REPARTIR LA TORTA EN GUARANI

En Paraguay, la distribución de la tierra remite a una vieja estructura oligárquica. Una dirigente campesina cuenta cómo impactó la restauración conservadora tras el golpe contra Lugo en 2012 y cómo luchan por una reforma agraria.

 

Por  Felipe Deslarmes        

      

Según datos del 2012, Paraguay tiene una población de 6.672.631 habitantes, que viven sobre sus 406.752 km². Y aunque es uno de los cinco mayores exportadores mundiales de energía, el sexto mayor productor de soja, que en 2010 fue el octavo exportador de carne bovina a nivel mundial y tenga un Producto Bruto Interno (PBI) que ronda los 25 mil millones de dólares, la inequidad es tan grande que figura entre los 10 países más desiguales del planeta y el de mayor inequidad en América latina.
“Por la dignidad de los Pueblos: Reforma Agraria Integral con Soberanía Alimentaria, para un Paraguay sin hambre”, dice una de las consignas de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

 

Cinco siglos igual. De la historia del Paraguay sale sangre a borbotones: luego de su etapa colonial que duró hasta 1811 (y muy ligada a los jesuitas), siguieron: un período dictatorial de 40 años, la Guerra de la Triple Alianza, la Guerra del Chaco, una guerra civil en 1947 y el golpe de Estado de 1954 que encabezó un recién ascendido a general Alfredo Stroessner, que gobernó bajo estado de sitio durante 34 años. Esta dictadura que limitaba la participación política y perseguía, torturaba y hasta desaparecía opositores excusándose en la “seguridad nacional”, criminalizando un falso potencial de crecimiento del comunismo, estableció el clientelismo, la corrupción masiva, el miedo al debate ideológico y el oportunismo como formas de hacer política en Paraguay. Finalmente, el 3 de febrero de 1989, un golpe de Estado protagonizado por el general Andrés Rodríguez contra su consuegro, el mismo Stroessner, terminaría con la más larga dictadura paraguaya. Se convocó a elecciones para el 1º de mayo y se anunció la legalización de todos los partidos... exceptuando el comunista.

 

En contraste, la resistencia. Según indica en un texto de 2007 José Parra Gaona, miembro de la dirección general de la Central Nacional de Organizaciones Campesina, Indígena y Popular (Cnocip): “Durante los años 60-70 hubo un gran movimiento campesino en torno de las Ligas Agrarias Campesinas y de las Juventudes Agrarias. Se basaban en las ideas de la Teología de la Liberación y en los aportes del marxismo, una mezcla que dinamizaba las actividades de base (…) Trabajaban con solidaridad, con mingas en los trabajos agrícolas y comercializaban a través de almacenes de consumo, administrados por ellos mismos. Las actividades religiosas comunitarias reforzaban las prácticas solidarias y cuestionaban la sociedad capitalista que explota al hombre por el hombre y acumula riquezas en pocas manos a costa de la pobreza y la miseria de la gran mayoría. En aquellos tiempos difíciles (…), la dictadura tenía una red de informantes en casi todas las comunidades, quienes eran premiados si descubrían a uno o varios ‘comunistas’ en sus zonas”.

 

Una nueva etapa (interrumpida). Desde el inicio de la década del ’90, con el auge de las organizaciones campesinas –principalmente para luchar por su tierra–, se agruparon dos frentes nacionales que conformarían una unidad estratégica, aunque luego volverían a separarse: la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc). Entre el 2006 y el 2008 aparecerían también escisiones dentro de la Mcnoc.
La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) surgió en 1993, con la intención de centralizar la lucha, articulando sectores campesinos para lograr la Reforma Agraria Integral (RAI). Para la OLT, actualmente la alta concentración de la tierra en pocas manos es una de las más altas de América latina. Afirma que la RAI permitiría al Estado paraguayo una mayor profundización del proceso democrático. Para ello, consideran como elementos fundamentales la eliminación del latifundio, la distribución de las tierras a las familias campesinas que no la poseen para trabajar, la construcción de una comunidad solidaria que defienda la dignidad del campesinado, el trabajo, el estudio, la producción, el mercado, la salud y la defensa de la biodiversidad, entre otros puntos.
“En ese marco de lucha, en 20 años de existencia, hemos conquistado 30 asentamientos campesinos, teniendo en cuenta que en este país la tierra se conquista porque no existe política de Estado que la garantice como derecho a las familias campesinas”, explica Lidia Ruiz Cuevas, trabajadora social y referente de la OLT, en diálogo con Miradas al Sur. “En Paraguay, la contradicción principal, una de la principales causas de la marcada desigualdad económica y social, radica en la concentración de la tierra, donde el 2% de los propietarios posee el 85,5% de las tierras, es decir, unos 33.600.000 hectáreas. En contraste, el 6,6% de las tierras, unas 2.640.000 hectáreas, se encuentra en manos de 280 mil familias, y son la base de la agricultura campesina”.
En un reciente Foro Social organizado por el partido Paraguay Resiste, se denunció que el país cuenta con más de 2,8 millones de hectáreas (ha) dedicadas al cultivo de soja y concentradas en manos de los grandes latifundistas, quienes además avanzaron en la deforestación de varios territorios. Según revelaron en el cónclave, sólo en el 2010 Monsanto habría obtenido ingresos por 10,5 millones de dólares. “Hará desaparecer la semilla nacional y al mismo tiempo al pequeño productor”, advirtieron en un comunicado.

