La derecha estigmatiza a los habitantes extranjeros de las villas por cobrar planes sociales. Datos engañosos y acusaciones ilegales.
Por Carlos Romero, Lucas Cremades y Tomás Eliaschev
En su primera acepción, la Real Academia Española define al acto de discriminar con una fórmula tan breve como eficaz: discriminar es “seleccionar excluyendo”. La sociedad aplica ese mecanismo en distintos niveles, pero nunca lo hace de forma tan descarnada y estigmatizante como en las villas miseria, adonde el sistema envía a todos aquellos que fueron seleccionados y excluidos. Sin embargo, aun dentro de las villas hay margen para seguir discriminando. Porque, al menos para un sector de la sociedad, la prensa y la política, una cosa es ser villero y otra, ser villero e inmigrante.
En su edición del lunes 6 de septiembre, el diario La Nación llevó a tapa un extenso informe donde estableció un vínculo directo entre los inmigrantes llegados de los países limítrofes y la marginalidad, las villas y la asistencia social. El resto corrió por cuenta de sus foristas, que poblaron el sitio web del diario con opiniones furiosas y de claro corte xenófobo, donde se construyó un perfil del migrante llegado del Paraguay, de Perú y Bolivia, como íntimamente ligado a la delincuencia y dedicado a vivir de las prebendas del Estado local, sin trabajar ni pagar impuestos.
“Con nuestro dinero subsidian a extranjeros con evidente intencionalidad política”, comentó horino en la web; susalu agregó que “la mayoría de los delincuentes son argentinos hijos de extranjeros que nacieron en las villas” y Paturro posteó que “hay una gran diferencia entre esos laboriosos rusos, italianos y demás y el malandraje que puebla las villas... reclaman el subsidio, la vianda y sus ‘viviendas’, son un semillero de crimen y droga”.
El artículo de La Nación, publicado dos días después del Día del Inmigrante y con un grueso de datos provistos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se tituló “Los extranjeros son mayoría en las villas y planes sociales porteños”, con una bajada donde se remarcaba que “predominan los paraguayos y peruanos” y una foto acompañada de un epígrafe con tono de advertencia: “En la villa 31, de Retiro, abundan las banderas paraguayas”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en su informe de “Buenas Prácticas en la Comunicación Pública” sobre los migrantes, recomienda “no centrar un hecho noticioso en su nacionalidad, sobre todo cuando la noticia supone una información negativa” o en los casos en que ese aspecto “no constituye un dato que aporte sustancialmente”.
Es exactamente lo que sucede con la información elaborada por el gobierno porteño y de la que se hizo eco la “tribuna de doctrina” fundada por Bartolomé Mitre. Sobre todo después de que el 3 de mayo pasado se reglamentara la nueva Ley de Migración 25.871, que vino a reemplazar a la llamada “Ley Videla” y a establecer que el migrante es un sujeto en plenitud de derechos y en condiciones de igualdad con el resto de los habitantes del país. Es decir: no hay fundamento legal que expliqué por qué al gobierno de Mauricio Macri le puede interesar saber cuántos inmigrantes viven en las villas ni a cuántos de ellos les da ayuda social.
En su primera acepción, la Real Academia Española define al acto de discriminar con una fórmula tan breve como eficaz: discriminar es “seleccionar excluyendo”. La sociedad aplica ese mecanismo en distintos niveles, pero nunca lo hace de forma tan descarnada y estigmatizante como en las villas miseria, adonde el sistema envía a todos aquellos que fueron seleccionados y excluidos. Sin embargo, aun dentro de las villas hay margen para seguir discriminando. Porque, al menos para un sector de la sociedad, la prensa y la política, una cosa es ser villero y otra, ser villero e inmigrante.
En su edición del lunes 6 de septiembre, el diario La Nación llevó a tapa un extenso informe donde estableció un vínculo directo entre los inmigrantes llegados de los países limítrofes y la marginalidad, las villas y la asistencia social. El resto corrió por cuenta de sus foristas, que poblaron el sitio web del diario con opiniones furiosas y de claro corte xenófobo, donde se construyó un perfil del migrante llegado del Paraguay, de Perú y Bolivia, como íntimamente ligado a la delincuencia y dedicado a vivir de las prebendas del Estado local, sin trabajar ni pagar impuestos.
“Con nuestro dinero subsidian a extranjeros con evidente intencionalidad política”, comentó horino en la web; susalu agregó que “la mayoría de los delincuentes son argentinos hijos de extranjeros que nacieron en las villas” y Paturro posteó que “hay una gran diferencia entre esos laboriosos rusos, italianos y demás y el malandraje que puebla las villas... reclaman el subsidio, la vianda y sus ‘viviendas’, son un semillero de crimen y droga”.
El artículo de La Nación, publicado dos días después del Día del Inmigrante y con un grueso de datos provistos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se tituló “Los extranjeros son mayoría en las villas y planes sociales porteños”, con una bajada donde se remarcaba que “predominan los paraguayos y peruanos” y una foto acompañada de un epígrafe con tono de advertencia: “En la villa 31, de Retiro, abundan las banderas paraguayas”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), en su informe de “Buenas Prácticas en la Comunicación Pública” sobre los migrantes, recomienda “no centrar un hecho noticioso en su nacionalidad, sobre todo cuando la noticia supone una información negativa” o en los casos en que ese aspecto “no constituye un dato que aporte sustancialmente”.
Es exactamente lo que sucede con la información elaborada por el gobierno porteño y de la que se hizo eco la “tribuna de doctrina” fundada por Bartolomé Mitre. Sobre todo después de que el 3 de mayo pasado se reglamentara la nueva Ley de Migración 25.871, que vino a reemplazar a la llamada “Ley Videla” y a establecer que el migrante es un sujeto en plenitud de derechos y en condiciones de igualdad con el resto de los habitantes del país. Es decir: no hay fundamento legal que expliqué por qué al gobierno de Mauricio Macri le puede interesar saber cuántos inmigrantes viven en las villas ni a cuántos de ellos les da ayuda social.
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