Por Ricardo Foster
Abrir los archivos de la memoria nunca resulta sencillo ni gratuito. Como una oscura caja de Pandora lo que sale una vez abierto ya no depende enteramente de quién o quiénes decidieron su apertura. Jorge Luis Borges decía que “olvidamos para recordar y recordamos para olvidar”, que es en ese extraño y enigmático movimiento de la memoria donde se cifra la trama ardua y compleja de una vida individual o, más intenso y grave, de una sociedad. Abrir los archivos es, entonces, viajar hacia lo que atravesó a fondo cuerpos y conciencias, sentimientos y pasiones, deseos y violencias. Lo alto y lo bajo. Lo noble y lo ruin. Todo se conjuga, se entremezcla y se confunde cuando se reabren los expedientes de un pasado que no ha sido clausurado ni redimido, de un pasado que insiste, como un espectro que cada tanto se presenta sin que lo llamen, alrededor de un presente que, como pocas veces antes, parece estar dispuesto a confrontar con esas lenguas de un ayer que nos devuelven imágenes y experiencias de un horror difícil de absorber y procesar.
El archivo, como la memoria, no es neutral. Su lógica se relaciona con escrituras e intenciones, tiene que ver con batallas hermenéuticas y con dilucidaciones documentales que siempre son materia de inacabables querellas jurídicas y extrajurídicas. No hay, no puede haber, archivo en estado puro porque la contaminación es parte inescindible de su confección. Reunir los hechos, acumular los interminables datos de quiénes estuvieron allí, ordenar y catalogar dándoles más o menos visibilidad a ciertos acontecimientos que a otros, correr una coma mutando el sentido de una frase, ofrecer una visión de conjunto sabiendo que al abrirse la lente algo se pierde. El archivo es el resultado de acciones evidentes y de acciones oscuras, ha sido confeccionado con la materia de una historia que nos remite, como es el caso de los años setenta, hacia regiones en estado de querella. Lo único que pareciera ya no discutirse, o al menos sus adversarios han perdido la legitimidad de la palabra impugnadora, es el papel del terrorismo de Estado, la brutal responsabilidad de la dictadura en la construcción de una política avasalladora de todos los derechos y promotora de una represión que condujo al horror de los campos de concentración y a la multiplicación de a decenas de miles de asesinatos en los que se sustrajeron los cuerpos transformándolos, a los detenidos, en desaparecidos. La sombra de Antígona revolotea desde entonces la geografía del país, de ese mismo país en el que, como escribía Néstor Perlongher, “hay cadáveres”, y sobre esos cadáveres se construyeron pactos horrorosos y se cerraron negocios lucrativos.
Cuando el martes 24 la Presidenta de la Nación abrió una parte de ese archivo lo que regresó es la condición espectral, aquello nunca acallado y siempre susurrado; volvió lo dicho entre murmullos, aquello sabido pero desplazado hacia lo más recóndito, como sabiendo que lo sabido quema y perturba. Su discurso, histórico por su hondura y su reconstrucción de esa trama no visible y oculta de ese pasado ominoso, tuvo, entre otras cualidades, la eficacia de romper la monotonía de un cierto relato que, a lo largo de los años democráticos, venía a cerrar el expediente de las complicidades civiles en la orquestación, puesta en marcha y ejecución de lo que fue el proyecto de la dictadura (un proyecto cuyo vértice principal fue, qué duda cabe, la implementación de una política del terror capaz de inocular el miedo en lo más profundo de las conciencias con la intención de ir mucho más allá de una temporalidad acotada en unos cuantos años para darle forma a una corporalidad marcada por lo siniestro y el fantasma de su retorno). Cristina Fernández, con gesto de orfebre, repasó una historia no narrada, capturó lo olvidado por la memoria oficial y lo hizo recogiendo los hilos dispersos que, adecuadamente entretejidos, le permitió desplegar una trama que se inició con la dictadura de Onganía, continuó con la de Lanusse, se detuvo en la dimensión de lo absolutamente siniestro en los meses finales de 1976 y se prolongó, bajo el manto del silencio y la impunidad, durante todos los años de la democracia. Su mérito hay que localizarlo en ese gesto inusual de abrir el archivo, de ponerlo a disposición de la Justicia pero involucrando decididamente a la sociedad, volviendo, su interpretación, un asunto público, una responsabilidad compartida.
