El presidente Calderón viajó a Monterrey para encabezar un acto mediático en el que llamó “terroristas” a los criminales que incendiaron el casino repleto de gente y exigió nuevamente que se apruebe su proyecto de ley de seguridad nacional.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
La muerte en México milita en los bandos de la mano dura, la intolerancia oficialista y la criminalización social. El terrorismo se ha instalado por decreto presidencial, como moneda de cambio para presionar al Poder Legislativo para que apruebe su propuesta de ley de seguridad nacional.
Esto es ya la barbarie. Al menos 53 personas fueron asesinadas el jueves en la ciudad de Monterrey, porque aparentemente los dueños de un casino no quisieron pagar una extorsión a un grupo criminal, pero tampoco quisieron pagar por los permisos municipales para operar legalmente y la casa de juego incendiada se convirtió en una trampa mortal para una clientela integrada principalmente por mujeres, que quedó atrapada en un local con salidas de emergencia bloqueadas. La mayoría de las víctimas falleció por asfixia. Y sobre esos mismos 53 cadáveres se escribe una nueva página escabrosa de una guerra contra el narcotráfico que ha costado ya más de 50.000 muertos en poco menos de cinco años.
Para el presidente Felipe Calderón, el ataque al casino fue un acto de “verdadero terrorismo”, y declaró tres días de duelo nacional. Más prudente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó al suceso de “brutal”. Calderón viajó a Monterrey para encabezar un acto mediático en el que llamó “terroristas” a los criminales que incendiaron el casino repleto de gente y exigió nuevamente que los diputados de la oposición aprueben su proyecto de ley de seguridad nacional.
El incendio del Casino Royale en Monterrey se suma a una serie de acontecimientos que han exacerbado la percepción sobre la violencia en México, como la balacera a las puertas de un estadio de fútbol, el sábado 20, en Torreón, durante un partido de la primera división mexicana que milagrosamente no causó víctimas porque el estadio registraba una pobre concurrencia. Ambos sucesos inflamaron en el norte del país el discurso oficialista que reclama dotar al ejército y a la marina de un marco legal para justificar la militarización que, de facto, ya ocurre en México. Hace dos días, en Veracruz, sobre la costa del Golfo de México, dos personas fueron detenidas acusadas de terrorismo por difundir amenazas de bomba a través de Twitter.
Calderón ha aprovechado para redoblar su campaña mediática e impregnar en la sociedad el mensaje de que México vive ya bajo fuego terrorista y, con ello, construir la percepción de que es necesaria una ley de seguridad nacional que abre la puerta a la militarización del Estado mexicano, pues pretende otorgar a las fuerzas armadas capacidad de investigación, atribución para detener a presuntos delincuentes, realizar cateos sin orden judicial, intervenir en averiguaciones previas y solicitar a la autoridad judicial las intervenciones de comunicaciones privadas.
De algún modo, el mensaje ha permeado, y eso espanta: jóvenes de entre 15 y 19 años apoyan el endurecimiento gubernamental, la tortura y hasta la aplicación de la pena de muerte contra delincuentes en México, de acuerdo con una encuesta difundida esta semana por la UNAM. Peor aún, los jóvenes se dicen dispuestos a perder su libertad en aras de garantizar su seguridad.
De nada han servido las marchas, las protestas, críticas, los llamados, las súplicas o exigencias para cambiar la estrategia de la lucha contra el crimen organizado. Los más de 50.000 muertos que ha dejado la administración de Calderón son estadística y pretexto para un discurso oficial aferrado en apoyarse en las fuerzas armadas. Lo que muchos se preguntan es cuál es la intención real. A sólo 15 meses de que Calderón tenga que dejar el cargo, ¿ya para qué?
“Calderón ya se fue”, clama el diputado Manuel Clouthier, del oficialista Partido Acción Nacional. El legislador por el estado de Sinaloa, sede de uno de los carteles de la droga más poderosos e impunes, en el que apenas ayer fue asesinado un periodista, acusó a Calderón de no haber sido capaz de resolver el problema del narcotráfico ni mucho menos la violencia. Más grave aún, ha acusado a la administración de Calderón de proteger al cartel de Sinaloa y combatir a otros grupos criminales que le hacen competencia.
Esta versión, señalada también por otras fuentes, se refuerza con la toma de decisiones y estrategias que la administración de Calderón ha dejado en manos de Estados Unidos, que cada vez interviene más de forma directa en territorio mexicano a través de la CIA y de mercenarios que se alojan en una base militar mexicana, como parte de la Iniciativa Mérida, una copia del Plan Colombia que significó la intervención militar estadounidense en aquel país sudamericano.
