Mitos y verdades sobre la ola delictiva y la utilización política de la violencia urbana
El empresario Aníbal Martino sufrió un secuestro express el martes por la noche, al llegar a su domicilio en Ramos Mejía. Allí los asaltantes se llevaron dinero, electrodomésticos y otros valores, antes de efectuar con la víctima una recorrida por cajeros automáticos para liberarlo unas horas después.
El episodio hizo que al día siguiente unos mil vecinos de esa localidad marcharan para exigir seguridad. La protesta duró más de una hora, ocupó dos cuadras de la avenida 25 de mayo y llegó hasta la comisaría 2ª. Entre los presentes había un sujeto que, megáfono en mano, bramó: “Acá no hemos venido a pedir planes de vagancia. ¿Acaso nuestras madres tendrán que usar pañuelos negros para que usted haga algo, señora Presidenta?”. La multitud, entonces, estalló en una ovación. Ello envalentonó al orador. “Llámenme nazi, llámenme fascista, pero los malandras están en las villas”, fueron sus palabras.
Lo cierto es que en este asunto anida un fenómeno curioso: la penalización de la miseria responde a un clamor multisectorial; los reclamos de “mano dura” y “tolerancia cero” –cuya respuesta judicial más nítida es el aumento de las poblaciones carcelarias– provienen indistintamente de clases privilegiadas y pobres. Es en el temor a la violencia urbana donde los extremos socioeconómicos se tocan y se sobresaltan mutuamente. Todos quieren protegerse. No sólo está en juego el pánico experimentado por ricos y famosos, sino que también cuenta la proverbial sensibilidad propietaria de clase media, sin dejar de lado el síndrome de indefensión padecido por las capas más empobrecidas. Para estas últimas, la inestabilidad extrema es un dato permanente y cotidiano; por lo general, no saben cómo subsistir hasta el día siguiente, y ser víctima de un delito se agrega de manera dramática a esa situación. Debido a ello expresan un pedido de orden ciego e inmediato. Es una paradoja, claro, que los sectores más desamparados sean también los más propensos en pedir políticas autoritarias, aunque éstas les sean esencialmente nefastas. Ocurre que, como ya no le pueden reclamar seguridad social a Estado, terminan pidiendo, simplemente, seguridad a secas.
“No soy nazi. Pero hay que terminar con los chicos de las villas, porque son irrecuperables”, insistió el hombre del megáfono.
Era Gabriel Lombardo, quien encabeza la organización Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi). Vinculado al espacio político de Francisco de Narváez y con una módica celebridad por haber fogoneado manifestaciones similares junto a Constanza Guglielmi (hija del fallecido represor Alejandro Guglielmi), Lombardo supo amasar el sueño de convertirse en el nuevo Blumberg. Y sin ocultar sus relaciones con efectivos de la Bonaerense sospechados de graves delitos. De hecho, fue él quien impulsó la creación de la comisaría de Lomas del Mirador, cuya cúpula suele comer asados en su hogar. Cabe recordar que justamente en esa dependencia fue visto por última vez el adolescente Luciano Arruga, quien habría sido secuestrado por negarse a robar para la policía. En resumidas cuentas, la figura de Lombardo sintetiza la trama oculta que suele haber tras los casi siempre legítimos reclamos por mayor seguridad; a saber: la exacerbación del miedo social y el gerenciamiento policial del delito.
Cantos de sirena. Durante las últimas semanas, el hecho en el que fue baleada Carolina Píparo, junto con dos asaltos con toma de rehénes (el de la sucursal Pilar del Banco Nación y el de un edificio del barrio de Palermo), hicieron que el tema de la inseguridad retornara a la cima mediática, junto con su más reciente ladero conceptual: el debate para bajar la edad de imputabilidad de los menores, pese a que todos los autores de los episodios mencionados tenían más de 18 años.
Al respecto, por caso, el diario Clarín suele publicar estadísticas alarmantes, pero omitiendo la fuente de las mismas, tal como puntualizó Eduardo Anguita en su columna Van der Koy, condenado al éxito, publicada el 18 de agosto en el diario Tiempo Argentino. Lo cierto es que, según cifras aportadas por el Ministerio de Justicia bonaerense, los índices de los delitos contra la propiedad no experimentaron aumento alguno durante el último lustro, en tanto que –según la Secretaría de Política Criminal– los asesinatos en ocasión de robo apenas arañan el 38 por ciento del total de muertes violentas, en tanto que el resto corresponde a riñas con epílogo fatal y homicidios de género cometidos por parientes o conocidos de las víctimas. Por otra parte, según un estudio de las Naciones Unidas, la Argentina se encuentra entre los cinco países latinoamericanos menos inseguros.
