Por Francisco Yofre
Fuerte polémica por un faraónico emprendimiento inmobiliario privado que impulsa el Gobierno porteño y que según la oposición impone condiciones y plazos a la Legislatura.
Con él eres ciudad y conmigo aldea / con él vas a volar y conmigo jugás. Así comienza Qué ironía, una de las canciones más famosas del cordobés Rodrigo Bueno donde se narra la indignación de un hombre ante la injusticia de una mujer. Por estos días, en Costanera Sur, la canción se puede trasladar a cómo trata el Gobierno de la Ciudad a los habitantes de la villa que lleva el nombre del cuartetero, ubicada a metros de la Reserva Ecológica.“No se puede, sería un verdadero peligro”, planteó meses atrás el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta cuando la jueza Elena Liberatori ordenó urbanizar la villa. Pero el criterio es distinto si la constructora es Irsa. El coloso inmobiliario quiere invertir 900 millones de dólares en el megaemprendimiento Solares de Santa María. Un plan que incluye la construcción de 11 torres de 140 metros de altura, varias edificaciones de mediana y baja densidad, un lago para embarcaciones náuticas y canales de agua atravesando parques, todo dentro de los 70 mil metros cuadrados que compró en 2005 y que en su momento constituía la Ciudad deportiva de Boca Jrs.Con Irsa eres ciudad y conmigo sos aldea, cantaría Rodrigo Bueno desde la villa de la Costanera Sur que lleva su nombre.
Escribanía porteña. El 18 de agosto pasado, el gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley que promete traer polémica no sólo por su contenido en sí, sino por el rol que le adjudica a la Legislatura. La iniciativa consta de ocho artículos y en ellos se insta al cuerpo legislativo a aprobar un convenio suscripto entre el Ejecutivo y Solares de Santa María S.A. En la cláusula Tercera de ese acuerdo, se consigna: “En caso de finalizar el período legislativo ordinario del presente año sin que se sancione la ley (…), el presente convenio quedará sin efecto ni valor legal alguno. La propietaria (por Irsa) en forma unilateral, a su exclusiva opción y sin estar obligada a ello, podrá prorrogar este plazo por un término adicional de 300 días”. Esto significa que el Parlamento de la ciudad debe dar el visto bueno al convenio antes del 10 de diciembre. Así, una firma privada le termina imponiendo a la Legislatura un plazo para su aprobación y sólo la empresa es la que puede prorrogar ese lapso. Pero hay más. En la cláusula Cuarta del convenio dice: “Si la Legislatura aprobase otra ley diferente al texto de la Ley, este convenio se extinguirá de pleno derecho y quedará sin efecto ni valor legal alguno”. Quiere decir que para que proceda el acuerdo, la Legislatura debe aprobar el convenio tal como se presentó, sin que la oposición ni el oficialismo puedan plantear mínimas modificaciones. El rol de la Legislatura entonces, sería meramente el de homologar un convenio entre una firma privada y el Gobierno de la ciudad. Como contraprestación, Irsa cedería 27 hectáreas para hacer calles y paseos peatonales.Para el legislador de Proyecto Sur, Adrián Camps “se está discutiendo lo que será el mayor emprendimiento inmobiliario de la historia reciente en la Ciudad, con un alto impacto ambiental y social. Parece razonable que los diputados modifiquemos lo que tengamos que modificar sin ningún tipo de presión”. En tanto para Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), “la propuesta de Irsa en términos de planificación urbana no es apropiada. Además, se repite la lógica histórica de cómo los intereses privados se apropian de lo público. En este caso, terrenos que eran del Estado y que en su momento pasaron a ser formalmente de entidades privadas pero de uso popular, como es el caso de la Ciudad Deportiva de Boca, al ser compradas luego por poderosas firmas privadas entran al mercado inmobiliario de especulación”.Al mismo tiempo que ingresó el proyecto a la Legislatura surgieron rumores de una posible negociación individual entre directivos de Irsa y habitantes de la Rodrigo Bueno. Según pudo saber este medio, la posibilidad de comenzar las conversaciones será evaluada por el conjunto de los vecinos durante los próximos días. Marino Sosa, histórico delegado de la villa, señaló a Miradas al Sur que “más allá