UN LARGO Y SOLITARIO CAMINO PARA DESENTERRAR LA MEMORIA

Paraguay. La búsqueda de Rogelio Goiburú, quien desde hace más de 10 años rastrea casi en soledad los cuerpos de las víctimas de la dictadura de Stroessner, su padre entre ellos.

 

Por  María Laura D’Amico y Cristian René Lora

        

Cuando encuentro el cuerpo de un desaparecido me quiero quedar ahí, tomando tereré y limpiando con delicadeza sus huesos durante horas y horas.” En un cuartel de la policía, a pocas cuadras del centro de Asunción, Rogelio Goiburú mira la fosa en donde hace pocos meses hallaron los restos de un hombre y una mujer.
De manera artesanal y casi en soledad, Goiburú busca desde hace más de 10 años los cuerpos de las víctimas de la larga dictadura paraguaya. Entre ellos, intenta desenterrar también a su padre Agustín, un incansable luchador contra el régimen de Alfredo Stroessner.
Sin recursos del Estado y con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, Goiburú supervisa las excavaciones dentro del predio de la ex Guardia de Seguridad, un lugar ubicado al oeste de Asunción, casi sobre el río Paraguay, que funcionó como un centro clandestino de detención durante el régimen stronista.
Allí, la investigación previa y los trabajos que llegaron luego permitieron encontrar bajo tierra 15 cuerpos y unas siete fosas comunes, todos enterrados a un metro y medio de profundidad. “Muchos detenidos eran asesinados y arrojados de cabeza en pozos redondos. En esa posición los encontramos”, explica.
El terreno es ahora una extensa superficie irregular, cubierta por una agreste maleza. Carteles blancos señalan el lugar exacto donde los cuerpos fueron encontrados. Allí, con letras negras, se detalla el número de hallazgo, la fecha en que el cuerpo fue encontrado y el día en que fue exhumado.
La búsqueda no es fácil en un país como Paraguay, donde los resortes de la dictadura de Stroessner siguen intactos en la estructura de poder. Los 15 cuerpos hallados en el cuartel más otros ocho encontrados en distintos puntos del país permanecen en un laboratorio forense del Estado. “Siguen desaparecidos, pero en los pasillos del Ministerio Público, porque no hay presupuesto para identificarlos”, afirma.
Para identificar los cuerpos es necesario contar con unos 130 mil dólares. Con ese monto se cubren los gastos que permitirían crear un Banco Genético con datos de familiares de desaparecidos y poder compararlos a través del resultado que arroje el estudio del ADN en los huesos hallados bajo tierra.
Esa partida de dinero había sido aprobada por el Congreso, pero no hubo avances al respecto. En 2008, el gobierno de Fernando Lugo apareció como una esperanza que se diluyó incluso antes del golpe de Estado, perpetuado por el Partido Liberal.

–¿Lo sorprendió que Lugo no girara esos fondos?
–Sí, muchísimo. Nosotros creíamos en él. Nos entrevistamos varias veces y se comprometió incluso a crear la secretaría de Derechos Humanos. Pero jamás cumplió.
Para llegar al lugar donde se avanza con los trabajos es necesario cruzar el cuartel de la entonces Guardia de Seguridad. Allí hoy funciona la Agrupación Especializada de la policía. Goiburú camina sin prisa hacia el fondo del predio. En el camino saluda a varios efectivos y conversa –en guaraní– con algunos de ellos.
Se detiene sobre la sombra para explicar que allí mismo permanecen detenidos los tres únicos represores sentenciados a cadena perpetua. Con el brazo indica dónde cada uno de ellos pasa sus noches: “Uno está en aquella ventana, otro en aquella y el tercero allá, en esa puerta”.
Más tarde, mientras cuenta sobre el temor del pueblo paraguayo para denunciar la desaparición de seres queridos, el propio Goiburú interrumpe su relato. “Ese señor que camina allá es uno de ellos. Uno de los principales torturadores. Se llama Camilo Almada Morel, alias Saprina.”
Delgado y alto. De camisa roja –un distintivo clásico del Partido Colorado– y bermudas grises, Almada Morel deambula como ajeno a su pasado. Mantiene un breve diálogo con un oficial de policía y sigue su camino.
“El tipo recibió entrenamiento de los estadounidenses en un lugar llamado La Técnica, acá en Paraguay”, afirma Goiburú. Corta de nuevo su relato, prefiere el silencio para observarlo. El represor se aleja hasta que se pierde detrás de una puerta.
Más tarde, por los caminos del cuartel pasa Lucilo Benítez, también sentenciado a cadena perpetua. Finalmente, el propio Goiburú presenta a Juan Martínez, quizás una de las personas que haya torturado a su padre. Después de los saludos, intercambian unas palabras en guaraní.
Los tres son considerados como los oficiales más temibles del régimen de Stroessner. Todos llevan 24 años de condena y quedarán en libertad el próximo año, al cumplir la pena máxima que hay en Paraguay.
El propio Goiburú conversó con dos de ellos como parte de la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. “Almada Morel nunca me aportó información. Una vez me insinuó que su pellejo podía correr riesgo si me contaba algo, porque el poder del stronismo, el poder real en nuestro país, nunca se fue.”
De parte de Martínez consiguió algunos datos que después logró corroborar como verdaderos. En cambio, con Benítez nunca pudo dialogar.
Parado al borde de una fosa en la que hallaron restos de un hombre y una mujer, Goiburú intenta narrar la historia de su padre. Sus ojos se ponen brillosos y su relato se entrecorta.

