viernes, 28 de junio de 2013

NACIDA PARA REPRIMIR

La policía que respalda al candidato del orden. La Policía Metropolitana fue creada para lograr más proximidad con los vecinos. Por ahora, sólo mostró su costado violento. Por qué Macri la necesita y quiénes la componen.
 
Por Andrea Recúpero.
 
 
La violencia con la que actúa la Policía Metropolitana tiene raíces profundas y una clara orientación política. Basta indagar en su composición para encontrar las razones de su accionar represivo, ya que el 83 por ciento de sus altos mandos –superintendentes, comisionados generales y mayores– provienen de la Policía Federal y un 5 por ciento fue parte de las Fuerzas Armadas. Unos y otros se formaron durante los años ’70 y están habituados a reprimir la protesta social. Aunque, en teoría, fue creada para prevenir el delito y estar cerca de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana actúa como una fuerza de choque diseñada para apuntalar la eventual candidatura presidencial del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y para presentarlo como el garante del orden que reclama una franja de la sociedad preocupada por la inseguridad. Aunque en el camino haya que disparar contra los sectores más vulnerables de la sociedad, los sin techo en el Parque Indoamericano, los vendedores ambulantes de Parque Centenario, los trabajadores del Teatro San Martín o los pacientes de un hospital neuropsiquiátrico. “El objetivo es ganar elecciones”, admitió en varias ocasiones Jaime Durán Barba, asesor estrella del alcalde. Pero, en el camino ¿vale todo?
Aun cuando pesan sobre él denuncias de abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad por el accionar represivo de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, Macri defendió, sin avergonzarse, el accionar represivo de su fuerza de choque. Es más, en todas sus apariciones mediáticas redobló la apuesta al pedir “no ceder ante los violentos” que, según su singular punto de vista, “durante una hora y media agredieron a la Policía Metropolitana”. Tras la represión que causó alrededor de cincuenta heridos, entre ellos pacientes, médicos, legisladores y periodistas que cubrían los hechos, el jefe de gobierno no sólo confirmó en su puesto al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, sino que defendió el negocio inmobiliario que impulsa el Pro en la zona, donde se alzará un nuevo Centro Cívico para trasladar las dependencias del gobierno local. “Esto se hace a favor de los que trabajan ahí y de los vecinos. No se entiende este nivel de agresión, no hay razón alguna”, insistió horas después de que su policía gaseara y abriera fuego contra los manifestantes.

Las denuncias también abarcan a Montenegro, quien salió indemne de la interpelación de los legisladores opositores; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, quien aparentemente dio la orden de derribar el taller protegido 19, que defendían los manifestantes, e incluyen al jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace. Ambos uniformados hicieron toda su carrera, hasta fines de 2010, en la Policía Federal y, al retirarse (como superintendente de la Dirección de Seguridad Interior y en la Secretaría General de esa fuerza, respectivamente), pasaron a integrar las filas de la Policía Metropolitana. Giménez fue nombrado superintendente de la policía porteña en junio de 2011 y Pedace fue designado en abril de 2011 como responsable de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria. Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pedace accedió a los retiros voluntarios propuestos por la ministra Nilda Garré, tras ser acusado de intentar boicotear los foros de seguridad comunitaria organizados por esa cartera. Según las fuentes, Pedace coordinaba algunos grupos vecinales, antes de que entraran en vigencia los nuevos foros participativos, e intentó apoyarse en esas organizaciones para movilizarlas contra la nueva iniciativa. Además, cuando estuvo a cargo de la comisaría 37 fue identificado por la jueza a cargo del caso Grassi como responsable de la “deliberada desobediencia de la Policía Federal” para desalojar el hogar Fundación Felices los Niños. En septiembre de 2003 fue relevado de su cargo de jefe de la custodia presidencial por el ex presidente Néstor Kirchner, quien –según su diagnóstico– era difícil de proteger porque no respetaba el protocolo. Como responsable del área de comunicación de la Policía Federal dijo, para desacreditarla, que Nancy Miño, una integrante de la División de Trata que denunció complicidad policial en esos casos, era “una mujer con licencia médica de características psiquiátricas”.

