El titular de La Corte Ricardo Lorenzetti subrayó la importancia de las políticas de Estado. En este contexto, ubicó los procesos contra los represores. Además, destacó la relevancia de las audiencias públicas convocadas.
Por Eduardo Anguita
La intención del trabajo es destacar el proceso que llevó a la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad y mostrar, también, como están esos procesos. En ese contexto abordamos las causas que existen por cada centro de detención, porque es algo que no se conoce bien. Es muy importante que todos sepamos que se está desarrollando una de las experiencias más importantes en el mundo en materia de juzgamientos de delitos de terrorismo de estado”, señaló Ricardo Lorenzetti en diálogo con este periodista en el programa Hoy más que nunca, que se emite por Radio Nacional, ocasión en la que también se refirió al libro Derechos humanos: justicia y reparación, que el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación escribió junto a Alfredo Kraut, funcionario del máximo tribunal. “La idea fundamental es que hay que defender estos juicios porque siempre hay quienes se oponen. Es una decisión institucional de todos los poderes del Estado, pero también de la inmensa mayoría de la sociedad. No hay marcha atrás”, subrayó Lorenzetti, quien, además, se refirió a la decisión del máximo tribunal de convocar a audiencia públicas para “instalar en la agenda social casos puntuales y paradigmáticos”. Aquí, lo más destacado del diálogo.–El lunes se cumplieron ocho años de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Qué significa el hecho de tener políticas de Estado?–Hemos vivido muchos períodos, sobre todo nuestra generación, en los cuales hemos iniciado algo que parecía muy bueno. Luego cambiaron las circunstancias y retrocedimos, o directamente fuimos en la dirección contraria. Siempre que hay un proceso importante hay resistencia, cada vez que hay acción hay una reacción. Política de Estado quiere decir continuidad en el tiempo y consenso básico en la sociedad. Con estos juicios, que no son fáciles, hay una reflexión de toda la sociedad sobre por qué nos ha pasado lo que nos ocurrió. Decimos que los procesos por delitos de lesa humanidad son política de Estado porque los tres poderes se manifiestan en el mismo sentido. Además, ya forman parte del contrato social de los argentinos. Tienen un consenso muy grande. Se trata de un consenso que nació de la lucha de los artistas, de los políticos, de los dirigentes sociales y de los organismos que, a lo largo de muchos años y en condiciones muy difíciles, sembraron la semilla de un deseo de justicia. Ya no puede haber marcha atrás, y esto tiene implicancias hacia el futuro. Por todo esto hicimos el libro.–Además, siempre está la posibilidad del olvido…–Seguro. Pasó con el genocidio del nazismo contra la población judía. Pasaron los años y vemos que en Europa, aunque se sigue reflexionando sobre el tema, aparecieron partidos neonazis de los cuales surgieron personajes destacados que han negado la existencia del genocidio. Es muy importante que trabajemos en la educación para que, en el futuro, quienes no vivieron la experiencia de la dictadura y del terrorismo de Estado tengan una conciencia clara de lo sucedido. Nuestra generación y los que tenemos responsabilidades de Estado debemos pensar en ese futuro, que es de nuestros hijos y nietos, para que puedan disentir libremente sin que el propio Estado los persiga, los torture o que alguien quiera reeditar estos debates, que ya hoy creo que están clausurados.–Alfredo Kraut, coautor del libro, trabajó mucho en la comisión interpoderes, coordinando con ámbitos de los más diversos para que se pudieran conformar las ternas de jueces, para que no faltara lo que en cada jurisdicción era necesario a la hora de conformar los tribunales....–La experiencia de la comisión interpoderes fue muy importante. Siempre digo que es la sociedad la que impulsa las instituciones. En este caso fue una propuesta de los organismos de derechos humanos que vieron con claridad los problemas de índole práctico que se suscitaron con la reapertura de las causas y el inicio de las nuevas luego de que se declararon inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final.–En los hechos, faltaban jueces, pero también, por ejemplo, un esquema destinado a la protección de los testigos...–Realmente, faltaba de todo. El doctor Kraut tuvo una tarea muy importante y muy intensa, sobre todo durante los dos primeros años, porque había que coordinar con los otros poderes, que también colaboraron muchísimo aportando la infraestructura necesaria. Todo eso hizo posible que se avanzara en investigaciones muy importantes, incluso que se arrojara luz sobre centros clandestinos de los cuales se sabía poco. Uno de ellos en Tucumán, que funcionaba en el batallón de arsenales. Hoy, allí hay un equipo forense trabajando, investigación... Es un trabajo enorme que se repite en todas las jurisdicciones. Todo esto requiere una coordinación muy fuerte. Obviamente, los avances producen focos de resistencia. Uno de los temas de este libro es esclarecer y defender los juicios, porque incluso dentro del propio Poder Judicial existen muchas discusiones. Para nosotros es un tema saldado, pero hay que seguir adelante. Estamos muy convencidos de que esa es una tarea que hace al Estado de derecho y que debemos dejarle a las generaciones que nos sucedan.–El libro se presentará el 27 de septiembre próximo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tiene un prólogo de Baltasar Garzón. ¿Cómo fue que Garzón se entusiasmó tanto?–Garzón viene con frecuencia a la Argentina. Además prestó un gran apoyo cuando aquí no había posibilidades, incluso cuando en plena dictadura era muy difícil conseguir amparos judiciales. La jurisdicción internacional que abrió fue muy importante. Garzón vino a la Corte cuando presentamos el informe sobre los juicios de lesa humanidad y quedó muy impactado por la extensión y la profundidad de la tarea. En la conversación que mantuvimos manifestó lo que luego expresó en el prólogo. En pocas palabras: que es la experiencia más importante a nivel mundial. Empezamos a conversar sobre la necesidad de difundirla y ahí, en cierta medida, nació la idea de hacer un libro para explicar lo realizado, porque en muchos países éstos son temas de debate. Fue una idea que surgió de la conversación. Para nosotros es un gran honor que haya cooperado.
