viernes, 28 de junio de 2013

MAYOR POTESTAD DEL ESTADO NACIONAL EN PAPEL PRENSA

Papel para todos.
      
El jueves pasado, diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley para declarar a Papel Prensa como una empresa de utilidad pública y expropiar el 24% de su patrimonio. De esta manera, el Estado pasaría a tener el control de la provisión de papel.
La propuesta elaborada, entre otros, por los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti apuesta a que el Estado llegue al 52 por ciento al obtener las acciones de tipo A y C, que en su mayoría posee el Grupo Clarín. Esos títulos representan el 72,54% del total y están distribuidos entre AGEA (Grupo Clarín, posee 37%), La Nación (22,49%) y Cimeco (las empresas relacionadas con los dos diarios, 12%).
Sobre ese paquete accionario, el proyecto estipula que el Estado retendrá 24 puntos porcentuales del total que serán extraídos en forma proporcional de todos los propietarios de esas acciones. De esa forma, Clarín cedería 12,24 puntos de sus acciones para pasar a tener directamente 24,76% del total de la empresa. La participación de La Nación se reduciría hasta 14,55%. Por su parte, el Estado pasaría a controlar el 52% de la papelera.
El día que se promulgue la ley, la Comisión Nacional de Valores debe convocar a una asamblea para tratar, entre otros asuntos, “la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y de los síndicos titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes”. Además, se encargará de establecer el monto compensatorio para los accionistas que cedan participación.
El proyecto sostiene que “se encuentra prohibida la transferencia futura” de esas acciones sin autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros”. La iniciativa ingresó a la Cámara, pero aún no fue girada a comisiones ni tiene fecha de tratamiento.
En tanto, el juez federal Julián Ercolini dispuso reactivar la causa sobre la apropiación de Papel Prensa, para determinar si la señora Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto (Clarín) junto a Bartolomé Mitre (La Nación) adquirieron la empresa de manera irregular durante la última dictadura militar.
El juez “requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones desde sus orígenes para determinar si hubo precio vil en la venta”.
Para el Gobierno, los accionistas mayoritarios tienen manejos anómalos y apuntan a vaciar la empresa. Por tal motivo, el objetivo del oficialismo es aumentar la producción, bajar los precios del insumo y garantizar el abastecimiento a todos los medios gráficos.
El informe “Papel Prensa: La Verdad”, realizado por el Gobierno, incluye una explicación sobre cómo, mediante un pacto de sindicalización, los nuevos dueños acordaron venderse el papel entre ellos y sus empresas relacionadas por debajo del costo de producción, perjudicando a otros diarios del país.
En 2012, evidenciada la maniobra de los medios más grandes del país, se sancionó la ley 26.736 que establece de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa para los medios gráficos. El objetivo principal fue que el insumo para la impresión de las publicaciones llegase a todos, sin distorsión de precios.
“Resulta hartamente evidente que Papel Prensa se dedica a una actividad monopólica. De allí que es el propio Estado el que debe regular las mismas y asegurar que la distribución de papel sea equitativa para toda la gráfica de nuestro país”, argumenta en sus fundamentos el proyecto.
 
Fuente: Miradas al Sur

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