Una fiscal judicial presentó 726 querellas por delitos de violación a los derechos humanos durante la dictadura, entre los que se cuenta la muerte del ex presidente Salvador Allende el día del golpe en La Moneda.
Por Christian Palma.
Por Christian Palma.
“Es una responsabilidad tremenda.” Con esa frase, el juez Mario Carroza sintetizó la tarea de investigar la muerte del ex presidente de Chile Salvador Allende, ocurrida el 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas armadas, comandadas por Augusto Pinochet, perpetraron un golpe de Estado, bombardeando el Palacio La Moneda, entre otras atrocidades. Históricamente, el fallecimiento del ex mandatario se ha atribuido a un suicidio; sin embargo, la presentación por parte de la fiscal judicial, Beatriz Pedrals, de 726 querellas por casos de violación de los derechos humanos cometidos desde septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 –entre los que se encuentra la muerte de Allende– reabrió la investigación que busca determinar si hubo suicidio –como señala el informe tanatológico oficial– o si murió producto de la metralla que atacó La Moneda, aquel día que partió en dos la historia de Chile.
“Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda. Soy parte del Poder Judicial, que es el que tiene la responsabilidad en estos casos, y espero hacer mi labor y mi trabajo”, sostuvo Carroza.
En el marco de las investigaciones, el magistrado advirtió que solicitará al Servicio Médico Legal los resultados de la autopsia realizada al ex mandatario fallecido al poco tiempo del atentado a La Moneda.
“Todo elemento, testigo, documento o antecedente al que sea necesario recurrir obviamente lo haré, por lo tanto, si hay alguna persona que pueda declarar va a ser importante.”
También pedirá antecedentes a la Vicaría de la Solidaridad (entidad de la Iglesia Católica chilena cuya función era prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar) y el expediente de quienes fueron detenidos en La Moneda.
La próxima tarea de Carroza será dictar las órdenes correspondientes de indagar a la Policía de Investigaciones (PDI) para comenzar con las diligencias de los más de 700 procesos que se reabrieron con la presentación masiva de las querellas mencionadas. El magistrado Carroza ya tiene en su poder más de 1500 querellas presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
Desde España, la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex mandatario, recordó que el 11 de septiembre de 1973 “hubo un ataque premeditado de las fuerzas armadas. Ellos conspiraron para derrocar al presidente constitucionalmente elegido, al atacar bombardeando la casa de gobierno, en el instante que se encontraban numerosas personas, incluyendo al presidente Allende, su familia y varios de sus asesores. Ese acto buscaba, además, doblegar la voluntad del presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de Pinochet con el resto de los conspiradores”.
La parlamentaria agregó que “ese atroz atentado constituye una deuda pendiente de la Justicia que es reconocer los numerosos delitos cometidos e identificando a quienes participaron, estableciendo sus responsabilidades penales y conocer toda la verdad de ese día”.
Para Isabel Allende, “la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente de defender con su vida la democracia, pero es importante establecer la verdad. Apoyaré a la Justicia con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo”, dijo y pidió al Estado chileno que colabore al máximo con la Justicia.
Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la AFEP, reiteró anoche que la muerte del ex presidente Salvador Allende se trató de “un magnicidio”. “Al momento del golpe de Estado, Allende no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, por lo tanto aquí también (los responsables) tienen que responder por su crimen.”
En tanto, el timonel del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, sostuvo que “todavía hay un déficit de justicia y verdad en Chile”.
Desde el gobierno, la ministra vocera, Ena von Baer, aseguró que la administración de centroderecha, liderada por Sebastián Piñera, respeta lo que determine la Justicia.
“Respetamos todas las decisiones de los tribunales y como gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen”, manifestó.
Finalmente, Beatriz Pedrals precisó que “queremos judicializar todo lo ocurrido, de modo que en diez años más no se diga que quedó esta causa pendiente y ahora vamos a investigarla. Se va a investigar todo”.
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“Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda. Soy parte del Poder Judicial, que es el que tiene la responsabilidad en estos casos, y espero hacer mi labor y mi trabajo”, sostuvo Carroza.
En el marco de las investigaciones, el magistrado advirtió que solicitará al Servicio Médico Legal los resultados de la autopsia realizada al ex mandatario fallecido al poco tiempo del atentado a La Moneda.
“Todo elemento, testigo, documento o antecedente al que sea necesario recurrir obviamente lo haré, por lo tanto, si hay alguna persona que pueda declarar va a ser importante.”
También pedirá antecedentes a la Vicaría de la Solidaridad (entidad de la Iglesia Católica chilena cuya función era prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar) y el expediente de quienes fueron detenidos en La Moneda.
La próxima tarea de Carroza será dictar las órdenes correspondientes de indagar a la Policía de Investigaciones (PDI) para comenzar con las diligencias de los más de 700 procesos que se reabrieron con la presentación masiva de las querellas mencionadas. El magistrado Carroza ya tiene en su poder más de 1500 querellas presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
Desde España, la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex mandatario, recordó que el 11 de septiembre de 1973 “hubo un ataque premeditado de las fuerzas armadas. Ellos conspiraron para derrocar al presidente constitucionalmente elegido, al atacar bombardeando la casa de gobierno, en el instante que se encontraban numerosas personas, incluyendo al presidente Allende, su familia y varios de sus asesores. Ese acto buscaba, además, doblegar la voluntad del presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de Pinochet con el resto de los conspiradores”.
La parlamentaria agregó que “ese atroz atentado constituye una deuda pendiente de la Justicia que es reconocer los numerosos delitos cometidos e identificando a quienes participaron, estableciendo sus responsabilidades penales y conocer toda la verdad de ese día”.
Para Isabel Allende, “la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente de defender con su vida la democracia, pero es importante establecer la verdad. Apoyaré a la Justicia con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo”, dijo y pidió al Estado chileno que colabore al máximo con la Justicia.
Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la AFEP, reiteró anoche que la muerte del ex presidente Salvador Allende se trató de “un magnicidio”. “Al momento del golpe de Estado, Allende no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, por lo tanto aquí también (los responsables) tienen que responder por su crimen.”
En tanto, el timonel del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, sostuvo que “todavía hay un déficit de justicia y verdad en Chile”.
Desde el gobierno, la ministra vocera, Ena von Baer, aseguró que la administración de centroderecha, liderada por Sebastián Piñera, respeta lo que determine la Justicia.
“Respetamos todas las decisiones de los tribunales y como gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen”, manifestó.
Finalmente, Beatriz Pedrals precisó que “queremos judicializar todo lo ocurrido, de modo que en diez años más no se diga que quedó esta causa pendiente y ahora vamos a investigarla. Se va a investigar todo”.
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