"ES POSIBLE TERMINAR CON LA TORTURA"

Claudio Grossman, especialista en Derecho Internacional y en Derechos Humanos, analizó en diálogo con Página/12, los avances alcanzados a partir de las convenciones y reclamó mayor compromiso de los Estados en la inclusión de los sectores vulnerables.

Por Adrián Pérez

Decano de la Facultad de Derecho de la American University Washington College of Law, el chileno Claudio Grossman fue elegido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1996 y 2001, y en abril fue reelecto como presidente del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. De visita por Buenos Aires, el especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos disertará esta tarde en el panel “Prohibición de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, que comenzó ayer en el Salón Libertador del Palacio San Martín. “Cuando se viola la prohibición contra la tortura se produce un deterioro generalizado del estado de derecho”, advierte Grossman, invitado especial a las jornadas organizadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Asociación para la Prevención de la Tortura y la Cancillería argentina. Desde su oficina en Washington, Grossman dialogó en exclusiva con Página/12 sobre la política de derechos humanos de los Estados Unidos a partir del arribo de Barack Obama a la Casa Blanca; la experiencia cosechada durante su paso por la presidencia de la CIDH; la situación de las mujeres y los pueblos originarios como grupos vulnerables y el informe que elaboró para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile sobre las cuentas bancarias que el dictador Augusto Pinochet tuvo en los Estados Unidos.

–¿Cómo evalúa la política de Barack Obama en los Estados Unidos y el resto del mundo en materia de derechos humanos?

–Me parece valioso que Estados Unidos se haya reincorporado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y haya rechazado los memorandos de la gestión anterior, que restringían la concepción de la tortura a los casos de daño físico o muerte. Es necesario destacar la presencia norteamericana en los temas de género, que tienen una connotación especial en el mundo moderno. Aún se encuentran en curso temas muy importantes, que incluyen el cierre de la prisión de Guantánamo y lidiar con las violaciones del pasado, un tema en proceso de discusión que no ha sido saldado. Es preciso señalar, además, que los derechos humanos no sólo atañen a la política exterior. También deben responder a la situación de los inmigrantes en el país, otro tema que demanda soluciones.

–Desde su experiencia como ex presidente de la CIDH, ¿cómo caracteriza el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos durante los últimos años?

–Pueden reconocerse tres fases. Una primera etapa relacionada con la lucha contra las dictaduras, que se caracterizaban por violaciones sistemáticas de derechos fundamentales (desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias). Un segundo momento es la lucha contra el legado jurídico y cultural de esas dictaduras, y el tercer instante está vinculado con la dirección que deben tener los cambios necesarios para perfeccionar los sistemas políticos en el hemisferio, y realizar plenamente los derechos humanos. Además de los pobres, vivimos en un mundo donde las mujeres y las poblaciones indígenas son grupos vulnerables. En este contexto, hay que asegurar la existencia de cambios que profundicen la democracia y los derechos humanos, rechazando las alternativas que pretenden solucionar los problemas actuales recurriendo a formas autoritarias. La tradición de derechos humanos apunta a la expansión de esos derechos, mientras que el autoritarismo se basa en la concentración del poder. Aunque estas tres fases no son etapas totalmente superadas, entiendo que, en la actualidad, el sistema de derechos humanos (Comisión de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos) pasa por la inclusión de los temas de pobreza y de los grupos vulnerables.

–¿En qué sentido las mujeres forman parte de esos “grupos vulnerables”?

–Si bien hemos completado una fase para otorgarle derechos a la mujer, en la práctica, en ninguno de los 35 países de la región las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Hay estudios que señalan que, por la misma labor, las mujeres perciben alrededor de un 60 por ciento del salario. Los trabajos están organizados para hombres que tienen a alguien en la casa cuidando a los niños. La estructura social está hecha para impedir o limitar la posibilidad de acción de la mujer, y su representación en la Corte Suprema, en los medios empresariales o en el Congreso es muy inferior en relación con los hombres. Eso genera una situación de pérdida de inteligencia muy grande, además de violar un derecho. Deben tomarse medidas positivas para quebrar ese cerco.

–¿Y los pueblos originarios?