Pero Giménez y Pedace son sólo la punta del iceberg de una fuerza integrada en un 83 por ciento por ex miembros de la Policía Federal. Es más, el 73 por ciento de los altos mandos de la Metropolitana (38 de los 52 jefes) tuvo actuación en las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar. El dato fue relevado en 2010 por los once miembros de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana y consta en el informe final redactado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Se trata de datos insoslayables para comprender el perfil de la policía creada por Mauricio Macri, que en 2009 encabezó Jorge “Fino” Palacios, procesado junto al jefe de gobierno en la causa que investiga la red de espionaje ilegal montada en la ciudad. Tras revisar los legajos de los jefes de la Metropolitana, la Defensoría advirtió sobre la “necesidad de reforzar el control civil y político sobre cada una de las Superintendencias que conforman la Policía Metropolitana” y agregó que “en este sentido es de vital importancia trabajar sobre la desmilitarización de manera tal que su formación y accionar se adecuen a los principios establecidos por la Ley 2.894”, en alusión a la Ley de Seguridad Pública del distrito. Esa advertencia hay que cruzarla con las consecuencias de los cuatro conflictos de magnitud en los que participó, desde su creación, la Metropolitana: en el Parque Indoamericano, en Parque Centenario, en la Sala Alberdi y en el Hospital Borda. Todos tienen el mismo sello, la violencia contra los manifestantes y la represión con balas y gases.

La represión en el Parque Indoamericano, que causó dos muertos y cinco heridos y por la que está imputado el jefe de operativo Raúl Ricardo Ferrón y otros 33 efectivos, fue el debut de fuego de la policía macrista. De hecho, el caso del comisionado mayor Ferrón es un claro ejemplo del perfil que comparten los hombres que integran la Metropolitana. Especialista en inteligencia, ingresó a la Policía Federal en 1976. Según una denuncia del diputado Marcelo Parrilli, Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante la dictadura como integrante de un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del Nunca Más, ese operativo tuvo lugar el 27 de febrero de 1981. Apenas se creó la Metropolitana, Ferrón fue noticia porque siendo encargado del destacamento policial establecido en Puerto Pibes, un lugar de recreación destinado a niños y adolescentes, fue denunciado por portar armas de fuego ante un consejero del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su informe, la Defensoría denunció además que el Ministerio de Seguridad porteño no respondió todas las preguntas sobre los antecedentes de los altos mandos de la Metropolitana y lo exhortó a “agotar todas las instancias para conseguir la información completa que obra en la PFA de cada uno de los ingresantes, los que tienen el derecho a obtener copia de su propia foja de servicios”. Aunque se trata de información vital, aún hoy continúa guardada bajo siete llaves, ya que en los legajos a los que tuvo acceso la Defensoría faltan, por ejemplo, los antecedentes laborales de la cúpula desde la baja de la Federal hasta el ingreso a la Metropolitana, no figuran las sanciones disciplinarias para saber si las bajas fueron voluntarias o retiros obligatorios y tampoco se detalla si el personal contratado realiza o realizaba tareas de seguridad privada, en franca incompatibilidad con la función pública, excepto las vinculadas con tareas docentes. Tampoco figuran en los legajos las declaraciones juradas de los altos mandos y los destinos de los agentes designados dentro de la Policía Metropolitana. Durante la revisión, algunos legajos fueron observados y se pidió una ampliación de la información de antecedentes. Pero en varios casos observados no sólo no se recibió una respuesta formal a esas inquietudes sino que, además, los uniformados cuyos legajos debían ser revisados fueron dados de baja, sin que la comisión ni la Defensoría lograran acceder a esos datos.

