jueves, 17 de febrero de 2011

LA "VENDETTA" DE LA BONAERENSE


La muerte de dos jóvenes en el partido de San Martín volvió a poner la mira en la violencia policial. La interna política y el oscuro pasado del comisario “Patito” Uhalde.

Por Tomás Eliaschev


Todas las tardes una escena apocalíptica se reitera en los basurales de José León Suárez. Cientos y a veces miles de habitantes de las villas cercanas al predio del CEAMSE, en el Partido de San Martín, tienen una hora al día para revolver los residuos, buscando alimentos muchas veces vencidos, vestimentas tiradas, electrodomésticos fallados, cobre o cualquier cosa que pueda ser comercializada. Esa es la vida de los “quemeros”, como se autodenominan quienes sobreviven de la basura. Es lo que hacían cotidianamente Mauricio Gabriel Ramos, Franco Almirón y Joaquín Romero, como la gran mayoría de los jóvenes de La Cárcova, una de las villas más pobres del conurbano bonaerense. Hasta que la violencia policial se interpuso en su destino.El 3 de febrero pasado, cuando un grupo de vecinos se dirigía al CEAMSE, la tarde terminó en tragedia. El tren de carga que opera la Nueva Compañía Argentina en el ramal Retiro-Zárate del Mitre descarriló frente al barrio. Aquí surge una primera duda que aún no tiene respuesta: ¿fue accidental el descarrilamiento o provocado por los vecinos? Como suele ocurrir cuando se producen hechos así, una multitud fue a tratar de rescatar objetos de valor. Todo terminó de la peor manera: Ramos, de 17 años, y Almirón, de 16, resultaron muertos y Romero, de 19, peleaba por su vida al cierre de esta edición. Aunque ni bien se conoció el hecho se acusó a los jóvenes, ahora el fiscal apunta a los policías de la comisaría 4ª de José León Suárez que habrían disparado balas de plomo indiscriminadamente contra los vecinos del barrio. La comparación con los fusilamientos que se produjeron hace 54 años en los basurales de este distrito es insoslayable. ¿Qué fue lo que motivó tanta saña entre los uniformados? Según fuentes policiales y judiciales, hay distintos elementos que explicarían el accionar policial, y que no necesariamente se excluyen entre sí:- Los policías estaban sensibilizados por la muerte del subteniente Marcelo Houriec, que acababa de ser asesinado ese mismo día de un disparo en el estómago cuando forcejeó con cuatro delincuentes que quisieron robarle el arma mientras patrullaba el Camino del Buen Ayre, bajo órdenes del Departamento de Seguridad Vial. Los atacantes, según divulgó la policía, se habrían refugiado en la Villa El Gaucho, no muy lejos de La Cárcova. - El manifiesto contrapunto sobre la política de seguridad entre el ejecutivo provincial, representado por el ministro Ricardo Casal, y el nacional, con Nilda Garré a la cabeza, podría estar teniendo este tipo de correlatos. En la Bonaerense hay sectores hastiados por el cuestionamiento de su accionar y por la llegada de gendarmes a lo que ellos consideran como “sus territorios”.Si se tienen en cuenta los antecedentes de la policía del partido de San Martín y de Víctor Hugo “El Patito” Uhalde, el comisario de la 4ª a cargo del operativo, la violencia no debería sorprender. En el ambiente policial cuentan que el apodo zoológico proviene de unacostumbre de esas aves, que a cada paso largan sus excrementos. Es que Uhalde, de 44 años, tiene una historia compleja. En el ´93 fue condenado por apremios ilegales agravados, es decir, tortura. Esto sucedió poco tiempo después de que su padre, Rogelio Uhalde, también policía, fuera asesinado en la Villa Obrera, de Lanús, cuando peleó cuerpo a cuerpo con dos desconocidos que bajaron de un Ford Falcon. Aparentemente, su hijo habría querido hacer justicia sin atenerse a la ley. Resultó condenado por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en la causa Nº P. 58.874 a la pena de “dos años y dos meses de prisión, en suspenso, con costas e inhabilitación especial por cuatro años y cuatro meses para desempeñar cargos públicos, por ser autor responsable del delito de apremios ilegales agravados”. El 13 de septiembre de 2000, la Corte Suprema provincial rechazó el recurso de apelación que presentó el abogado Lorenzo A. Fraiese, socio del estudio jurídico de Alberto Rogelio Uhalde, hermano mayor de Víctor Hugo.Uhalde padre supo pisar fuerte en la zona sur. En la dictadura estuvo en la Brigada de Investigaciones de La Plata y prestó servicios en Lanús, para luego ser nombrado comisario en Florencio Varela. Siguiendo su ejemplo, sus dos hijos también se hicieron policías. El