Miguel Angel Robles es un policía atípico, la oveja descarriada que denuncia el accionar ilegal de los integrantes de la fuerza. Su libro fue quemado por desconocidos que entraron al Archivo de la Memoria en Córdoba. Secunda a Nilda Garré en Seguridad.
Por Tomas Eliaschev
La sangrienta represión que protagonizaron policías federales y metropolitanos en ocasión de la toma, por parte de cientos de vecinos sin techo, del Parque Indoamericano generó una conmoción que llevó a que se creara el Ministerio de Seguridad. A Nilda Garré, que venía de lidiar con los resabios dictatoriales de las Fuerzas Armadas en la cartera de Defensa, le tocó asumir para resolver aquella problemática en que los sectores reaccionarios se sienten más cómodos. Con la premisa de una política de seguridad democrática, la ministra armó su equipo y nombró a Miguel Ángel Robles como subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra el Criminalidad Organizada.La llegada de este policía cordobés a la función pública es más que simbólica. Robles se destacó como investigador de homicidios pero trascendió al investigar la muerte de su padre, el comisario José Elio Robles, asesinado en 1975 por la temible Dirección de Inteligencia Policial-D2 de Córdoba. La maquinaria del terrorismo de Estado hizo que el asesinato fuera atribuido a los Montoneros. Y creció pensando eso. Pero las balas fueron disparadas por una patota policial. El año pasado, Robles publicó el libro La búsqueda, en donde el sobreviviente Charlie Moore, ex guerrillero del ERP, brinda valiosísimo testimonio de los años que estuvo detenido en la D2, donde fue obligado a colaborar con los represores. Tras escaparse denunció las atrocidades cometidas en esa dependencia policial, que torturó y asesinó también a policías. Y que se dedicó lisa y llanamente al robo y hasta incluso la trata de personas.No bien llega a la entrevista, que se realizó en su despojada y austera oficina ubicada en el edificio de la ruidosa esquina de San Juan y Jujuy, Robles se muestra preocupado porque el domingo 24 un grupo de desconocidos ingresó en el Archivo Provincial de la Memoria, en Córdoba, y prendió fuego los ejemplares de su libro. “Fue lo único que se quemó. Pareciera que hay un tema con los incendios. Después que mataron a mi viejo, mi vieja fue a la policía a reclamar porque no le pagaban lo que le correspondía. Le dijeron que el expediente se había quemado en un incendio en el que sólo se había perdido ese expediente. Mi vieja comprendió y tuvo que esperar a que vuelva la democracia para hacer el reclamo”, rememora.–¿Por qué mataron a su padre?–Mi viejo no era el objetivo principal. Pero no paraba de putear, en todos lados, porque la D2 había matado a su amigo de toda la vida, Simeón Alejandro Douglas Paz, un policía que no toleraba la corrupción y no cedía en absoluto con esta idea de convertir a la policía en una banda de chacales. No lo podían sacar, tenía un legajo impecable. Lo mató la policía con una ráfaga de FAL, lo partieron en dos delante de los hijos. Fue un quiebre. Los policías se podían odiar, pero no matarse. El jefe de policía, el comisario Alberto Choux, era peligrosísimo. Ahora está en Carlos Paz, con prisión domiciliaria. Estos tipos formaron una escuela, el D2, que tiene ramificaciones hasta hoy.–¿Cómo se expresa esa continuidad?–En Córdoba la represión tuvo una virulencia mucho más intensa. La policía tuvo una presencia mucho más activa, hicieron inteligencia y el trabajo sucio. Era una estructura represiva con gente muy joven que sigue vigente, como Carlos “el Tucán” Yanicelli, que adoctrinó a la tropa y ahora está condenado. Cuando es descubierto como integrante de la plana mayor del gobernador Mestre lo pasan a retiro. Lo defiende Oscar Aguad, que decía que era buen policía. Yanicelli es padrino del hijo mayor del jefe de la policía cordobesa, Alejo Paredes.–¿Qué significa la creación del Ministerio de Seguridad?–Nunca nadie enfrentó a la estructura policial de origen marcial. Nilda tiene la visión directa de las mujeres. Ella fue y, de una forma sincera, les dijo a los comisarios que si hay corrupción se terminó. Estamos avanzando, aunque hay una infinidad de problemas. Es una tarea de años, no se va a cambiar en unos meses. El poder civil jamás había intervenido directamente en la seguridad. Hubo un intento en los ’70, con Esteban Righi, pero duró muy poco.Pese a la oposición de su madre, Robles entró a la policía en el ’89. Quienes conocieron a su padre quedan impresionados por el parecido físico. Formó parte de la tropa especial y fue custodio del gobernador Eduardo Angeloz y de Ramón Mestre (padre). Se destacó en la División Homicidios y luego en comunicaciones de la Policía Judicial, resolviendo casos como el del violador serial Marcelo Sajen, el del homicida y golpeador Alejandro Bertotti, que apuñaló a su mujer embarazada, y el de Martín “Porteño” Luzzi, el delincuente más buscado de Córdoba. Además, participó en la investigación de 900 homicidios. Había sido convocado para hacer un riguroso entrenamiento de 18 semanas en la academia del FBI, en Quantico, a 60 kilómetros de la capital estadounidense.Para Robles, su profesión es un sacerdocio. Con 40 años, soltero y sin hijos, dedica todo su tiempo a la función pública. Se maneja sin custodios y no tiene auto. Es profesor de literatura y su hobby es la fotografía. No son pocas sus responsabilidades: está a cargo de los operativos Cinturón Sur y Centinela, que implicaron el desembarco de la Gendarmería y la Prefectura en el sur porteño y el conurbano. Y la ministra lo envió a que supervise personalmente las pericias por la muerte del joven Ariel Domínguez, donde el policía federal Ariel Mendoza dice que se le cayó el arma accidentalmente.