"LA POLICÍA FEDERAL NUNCA TUVO UN PROCESO DE REFORMA PROFUNDA"

Entrevista a Marcela Perelman y Damián Neustadt, del Cels. Los expertos señalan la necesidad de que las políticas de seguridad sean una cuestión de Estado. El desafío de pensar la seguridad como un ejercicio de los derechos humanos.

Por Jimena Rosli

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) publicó hace poco su 16º Informe Anual sobre Derechos Humanos en Argentina. Uno de sus capítulos se titula Sistema de Seguridad: una hipoteca para la democracia. Sus autores son investigadores del Cels: Marcela Perelman, becaria doctoral Conicet-UBA, y Damián Neustadt, integrante del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Cels. “El capítulo –explica Perelman a Miradas al Sur– lo escribimos a partir de los hechos de Ecuador, donde se puso en evidencia la relación entre la sustentabilidad del sistema democrático con los sistemas de seguridad. Habla del potencial desestabilizante que tienen las fuerzas y las agencias policiales.” Se habla de hipoteca, agrega Neustadt, “porque las Fuerzas Armadas, se subordinaron finalmente al poder político, pero una de las fuerzas de seguridad más grandes, la Policía Federal, nunca tuvo un proceso de reforma profunda”.–¿Cuáles son los lineamientos necesarios para una política de seguridad democrática?Marcela Perelman: –Las condiciones mínimas las levanta el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD). El primero es la reforma normativa de las leyes orgánicas de fuerzas de seguridad, porque están desactualizados, como las de personal, sus reglamentos disciplinarios; pero también los de más bajo nivel, como principios de actuación y los protocolos de uso de la fuerza. Otra es la incorporación de controles externos y civiles a las fuerzas de seguridad –independientemente de que posean unidades de investigación como Asuntos Internos–, como tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria.Damián Neustadt: Con la autonomía policial, las instituciones deciden qué hacer y tienen un control propio en cuestiones presupuestarias, administrativas y en el día a día de la institución.M.P.: Por eso, también, la investigación policial se debería reorientar a los delitos más organizados, como tráfico, redes de trata y robo de autos; que tienen relación con lo que ocurre en la calle. Con el tema de los desarmaderos y las acciones que se tomaron descubrimos la relación entre una lógica criminal de robo de autos y, finalmente, el homicidio en ocasión de robo de autos, que es uno de los que más preocupan. Enfocar la investigación en estas cuestiones nos parece la mejor forma de luego impactar en los delitos cotidianos. Y por último, la producción y acceso de la sociedad civil a datos del sistema de seguridad.D.N.: La construcción de la seguridad tiene que ser política de Estado, no puede estar en manos de la policía.–¿Cuáles son los avances que se dieron en ese sentido?M.P.: Aún no podemos ver resultados en la gestión nacional, pero vemos algunas medidas concretas.D.N.: Uno es el cambio de lógica en la prevención situacional, en poner más policías en las calles. El Operativo Centinela en la provincia es un ejemplo.M.P.: También estuvo presente en la decisión de quitarle la producción de pasaportes a la policía.D.N.: Se están reformando los planes de estudio de la policía y trabajando fuerte en los contenidos mínimos que tiene que tener la formación policial. Un hecho simbólico importante del Ministerio de Seguridad fue el cambio de nombre de las escuelas de policías, que se llamaban como emblemáticos represores. Otra política novedosa es la cuestión de los foros de participación que ejerce control a la fuerza policial por parte de la sociedad. La participación ciudadana es uno de los puntos que planteabamos en el ASD.M.P.: Durante 2003 hasta esta parte, había una decisión del Gobierno de no abordar los conflictos sociales en forma violenta. La vocación de no reprimir, una concepción diferente de la problemática social no se institucionalizó lo suficientemente. En 2010, la acumulación de casos resonantes que causaron muertes hizo que se agotara este modelo y comenzó una gestión donde el rasgo fundamental es recobrar el gobierno civil y político de las fuerzas de seguridad, terminar con la autonomía policial. Hay una acumulación de gestos que van en ese camino. Hay políticas específicas, algunas simbólicas, otras más sustantivas; pero todavía no hablamos de una reforma estructural.–¿Es por eso que el capítulo habla de una “oportunidad histórica” de reformar las instituciones de seguridad?M.P.: Claro, existen pocas coyunturas que te permiten avanzar en una reforma estructural y levantar esta hipoteca para la democracia. El capítulo arranca diciendo que cíclicamente situaciones críticas problematizan la cuestión de la seguridad en el centro de la agenda. El nexo entre muerte y política es vigente y no necesariamente tiene que ser regresivo como en la contrareforma de la Bonaerense o leyes Blumberg.–¿Cuál es el balance de la creación de la Policía Metropolitana?M.P.: Su diseño y creación son correctos, pero la inclusión de la expresión mínima de un mecanismo de control externo fue vetado por el jefe de Gobierno. Después, como es de público conocimiento, el escándalo de las personas de la cúpula.D.N.: Palacios y Chamorro, procesados por escuchas ilegales. La Metropolitana se integró con un 80% de mandos altos que eran de la Federal, con muchos años de actuación durante la dictadura y otros entrenados bajo leyes antisubversivas, que no tienen nada que ver con su misión, que es la comunitaria, de prevención situacional. El reglamento del Instituto de Seguridad Pública también va en retroceso.–¿Cómo analizan la participación policial en la toma de espacios públicos?M.P.: El Cels tiene una postura sobre cuál es el rol del Estado frente a la protesta social. Debe proteger a los que protestan, dar seguridad a las personas, orientar esa situación, gestionar esos conflictos de forma no violenta y dar respuesta a los reclamos. En la ocupación de tierras, la policía se mueve en cuadros organizados, es un operativo diseñado. Hay una oportunidad de sistematizar la vocación de las gestiones anteriores y que se trabaje con un principio de actuación para las diferentes fuerzas de seguridad del país.–¿Qué quedaría pendiente para una reforma en materia de seguridad democrática?M.P.: Hay que tener en cuenta que cuando se toma una orientación política en el nivel macro, repercute en lo micro, en la interacción cotidiana de la policía con las personas. Son dos dimensiones que están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, en la detención regular de jóvenes en los barrios más pobres para investigación de delitos o reclutamiento de redes de ilegalidad. Se ven sobre todo el territorio bonaerense y el caso más grave fue lo que pasó con Luciano Arruga.D.N.: Las fuerzas de seguridad no sólo son la policía. La democratización de las fuerzas policiales es importante pero no es la única, hay instancias de participación comunitarias y la sociedad civil que se tienen que articular para dar una solución.–¿En contraposición a qué están formuladas todas estas necesidades?D.N.: Al discurso manodurista, que piensa que los problemas se resuelven aumentando las penas, construyendo cárceles. Se llevaron a cabo y fracasaron. Frente a eso, el ASD es una herramienta para poder acompañar desde la sociedad civil y evitar retrocesos y avances que se dan en materia de reformas de seguridad.M.P.: A una perspectiva donde derechos humanos y seguridad compiten entre sí. Hay que pasar de entender a la seguridad como resultado de un mayor ejercicio de los derechos humanos, vistos como un objetivo de la política y no un obstáculo.