 

El régimen latifundista. Lidia Ruiz Cuevas tiene 31 años y milita en la OLT desde los 13. Es la séptima de diez hermanos, de los cuales siete militan juntos. Vive en una tierra conquistada –que ocupó con sus padres y hermanos– llamada Reinaldo Díaz, en homenaje a un caído durante la lucha. El asentamiento está ubicado en el Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro. Allí viven 500 familias sin tierras que conquistaron 7000 ha que eran del Estado. Pero no fue gratis: padecieron tres desalojos antes de la conquista. “Existen 350 mil familias sin tierra y lo que es aún más grave –observa Ruiz Cuevas–, es que el 60% de la población indígena tampoco tiene territorios propios. Es un país donde el régimen latifundista representa el poder real, político y económico de dominación. El Estado paraguayo representa tradicionalmente, y de manera más marcada en la actualidad, un modelo donde los partidos políticos tradicionales conservadores defienden los intereses capitalistas y oligárquicos, utilizando la estructura y los poderes del Estado”.

–¿Cómo está organizado el movimiento campesino?
–Actualmente se puede decir que el movimiento campesino está dividido en varios grupos, pero los más sobresalientes son por un lado la Vía Campesina Paraguay, integrada por seis organizaciones campesinas e indígenas (Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Movimiento Agrario Popular (MAP), el Mcnoc, la OLT y la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); y por el otro lado el Frente Nacional Campesino (FNC). Son los dos movimientos campesinos que han mantenido fuerzas, acciones y propuestas en los últimos tiempos, no obstante existen varias organizaciones campesinas regionales y otras nacionales que también hacen las reivindicaciones gremiales de este sector. En el 2011, surgió una articulación espontánea de “sin tierras”, denominada Liga Nacional de Carperos. Han hecho mucho ruido, sin embargo es una organización atípica por su inconstancia. Además, ha sido el grupo que reconoció el gobierno de facto, fueron los primeros en sentarse a una reunión con el presidente de facto.
De acuerdo con el censo indígena de 2002, existen en Paraguay 496 comunidades o aldeas habitadas por 19 pueblos indígenas –un total de 84.061 personas– distribuidas en trece departamentos y la capital del país. Los 19 pueblos indígenas reconocidos se agrupan en cinco familias lingüísticas. Ruiz Cuevas observa que “el movimiento indígena en Paraguay es bastante nuevo, incluso en el Chaco paraguayo donde vive la mitad de la población indígena, 15 de los 21 pueblos originarios”. Y agrega: “Los indígenas de la región oriental del país, por el modelo de producción empresarial de monocultivos de soja, han sido los más perjudicados por la expulsión de sus comunidades. A la problemática principal de los indígenas, que es el territorio, se suman la falta de políticas de atención de derechos básicos”.
El cambio histórico sucedió el 20 de abril de 2008, cuando ganó las elecciones en el Paraguay el exobispo Fernando Lugo, con más de 10 puntos por encima de la segunda candidata. Expulsaba al Partido Colorado de la presidencia de la República luego de 61 años al mando del país. La nueva oposición –el viejo oficialismo– instaló en la opinión pública la intención de iniciarle un juicio político. Fue depuesto en un cuestionable juicio exprés, el 22 de junio de 2012. “El golpe no solamente significó una interrupción del proceso democrático para Paraguay, sino también para la región”, dice Ruiz Cuevas.

–¿Cómo vivieron en la OLT la destitución de Lugo?
–La oligarquía local no admite un mínimo de distribución de las riquezas y de los recursos de las arcas del Estado, y a la menor señal de acciones tendientes al cumplimiento de derechos básicos de las mayorías excluidas en el país, responden mostrando su poderío. Como en el caso del golpe de Estado parlamentario de junio pasado. Con Lugo, se habían frenado tanto las negociaciones sobre la instalación de la empresa multinacional Río Tinto Alcan y la base militar de Estados Unidos en el Chaco Paraguayo, así como las diversas liberaciones de semillas transgénicas. También pretendió controlar el uso masivo de agrotóxicos. Otro beneficio importante del gobierno de Lugo fue la salud gratuita, a la que se accedía por primera vez. Por ejemplo, se inauguraron Unidades de Salud Familiar. Los poderes reales, instalados en el Parlamento y el Poder Judicial, no admitieron el inicio de ninguna medida dirigida a la recuperación de las tierras mal habidas (8 millones de ha), ni al desarrollo y transparencia del sistema de catastro. Los movimientos campesinos optaron por respetar el proceso democrático iniciado en 2008, en un primer momento con un apoyo crítico a Lugo (exceptuando la FNC, que desde el principio declaró que no favorecería a ningún gobierno). De la reforma agraria depende el desarrollo nacional. No se hizo dentro de aquel proceso por las contradicciones dentro del gobierno, y porque el Parlamento está bajo el mando de la oligarquía, que sólo defiende esos intereses. De ella depende el desarrollo nacional.

–¿Qué cambió desde que está Franco?
–Con el gobierno de facto, en poco más de un mes se llevaron a cabo negociaciones con las empresas transnacionales para el ingreso de semillas transgénicas de maíz y algodón, que vinieron a añadirse a las variedades de soja que ya circulaban. Así, los recursos naturales del país pasan a ser gestionados por firmas transnacionales convirtiéndose en un verdadero botín para dichas empresas, profundizando la desigualdad en la distribución de riqueza y principalmente la tierra, una situación que afecta sobremanera a las campesinas, campesinos y pueblos indígenas. Además, todos los programas sociales instalados con el gobierno de Lugo fueron desvirtuados. A seis meses del golpe, ya no se cuenta con salud gratuita y los recursos del Estado que estaban dirigidos a programas sociales se han utilizado dejando de lado a los más necesitados.

 

Fuente: Miradas al Sur