De acuerdo con una versión difundida a principios de mes por el diario The New York Times, la incapacidad de la administración de Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado ha hundido a México en un escenario similar al de Afganistán, de donde llegó hace poco el nuevo embajador estadounidense designado por la Casa Blanca. Los más optimistas comparan al México de hoy con la violencia que azotó a Colombia hace 15 años. En realidad, el discurso de Calderón viste de intolerancia a la violencia y la muerte en México.
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Esto es ya la barbarie. Al menos 53 personas fueron asesinadas el jueves en la ciudad de Monterrey, porque aparentemente los dueños de un casino no quisieron pagar una extorsión a un grupo criminal, pero tampoco quisieron pagar por los permisos municipales para operar legalmente y la casa de juego incendiada se convirtió en una trampa mortal para una clientela integrada principalmente por mujeres, que quedó atrapada en un local con salidas de emergencia bloqueadas. La mayoría de las víctimas falleció por asfixia. Y sobre esos mismos 53 cadáveres se escribe una nueva página escabrosa de una guerra contra el narcotráfico que ha costado ya más de 50.000 muertos en poco menos de cinco años.
Para el presidente Felipe Calderón, el ataque al casino fue un acto de “verdadero terrorismo”, y declaró tres días de duelo nacional. Más prudente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó al suceso de “brutal”. Calderón viajó a Monterrey para encabezar un acto mediático en el que llamó “terroristas” a los criminales que incendiaron el casino repleto de gente y exigió nuevamente que los diputados de la oposición aprueben su proyecto de ley de seguridad nacional.
El incendio del Casino Royale en Monterrey se suma a una serie de acontecimientos que han exacerbado la percepción sobre la violencia en México, como la balacera a las puertas de un estadio de fútbol, el sábado 20, en Torreón, durante un partido de la primera división mexicana que milagrosamente no causó víctimas porque el estadio registraba una pobre concurrencia. Ambos sucesos inflamaron en el norte del país el discurso oficialista que reclama dotar al ejército y a la marina de un marco legal para justificar la militarización que, de facto, ya ocurre en México. Hace dos días, en Veracruz, sobre la costa del Golfo de México, dos personas fueron detenidas acusadas de terrorismo por difundir amenazas de bomba a través de Twitter.
Calderón ha aprovechado para redoblar su campaña mediática e impregnar en la sociedad el mensaje de que México vive ya bajo fuego terrorista y, con ello, construir la percepción de que es necesaria una ley de seguridad nacional que abre la puerta a la militarización del Estado mexicano, pues pretende otorgar a las fuerzas armadas capacidad de investigación, atribución para detener a presuntos delincuentes, realizar cateos sin orden judicial, intervenir en averiguaciones previas y solicitar a la autoridad judicial las intervenciones de comunicaciones privadas.
De algún modo, el mensaje ha permeado, y eso espanta: jóvenes de entre 15 y 19 años apoyan el endurecimiento gubernamental, la tortura y hasta la aplicación de la pena de muerte contra delincuentes en México, de acuerdo con una encuesta difundida esta semana por la UNAM. Peor aún, los jóvenes se dicen dispuestos a perder su libertad en aras de garantizar su seguridad.
De nada han servido las marchas, las protestas, críticas, los llamados, las súplicas o exigencias para cambiar la estrategia de la lucha contra el crimen organizado. Los más de 50.000 muertos que ha dejado la administración de Calderón son estadística y pretexto para un discurso oficial aferrado en apoyarse en las fuerzas armadas. Lo que muchos se preguntan es cuál es la intención real. A sólo 15 meses de que Calderón tenga que dejar el cargo, ¿ya para qué?
“Calderón ya se fue”, clama el diputado Manuel Clouthier, del oficialista Partido Acción Nacional. El legislador por el estado de Sinaloa, sede de uno de los carteles de la droga más poderosos e impunes, en el que apenas ayer fue asesinado un periodista, acusó a Calderón de no haber sido capaz de resolver el problema del narcotráfico ni mucho menos la violencia. Más grave aún, ha acusado a la administración de Calderón de proteger al cartel de Sinaloa y combatir a otros grupos criminales que le hacen competencia.
Esta versión, señalada también por otras fuentes, se refuerza con la toma de decisiones y estrategias que la administración de Calderón ha dejado en manos de Estados Unidos, que cada vez interviene más de forma directa en territorio mexicano a través de la CIA y de mercenarios que se alojan en una base militar mexicana, como parte de la Iniciativa Mérida, una copia del Plan Colombia que significó la intervención militar estadounidense en aquel país sudamericano.
De acuerdo con una versión difundida a principios de mes por el diario The New York Times, la incapacidad de la administración de Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado ha hundido a México en un escenario similar al de Afganistán, de donde llegó hace poco el nuevo embajador estadounidense designado por la Casa Blanca. Los más optimistas comparan al México de hoy con la violencia que azotó a Colombia hace 15 años. En realidad, el discurso de Calderón viste de intolerancia a la violencia y la muerte en México.
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