Doble gesto que habilitó, por un lado, la posibilidad de una indagación en sede tribunalicia, indagación que, dada la gravedad de lo juzgado, involucra acciones y omisiones, relatos y actores de un modo cuyo desenlace excede largamente la propia decisión judicial; y, por el otro, delegó en el Congreso de la Nación el debate en torno a una ley que proteja la producción y distribución igualitaria de pasta de celulosa para papel prensa, obligando a diputados y senadores a hacerse cargo de una de las cuestiones centrales a la hora de defender el tan manoseado concepto de “libertad de prensa”. Cristina Fernández abrió la caja de Pandora pero no lo hizo para cerrarla inmediatamente y como un mero gesto espectacular, de esos que se agotan en el instante de ser producidos. Lo hizo sabiendo que aquello que se abría contaminará las disputas por el presente, el futuro y el pasado; que ese archivo de la memoria nos colocará, en tanto sociedad, delante de la obligación de revisar un ayer cuya insistencia sigue perturbando, bajo la forma de lo espectral, los días actuales. Raro gesto, el de la Presidenta, que, desde el máximo poder de la República, asume la responsabilidad de interrogar lo no dicho de esta historia lejana y demasiado próxima.
Algunos, como en otras ocasiones, hablarán de impostura, de aprovechamiento político, de intento de llevar agua al molino propio, de utilización arbitraria de los derechos humanos. Dirán, ninguneando la significación enorme de lo señalado en el salón de los patriotas latinoamericanos, que se trata de un cálculo electoral, de una obsesión malsana por regresar a los setenta sin dar cuenta de la totalidad de la historia, silenciando lo que no les interesa o, simplemente, simplificando hasta lo burdo una época laberíntica y compleja. Dirán que el fraude y la ficción se dieron la mano en ese discurso. Otros, más directos y sin tanto alambicamiento académico, arrojarán sin ningún pudor y a boca de jarro el relato del “montonerismo gubernamental”, hablarán con apolillados lenguajes rescatados de los arcones de la doctrina de la seguridad nacional y de las retóricas implementadas en las salas de tortura. Recordarán que este es el único país en el que los vencedores han sido derrotados en el plano del relato histórico, y que esa derrota se debe a la estrategia “gramsciana” de los derrotados en una guerra civil que, por la astucia envenenada de los vencidos, transmutó el oro en barro y la verdad en mentira. Algún refinado exponente de la crítica exprogresista escribirá sobre la condición mesiánica que entrelaza a los viejos montoneros con los actuales gobernantes jugando con una genealogía sostenida sobre una devastación de la propia historia y de sus extraordinarias mutaciones. Regresarán, con ímpetu, los contrarrelatos de “la guerra sucia” (así lo llaman al terrorismo de Estado), se exigirá la historia completa, se buscará revitalizar la teoría de los dos demonios y, los más bondadosos, pedirán que los argentinos copiemos el “maravilloso ejemplo” de Mandela y de su política de olvido y reconciliación.
Cuando se abren los archivos de la memoria, y se lo hace del modo como lo hizo Cristina Fernández, sus consecuencias se sustraen a quién hizo el gesto de origen. Se abren para que la sociedad, o algo parecido a lo que imaginamos como una sociedad democrática, se pueda confrontar con sus núcleos dolorosos, que pueda interrogar lo silenciado y lo obturado, aquello que nos devuelve a lo no resuelto. Se lo hace porque no se teme a las consecuencias generadas por esa decisión, porque se confía en la madurez democrática y, claro, porque se tiene la tranquilidad de no ser responsable de una historia de horrores e iniquidades. Pero se lo hace también sabiendo que las vicisitudes del pasado no nos devuelven imágenes de pureza y transparencia, que en ellas se mezcla la generosidad idealista y la ceguera dogmática, la búsqueda de la justicia y sus desvíos vanguardistas. Porque revisar los setenta es no sólo detenerse en las políticas de la represión, no es apenas dar cuenta del plan de exterminio montado por la dictadura cívico-militar, es también incursionar críticamente por las experiencias de los movimientos revolucionarios, por sus contradicciones y sus errores, sabiendo que existe una distancia inconmensurable entre quienes fueron las víctimas del terrorismo de Estado y quienes fueron los victimarios. Hay quienes están dispuestos a borrar esa línea de separación, quienes prefieren intercambiar semántica y realmente a víctimas y victimarios en nombre de una supuesta “verdad histórica” que, en la actualidad, los acaba colocando junto a los reaccionarios de siempre.
