Discriminación a discapacitados
Por Soledad Lofredo
Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el 15 por ciento de la población del planeta vive con alguna discapacidad. La cifra coincide con los resultados de la última Encuesta Mundial de Salud, que al mismo tiempo apunta que del total estimado de personas con discapacidades, 110 millones (2,2 por ciento del total de la población del planeta) tienen dificultades muy significativas de funcionamiento y 190 millones (3,8 por ciento) una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera). Las cifras sirven para medir cantidades pero no alcanzan para entender la magnitud del problema de cada uno de esos cientos de millones de seres humanos.
Sin derecho. El caso de Carolina Simón es un ejemplo de discriminación, pero también de búsqueda de justicia. Ella es de Mar del Plata, estudió y se recibió en la carrera de Comunicación Social en una universidad privada en la que fue becada, en 2009, y se moviliza mediante una silla de ruedas. Desde ese entonces, se anotó en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para conseguir un puesto administrativo.La ley 25.689, “Sistema de protección integral de los discapacitados” obliga a ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.“Estoy anotada en un registro de la Municipalidad, pero es una miserable carpeta escrita con lápiz, en donde no está ni siquiera dividido quiénes tienen título de quiénes no”, cuenta Carolina. “Como yo sabía que iba a ser más difícil conseguir el trabajo, me hice todo tipo de estudios para presentar frente a quien corresponda, y me dieron todos bien. Es por eso que hice las entrevistas; en la prueba escrita que me tomaron, salí con una de las mejores notas. Pero después se empezó a complicar. Tuve una charla con tres personas que dijeron ser de la Municipalidad, pero nunca dijeron sus nombres; además, la conversación que debía durar media hora, duró cinco minutos”, cuenta. Su experiencia fue en la Facultad de Derecho de la ciudad balnearia.Carolina subraya que las entrevistas fueron “extrañas”. “Lo primero que me pasó de raro es que las personas no se presentaron. Yo no niego las limitaciones que tengo, pero ellos no me preguntaron siquiera cuál era mi sistema de trabajo; yo había pensado de todo, hasta en usar mi cerebro y otra persona sus brazos”, asegura. Es por eso que su sospecha es cada vez más fuerte: “Para mí, ya estaban elegidas las personas que ocuparían los puestos. Conozco a una persona que sacó 87 puntos y, sin embargo, la dejaron afuera de la segunda entrevista”, denuncia.Carolina envió una carta documento al Secretario de Salud municipal, Alejandro Ferro, pero no recibió respuesta. En ella, aclaraba: “Soy licenciada universitaria, manejo computadoras, hablo por teléfono, me relaciono con mi entorno social como cualquier hijo de esta tierra, y finalmente soy discapacitada. Todo lo hago desde mi discapacidad y con las adaptaciones necesarias que son múltiples. Reconozco que mi imagen visual no entra dentro del campo de las chicas que se presentan a la elección de la reina del mar o las que bailan por un sueño. En ese punto confieso mi discapacidad como excluyente, pues evidentemente mi perfil no se condice con el tipo humano-objeto a seleccionar”.Para Carlos Ferreres, del Departamento de Discapacidad de la CTA, “la lógica es clientelar. Si se necesita gente para ocupar cargos administrativos, generalmente se pone a alguien conocido, no se entra por concurso o idoneidad”, asegura. “Pero no es exclusivo de una persona con discapacidad”. Pero hay soluciones: “Actuar con los sindicatos nos resultó efectivo en muchos lugares. Se puede presentar un recurso de amparo y se puede ganar. Pero se sabe y tuvimos muchos casos de gente que entra y que después es maltratada, les cambian los horarios. Tenemos muchos años de pelear en contra de esto; es por eso que cumplimos la tarea de sensibilizar a los sindicatos, para que la gente pueda tener trabajo”, asegura el dirigente de la CTA. “Jugaron con mis expectativas de trabajo y con toda la gente que está intentando conseguir un trabajo”, concluye Carolina, tan sólo una de las millones y millones de historias reales abarcadas por las estadísticas.
