Por Marcelo Kohen
PROFESOR DE DERECHO INTERNACIONAL, INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DEL DESARROLLO, GINEBRA
A intervalos regulares desde 1982, algunos politólogos argentinos cuestionan la tradicional política nacional hacia Malvinas. El artículo “Malvinas: nuestro problema no son las islas sino la causa” publicado por Vicente Palermo en esta sección el 22 de septiembre es un ejemplo.
Entre sus propuestas para el debate están el reconocimiento de los deseos de los habitantes de las islas y tener una política de “cooperación de gran alcance” con los británicos sin discutir soberanía. Malvinas sería una causa del nacionalismo que condiciona y perjudica toda la política exterior argentina. El autor pone en tela de juicio la existencia de un despojo y la justeza de la causa argentina , que no admitiría discusión del lado argentino. Afirma que la Argentina tampoco acepta negociar y que su posición es “absolutamente rígida”. Me propongo refutar tanto las premisas como sus propuestas.
Malvinas no es un mero diferendo territorial, como por ejemplo los que tuvimos con Chile, en los que se trataba de interpretar un tratado de límites. Los hechos son bien conocidos. La Argentina no está desempolvando un viejo conflicto territorial ya saldado. No se trata de hacer renacer una reivindicación de un territorio que alguna vez fue nuestro y hoy es de otro, como si Méjico reivindicara hoy California o Texas.
Los sucesivos gobiernos argentinos protestaron, reclamaron la devolución, la negociación, el arbitraje y se chocaron siempre con el rechazo prepotente del más fuerte . La cuestión Malvinas está pendiente, como lo reconocen las Naciones Unidas y la mayoría aplastante de la comunidad internacional. Las resoluciones de la ONU no sólo piden a las partes negociar soberanía, califican a la situación colonial como especial, que debe terminar mediante la solución de la disputa de soberanía, no reconoce los deseos sino los intereses de los habitantes y – a diferencia de otras situaciones coloniales- no incluye el derecho de libre determinación como aplicable al conflicto.
La Argentina ha sufrido una mutilación territorial y desde hace 178 años brega por que ese despojo termine. Una historia tan larga como la del país.
Esto explica que la causa de Malvinas forme parte de nuestra identidad nacional . Como lo fue la Alsacia-Lorena para Francia. Como lo fue para la India poner fin a los enclaves coloniales franceses y portugueses después de su independencia del Reino Unido.
Que el nacionalismo ultramontano o una dictadura hayan instrumentalizado la causa Malvinas no basta para desecharla. Un argumento británico que retoma Palermo es el de la supuesta inflexibilidad argentina que haría la negociación estéril, como lo probaría la disposición constitucional transitoria.
La Argentina dio amplias pruebas de su flexibilidad: sucesivos gobiernos estuvieron dispuestos a dar prácticamente todo si se reconoce que la Argentina es soberana.
Fórmulas como la de Hong-Kong o arriendo por un largo período fueron avanzadas. Que una parte fije su posición en una disposición constitucional no es un obstáculo a la negociación. De lo contrario, también lo sería el Acta de los “Territorios Británicos de Ultramar” que define a las islas como tales.
Otro elemento clave de la acción británica hacia la opinión pública argentina es incorporar la idea que son los habitantes de las islas quienes deben decidir . Es decir que ciudadanos británicos decidan un conflicto entre el Reino Unido y la Argentina. Una población constituida sobre la base del control migratorio colonial, en la que los argentinos son discriminados y cualquier súbdito de Su Majestad que se instala forma parte de su cuerpo electoral en pocos años.
Los dirigentes isleños tienen además una cuota importante de responsabilidad en el fracaso de las negociaciones que se abrieran con motivo de la aprobación de la resolución 2065. Impulsaron la “Fortaleza Falkland” antes de 1982. La manera en que se percibe en Malvinas a los isleños que deciden ejercer la ciudadanía argentina y habitar en el continente es otra muestra elocuente de intransigencia.
La dictadura militar utilizó en 1982 un método inapropiado invocando una causa justa . El fin no justifica los medios. La Argentina democrática así lo reconoció desde 1983. El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, no el Día de las Malvinas. Hubo jóvenes que dieron sus vidas y otros que volvieron al continente marcados para siempre. Que haya un día para el recuerdo y el homenaje es algo que va más allá del conflicto con el Reino Unido.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner pusieron fin a la política de concesiones seguida por el presidente Menem. La denuncia del acuerdo de hidrocarburos, que la Alianza prometió y el presidente De La Rúa no cumplió, fue una actitud de preservación de las riquezas naturales.
Se trataba de un acuerdo que facilitaba la seguridad jurídica de la exploración y explotación británica sin obtener nada a cambio.