mayor, además, estudió abogacía. Fiel a la corporación policial, se constituyó como defensor del comisario Darío Alfredo Inchausti, pasado a retiro por León Arslanián y citado a declarar en los Juicios de la Verdad como presunto represor, sospechoso de participar en el secuestro y la desaparición de Nora Formiga, Elena Arce Sahores y Margarita Delgado en 1977. Inchausti era policía de la temible Seccional 8ª de la Plata, donde fueron vistas las mujeres por última vez. Aunque cueste entenderlo, la condena por torturas no le impidió a Víctor Hugo Uhalde seguir con su carrera. En el 2003 fue ascendido a subcomisario por Juan Pablo Cafiero, entonces Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Al año siguiente, con una velocidad poco habitual, llegó a comisario. Estuvo al frente de la 1era de Berazategui y de la 3era de Florencio Varela. Hasta que lo nombraron a cargo de la 4ta de José León Suárez, en reemplazo del comisario Marcelo Gabriel Mogaburo, a instancias del jefe de la Departamental San Martín, Mario Edmundo Briceño, su protector. De esta manera, Uhalde cambió la zona sur por la noroeste, donde todavía resuena el nombre de Diego Duarte, el joven muerto en 2004 entre la basura del CEAMSE, cuando se refugiaba de la persecución policial.A Uhalde, su nuevo destino lo terminó complicando. Fue separado preventivamente de la policía junto a quince de sus subordinados. El fiscal Marcelo Sendot ya estableció, gracias a las pericias de gendarmería, que “los plomos son todos de escopetas”. Es decir, que los que dispararon mortalmente fueron los policías. Según detalló, “hubo 16 policías que dispararon y están identificados”. Sendot contradijo la versión de Casal, que había responsabilizado a “una banda organizada que descarriló el tren y agredió a los maquinistas para que paren con piedras y tiros”. Según el ministro de Daniel Scioli “se produjo un enfrentamiento” por lo que “un policía –que ya está a disposición de la Justicia–, viendo el tiroteo y que habían impactado en dos patrulleros, repelió con su escopeta. Al recibir el tiroteo con armas de fuego, un policía manifiesta que tomó uno de los cartuchos que tenía perdigón y se defendió. Es el policía que ha sido puesto a disposición del fiscal”, justificó el ministro. “La única banda organizada que hay en la Carcova se llama comisaría 4ª de José León Suárez, y es la Bonaerense”, le contestó Leonardo Grosso, titular nacional de la JP Evita y referente barrial en La Cárcova. En diálogo con Veintitrés, durante la marcha que se realizó en el barrio (ver recuadro), el dirigente denunció que “la Bonaerense y la 4ª de León Suárez tienen connivencia con los transas de droga, los desarmaderos y los prostíbulos de la zona. Todos los vecinos y nosotros vemos cómo los policías pasan por la puerta de las casas de los transas y cobran el peaje”.“Del primero al último policía se tiene que ir –exigió Noemí Gallardo, tía de Joaquín Romero, en conversación con esta revista–. A los chicos siempre los reprimen. Cuando van al cinturón ecológico, si los policías tienen ganas los dejan una hora y cuando no quieren, ni siquiera avisan y los reprimen con balas de goma. Ahora Joaquín está luchando por su vida, tiene tres tiros por la espalda, como hace siempre la policía con los chicos. Tiene comprometidos los pulmones, el intestino grueso y una arteria al corazón”, detalló.Desde la cartera que dirige Casal cuestionaron a la Comisión Provincial por la Memoria, que preside Roberto Cipriano García, al plantear que “le damos 10 millones por año y nos quieren fijar la política de seguridad”, según divulgó Clarín el 7 de febrero. En el organismo, que realiza una importante tarea de archivo de crímenes de lesa humanidad, respondieron que el ministro “cree que si una institución tiene asignados fondos públicos debe disciplinar su comportamiento a los deseos del gobierno. La obsecuencia y la sumisión parece ser la regla vertical que rige su gestión. Malversando fondos, podrá comprar otros silencios”. Pero no se quedaron ahí, sino que remarcaron que “no alcanza la tardía separación transitoria de los sospechados de las muertes crueles y vanas. Hay que cambiar de fondo la política de seguridad del gobierno que instala la idea de que los niños, jóvenes y adultos pobres y excluidos tienen menos derechos y que son los responsables de la inseguridad”. Mientras tanto, como cada tarde, la basura del CEAMSE seguirá atrayendo a los que ya no tienen casi nada que perder, excepto su vida.

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