Sin derecho. El caso de Carolina Simón es un ejemplo de discriminación, pero también de búsqueda de justicia. Ella es de Mar del Plata, estudió y se recibió en la carrera de Comunicación Social en una universidad privada en la que fue becada, en 2009, y se moviliza mediante una silla de ruedas. Desde ese entonces, se anotó en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para conseguir un puesto administrativo.La ley 25.689, “Sistema de protección integral de los discapacitados” obliga a ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.“Estoy anotada en un registro de la Municipalidad, pero es una miserable carpeta escrita con lápiz, en donde no está ni siquiera dividido quiénes tienen título de quiénes no”, cuenta Carolina. “Como yo sabía que iba a ser más difícil conseguir el trabajo, me hice todo tipo de estudios para presentar frente a quien corresponda, y me dieron todos bien. Es por eso que hice las entrevistas; en la prueba escrita que me tomaron, salí con una de las mejores notas. Pero después se empezó a complicar. Tuve una charla con tres personas que dijeron ser de la Municipalidad, pero nunca dijeron sus nombres; además, la conversación que debía durar media hora, duró cinco minutos”, cuenta. Su experiencia fue en la Facultad de Derecho de la ciudad balnearia.Carolina subraya que las entrevistas fueron “extrañas”. “Lo primero que me pasó de raro es que las personas no se presentaron. Yo no niego las limitaciones que tengo, pero ellos no me preguntaron siquiera cuál era mi sistema de trabajo; yo había pensado de todo, hasta en usar mi cerebro y otra persona sus brazos”, asegura. Es por eso que su sospecha es cada vez más fuerte: “Para mí, ya estaban elegidas las personas que ocuparían los puestos. Conozco a una persona que sacó 87 puntos y, sin embargo, la dejaron afuera de la segunda entrevista”, denuncia.Carolina envió una carta documento al Secretario de Salud municipal, Alejandro Ferro, pero no recibió respuesta. En ella, aclaraba: “Soy licenciada universitaria, manejo computadoras, hablo por teléfono, me relaciono con mi entorno social como cualquier hijo de esta tierra, y finalmente soy discapacitada. Todo lo hago desde mi discapacidad y con las adaptaciones necesarias que son múltiples. Reconozco que mi imagen visual no entra dentro del campo de las chicas que se presentan a la elección de la reina del mar o las que bailan por un sueño. En ese punto confieso mi discapacidad como excluyente, pues evidentemente mi perfil no se condice con el tipo humano-objeto a seleccionar”.Para Carlos Ferreres, del Departamento de Discapacidad de la CTA, “la lógica es clientelar. Si se necesita gente para ocupar cargos administrativos, generalmente se pone a alguien conocido, no se entra por concurso o idoneidad”, asegura. “Pero no es exclusivo de una persona con discapacidad”. Pero hay soluciones: “Actuar con los sindicatos nos resultó efectivo en muchos lugares. Se puede presentar un recurso de amparo y se puede ganar. Pero se sabe y tuvimos muchos casos de gente que entra y que después es maltratada, les cambian los horarios. Tenemos muchos años de pelear en contra de esto; es por eso que cumplimos la tarea de sensibilizar a los sindicatos, para que la gente pueda tener trabajo”, asegura el dirigente de la CTA. “Jugaron con mis expectativas de trabajo y con toda la gente que está intentando conseguir un trabajo”, concluye Carolina, tan sólo una de las millones y millones de historias reales abarcadas por las estadísticas.
• DATOS. Ni primarias ni secundarias Una denuncia presentada por la ONG Acceso Ya señala que, en la Ciudad de Buenos Aires, el 95 por ciento de los colegios privados y el 75 por ciento de los públicos no cumplen ni siquiera con condiciones mínimas de accesibilidad: no cuentan con rampas de acceso para que ingrese una persona en silla de ruedas y/o carecen de ascensores y/o baños adaptados, entre muchos otros obstáculos. Según el último censo realizado en Argentina, 2,2 millones de personas viven con discapacidad. En uno de cada cinco hogares argentinos vive una persona con discapacidad.
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