Pero, además de ser heredera de la Policía Federal, la Metropolitana también tiene una pata militar. De manera irregular, Macri ingresó 186 militares a la fuerza, ya que la Ley de Seguridad Pública porteña prohíbe que miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser miembros de la Policía Metropolitana porque esos antecedentes le darían una impronta alejada de la idea original de una policía pensada como de proximidad con los vecinos y de prevención del delito. Sin embargo, a través del decreto 210/09, el jefe de gobierno habilitó al Gobierno de la Ciudad a incorporar personal de las Fuerzas Armadas en “la primera estructura de mandos medios” sin tener en cuenta la incompatibilidad con su estado militar vigente. La Defensoría del Pueblo denunció este decreto, al que calificó de “exceso reglamentario” en franca violación de la normativa vigente en el distrito. A raíz de estas irregularidades, el jefe del bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, pidió informes al Ejecutivo porteño sobre la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las filas de la Metropolitana. En febrero de este año llegó la respuesta que confirmó que 186 efectivos son o fueron militares y que 142 pertenecen a la Armada. Del total, unos 135 hombres que provienen de las FF.AA. están ubicados en los rangos operativos, es decir, tienen el rango de oficial u oficial mayor. Andrés Pérez Esquivel, asesor en la materia del diputado Raffo, explicó a esta revista que “no es un dato menor porque el decreto establecía que debían ocupar los mandos medios y porque la mayoría de estos hombres, formados para la guerra, ahora son oficiales con contacto directo con los vecinos en las calles”. De hecho, doce integrantes de la DOEM, la división de elite de la Metropolitana que reprimió en el Borda, provienen de las Fuerzas Armadas.

Para consolidar una candidatura de derecha es imprescindible tener una propuesta de seguridad con una impronta de mano dura. Macri la aplica al punto de haberse convertido en el primer alcalde porteño con policía propia. Había dado un primer paso en esa dirección cuando creó la UCEP, la Unidad de Control del Espacio Público, y lo consolidó con la Metropolitana. Una policía cuyos miembros, según el último informe de la Defensoría sobre violencia policial, emplean “la fuerza letal” tanto en horario de trabajo como fuera de servicio. Una policía que actúa al margen del Protocolo de Actuación en Manifestaciones y protestas sociales que diseñó el Ministerio de Seguridad de la Nación y que suscribieron 19 distritos. Corrientes, Córdoba y Santa Fe aún lo tienen a la firma, mientras Neuquén y Capital Federal lo rechazaron. El protocolo establece reglas para la intervención policial que incluyen la designación de un responsable político a cargo del operativo hasta la prohibición de armas de fuego y pistolas lanzagases en manifestaciones. También estipula que las postas de goma sólo deben ser utilizadas para fines defensivos y no para dispersar a los manifestantes. La policía de Macri se aleja cada día más del paradigma de proximidad para el que fue creada y consolida su perfil violento, alejado de la sensación de seguridad que reclaman los porteños. 
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¿Balas de plomo sí o no?

¿La Policía Metropolitana utiliza balas de plomo? La respuesta a esta pregunta parece ser el tesoro mejor guardado por el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro. En varias oportunidades el funcionario porteño aseguró que los policías no ingresan a los operativos con balas de plomo. Lo negó cuando ocurrió la represión en el desalojo del Parque Indoamericano y lo volvió a negar en referencia a la represión en el Borda. Inclusive, cuando se produjo el desalojo de la Sala Alberdi confirmó que hubo “dos heridos de bala de plomo”, pero aclaró que la Metropolitana no utiliza estos proyectiles para llevar adelante este tipo de operativos.

Sin embargo, legisladores como Francisco “Tito” Nenna aseguraron que “la represión en el Borda fue brutal, había policías de la Metropolitana con balas de plomo. Tenemos las fotos y las vamos a llevar a la Justicia”. Y en diálogo con esta revista Nenna agregó: “Existe un protocolo nacional de 2003 de no reprimir las protestas sociales y el macrismo debe respetar esto. Al crearse la Metropolitana se estableció que fuera una fuerza de proximidad con los vecinos, y los hechos demuestran que el cuerpo aplica un plan criminal para garantizar negocios en la ciudad”.

