Secretario de Investigación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Este 19 de agosto, el Ministerio de Educación de la ciudad difundió un instructivo de procedimientos en que se propusieron una serie de acciones frente a “una situación de toma de escuelas por parte de los alumnos”. Allí se instruyó sin ningún eufemismo a las autoridades para elaborar “un listado lo más completo posible de alumnos/as que participen de la medida” y, al mismo tiempo, “las autoridades educativas, previa conformidad de las autoridades del área, podrán efectuar una denuncia ante el organismo competente –Policía Federal– sobre el hecho de la toma y la posible configuración de un delito por parte de los participantes.” Otro de los puntos del instructivo agregaba una directa presión sobre los padres, al inculparlos “por incumplimiento de los deberes correspondientes al ejercicio de la patria potestad”.
Así emerge una nueva evidencia de la matriz profundamente autoritaria de la gestión de Mauricio Macri, que no constituye una novedad de este gobierno. Por el contrario, su accionar reconoce una consistente trayectoria en materia de imposiciones, persecuciones y amenazas durante estos años de gobierno. Un somero recorrido por acciones de los tres ministros de Educación que definieron la política educativa en este gobierno da cuenta de una indubitable continuidad represiva.
TRES MINISTROS, UNA MISMA POLÍTICA. El (ex) ministro Mariano Narodowsky inició su primer período lectivo con el Memorando 4984.822-DGEGE-2008, con fecha 3 de marzo, allí se prohibía a los docentes hacer declaraciones públicas a los medios, lo que generó airadas respuestas de la comunidad educativa por constituir una medida de corte profundamente ilegal y antidemocrático. Hasta donde sabemos, la disposición continúa vigente. En su mismo ministerio reclamó listas negras frente a otras tomas por los mismos problemas irresueltos, llegó incluso a presentaciones judiciales contra estudiantes y, al menos en una ocasión, a la represión directa en una marcha callejera por demandas salariales de los docentes.
Abel Paretini Posse demonizó a los jóvenes y reivindicó a la dictadura genocida, pero su fugaz gestión no contó con tiempo suficiente para convertir sus amenazas en medidas concretas.
El actual ministro Esteban Bullrich, que ya había presentado en la Cámara de Diputados el proyecto denominado Ley Federal de Educación, podía ser caracterizado sin forzar ningún argumento como un neoliberal puro y duro. A muy poco de andar reveló sus facetas conservadoras con la prohibición de materiales del Bicentenario, ordenados por la gestión anterior. Este nuevo paso punitivo da cuenta de una orientación antidemocrática, represiva, y promotora de valores incompatibles con una ética fundada en la justicia.
Siendo la educación una práctica social orientada, entre otras cosas, a contribuir a la socialización de las jóvenes generaciones, podemos afirmar que todas las prácticas sociales tienen un aspecto pedagógico. Un gobierno que desfinanció a la educación pública mientras incrementa sustancialmente los aportes financieros estatales a la educación privada manifiesta una orientación político-ideológica y revela las orientaciones mercantilistas de la gestión.
El vaciamiento de lo público –que se expresa en las graves situaciones edilicias, la expulsión de alumnos del sistema educativo público, intensificación y deterioro de las condiciones laborales docentes, etcétera– ha recogido como respuesta de la comunidad educativa el repudio generalizado, siendo los estudiantes, que son los primeros afectados por estas medidas, quienes han expresado su rechazo a una política educativa que destruye a la educación pública.
La respuesta del Ejecutivo porteño a este legítimo reclamo ha sido la exigencia de elaborar listas negras y comprometer a la Policía Federal en la persecución de quienes no encuentran canales alternativos a la protesta para hacer oír sus demandas. Afortunadamente, el memorando del ministerio no induce a presentar las listas a la Policía Metropolitana, cuyos máximos jefes han sido procesados y encarcelados por acciones ilegales, otros tantos fueron oportunamente apartados de la federal y algunos más tienen vinculaciones con las represión genocida de la última dictadura militar.
Un jefe de gobierno procesado por escuchas ilegales, deslegitimado por una gestión ineficiente, repudiado por actitudes que atropellan la legalidad institucional responde frente al conflicto estimulando la delación y el castigo de quienes reclaman con justicia por sus derechos conculcados.
QUÉ DEMOCRACIA Y QUÉ EDUCACIÓN PROPONE MAURICIO MACRI. Las energías gobernantes en una democracia deben estar orientadas, según la definición clásica, a asegurar los derechos de los más vulnerables. Fue Aristóteles quién la definió como el gobierno del mayor número a favor de los más débiles.
El gobierno de Mauricio Macri viene despeñándose como una verdadera oligarquía que, con el voto mayoritario, no hace más que gobernar para las minorías enriquecidas y contra los derechos y los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. Y, particularmente, contra los más vulnerables y afectados por unas relaciones sociales injustas que deben ser modificadas.
Cabe consignar no sólo la naturaleza inmoral de esta medida, sino su ineficiencia: lejos de resolver los conflictos, los agudizan. Así quedó demostrado en el creciente número de instituciones educativas que se siguen plegando a la protesta. Esto es así en la medida en que lejos de resolver los problemas que dieron origen a las demandas, la acción gubernamental se circunscribe a reprimir a quienes reclaman por un derecho por el cual el Estado de la ciudad es garante. Y lo es por razones éticas, jurídicas y políticas. La Constitución de la ciudad es taxativa al respecto.
El ministro Bullrich se vio obligado a prometer que el memorando que fomenta las listas delatoras sería derogada prontamente por el jefe de gobierno. Esto demuestra que sólo se consiguen resultados efectivos a partir de la acción colectiva, de la organización y posicionándose desde la política en su sentido más genuino y valioso, exigiendo al Estado el cumplimiento de responsabilidades como garante de derechos de ciudadanía que ninguna otra instancia puede asegurar.
Bien haría Mauricio Macri en leer a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, quién entendía con creces la relación entre educación, gobierno y ciudadanía: “... el único medio de establecer la buena inteligencia es que todos piensen en el bien común y que estebien común es la República. Sin Conocimientos el hombre no sale de la esfera de los brutos y sin conocimientos sociales es esclavo. El que manda pueblos en este estado se embrutece con ellos. En creer que Gobierna porque manda prueba ya que piensa poco. En sostener que sólo por la ciega obediencia subsiste el Gobierno prueba que ya no piensa. (…) Los Conocimientos son propiedad pública.”
Lejos de Simón Rodríguez, la pedagogía de Mauricio Macri incurre en las más oscurantistas prácticas autoritarias que permiten comprender por qué en plena campaña electoral dijo, sin ruborizarse, que su modelo de intendente fue Osvaldo Cacciatore, el siniestro personaje que la última dictadura genocida puso a cargo de la Ciudad de Buenos Aires. <
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