El Gobierno de la Ciudad cerró el Servicio de Zooterapia. Con la ayuda de perros, trataban gratis a cientos de chicos con síndrome de Down y autismo. Los padres denuncian abandono. Las versiones sobre la privatización del predio.
Por Jorge Repiso
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó a su gestión un nuevo episodio de insensibilidad social al provocar el cierre de un servicio para chicos con discapacidades. La maniobra se llevó a cabo de manera elíptica pero quedó al descubierto gracias al accionar de las familias, funcionarios y ediles porteños. El pasado 19 de octubre muchos de los padres que acuden al servicio de zooterapia que funciona en el interior del Parque Roca se encontraron con que el Ministerio de Salud había descabezado esa área trasladando a su coordinadora, una decisión que generó incertidumbre y sospechas.
El tratamiento, que se emplea en otras partes del mundo, consiste en el accionar combinado entre animales, terapeutas especializados y pacientes, y contempla un inmenso arco de patologías atendibles empleándose a nivel mundial. En este caso, desde 1993, cientos de niños fueron tratados gratuitamente con perros entrenados sólo para esos fines.
Las partes del conflicto son un Estado que no da respuestas a los pedidos de reapertura y la licenciada Elsa Szwarcman, la funcionaria desplazada, que inició el programa hace 17 años. En el medio, decenas de perjudicados no saben a quién acudir.
María Laura Bloise llevó a su hija Martina, de 7 años, en 2007. La nena padece Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado de espectro autista, que la afecta en el habla y sus relaciones. “Creemos que evolucionó en un cincuenta por ciento. Recuerdo que el primer día Martina estaba en su mundo y un perro comenzó a buscarla. Le hizo mover los brazos hasta que se fueron a pasear juntos. Ahora ella reconoce a los perros por su nombre y hasta elige con quién pasea. Aprendió a aceptar a otros, reconocerlos, hacer vínculos con personas porque trasladó esa conducta a la vida cotidiana. Hasta hoy me pregunta cuándo va a volver a jugar con los perritos. Mi hija tiene otras terapias, pero yo lucho por los que no tienen alternativas. La calidad del servicio es única, jamás me cobraron y si colaboramos, lo hicimos de onda.”
Bloise dice que desde el gobierno hicieron todo para que el servicio se cayera. La mujer envió una carta al director general de Salud Mental, Juan Garralda, reclamando recursos y no obtuvo respuestas.
“Teníamos que imponernos. La doctora no llevaba un registro oficial de las actividades, nadie controlaba a los perros”, dice Garralda. Cuando se le pregunta por qué cerraron el servicio, contesta de manera escueta. “No es verdad que sean 500 pacientes, sólo son cinco o seis. Pero nos comprometemos a normalizar la situación.”
Las primeras señales de la administración Macri contra el programa comenzaron en 2008, cuando congelaron el salario de Szwarcman. “Gané aquella batalla, pero al tiempo empezaron a sacarnos insumos y hasta la camioneta que usábamos para transportar, que hoy está afectada a otros hospitales”, dice Szwarcman, que inició el programa y es la dueña de los 30 perros. Aunque el ministerio de Salud la trasladó al Hospital Piñero, confía que todo va a solucionarse.
Susana Scazziotti buscó ayuda para su hija Candela, que nació con síndrome de Down. “Los perros le daban terror y en zooterapia los fue aceptando de a poco y hoy juega hasta con los de casa. Empezó a caminar a los cuatro años porque no se sentía segura. Con los animales pudo. La mejoría fue notable: participa más en los juegos, está más atenta y conectada con los chicos.” Hasta el año 2008, Amelia Vale llevó a sus tres hijos para que superaran el duelo por la muerte de su hermana Milagros y hoy es otra de las madres que defienden el servicio. “El gobierno nunca compró un perro”, se queja.
La diputada porteña María Elena Naddeo, que preside la Comisión de Seguimiento de Salud Mental, conoce muy de cerca el caso. “Lo que hizo el ministerio es una sarta de disparates. Tomaron una medida de fuerza y por ende dejaron sin atención a los chicos. Observé el recurso administrativo que es poco profundo y nada justifica un traslado y cierre.”
–¿A cuántos chicos atendían allí?
–Actualmente deben estar en 50, aunque a lo largo del año se pudieron contabilizar 467 prestaciones.
–¿Qué debió hacer el Gobierno de la Ciudad?
–Haber reemplazado a la coordinación o hacer un convenio para el traspaso o la custodia compartida de los perros. Esto habla de una subestimación desde el ministerio por este servicio.
–¿Qué creen que hay detrás de la medida?
–Hay una fuerte presunción de que al Parque Roca se lo quiere privatizar a favor de algunas entidades y nada de esto se ratificó ni desmintió.
Por lo pronto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, profesora Graciela Muñiz, logró suspender mediante una medida cautelar el decreto 291/10, que cedía parte de los terrenos del Parque Roca, donde funcionaba el servicio, a la Federación de Entidades del Autotransporte (Fadeeac).
Y la semana pasada, otra medida cautelar presentada por un particular fue atendida por la jueza Elena Liberatori, que ordenó reabrir en forma inmediata el servicio de zooterapia. Al cierre de esta edición, el ministro de Salud, Jorge Lemus, no se presentó ni acató la medida, por lo que deberá abonar como multa el 30 por ciento de su sueldo por mes.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó a su gestión un nuevo episodio de insensibilidad social al provocar el cierre de un servicio para chicos con discapacidades. La maniobra se llevó a cabo de manera elíptica pero quedó al descubierto gracias al accionar de las familias, funcionarios y ediles porteños. El pasado 19 de octubre muchos de los padres que acuden al servicio de zooterapia que funciona en el interior del Parque Roca se encontraron con que el Ministerio de Salud había descabezado esa área trasladando a su coordinadora, una decisión que generó incertidumbre y sospechas.
El tratamiento, que se emplea en otras partes del mundo, consiste en el accionar combinado entre animales, terapeutas especializados y pacientes, y contempla un inmenso arco de patologías atendibles empleándose a nivel mundial. En este caso, desde 1993, cientos de niños fueron tratados gratuitamente con perros entrenados sólo para esos fines.
Las partes del conflicto son un Estado que no da respuestas a los pedidos de reapertura y la licenciada Elsa Szwarcman, la funcionaria desplazada, que inició el programa hace 17 años. En el medio, decenas de perjudicados no saben a quién acudir.
María Laura Bloise llevó a su hija Martina, de 7 años, en 2007. La nena padece Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado de espectro autista, que la afecta en el habla y sus relaciones. “Creemos que evolucionó en un cincuenta por ciento. Recuerdo que el primer día Martina estaba en su mundo y un perro comenzó a buscarla. Le hizo mover los brazos hasta que se fueron a pasear juntos. Ahora ella reconoce a los perros por su nombre y hasta elige con quién pasea. Aprendió a aceptar a otros, reconocerlos, hacer vínculos con personas porque trasladó esa conducta a la vida cotidiana. Hasta hoy me pregunta cuándo va a volver a jugar con los perritos. Mi hija tiene otras terapias, pero yo lucho por los que no tienen alternativas. La calidad del servicio es única, jamás me cobraron y si colaboramos, lo hicimos de onda.”
Bloise dice que desde el gobierno hicieron todo para que el servicio se cayera. La mujer envió una carta al director general de Salud Mental, Juan Garralda, reclamando recursos y no obtuvo respuestas.
“Teníamos que imponernos. La doctora no llevaba un registro oficial de las actividades, nadie controlaba a los perros”, dice Garralda. Cuando se le pregunta por qué cerraron el servicio, contesta de manera escueta. “No es verdad que sean 500 pacientes, sólo son cinco o seis. Pero nos comprometemos a normalizar la situación.”
Las primeras señales de la administración Macri contra el programa comenzaron en 2008, cuando congelaron el salario de Szwarcman. “Gané aquella batalla, pero al tiempo empezaron a sacarnos insumos y hasta la camioneta que usábamos para transportar, que hoy está afectada a otros hospitales”, dice Szwarcman, que inició el programa y es la dueña de los 30 perros. Aunque el ministerio de Salud la trasladó al Hospital Piñero, confía que todo va a solucionarse.
Susana Scazziotti buscó ayuda para su hija Candela, que nació con síndrome de Down. “Los perros le daban terror y en zooterapia los fue aceptando de a poco y hoy juega hasta con los de casa. Empezó a caminar a los cuatro años porque no se sentía segura. Con los animales pudo. La mejoría fue notable: participa más en los juegos, está más atenta y conectada con los chicos.” Hasta el año 2008, Amelia Vale llevó a sus tres hijos para que superaran el duelo por la muerte de su hermana Milagros y hoy es otra de las madres que defienden el servicio. “El gobierno nunca compró un perro”, se queja.
La diputada porteña María Elena Naddeo, que preside la Comisión de Seguimiento de Salud Mental, conoce muy de cerca el caso. “Lo que hizo el ministerio es una sarta de disparates. Tomaron una medida de fuerza y por ende dejaron sin atención a los chicos. Observé el recurso administrativo que es poco profundo y nada justifica un traslado y cierre.”
–¿A cuántos chicos atendían allí?
–Actualmente deben estar en 50, aunque a lo largo del año se pudieron contabilizar 467 prestaciones.
–¿Qué debió hacer el Gobierno de la Ciudad?
–Haber reemplazado a la coordinación o hacer un convenio para el traspaso o la custodia compartida de los perros. Esto habla de una subestimación desde el ministerio por este servicio.
–¿Qué creen que hay detrás de la medida?
–Hay una fuerte presunción de que al Parque Roca se lo quiere privatizar a favor de algunas entidades y nada de esto se ratificó ni desmintió.
Por lo pronto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, profesora Graciela Muñiz, logró suspender mediante una medida cautelar el decreto 291/10, que cedía parte de los terrenos del Parque Roca, donde funcionaba el servicio, a la Federación de Entidades del Autotransporte (Fadeeac).
Y la semana pasada, otra medida cautelar presentada por un particular fue atendida por la jueza Elena Liberatori, que ordenó reabrir en forma inmediata el servicio de zooterapia. Al cierre de esta edición, el ministro de Salud, Jorge Lemus, no se presentó ni acató la medida, por lo que deberá abonar como multa el 30 por ciento de su sueldo por mes.
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