Veintitrés tuvo acceso al expediente 664360-2012, publicado en el portal de compras del Gobierno de la Ciudad. El documento muestra que en abril de 2012 se realizó una solicitud de compra de cartuchos calibre 12/70 con posta de plomo para ser ejecutados por la Metropolitana. El pedido fue de 5 mil unidades, a un costo de 36.500 pesos. Si bien no se sabe a ciencia cierta si la compra se concretó, lo que queda en evidencia es la intención del Pro en brindarles plomo a sus uniformados.
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Lo que destruyeron

Por Deborah Maniowicz

No quedó nada. Los documentos quedaron bajo los escombros y no hay rastro de los trabajos de carpintería hechos durante años por los internos del hospital neuropsiquiátrico. Por orden del Gobierno de la Ciudad, el último viernes 26 de abril a las 6 de la mañana las topadoras arrasaron por completo el Taller Protegido 19 (anexo al Borda), donde ATE promueve tareas de rehabilitación para los pacientes.
La demolición no debió realizarse, por estar vigente un amparo judicial, pero el apuro del Ejecutivo porteño por comenzar a edificar el Centro Cívico pudo más, y en plena madrugada un grupo de operarios, custodiados por 200 uniformados de la Policía Metropolitana, ingresaron al predio y derrumbaron el taller. Médicos, pacientes, periodistas y militantes que defendían el territorio fueron brutalmente reprimidos y más de 50 personas resultaron heridas. 

La obsesión del Pro por edificar los espacios aledaños al edificio principal del centro de salud es histórica. Apenas Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2007, y presentó a su gabinete, se conoció el interés del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, por urbanizar la zona. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2011, ambos anunciaron la construcción de un Centro Cívico en el barrio de Barracas, con el objetivo de “promover el desarrollo de la zona sur”. La idea era trasladar a ese predio la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios. Si bien garantizaron la continuidad del hospital, por aquel entonces no se hizo referencia a los talleres protegidos.

En agosto de 2012, por orden del Ejecutivo porteño, parte de la maquinaria del Taller Protegido 19 fue trasladada a Brandsen 2500, pero el espacio nunca fue habilitado y los pacientes quedaron desprotegidos.

Dos recursos judiciales paralizaron el comienzo de las obras. Por un lado, el titular de la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado dentro del Borda, Marcelo Frondizi, denunció que la obra avanzaba sobre un territorio declarado “Monumento Histórico Nacional” y la jueza Patricia López Vergara ordenó a Macri que “se abstenga de ejecutar cualquier obra que pueda afectar el funcionamiento de los inmuebles y jardines aledaños”. En simultáneo, los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular, sumaron otro obstáculo legal: con el patrocinio de la defensora oficial Mariana Pucciarello, presentaron un recurso, que tuvo resolución favorable, por el daño que el Centro Cívico les ocasionaría a los pacientes que utilizan el taller para su rehabilitación.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ratificó estos fallos el 28 de diciembre de 2012, impidió la destrucción del predio y frenó el proceso licitatorio. Al estar vigente este amparo la demolición del Taller Protegido 19 no estaba autorizada.

Por violar el proceso judicial y avanzar sobre un espacio protegido, la Sala II del fuero Contencioso Administrativo decidió “imponer una multa de 20 mil pesos” a Macri, Chaín y al procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand. Además, el asesor tutelar de la Cámara, Gustavo Moreno, demandó penalmente a Macri por “grave incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a un fallo judicial”.

El avance de las topadoras y la represión desmedida no sólo recayeron en la Justicia. Alrededor de 20 mil personas dijeron presente el miércoles 30 de abril en la sede de la Jefatura de Gobierno porteña para repudiar el accionar de la Metropolitana en el Hospital Borda y pedir la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

Mientras tanto los pacientes del neuropsiquiátrico se refugian en los espacios terapéuticos. Es un hecho: del Taller Protegido 19 ya no quedan rastros.
 
Fuente: Revista Veintitrés.

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