• DERECHO A LA VIVIENDA. "Son temas que involucran a toda la sociedad"Otra política de Estado donde la Corte Suprema de Justicia tuvo mucha influencia es la cuestión del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Hoy, la noticia es que el máximo tribunal llamó a un nueva audiencia pública; esta vez para el jueves próximo, por el derecho a la vivienda. “La Corte tiene que mostrar el acceso a Justicia. Esa es una de nuestras políticas de Estado. Que alguien de Villa Inflamable, que son personas excluidas, haya originado la causa más importante que tiene en la actualidad el Poder Judicial es algo relevante. Hay que aceitar los mecanismos para que, en la práctica, todas las personas sean iguales ante la ley. El caso de los indígenas del Chaco también llegó a la Corte. Es la primera vez en la historia que suceden hechos de esta naturaleza. Y esto es muy importante”, señaló Ricardo Lorenzetti.–¿Y el caso de la audiencia por el derecho a la vivienda?–Es muy importante y difícil. Es un gran debate, que incluye la cuestión de los inmigrantes. ¿Cuál es la relación que debe tener la sociedad y el Estado con alguien que vive en la calle? Son personas muy vulnerables. En este caso, estamos hablando de una persona que tiene un chico discapacitado y terminó en la vía pública cuando finalizó el subsidio que recibía. Esto disparó un amparo judicial, que ganó en primera instancia, pero que revocó el máximo tribunal de justicia de la Ciudad de Buenos Aires. A nosotros nos parece que la Justicia debe reflejar las necesidades de los más postergados. Es un tema que involucra a la sociedad. ¿Es posible que alguien quede en la calle con un chico discapacitado? ¿Cuál es la extensión de la responsabilidad? Por el otro lado, es un tema difícil porque ese subsidio lo paga el Estado, que tiene recursos limitados y se puede dar la posibilidad de que cualquiera reclame. Creo que se debe poner la cuestión en un espacio de debate público y encontrar una solución que resuelva el problema de la dignidad humana y, al mismo tiempo, la restricción presupuestaria de una manera que no afecte la gobernabilidad. Cuando convocamos lo hacemos para resolver el caso puntual, pero también para instalar la problemática en el seno de la sociedad, como ocurrió con el Riachuelo, con los aborígenes del Chaco, con los desmontes en Salta... Cada una de las audiencias públicas tiene ese efecto y nos parece muy importante que se discuta.
• DERECHO A LA VIVIENDA. "Son temas que involucran a toda la sociedad"Otra política de Estado donde la Corte Suprema de Justicia tuvo mucha influencia es la cuestión del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Hoy, la noticia es que el máximo tribunal llamó a un nueva audiencia pública; esta vez para el jueves próximo, por el derecho a la vivienda. “La Corte tiene que mostrar el acceso a Justicia. Esa es una de nuestras políticas de Estado. Que alguien de Villa Inflamable, que son personas excluidas, haya originado la causa más importante que tiene en la actualidad el Poder Judicial es algo relevante. Hay que aceitar los mecanismos para que, en la práctica, todas las personas sean iguales ante la ley. El caso de los indígenas del Chaco también llegó a la Corte. Es la primera vez en la historia que suceden hechos de esta naturaleza. Y esto es muy importante”, señaló Ricardo Lorenzetti.–¿Y el caso de la audiencia por el derecho a la vivienda?–Es muy importante y difícil. Es un gran debate, que incluye la cuestión de los inmigrantes. ¿Cuál es la relación que debe tener la sociedad y el Estado con alguien que vive en la calle? Son personas muy vulnerables. En este caso, estamos hablando de una persona que tiene un chico discapacitado y terminó en la vía pública cuando finalizó el subsidio que recibía. Esto disparó un amparo judicial, que ganó en primera instancia, pero que revocó el máximo tribunal de justicia de la Ciudad de Buenos Aires. A nosotros nos parece que la Justicia debe reflejar las necesidades de los más postergados. Es un tema que involucra a la sociedad. ¿Es posible que alguien quede en la calle con un chico discapacitado? ¿Cuál es la extensión de la responsabilidad? Por el otro lado, es un tema difícil porque ese subsidio lo paga el Estado, que tiene recursos limitados y se puede dar la posibilidad de que cualquiera reclame. Creo que se debe poner la cuestión en un espacio de debate público y encontrar una solución que resuelva el problema de la dignidad humana y, al mismo tiempo, la restricción presupuestaria de una manera que no afecte la gobernabilidad. Cuando convocamos lo hacemos para resolver el caso puntual, pero también para instalar la problemática en el seno de la sociedad, como ocurrió con el Riachuelo, con los aborígenes del Chaco, con los desmontes en Salta... Cada una de las audiencias públicas tiene ese efecto y nos parece muy importante que se discuta.
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