Aún así, la violencia urbana recorre la sociedad argentina como un fantasma apenas disimulado. Ante un cuadro tan intenso, la clase política no se ha mostrado indiferente; por el contrario, funcionarios, legisladores y dirigentes de toda laya enarbolan la lucha contra el delito como su bandera más preciada. Nadie que se precie desconoce la importancia que tiene el tema tanto en una campaña electoral como en una gestión de gobierno. Y en semejante escenario, las fuerzas de seguridad dejan de ser únicamente un resorte para gobernar para convertirse en un arma estratégica. Pero de doble filo.
En un plano histórico, todas las agencias policiales del país hicieron de algunas contravenciones tradicionales parte de su sistema de supervivencia: capitalistas del juego, proxenetas y comerciantes irregulares trabajan desde siempre en sociedad forzada con las comisarías, pagando un canon para seguir existiendo.
En los últimos años, sin embargo, a este estilo de trabajo se agregaron otros pactos con hacedores de una gran cantidad de delitos contemplados por el Código Penal. Mediante arreglos, extorsiones, impuestos, peajes y tarifas o, lisa y llanamente, a través de la complicidad directa, los uniformados participan en un diversificado mercado de asuntos, siendo los más lucrativos el tráfico de drogas, los desarmaderos, la piratería del asfalto, la concesión de zonas liberadas para cometer asaltos y los secuestros extorsivos.
El punto de inflexión entre ambas etapas fue, sin duda, la última dictadura militar, en cuyo transcurso los policías incorporaron a sus cajas los dividendos obtenidos a través de un sinfín de delitos graves y, en algunos casos, hasta aberrantes, como, por ejemplo, los secuestros. Y fue en la década del noventa cuando estas actividades adquirieron, digamos, un sesgo absolutamente empresarial. Finalmente, en los albores del nuevo milenio, los hombres de azul incorporarían a menores de 18 años como mano de obra criminal y con fecha de vencimiento.
Doctrina de la seguridad. Quienes hacen de los reclamos de seguridad una militancia no suelen reparar en el hilo que une a las fuerzas policiales con el delito. Ni es común que interpreten el fenómeno de la violencia urbana como la manifestación más explícita y brutal de un proceso histórico algo perverso; incluso, parecería que las palabras causa o motivo no figuran en sus diccionarios, como tampoco el término tolerancia, salvo cuando está unido al vocablo cero.
Para ellos, la corrupción policial es apenas un dato nimio. En consecuencia, sostienen que la mayor limitación de los uniformados gira en torno de sus escasas atribuciones, las cuales suelen verse recortadas por leyes, sin duda, hechas para favorecer a los delincuentes, quienes –según su óptica– son los únicos ciudadanos que realmente gozan de derechos humanos. Esta línea de pensamiento también pone especial énfasis sobre la inutilidad del sistema jurídico en relación con su correlato carcelario. En otras palabras, entiende como lamentable que un preso, tras haber cumplido su condena, recupere la libertad. Y ni hablar de quienes son excarcelados de manera condicional. Tal lógica, desde luego, está asentada en el hecho de que muchos delitos son cometidos por delincuentes reincidentes. Como si fuese más agradable ser asesinado por un facineroso primerizo. De igual modo son objeto de críticas tanto las leyes penales como los códigos de procedimiento, especialmente cuando se refieren a delitos excarcelables, ya que –para sus detractores– posibilitan que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por la otra”.
Sin embargo, las estadísticas demuestran que eso no es exactamente así. Tomando sólo por caso el sistema carcelario que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuya capacidad de alojamiento es de 12 mil plazas, se podrá apreciar que su estructura ya se encontraba colapsada en 1995, con una población de 16 mil internos. Cuatro años después, dicha cifra trepó a 19 mil, mientras que en la actualidad hay unos 26 mil reclusos. Eso no es todo; debido, justamente, a estas circunstancias, otros 8 mil se hacinan en comisarías policiales, cuyas instalaciones no fueron concebidas con fines carcelarios. Tampoco es un dato menor que el 73 por ciento de las personas privadas de su libertad tengan su causa judicial en trámite, sin estar aún condenados o absueltas. En este punto cabe destacar que el crecimiento de las poblaciones penales, en vez de provocar una baja en las estadísticas del delito, curiosamente, establecen una proporcionalidad directa con ella.
Tal vez eso lo sepa el señor Lombardo. Sin embargo, no dudaría en repetir: “Los malandras están en las villas”. Y la multitud replicará: “¡Seguridad! ¡seguridad!.
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