Horacio González ha escrito con palabras precisas lo que intento destacar: “Un gobierno con una realidad de minoría o empate parlamentario no debe ser minoritario en el acto de tomar las fuerzas de la historia en sus manos. Estas son las fuerzas de la libertad colectiva, de la pedagogía de masas y del esclarecimiento de su propio pensamiento, en términos de renunciar al uso de la coacción estatal, de dejar que reinen las pulsiones del argumento persuasivo, dirigido en especial a quienes lo atacan o consideran que no posee legitimidad para hablar de historia, memoria y derechos humanos. Pero en estos casos hablan los actos. Es cierto que en cuerda simultánea debe hablar el habla, deben hablar las palabras. Muchas ya se han dicho”. Los actos y las palabras están sobre la mesa, han sido realizados y han sido pronunciadas. Los archivos de la memoria se han abierto una vez más y nos desafían a estar a la altura de la verdad y de la justicia.
El archivo, como la memoria, no es neutral. Su lógica se relaciona con escrituras e intenciones, tiene que ver con batallas hermenéuticas y con dilucidaciones documentales que siempre son materia de inacabables querellas jurídicas y extrajurídicas. No hay, no puede haber, archivo en estado puro porque la contaminación es parte inescindible de su confección. Reunir los hechos, acumular los interminables datos de quiénes estuvieron allí, ordenar y catalogar dándoles más o menos visibilidad a ciertos acontecimientos que a otros, correr una coma mutando el sentido de una frase, ofrecer una visión de conjunto sabiendo que al abrirse la lente algo se pierde. El archivo es el resultado de acciones evidentes y de acciones oscuras, ha sido confeccionado con la materia de una historia que nos remite, como es el caso de los años setenta, hacia regiones en estado de querella. Lo único que pareciera ya no discutirse, o al menos sus adversarios han perdido la legitimidad de la palabra impugnadora, es el papel del terrorismo de Estado, la brutal responsabilidad de la dictadura en la construcción de una política avasalladora de todos los derechos y promotora de una represión que condujo al horror de los campos de concentración y a la multiplicación de a decenas de miles de asesinatos en los que se sustrajeron los cuerpos transformándolos, a los detenidos, en desaparecidos. La sombra de Antígona revolotea desde entonces la geografía del país, de ese mismo país en el que, como escribía Néstor Perlongher, “hay cadáveres”, y sobre esos cadáveres se construyeron pactos horrorosos y se cerraron negocios lucrativos.
Cuando el martes 24 la Presidenta de la Nación abrió una parte de ese archivo lo que regresó es la condición espectral, aquello nunca acallado y siempre susurrado; volvió lo dicho entre murmullos, aquello sabido pero desplazado hacia lo más recóndito, como sabiendo que lo sabido quema y perturba. Su discurso, histórico por su hondura y su reconstrucción de esa trama no visible y oculta de ese pasado ominoso, tuvo, entre otras cualidades, la eficacia de romper la monotonía de un cierto relato que, a lo largo de los años democráticos, venía a cerrar el expediente de las complicidades civiles en la orquestación, puesta en marcha y ejecución de lo que fue el proyecto de la dictadura (un proyecto cuyo vértice principal fue, qué duda cabe, la implementación de una política del terror capaz de inocular el miedo en lo más profundo de las conciencias con la intención de ir mucho más allá de una temporalidad acotada en unos cuantos años para darle forma a una corporalidad marcada por lo siniestro y el fantasma de su retorno). Cristina Fernández, con gesto de orfebre, repasó una historia no narrada, capturó lo olvidado por la memoria oficial y lo hizo recogiendo los hilos dispersos que, adecuadamente entretejidos, le permitió desplegar una trama que se inició con la dictadura de Onganía, continuó con la de Lanusse, se detuvo en la dimensión de lo absolutamente siniestro en los meses finales de 1976 y se prolongó, bajo el manto del silencio y la impunidad, durante todos los años de la democracia. Su mérito hay que localizarlo en ese gesto inusual de abrir el archivo, de ponerlo a disposición de la Justicia pero involucrando decididamente a la sociedad, volviendo, su interpretación, un asunto público, una responsabilidad compartida.
Doble gesto que habilitó, por un lado, la posibilidad de una indagación en sede tribunalicia, indagación que, dada la gravedad de lo juzgado, involucra acciones y omisiones, relatos y actores de un modo cuyo desenlace excede largamente la propia decisión judicial; y, por el otro, delegó en el Congreso de la Nación el debate en torno a una ley que proteja la producción y distribución igualitaria de pasta de celulosa para papel prensa, obligando a diputados y senadores a hacerse cargo de una de las cuestiones centrales a la hora de defender el tan manoseado concepto de “libertad de prensa”. Cristina Fernández abrió la caja de Pandora pero no lo hizo para cerrarla inmediatamente y como un mero gesto espectacular, de esos que se agotan en el instante de ser producidos. Lo hizo sabiendo que aquello que se abría contaminará las disputas por el presente, el futuro y el pasado; que ese archivo de la memoria nos colocará, en tanto sociedad, delante de la obligación de revisar un ayer cuya insistencia sigue perturbando, bajo la forma de lo espectral, los días actuales. Raro gesto, el de la Presidenta, que, desde el máximo poder de la República, asume la responsabilidad de interrogar lo no dicho de esta historia lejana y demasiado próxima.