–¿Qué siente cada vez que encuentran a alguien?
–Es una mezcla de alegría y tristeza. Un popurrí de sentimientos. Pero fundamentalmente me siento contento porque el régimen lo que quiso es que no los encontremos nunca. Que desaparezcan para siempre. Y encontrar a un compatriota desaparecido es un triunfo. Tal es así que cuando encuentro un cuerpo me quiero quedar ahí, tomando tereré y limpiando sus huesos con delicadeza durante horas y horas.
Uno de esos cuerpos puede ser el de su padre, Agustín. Exiliado y perseguido por la dictadura stronista, fue secuestrado en la Argentina el 9 de febrero de 1977 y llevado al Paraguay, en el marco del Operativo Cóndor.
De profesión médico traumatólogo, había denunciado los abusos perpetrados por la dictadura de Stroessner cuando ejercía la profesión en el Hospital de Policía.
Era militante del Movimiento Popular Colorado (Mopoco), una línea interna del Partido Colorado fundada en la Argentina por detractores del régimen que desconocía al stronismo.
Exiliado en la ciudad fronteriza de Posadas, comenzó a organizar la insurrección desde el extranjero con el objetivo principal de derrocar la dictadura. En 1969 fue apresado mientras se encontraba pescando en aguas del río Paraná.
Luego de estar un año detenido en la Comisaría 7ª de Asunción, logró escapar junto a otros reclusos. “Hicieron un túnel debajo de una de las camas. Sacaban la tierra con cucharitas y se la guardaban en las medias. Al otro día la tiraban por el inodoro”, relata su hijo.
Su madre y otros compañeros de militancia trabajaban en la logística desde afuera. Incluso secuestraron un taxi y lo dejaron estacionado junto al río para confundir a la policía y hacerles creer que habían cruzado a la Argentina.
Goiburú se refugió en la embajada chilena, consiguiendo después un salvoconducto del gobierno del socialista Salvador Allende.
En 1971 regresó a Posadas para ser el principal ideólogo del frustrado atentado contra Stroessner. La idea era hacer volar un coche bomba estacionado en las inmediaciones de la Plaza Uruguaya, justo en el momento en que pasaba el dictador. Pero el plan no prosperó. Ese hecho encolerizó a Stroessner y pidió la cabeza de Goiburú.
“Papá no quería irse de Misiones. Nuestra casa estaba a orillas del río y desde la ventana de su dormitorio veía todos los días el Paraguay”, recuerda Rogelio.
Sin embargo, el gobierno argentino le pedía que se alejara de la frontera. Casi nómade, su familia vivió con amigos en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, Claromecó y Tres Arroyos. Pero en 1975 volvieron a Entre Ríos.
Dos años más tarde, ya con los militares argentinos en el poder, Goiburú fue secuestrado y visto por última vez. Se sabe que desde Paraná fue trasladado a Corrientes en avión y entregado a Cristino Nicolaides. Desde allí lo llevaron en un Ford Falcon a la entonces Guardia de Seguridad de Asunción.
Allí, el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía, Pastor Coronel, se comunicó con Stroessner y le dijo: “Misión cumplida mi General, ya lo trajimos al doctor Goiburú”. Se sabe que lo encadenaron y lo interrogaron, y que Goiburú ratificó todo lo que pensaba. “Lo que no se sabe es si lo mataron ahí mismo o si lo trajeron y lo mataron en otro lugar”, señala.
Al igual que su padre, Rogelio es médico. Estudió en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Cuando terminó la carrera, como delegado del Mopoco se fue a vivir a Rusia. Allá conoció a quien hoy es su esposa. Tuvieron una hija que se llama Anastasia.
Por estos días, lo desvela la posibilidad de que uno de los cuerpos encontrados el 19 de marzo de 2013 sea el de su padre. Tiene indicios para pensarlo: hace 10 años, cuando se realizaron las primeras excavaciones, llegaron al cuartel los canales de televisión y registraron imágenes de los trabajos. “Días después, una persona se le apareció a mi hermano Ronaldo. Pidió que no lo mirara a la cara, que no levantara la vista, y le dijo que al lado de un árbol de espinas estaba enterrado mi padre.”
La búsqueda siguió su curso, Goiburú no se adelantó sobre el terreno para buscar en el lugar señalado. Recién este año lograron excavar en esa zona. Allí estaban enterrados los cuerpos de dos personas. Sus ropas todavía se conservaban. Entre los huesos del hombre, una camisa a rayas y un pantalón verde oliva. Ella tenía ropa interior de buena calidad, una camisa y un pantalón negro de mujer.

–¿Y si no es su padre?
–Lo voy a seguir buscando. Su lugar de entierro puede ser en esta zona. Allá en el reclusorio (señala un edificio de cuartel donde hoy se alojan presos comunes); en Lambaré, donde el jefe de la Policía de entonces tenía una propiedad privada; o en otra de sus estancias ubicada en el norte del Paraguay. Tengo alrededor de 20 lugares para seguir excavando.
Mientras tanto sigue con la búsqueda de unos 500 detenidos-desaparecidos de la dictadura stronista. Conocer sus identidades y las del resto de los cuerpos encontrados depende de un fondo de 130 mil dólares que el propio Estado paraguayo se comprometió a otorgar y nunca cumplió.
Goiburú descarta –por ahora– pedir ayuda a los gobiernos de Suramérica. “Es el Estado paraguayo quien se tiene que hacer cargo”, dice. Y explica que funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de Argentina viajaron una docena de veces para asesorarlos. Incluso, el Gobierno argentino llevó adelante el análisis genético de los primeros tres cuerpos encontrados. “Ése fue un regalo del Gobierno argentino, no podemos pedirle más”.

 

Fuente: Miradas al Sur