–¿Fue un caso de gatillo fácil?–Todavía no sabemos qué pasó. Se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Se acabó el espíritu de cuerpo de los miembros de la fuerza, ya lo dijo la ministra. Los policías no tienen que perseguir a nadie con el arma en la mano. Tienen que detenerlo, no pegarle un tiro.–¿Hay dos modelos policiales?–Sí, uno, el que nos enseñaron; el del poder de fuego: más largo el fierro, más tiros. ¿Para qué tanto quilombo? Fomentan el duelo entre hermanos, porque los integrantes de las fuerzas de seguridad vienen del pueblo. La mano dura, bajar la edad de imputabilidad, poner más cárceles, puede dar cierta tranquilidad pero es tirar mugre debajo de la alfombra. Se beneficia el que vende seguridad: custodios, asesores, el que vende los uniformes, las armas, las cámaras, es todo un gran negocio. La seguridad termina siendo uno de los productos más caros. –¿Y el que ustedes proponen?–Es una policía comunitaria. La inseguridad es un problema social. Se han consolidado bolsones de pobreza en base a años y años de olvido social y abandono del Estado. El barrio obrero se hizo indigente en los ’90. Hubo un proceso de desplazamiento feroz. Hay que evitar que estos barrios sean guetos, como está pasando con la 1-11-14, donde el Estado ni limpia las calles. Si los pibes no tienen laburo, no van a la escuela, el problema va a persistir. Hay que atacar la causa antes que el efecto. Escuché decir a Osvaldo Bayer que los policías deberían ser docentes. Las sociedades más seguras son las más educadas, no las más armadas. La cuestión es si sólo confiamos la seguridad a la represión o buscamos una solución integral.–¿Cuáles son las prioridades en su cargo?–En delitos complejos, el narcotráfico y la trata son los dos grandes ejes, junto con el tema desarmaderos. Ponemos la atención en la oferta. Se pueden sacar kilos de droga de la calle, pero si no se ataca la estructura criminal, no se avanza. En los ’90 comenzaron los operativos grandes con mucha información que venía de Estados Unidos. Ahora desarrollamos inteligencia autóctona: trabajamos de manera coordinada pero en un pie de igualdad, con respeto por la soberanía. La lucha es contra el narcotráfico estructural, como se puede ver en los operativos que hicimos en el Norte y en el Río de la Plata. Es duro decirlo, pero no hay delito complejo ni estructura criminal donde no haya una pata policial.–En el caso del Operativo Transparencia se detuvo a dos gendarmes.–Eran 966 kilos 342 gramos, los llevaban dos gendarmes en una camioneta. Fue la misma fuerza la que los detuvo. La Gendarmería se está plantando en todo el país contra el narcotráfico. Entonces los narcos tratan de infiltrarse, de captar la estructura. Nosotros nos planteamos buscar la pata de adentro, porque tiene que estar. –¿Con la radarización los militares van a intervenir en la lucha contra el narcotráfico?–El Escudo Norte no implica que los militares se metan en temas de seguridad interior. Que hagan apoyo logístico no quiere decir que se metan en la lucha contra el narcotráfico. Lo que necesitamos son radares que controlen vuelos más bajos que los 1.400 metros, que es por donde pasan las avionetas. El Escudo Norte nace para atacar la oferta, la estructura criminal. El que diga que hay una salida definitiva, miente.–¿Qué hacen los gendarmes en los barrios si encuentran a alguien con drogas?–El 80 por ciento de las causas penales por drogas son de consumidores. No voy a entrar en si se debe o no legalizar el consumo. Queremos atacar lo estructural, no criminalizar al consumidor. La propuesta es evitar la detención, labrar un acta y ponerlo a disposición de un tribunal, no meter presa a una persona porque tiene un porro. Perseguir el consumo termina representando un desgaste muy grande para las fuerzas de seguridad. ¿Qué hacemos con un pibe con un paco y una pipa encima? Se está destruyendo, ¿lo metemos preso y terminamos de destruirlo? Hay que llevarlo al hospital.–¿Cómo se plantean la lucha contra la trata?–Con la misma lógica que con el narcotráfico. Cuesta eliminar la discriminación de género. Es un delito que fue invisible durante muchos siglos y se hizo visible gracias al aporte y reclamo de las víctimas. Valoramos mucho la participación de la comunidad.
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