de cualquier ofrecimiento que haga Irsa, de ninguna manera desistiremos de la urbanización. No nos vamos a ir. Nuestra vida está organizada en torno a este barrio. Para nosotros es fundamental la urbanización y para eso hemos presentado un proyecto de ley”, señala Sosa. El delegado se refiere a la iniciativa planteada en 2010 por las legisladoras de Proyecto Sur, María América González y Laura García Tuñón junto a Sánchez Andía, que plantea la radicación y urbanización de la villa y la apertura de una mesa de diálogo entre diversos actores tal como ocurrió en la villa 31 y que ha sido una experiencia exitosa según se señala desde todos los sectores políticos.La posible “indemnización”de parte de Irsa es una experiencia que ya fracasó. En 2005, muchos de los vecinos recibieron subsidios de 15.000 pesos para irse. Los cobraron y al poco tiempo volvieron, ya que su vida estaba arraigada en el barrio.Bruno Screnzi, legislador del PRO, planteó ante Miradas al Sur su opinión contraria respecto a lo que dice la oposición: “Un barrio nuevo genera trabajo, servicios, áreas verdes, espacios públicos e ingresos a las arcas de la ciudad, además del disfrute de vecinos y turistas. El mejor ejemplo de esto es Puerto Madero. No entiendo quién puede estar en contra de esto. Representa una buena oportunidad para los habitantes de la villa Rodrigo Bueno que seguramente podrán negociar mejoras habitacionales”.Francisco Tito Nenna, legislador de Encuentro Popular para la Victoria y quien presentó un pedido de informes, le pone números al proyecto: “El costo de inversión de construcción por metro cuadrado es de 700 dólares y después venden ese mismo metro cuadrado a 4900 dólares. Si la ciudad le ofreciera a Irsa esta cantidad de metros cuadrados en Villa Soldati o en Lugano, ¿lo aceptaría? Desde nuestro bloque no vamos a aprobar el Código de Planeamiento. Esto es una megainversión de especulación como Puerto Madero, donde el 60 por ciento está vacío. Y esto se lo entrega la ciudad de Buenos Aires de manera gratuita”, remata el docente.
Apurados. Días atrás trascendió en la Legislatura que el jefe de Gobierno porteño bajó directivas a sus diputados para que rápidamente se aprueben 15 proyectos sensibles y polémicos. El de Irsa es uno de ellos. Pero llama la atención por qué tanto apuro si, tras el triunfo electoral, el macrismo tendrá a partir del 10 de diciembre más votos que ahora. Dos asesores de legisladores de diverso signo político y que conocen a fondo los pasillos del edificio de la calle Perú arriman una respuesta: “Hay varios diputados en la oposición que no renuevan mandato. Entonces, desde el PRO negocian con ellos sus votos a cambio de darles algún puesto en el próximo gobierno. Con fijarse cómo están votando en estas semanas queda bastante claro quiénes son”, coinciden casi al unísono.
Escribanía porteña. El 18 de agosto pasado, el gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley que promete traer polémica no sólo por su contenido en sí, sino por el rol que le adjudica a la Legislatura. La iniciativa consta de ocho artículos y en ellos se insta al cuerpo legislativo a aprobar un convenio suscripto entre el Ejecutivo y Solares de Santa María S.A. En la cláusula Tercera de ese acuerdo, se consigna: “En caso de finalizar el período legislativo ordinario del presente año sin que se sancione la ley (…), el presente convenio quedará sin efecto ni valor legal alguno. La propietaria (por Irsa) en forma unilateral, a su exclusiva opción y sin estar obligada a ello, podrá prorrogar este plazo por un término adicional de 300 días”. Esto significa que el Parlamento de la ciudad debe dar el visto bueno al convenio antes del 10 de diciembre. Así, una firma privada le termina imponiendo a la Legislatura un plazo para su aprobación y sólo la empresa es la que puede prorrogar ese lapso. Pero hay más. En la cláusula Cuarta del convenio dice: “Si la Legislatura aprobase otra ley diferente al texto de la Ley, este convenio se extinguirá de pleno derecho y quedará sin efecto ni valor legal alguno”. Quiere decir que para que proceda el acuerdo, la Legislatura debe aprobar el convenio tal como se presentó, sin que la oposición ni el oficialismo puedan plantear mínimas modificaciones. El rol de la Legislatura entonces, sería