La causa Malvinas seguirá presente como una de las prioridades en nuestra política exterior mientras el conflicto no se resuelva. Delegar su solución a las generaciones futuras equivale a abandonar la causa. Lo que cabe es discutir en el marco de una política de Estado cuáles son los métodos apropiados para imponer al Reino Unido la solución pacífica de la controversia, como lo exige el Derecho Internacional.
Entre sus propuestas para el debate están el reconocimiento de los deseos de los habitantes de las islas y tener una política de “cooperación de gran alcance” con los británicos sin discutir soberanía. Malvinas sería una causa del nacionalismo que condiciona y perjudica toda la política exterior argentina. El autor pone en tela de juicio la existencia de un despojo y la justeza de la causa argentina , que no admitiría discusión del lado argentino. Afirma que la Argentina tampoco acepta negociar y que su posición es “absolutamente rígida”. Me propongo refutar tanto las premisas como sus propuestas.
Malvinas no es un mero diferendo territorial, como por ejemplo los que tuvimos con Chile, en los que se trataba de interpretar un tratado de límites. Los hechos son bien conocidos. La Argentina no está desempolvando un viejo conflicto territorial ya saldado. No se trata de hacer renacer una reivindicación de un territorio que alguna vez fue nuestro y hoy es de otro, como si Méjico reivindicara hoy California o Texas.
Los sucesivos gobiernos argentinos protestaron, reclamaron la devolución, la negociación, el arbitraje y se chocaron siempre con el rechazo prepotente del más fuerte . La cuestión Malvinas está pendiente, como lo reconocen las Naciones Unidas y la mayoría aplastante de la comunidad internacional. Las resoluciones de la ONU no sólo piden a las partes negociar soberanía, califican a la situación colonial como especial, que debe terminar mediante la solución de la disputa de soberanía, no reconoce los deseos sino los intereses de los habitantes y – a diferencia de otras situaciones coloniales- no incluye el derecho de libre determinación como aplicable al conflicto.
La Argentina ha sufrido una mutilación territorial y desde hace 178 años brega por que ese despojo termine. Una historia tan larga como la del país.
Esto explica que la causa de Malvinas forme parte de nuestra identidad nacional . Como lo fue la Alsacia-Lorena para Francia. Como lo fue para la India poner fin a los enclaves coloniales franceses y portugueses después de su independencia del Reino Unido.
Que el nacionalismo ultramontano o una dictadura hayan instrumentalizado la causa Malvinas no basta para desecharla. Un argumento británico que retoma Palermo es el de la supuesta inflexibilidad argentina que haría la negociación estéril, como lo probaría la disposición constitucional transitoria.
La Argentina dio amplias pruebas de su flexibilidad: sucesivos gobiernos estuvieron dispuestos a dar prácticamente todo si se reconoce que la Argentina es soberana.
Fórmulas como la de Hong-Kong o arriendo por un largo período fueron avanzadas. Que una parte fije su posición en una disposición constitucional no es un obstáculo a la negociación. De lo contrario, también lo sería el Acta de los “Territorios Británicos de Ultramar” que define a las islas como tales.
Otro elemento clave de la acción británica hacia la opinión pública argentina es incorporar la idea que son los habitantes de las islas quienes deben decidir . Es decir que ciudadanos británicos decidan un conflicto entre el Reino Unido y la Argentina. Una población constituida sobre la base del control migratorio colonial, en la que los argentinos son discriminados y cualquier súbdito de Su Majestad que se instala forma parte de su cuerpo electoral en pocos años.
Los dirigentes isleños tienen además una cuota importante de responsabilidad en el fracaso de las negociaciones que se abrieran con motivo de la aprobación de la resolución 2065. Impulsaron la “Fortaleza Falkland” antes de 1982. La manera en que se percibe en Malvinas a los isleños que deciden ejercer la ciudadanía argentina y habitar en el continente es otra muestra elocuente de intransigencia.
La dictadura militar utilizó en 1982 un método inapropiado invocando una causa justa . El fin no justifica los medios. La Argentina democrática así lo reconoció desde 1983. El 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, no el Día de las Malvinas. Hubo jóvenes que dieron sus vidas y otros que volvieron al continente marcados para siempre. Que haya un día para el recuerdo y el homenaje es algo que va más allá del conflicto con el Reino Unido.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner pusieron fin a la política de concesiones seguida por el presidente Menem. La denuncia del acuerdo de hidrocarburos, que la Alianza prometió y el presidente De La Rúa no cumplió, fue una actitud de preservación de las riquezas naturales.
Se trataba de un acuerdo que facilitaba la seguridad jurídica de la exploración y explotación británica sin obtener nada a cambio.
La causa Malvinas seguirá presente como una de las prioridades en nuestra política exterior mientras el conflicto no se resuelva. Delegar su solución a las generaciones futuras equivale a abandonar la causa. Lo que cabe es discutir en el marco de una política de Estado cuáles son los métodos apropiados para imponer al Reino Unido la solución pacífica de la controversia, como lo exige el Derecho Internacional.
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