Lapidario informe de una Ong de Derechos Humanos con base en Neva York. Casi la tercera parte de las naciones del mundo contaron desde el 11S de 2001 con alguna cárcel secreta donde la central de inteligencia estadounidense derivó sospechosos de terrorismo a los que sometió a prácticas aberrantes.
Un total de 54 países, en su mayoría europeos, colaboró con la CIA en su operación mundial de torturas, secuestros, traslado clandestino de prisioneros y detenciones, una verdadera cacería global lanzada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Según la Open Society Justice Initiative (OSJI), una organización defensora de los Derechos Humanos con sede en Nueva York, hay pruebas concretas de que casi la tercera parte de gobiernos del mundo participó de las prácticas aberrantes impuestas por el servicio de espionaje de Estados Unidos.
El informe señala que el programa no podría haberse implementado sin esa ayuda internacional. La responsabilidad de estas violaciones humanitarias no se agota en ese país, "ninguna de las operaciones diseñadas para ejecutarse fuera de Estados Unidos podría haberse llevado a cabo sin la participación activa de gobiernos extranjeros. Esto explica la impunidad de la que disfrutan los implicados en estas acciones", agregó la OSJI.
Según el trabajo, en Pakistán, Afganistán, Egipto y Jordania se establecieron cárceles secretas donde la tortura era una práctica habitual, mientras que Irlanda, Islandia y Chipre prestaron ayuda permitiendo el uso de su espacio aéreo y de sus aeropuertos para realizar los vuelos que trasladaron clandestinamente a los prisioneros. Gran Bretaña, Alemania, España, Portugal y Austria también integran la lista. La OSJI urgió al gobierno de Barack Obama que cierre las prisiones secretas que aún estén activas.
La OSJI detalló en su informe los casos de 136 víctimas que fueron mantenidas prisioneras en secreto e insistió repetidamente en que "la responsabilidad por los abusos no es sólo de Estados Unidos, sino de decenas de gobiernos que fueron sus cómplices". Según la organización, todos los implicados toleraron estas prisiones secretas –las "black sites"– creadas para interrogar sospechosos de terrorismo. Pero habrá que investigar, agrega, a qué beneficios accedieron los gobiernos o los gobernantes por haberse sumado a estas “prácticas deleznables”.
El informe señala que a pesar de los esfuerzos para ocultar la verdad sobre los abusos, la información relativa a ellos seguirá abriéndose camino hasta tomar estado público y, “al mismo tiempo, mientras que los tribunales de Estados Unidos sigan cerrando sus puertas a las víctimas de las detenciones secretas y las operaciones de traslado, la comprobación de la participación de gobiernos extranjeros en estas prácticas hará que cobre validez la competencia de los tribunales de todo el mundo”.
Otros países citados como cómplices son Albania, Argelia, Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, D’Jibuti, Etiopía, Finlandia, Gambia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Islandia, Indonesia, Irak, Irlanda, Kenia, Libia, Lituania, Macedonia, Malawi, Malasia, Mauritania, Marruecos, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, Somalía, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Siria, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zimbabwe.
El gobierno rumano rechazó la denuncia por considerarla de "dudosa objetividad". «
Dpa y Efe
El detalle
Posición oficial
Washington: atacar con drones a sospechosos de terrorismo es "legal, ético y sensato".
Fuente: Tiempo Argentino
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