meramente el de homologar un convenio entre una firma privada y el Gobierno de la ciudad. Como contraprestación, Irsa cedería 27 hectáreas para hacer calles y paseos peatonales.Para el legislador de Proyecto Sur, Adrián Camps “se está discutiendo lo que será el mayor emprendimiento inmobiliario de la historia reciente en la Ciudad, con un alto impacto ambiental y social. Parece razonable que los diputados modifiquemos lo que tengamos que modificar sin ningún tipo de presión”. En tanto para Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), “la propuesta de Irsa en términos de planificación urbana no es apropiada. Además, se repite la lógica histórica de cómo los intereses privados se apropian de lo público. En este caso, terrenos que eran del Estado y que en su momento pasaron a ser formalmente de entidades privadas pero de uso popular, como es el caso de la Ciudad Deportiva de Boca, al ser compradas luego por poderosas firmas privadas entran al mercado inmobiliario de especulación”.Al mismo tiempo que ingresó el proyecto a la Legislatura surgieron rumores de una posible negociación individual entre directivos de Irsa y habitantes de la Rodrigo Bueno. Según pudo saber este medio, la posibilidad de comenzar las conversaciones será evaluada por el conjunto de los vecinos durante los próximos días. Marino Sosa, histórico delegado de la villa, señaló a Miradas al Sur que “más allá de cualquier ofrecimiento que haga Irsa, de ninguna manera desistiremos de la urbanización. No nos vamos a ir. Nuestra vida está organizada en torno a este barrio. Para nosotros es fundamental la urbanización y para eso hemos presentado un proyecto de ley”, señala Sosa. El delegado se refiere a la iniciativa planteada en 2010 por las legisladoras de Proyecto Sur, María América González y Laura García Tuñón junto a Sánchez Andía, que plantea la radicación y urbanización de la villa y la apertura de una mesa de diálogo entre diversos actores tal como ocurrió en la villa 31 y que ha sido una experiencia exitosa según se señala desde todos los sectores políticos.La posible “indemnización”de parte de Irsa es una experiencia que ya fracasó. En 2005, muchos de los vecinos recibieron subsidios de 15.000 pesos para irse. Los cobraron y al poco tiempo volvieron, ya que su vida estaba arraigada en el barrio.Bruno Screnzi, legislador del PRO, planteó ante Miradas al Sur su opinión contraria respecto a lo que dice la oposición: “Un barrio nuevo genera trabajo, servicios, áreas verdes, espacios públicos e ingresos a las arcas de la ciudad, además del disfrute de vecinos y turistas. El mejor ejemplo de esto es Puerto Madero. No entiendo quién puede estar en contra de esto. Representa una buena oportunidad para los habitantes de la villa Rodrigo Bueno que seguramente podrán negociar mejoras habitacionales”.Francisco Tito Nenna, legislador de Encuentro Popular para la Victoria y quien presentó un pedido de informes, le pone números al proyecto: “El costo de inversión de construcción por metro cuadrado es de 700 dólares y después venden ese mismo metro cuadrado a 4900 dólares. Si la ciudad le ofreciera a Irsa esta cantidad de metros cuadrados en Villa Soldati o en Lugano, ¿lo aceptaría? Desde nuestro bloque no vamos a aprobar el Código de Planeamiento. Esto es una megainversión de especulación como Puerto Madero, donde el 60 por ciento está vacío. Y esto se lo entrega la ciudad de Buenos Aires de manera gratuita”, remata el docente.
Apurados. Días atrás trascendió en la Legislatura que el jefe de Gobierno porteño bajó directivas a sus diputados para que rápidamente se aprueben 15 proyectos sensibles y polémicos. El de Irsa es uno de ellos. Pero llama la atención por qué tanto apuro si, tras el triunfo electoral, el macrismo tendrá a partir del 10 de diciembre más votos que ahora. Dos asesores de legisladores de diverso signo político y que conocen a fondo los pasillos del edificio de la calle Perú arriman una respuesta: “Hay varios diputados en la oposición que no renuevan mandato. Entonces, desde el PRO negocian con ellos sus votos a cambio de darles algún puesto en el próximo gobierno. Con fijarse cómo están votando en estas semanas queda bastante claro quiénes son”, coinciden casi al unísono.
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