “Estamos amenazados: Cenizo y su gente nos dijeron que nos van a quemar nuestras casas, que nos van a matar”, dijo Eugenio, que agradeció “el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de todas las organizaciones de Tigre, que nos acompañaron en la marcha del 5 de abril contra la policía, para que se haga justicia y vaya preso el que mató a Micaela. Si sigue sin haber respuesta, vamos a volver a marchar”.
 
Fuente: Revista Veintitrés.

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