Debate sobre precarización laboral. El asesinato de Mariano Ferreyra expuso crudamente uno de los males del movimiento obrero: la tercerización. Un encuentro de Flacso y el CELS abordó la cuestión. Legislación cajoneada y sindicalismo empresario.
Por Pablo Galand
La condena a prisión de José Pedraza y demás dirigentes sindicales de la Unión Ferroviaria, por su participación en el asesinato de Mariano Ferreyra, no sólo hizo justicia sobre dicho crimen. También abrió la posibilidad de instalar en la agenda política la problemática de la tercerización, una de las facetas que adoptó desde hace más de tres décadas la precarización laboral. Así lo entiende un heterogéneo colectivo integrado por investigadores académicos, abogados y dirigentes sindicales y sociales que, dada la complejidad que presenta el fenómeno, consideran que es necesaria una mirada multidisciplinaria para abordarlo. Como fruto de esta iniciativa, la semana pasada se llevaron adelante una serie de encuentros en la sede de Flacso, organizados de manera conjunta por el Área de Economía y Tecnología de dicha facultad y el Área de Litigio del CELS.
“Nuestra acción está basada en lograr avances en tres ejes: interpelar al Estado en la elaboración de herramientas de cuantificación y de control de la tercerización, la modificación de la legislación vigente para que la regule y le ponga límites precisos y el papel que tienen que pasar a jugar los sindicatos para que experiencias como la de los metrodelegados y la de los aceiteros de Rosario se repliquen en muchos otros lugares”, señaló a Veintitrés Pablo Ferreyra, uno de los participantes del encuentro y que desde la muerte de su hermano Mariano decidió encauzar su militancia contra la tercerización laboral.
Una de las aristas que dejó al desnudo el caso Ferreyra fue la reconversión de los dirigentes sindicales en empresarios que terminan avasallando los derechos laborales. En el juicio a Pedraza quedó demostrado que el ex titular de la Unión Ferroviaria era dueño de una cooperativa a través de la cual se contrataba a trabajadores que quedaban excluidos de los derechos que establece el convenio del gremio que él mismo conducía. Victorio Paulón, histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución y actual secretario internacional de la CTA que lidera Hugo Yasky, se encargó de contextualizar el momento histórico en que se produjo esa mutación. “La ruptura de la CGT a principio de los ‘90, a partir del congreso en el Teatro San Martín, consagró lo que se llama sindicalismo empresario que es cualitativamente distinto a la vieja burocracia de la que hablaba Rodolfo Walsh en el diario de la CGT de los Argentinos. Aquellos dirigentes tenían mucha plata, andaban en Torino cero kilómetro pero hasta ahí llegaban sus vicios. Pero a partir de aquella crisis, hay un sector del sindicalismo que pasa a ser propietario de empresas privatizadas, se pasan del otro lado del mostrador. El asesinato de Mariano Ferreyra es la consecuencia de llevar hasta el límite ese cambio de calidad en la representación sindical”, afirmó el dirigente.
Si bien fue durante la última dictadura que se modificó la ley que abrió el camino hacia la tercerización, en los ’90 se llevaron adelante las estrategias necesarias para que su nefasta aplicación fuera más efectiva. Se utilizó un doble mecanismo sobre los convenios colectivos de trabajo: por un lado se avanzó sobre aquellos que habían logrado las mayores conquistas obreras y por otro se ubicó a los trabajadores que ingresaban como tercerizados bajo convenio como los de Comercio o de la Uocra, que son los más regresivos en cuanto a derechos laborales. Todo esto, claro está, con la complicidad de una gran porción de la dirigencia sindical.
Ante ese panorama debieron enfrentarse aquellos dirigentes que, a medida que el movimiento obrero volvió a tomar protagonismo en la última década, decidieron revertir la situación de los trabajadores tercerizados. En el encuentro en Flacso, Roberto Pianelli, titular de los metrodelegados, relató alguna de las situaciones a las que tuvieron que enfrentarse para poner a todos los trabajadores del subte en igualdad de derechos. “La política de entrega de la dirigencia de la UTA en los’90 llevó a que los compañeros que realizaban trabajos de maestranza y de seguridad quedaran afuera del convenio colectivo. Era una situación que afectaba nada menos que a 750 trabajadores”, señaló. Sin embargo, encontraron el resquicio legal para incluirlos. “Aprovechando que la UTA se había olvidado de quitar del convenio la figura del peón, aprovechamos para meter en esa categoría a todos los compañeros de limpieza”, contó. En el caso de quienes cumplían tareas de seguridad, Pianelli relató que la pelea fue más dura. “Para poder flexibilizarlos, en los ’90 se creó un sindicato de trabajadores de la seguridad que era manejado por las patronales, es decir, todos ex uniformados exonerados de las distintas fuerzas. Luego de una larga lucha, logramos crear la figura ‘asistente de usuario’ para que queden bajo nuestro convenio. Cuando firmamos el traspaso, a la salida del ministerio, nos esperaba una patota del sindicato de seguridad formada por barras bravas de Independiente que nos cagaron a palos”, recordó el dirigente sin eufemismos.
La participación de Pianelli sirvió como disparador de un debate siempre latente en la organización del movimiento obrero: la existencia de uno o más sindicatos por actividad. Sabido es que para avanzar sobre la tercerización los metrodelegados tuvieron que irse de la UTA y formar su propio sindicato. “La centralidad la pongo en discusión, pero no para ir hacia el modelo chileno, que para lo único que sirvió fue para desorganizar al movimiento obrero. Pero este modelo centralizado que tenemos en Argentina es el que dio lugar a que Pedraza mandara a matar a Mariano”, afirmó el dirigente. Una mirada diferente aportó Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. “Generar sindicatos paralelos para disputar el poder hacia el interior de los gremios no creo que sea la mejor manera de combatir la tercerización”, sostuvo. De todos modos, reconoció que “el modelo sindical hace agua en un punto que tiene que ver con el mecanismo de participación. Por eso junto a un grupo de abogados laboralistas estamos trabajando en la creación de un código electoral sindical que ayuda a que haya mayor transparencia en el momento en que los trabajadores tienen que elegir a sus representantes”, completó Ruiz.
La existencia de una normativa que mantiene vigente la tercerización fue otro de los ejes que dominó el encuentro. La socióloga Laura Perelman recordó que la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974 establecía que aun cuando una persona resultara empleada por una contratista era reconocido como empleado de la empresa en la que se desempeñaba. “El objetivo que se buscaba era limitar la posibilidad de tercerizar, desigualando condiciones entre trabajadores que estaban compartiendo el mismo espacio laboral”, señaló la investigadora. Así lo establecía el artículo 30 de aquella ley que fue modificado durante la dictadura. Dos años atrás, Héctor Recalde y Julio Piumato presentaron un proyecto en el Congreso en el que se establece que la empresa principal es responsable solidaria de los trabajadores subcontratados. El proyecto fue aprobado en la Comisión de Legislación Laboral pero nunca fue tratado en el recinto. “Lamento profundamente que ese proyecto esté cajoneado. Con toda la limitación que pueda tener es un puntapié inicial. Me parece que hay que hacer todo lo posible para reactivarlo”, afirmó Pablo Ferreyra. Sería el mínimo aporte que podría hacer la dirigencia política por la memoria de Mariano.
Fuente: Revista Veintitrés
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