COMO PARA VOLVERSE LOCOS

La comisión legislativa que evalúa el cumplimiento de la Ley 448 concluyó que la falta de nombramientos de profesionales y la paralización de las obras provocó una caída en la cantidad de prestaciones. Aseguran que no hay un plan de salud mental.

Por Eduardo Videla

En la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de prestaciones en salud mental –consultas y prácticas terapéuticas– cayó un 16 por ciento en los últimos tres años y, según la comisión legislativa que evalúa el cumplimiento de la Ley de Salud Mental, esta disminución obedece a la falta de nombramiento de profesionales y a la paralización de las obras de infraestructura, que restan posibilidades de atender a los pacientes. Esa es una de las conclusiones sobresalientes del informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448, presentado ayer en la Legislatura. La demora en la apertura de servicios de salud mental en hospitales generales –como exige la norma– es otra de las falencias que destacó la comisión. En cambio, los legisladores resaltaron como positiva la remoción del director de Salud Mental, el conflictivo psiquiatra Gregorio Alcaín, quien se caracterizó por aplicar un “modelo autoritario de gestión” en el área.

El informe fue presentado por la presidenta de la comisión, María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires), acompañada por otros integrantes: Diana Maffía (Coalición Cívica), Jorge Selser (Proyecto Sur) y Mateo Romeo (PJ). Adhirió María José Lubertino y no estuvieron presentes los tres legisladores del PRO que integran la comisión.

De acuerdo con la presentación, el área de salud mental está afectada por diferentes problemas, entre los que se encuentran:

- La suspensión de obras largamente reclamadas, en particular la refuncionalización del Hospital Infanto Juvenil Tobar García, donde la dirección funciona en un pasillo y “un mismo consultorio es compartido por dos y hasta tres servicios”; y las obras del Hospital Alvear, paralizadas desde 2008 y con un financiamiento que no es suficiente para su finalización.

- Los recortes y restricciones presupuestarios generados en el área de Hacienda que afectaron la provisión de insumos y el mantenimiento hospitalario.

- La política de jubilaciones compulsivas, por la cual “se intimó a trabajadores a iniciar los trámites dentro de los 30 días de recibida la comunicación, bajo apercibimiento de cesantía”.

- Demoras injustificadas en la designación de personal.

- La inexistencia de un plan de salud mental, tal como requiere la Ley 448.

- El no reconocimiento de los psicólogos para ocupar cargos de jefatura de división, pese a que están reconocidos por la Ley de Salud Mental para desempeñar esa función. Naddeo citó el caso de un psicólogo a quien rechazaron su nombramiento como jefe de servicio en el Hospital Alvarez y anunció la presentación de un proyecto para anular el decreto que lo excluyó.

“La totalidad de las instituciones está disminuyendo su planta de trabajadores en todos los rubros: profesional, administrativo, técnico y maestranza”, advierte el relevamiento de la comisión. Naddeo consideró que la gestión del ex director Gregorio Alcaín “puso al área al borde de un vaciamiento nunca visto”. En efecto, apenas asumió, el funcionario removió de sus cargos a los directores del Hospital Moyano y del Centro de Salud Ameghino, generando un fuerte movimiento de resistencia gremial.

“El repudio generalizado a esa gestión concluyó con la separación de Alcaín y la designación de Juan Garralda (quien estaba a cargo de la dirección del Hospital Borda) como nuevo director general de salud mental”, destacó Naddeo. Esa designación vino acompañada por la rejerarquización del área, reclamada por los profesionales del sector.

El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había anunciado en abril de 2008 la construcción de diez nuevos centros psiquiátricos de internación y el cierre de los actuales neuropsiquiátricos. El plan naufragó, ya que se contradice con las recomendaciones de la OMS –y de la propia Ley 448– que prioriza la atención de salud mental en los hospitales generales.

A la fecha, sólo se han habilitado ocho camas en el Hospital Fernández, aunque exclusivamente para atención de pacientes adictos, y un servicio de Hospital de Día en el Alvarez. Pese a todo, se destaca como logro la designación de profesionales especializados en las guardias de casi todo el sistema hospitalario.