–La falta de documentación de títulos de las poblaciones indígenas, que aseguren la permanencia en sus tierras ancestrales, representa un tema muy serio. En estos pueblos los porcentajes de analfabetismo y alcoholismo son superiores que en el resto de la población. Todo esto requiere una acción directa en la región. La Corte Interamericana ha adoptado resoluciones importantes estableciendo el derecho de propiedad fijado en la Convención Americana, frente a la incapacidad del Estado de entregarles esas tierras ancestrales. Observamos, también, cómo se utilizan medidas represivas en contra de los pueblos indígenas para desalojarlos, por eso es prioritario incorporarlos en la agenda de derechos humanos de los gobiernos. Los sistemas internacionales pasan a ser fundamentales en la denuncia y el acompañamiento de los países en la resolución de estos problemas.

–¿Qué políticas públicas deberían implementarse para protegerlos?

–Hay que establecer compatibilidad entre medidas positivas, que favorezcan a los grupos vulnerables, con el principio de igualdad ante la ley. Es el caso de requerir que exista un número de parlamentarios, por ejemplo, que sean mujeres. En general, todos estamos de acuerdo con el principio de igualdad ante la ley. Desde mi experiencia en la universidad, en Estados Unidos, si uno tiene sólo hombres encargados de seleccionar nuevos profesores se produce como un fenómeno de “reproducción celular”, donde la excelencia y el conocimiento únicamente se encuentran en los sectores que se parecen a los grupos encargados de esas elecciones. Si no se determinan medidas positivas que establezcan la necesidad de contratar a un cierto número de mujeres, se vuelve muy difícil romper con ese proceso de “reproducción celular”. Y si las mujeres no ocupan cargos destacados en los tres poderes del Estado, no se cumple con el principio de igualdad ante la ley. La larga herencia machista de nuestros pueblos conspira contra la inclusión de las mujeres en esos espacios.

–También elaboró un informe para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile sobre las cuentas que el dictador Augusto Pinochet abrió en Estados Unidos.

–El gobierno chileno me pidió que escribiera un informe sobre las posibles acciones que podrían surgir de esas cuentas e incluían distintos tipos de responsabilidad. Ideológicamente fue muy significativo porque algunos sectores de la sociedad sostenían que Pinochet podría haber matado gente, pero “no había metido la mano”. A mí no me importa si una dictadura es exitosa económicamente (de ser ése el caso). De ningún modo el derecho penal establece que, con la reestructuración de la economía, se puedan hacer desaparecer seres humanos. Mucho menos que los derechos humanos puedan violarse en función de ciertos “objetivos”. Esta investigación permitió establecer que hubo actos de corrupción y deshonestidad, lo que provocó un impacto en mucha gente que había aprobado la gestión de Pinochet.

–¿Qué mecanismos podrían implementarse para luchar contra la tortura?

–En primer lugar, es importante ratificar la Convención Contra la Tortura. En segundo lugar, hay que denunciar a los responsables de violarla. Si no hay impunidad, si se establece la responsabilidad del Estado en actos de tortura, se logra un efecto preventivo. En tercer lugar, es necesario cumplir con las sugerencias del Comité Contra la Tortura, que buscan plasmar cabalmente todas las obligaciones que la Convención Contra la Tortura determina. El Protocolo de esa convención es significativo porque establece un mecanismo nacional de prevención con la capacidad de visitar cárceles y centros de detención e indicarles a los gobiernos cómo deben manejarse y cuál es la situación en esos centros de detención. Si bien Argentina ratificó el Protocolo, desafortunadamente, a pesar de haber transcurrido cerca de cuatro años, aún no establece ese mecanismo nacional de prevención. El rol de la prensa y la educación es primordial. Aunque suene extraño, algunos individuos consideran todavía que la tortura funciona. En verdad esa práctica ha sido utilizada para castigar y perseguir, a menudo, con efectos discriminatorios. Cuando se viola la prohibición contra la tortura se produce un deterioro generalizado del estado de derecho.

–¿Cuáles serán los ejes de su presentación en las jornadas sobre “Prohibición de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”?

–Voy a hablar sobre la contribución del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. Hay una expresión religiosa que dice que “quien salva una vida es como si salvara al mundo entero”. El Comité Contra la Tortura ha salvado muchas vidas. Además ha logrado la modificación de leyes, ha contribuido en la lucha contra la impunidad y ha reafirmado principios jurídicos elementales, como la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Sin embargo, no puedo afirmar que hayan disminuido en el mundo. La aspiración de quienes crearon el Comité Contra la Tortura fue terminar con esos tormentos. Si bien aún estamos lejos de conseguirlo, quiero reiterar que ése es un logro posible. En buena medida su cumplimiento depende de todos nosotros.