Algunos, como en otras ocasiones, hablarán de impostura, de aprovechamiento político, de intento de llevar agua al molino propio, de utilización arbitraria de los derechos humanos. Dirán, ninguneando la significación enorme de lo señalado en el salón de los patriotas latinoamericanos, que se trata de un cálculo electoral, de una obsesión malsana por regresar a los setenta sin dar cuenta de la totalidad de la historia, silenciando lo que no les interesa o, simplemente, simplificando hasta lo burdo una época laberíntica y compleja. Dirán que el fraude y la ficción se dieron la mano en ese discurso. Otros, más directos y sin tanto alambicamiento académico, arrojarán sin ningún pudor y a boca de jarro el relato del “montonerismo gubernamental”, hablarán con apolillados lenguajes rescatados de los arcones de la doctrina de la seguridad nacional y de las retóricas implementadas en las salas de tortura. Recordarán que este es el único país en el que los vencedores han sido derrotados en el plano del relato histórico, y que esa derrota se debe a la estrategia “gramsciana” de los derrotados en una guerra civil que, por la astucia envenenada de los vencidos, transmutó el oro en barro y la verdad en mentira. Algún refinado exponente de la crítica exprogresista escribirá sobre la condición mesiánica que entrelaza a los viejos montoneros con los actuales gobernantes jugando con una genealogía sostenida sobre una devastación de la propia historia y de sus extraordinarias mutaciones. Regresarán, con ímpetu, los contrarrelatos de “la guerra sucia” (así lo llaman al terrorismo de Estado), se exigirá la historia completa, se buscará revitalizar la teoría de los dos demonios y, los más bondadosos, pedirán que los argentinos copiemos el “maravilloso ejemplo” de Mandela y de su política de olvido y reconciliación.
Cuando se abren los archivos de la memoria, y se lo hace del modo como lo hizo Cristina Fernández, sus consecuencias se sustraen a quién hizo el gesto de origen. Se abren para que la sociedad, o algo parecido a lo que imaginamos como una sociedad democrática, se pueda confrontar con sus núcleos dolorosos, que pueda interrogar lo silenciado y lo obturado, aquello que nos devuelve a lo no resuelto. Se lo hace porque no se teme a las consecuencias generadas por esa decisión, porque se confía en la madurez democrática y, claro, porque se tiene la tranquilidad de no ser responsable de una historia de horrores e iniquidades. Pero se lo hace también sabiendo que las vicisitudes del pasado no nos devuelven imágenes de pureza y transparencia, que en ellas se mezcla la generosidad idealista y la ceguera dogmática, la búsqueda de la justicia y sus desvíos vanguardistas. Porque revisar los setenta es no sólo detenerse en las políticas de la represión, no es apenas dar cuenta del plan de exterminio montado por la dictadura cívico-militar, es también incursionar críticamente por las experiencias de los movimientos revolucionarios, por sus contradicciones y sus errores, sabiendo que existe una distancia inconmensurable entre quienes fueron las víctimas del terrorismo de Estado y quienes fueron los victimarios. Hay quienes están dispuestos a borrar esa línea de separación, quienes prefieren intercambiar semántica y realmente a víctimas y victimarios en nombre de una supuesta “verdad histórica” que, en la actualidad, los acaba colocando junto a los reaccionarios de siempre.
Horacio González ha escrito con palabras precisas lo que intento destacar: “Un gobierno con una realidad de minoría o empate parlamentario no debe ser minoritario en el acto de tomar las fuerzas de la historia en sus manos. Estas son las fuerzas de la libertad colectiva, de la pedagogía de masas y del esclarecimiento de su propio pensamiento, en términos de renunciar al uso de la coacción estatal, de dejar que reinen las pulsiones del argumento persuasivo, dirigido en especial a quienes lo atacan o consideran que no posee legitimidad para hablar de historia, memoria y derechos humanos. Pero en estos casos hablan los actos. Es cierto que en cuerda simultánea debe hablar el habla, deben hablar las palabras. Muchas ya se han dicho”. Los actos y las palabras están sobre la mesa, han sido realizados y han sido pronunciadas. Los archivos de la memoria se han abierto una vez más y nos desafían a estar a la altura de la verdad y de la justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario