La vocera de la Comunidad de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA) NASSERA DUTOUR afirma que los gobiernos son indiferentes a sus reclamos de verdad y justicia. Son 8023 las víctimas del terrorismo de Estado.
Los capturaron vivos, que los devuelvan vivos. Con esa consigna, la Comunidad de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA) vino a Argentina esta semana invitada por un Equipo de Antropología Forense especializado en fosas comunes. En este país africano, que a comienzos de año se sacudió por las protestas de la Primavera Arabe, aún no cicatrizaron las heridas del terrorismo de Estado de la década del noventa. Lejos de eso, ni siquiera el reclamo de la aparición con vida de los más de 8000 desaparecidos forma parte de la agenda de las demandas sociales del país. En Argelia rige una política de impunidad desde 1999. Inspirada por la política de derechos humanos argentina que impulsó el gobierno a partir de las históricas movilizaciones sociales, la vocera de la CFDA le dijo a Página/12 que la lucha continúa. “En 1999 el presidente de entonces (Liamine Zéroual), dijo que le hacíamos pasar vergüenza ante el mundo, y el mandatario actual (Abdelaziz Buteflika) dice que parecemos unas lloronas”, grafica Nassera Dutour.
El hijo de la vocera de la CFDA desapareció en Argelia en 1997 mientras ella vivía en París. Amouche Amine es uno de los 8023 desa-parecidos, víctimas del terrorismo de Estado que fue el corolario de un proceso político que comenzó en 1988 con el estallido de la revolución para reformar la Carta Magna. Al volver las elecciones legislativas en 1991, y tras la incorporación de más partidos al espectro político, el Frente Islámico de Salvación era mayoría. El gobierno del Frente de Liberación Nacional suspendió entonces las garantías constitucionales y dio un golpe, impidiendo lo que hubiera sido la primera república islámica del Magreb. Cuando en 1992 fueron anuladas las elecciones, el Frente Islámico de Salvación tomó las armas. A partir de allí, cualquier persona sospechada de islamista era secuestrada sin orden de arresto alguna por las fuerzas de seguridad, en las temidas camionetas Nissan grises. La guerra sucia del Estado contra los islamistas dejó 150.000 muertos entre 1992 y 2002.
“Comenzaron los atentados, las bombas y por eso se llegó a tener tantos miles de desaparecidos. 8023 es la cifra oficial de las autoridades argelinas. La respuesta del gobierno ante esto fue de amnesia general”, evoca Nassera con dolor. Buteflika institucionalizó la impunidad mediante la amnistía de terroristas arrepentidos. En 2005 aprobó un referéndum de la Carta para la Paz y Reconciliación Nacional. Con el punto final decretado, los familiares de desaparecidos en Argelia pasaron a ser una suerte de parias nacionales y son humillados por las fuerzas de seguridad cada vez que se manifiestan en eventos públicos para reclamar justicia. No sólo la ley recogió la amnistía, sino que también prohibió cualquier denuncia contra fuerzas de seguridad, y amenaza con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes “atenten contra el honor del país”. Los familiares de las víctimas podrían incluso ser condenados a prisión por el solo hecho de hablar con la prensa. Dentro del gobierno actual, conviven remanentes del ejército que en la década del noventa cometieron las atrocidades. “Nos dijeron que no teníamos más derecho a hacer una acusación. Aquel que de alguna manera u otra instrumentalice la tragedia nacional para perjudicar la imagen del país, es factible de ser penado por la ley”, se lamenta Dutour.
Durante los años finales de la década del noventa, Amnistía Internacional fue una de las organizaciones que, destaca la vocera, ayudó a difundir el drama que vivían las familias de desaparecidos. Se organizó un congreso sobre las víctimas argelinas y luego una gira europea. Recorriendo lugares como Ginebra, el País Vasco y Francia, la CFDA descubrió con sorpresa que nadie sabía que en Argelia había 8023 desaparecidos. La esperanza de Dutour y los familiares aflora cuando evocan el caso de los desaparecidos en Marruecos, que aparecieron tras 18 años, a comienzos de la década del noventa. “Los dejaron libres gracias a la presión internacional. Una fotógrafa francesa que vive en Marruecos tomó fotos en el centro clandestino de detención en Casablanca. La prensa comenzó a hacer ruido y los marroquíes lograron la liberación”, recuerda Dutour con alegría. Argelia bien puede haber sancionado la ley de impunidad, pero el ejemplo de la Argentina de 2003 en adelante hace pensar a la CFDA que el libro no será cerrado para siempre.
Los capturaron vivos, que los devuelvan vivos. Con esa consigna, la Comunidad de Familias de Desaparecidos en Argelia (CFDA) vino a Argentina esta semana invitada por un Equipo de Antropología Forense especializado en fosas comunes. En este país africano, que a comienzos de año se sacudió por las protestas de la Primavera Arabe, aún no cicatrizaron las heridas del terrorismo de Estado de la década del noventa. Lejos de eso, ni siquiera el reclamo de la aparición con vida de los más de 8000 desaparecidos forma parte de la agenda de las demandas sociales del país. En Argelia rige una política de impunidad desde 1999. Inspirada por la política de derechos humanos argentina que impulsó el gobierno a partir de las históricas movilizaciones sociales, la vocera de la CFDA le dijo a Página/12 que la lucha continúa. “En 1999 el presidente de entonces (Liamine Zéroual), dijo que le hacíamos pasar vergüenza ante el mundo, y el mandatario actual (Abdelaziz Buteflika) dice que parecemos unas lloronas”, grafica Nassera Dutour.
El hijo de la vocera de la CFDA desapareció en Argelia en 1997 mientras ella vivía en París. Amouche Amine es uno de los 8023 desa-parecidos, víctimas del terrorismo de Estado que fue el corolario de un proceso político que comenzó en 1988 con el estallido de la revolución para reformar la Carta Magna. Al volver las elecciones legislativas en 1991, y tras la incorporación de más partidos al espectro político, el Frente Islámico de Salvación era mayoría. El gobierno del Frente de Liberación Nacional suspendió entonces las garantías constitucionales y dio un golpe, impidiendo lo que hubiera sido la primera república islámica del Magreb. Cuando en 1992 fueron anuladas las elecciones, el Frente Islámico de Salvación tomó las armas. A partir de allí, cualquier persona sospechada de islamista era secuestrada sin orden de arresto alguna por las fuerzas de seguridad, en las temidas camionetas Nissan grises. La guerra sucia del Estado contra los islamistas dejó 150.000 muertos entre 1992 y 2002.
“Comenzaron los atentados, las bombas y por eso se llegó a tener tantos miles de desaparecidos. 8023 es la cifra oficial de las autoridades argelinas. La respuesta del gobierno ante esto fue de amnesia general”, evoca Nassera con dolor. Buteflika institucionalizó la impunidad mediante la amnistía de terroristas arrepentidos. En 2005 aprobó un referéndum de la Carta para la Paz y Reconciliación Nacional. Con el punto final decretado, los familiares de desaparecidos en Argelia pasaron a ser una suerte de parias nacionales y son humillados por las fuerzas de seguridad cada vez que se manifiestan en eventos públicos para reclamar justicia. No sólo la ley recogió la amnistía, sino que también prohibió cualquier denuncia contra fuerzas de seguridad, y amenaza con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes “atenten contra el honor del país”. Los familiares de las víctimas podrían incluso ser condenados a prisión por el solo hecho de hablar con la prensa. Dentro del gobierno actual, conviven remanentes del ejército que en la década del noventa cometieron las atrocidades. “Nos dijeron que no teníamos más derecho a hacer una acusación. Aquel que de alguna manera u otra instrumentalice la tragedia nacional para perjudicar la imagen del país, es factible de ser penado por la ley”, se lamenta Dutour.
Durante los años finales de la década del noventa, Amnistía Internacional fue una de las organizaciones que, destaca la vocera, ayudó a difundir el drama que vivían las familias de desaparecidos. Se organizó un congreso sobre las víctimas argelinas y luego una gira europea. Recorriendo lugares como Ginebra, el País Vasco y Francia, la CFDA descubrió con sorpresa que nadie sabía que en Argelia había 8023 desaparecidos. La esperanza de Dutour y los familiares aflora cuando evocan el caso de los desaparecidos en Marruecos, que aparecieron tras 18 años, a comienzos de la década del noventa. “Los dejaron libres gracias a la presión internacional. Una fotógrafa francesa que vive en Marruecos tomó fotos en el centro clandestino de detención en Casablanca. La prensa comenzó a hacer ruido y los marroquíes lograron la liberación”, recuerda Dutour con alegría. Argelia bien puede haber sancionado la ley de impunidad, pero el ejemplo de la Argentina de 2003 en adelante hace pensar a la CFDA que el libro no será cerrado para siempre.
Informe: Juan Nicenboim.
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