SIN TECHO

Mauricio Macri vetó la prórroga de la emergencia habitacional. El jefe de gobierno porteño dejó sin efecto la norma votada por unanimidad en la Legislatura. La insólita justificación y el silencio de su propia tropa.

Por Tali Goldman

No hace falta ejercitar demasiado la memoria para recordar dos conflictos que, en los últimos meses de 2010, pusieron en evidencia la ausencia de políticas habitacionales del gobierno de Mauricio Macri en el ámbito porteño: la ocupación del Parque Indoamericano y la del Club Albariño, los dos en el extremo sur de la ciudad, que dejó un saldo de tres muertos y varios heridos. Lo curioso es que, a semanas de aquellos acontecimientos, el propio ingeniero haya vuelto a invisibilizar esa realidad. A través del expediente Nº 161739, con fecha del 13 de enero de 2011, el jefe de Gobierno vetó la ley de Emergencia Habitacional, que había sido prorrogada por unanimidad en la Legislatura, el último 13 de diciembre. Un freno constitucional que ni legisladores Pro como Enzo Pagani, Martín Borrelli, Cristian Ritondo, María Raquel Herrero, Patricio Di Steffano –todos integrantes de la Comisión de vivienda– pudieron explicar al ser consultados por Veintitrés. Macri, en cambio, fundamentó más livianamente su decisión: bajo el paraguas de la “estabilidad jurídica”, sostuvo que la ley había caducado al ser prorrogada y, por lo tanto, resultaba improcedente su extensión.“En concreto se trata de un argumento leguleyo”, denuncia Rocío Sánchez Andía, diputada de la Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de vivienda de la Legislatura. “Hay muchos antecedentes de leyes que perdieron vigencia pero sus plazos de cumplimiento se extendieron. Y nunca fueron vetadas por el Ejecutivo porteño.”Por caso, en septiembre de 2010, se prorrogó el estado de emergencia edilicia en el complejo habitacional del barrio Cte. Luis Piedrabuena, que había vencido en junio del mismo año. “Una decisión parlamentaria que Macri no cuestionó –recuerda Sánchez Andía–. Por eso, lo que está haciendo sólo se entiende como provocación política, de una irracionalidad absoluta. Sobre todo después de haber tenido un Indoamericano.”Francisco “Tito” Nenna, diputado de Encuentro Popular para la Victoria e integrante de la comisión, tildó de autoritaria la actitud de Macri. “En tres años de gestión, vetó 57 leyes que habíamos trabajado y consensuado entre todos los partidos, incluido el suyo –explica Nenna–. Él descree de la legislatura y pone en cuestión la práctica democrática.”Desde que el Pro arribó a Bolívar 1, el Instituto de la Vivienda (IVC) –encargado de “ejecutar los lineamientos de la política habitacional destinados a familias de recursos insuficientes que viven en la Ciudad de Buenos Aires”, entre otras cosas– disminuyó tanto su presupuesto como sus competencias. “En lugar de mejorar al IVC –afirma Sánchez Andía– Macri se encargó no sólo de vaciarlo sino de descentralizar la problemática en diversos organismos como el Ministerio de Desarrollo Social o la Corporación Sur, totalmente ineficientes.” Un hecho grafica sus palabras: el 8 de septiembre de 2010, el ministerio que comanda Eugenia Vidal –y que entrega subsidios a las familias desalojadas–, permaneció cerrado durante dos semanas por “falta de presupuesto”. “La gente estaba desesperada, fue una vergüenza –asegura Nenna–. Los del gobierno de la Ciudad desalojaban a la gente y no les daban ninguna solución. En campaña, Macri había dicho que construiría diez mil viviendas y hasta ahora sólo hizo setecientas, de las cuales seiscientas se habían iniciado durante la gestión de (Jorge) Telerman.” Para la diputada de la Coalición, los hechos “revelan la idiosincrasia del gobierno macrista, al que no le interesa dar una solución definitiva a esta problemática, concibiendo las políticas de vivienda como una cuestión asistencial”.Según datos del Ministerio de Hacienda porteño, al tercer trimestre de 2010 el IVC registró una ejecución presupuestaria del 18,9 por ciento, es decir, 77,3 millones de pesos sobre los 409,5 millones que tenía adjudicados. En el mismo año, tampoco fueron implementados otros programas, como el que contemplaba la entrega de créditos para la construcción o la reintegración, integración y transformación en villas que, con un presupuesto de 35,3 millones de pesos para mejorar la infraestructura de los habitantes de barrios carenciados, no registró movimiento alguno. Incluso para el ejercicio 2011 –que no fue votado en la Legislatura–, la lógica del Ejecutivo macrista preveía menos inversión en el área restándole, por ejemplo, cuarenta millones de pesos al presupuesto de la Corporación del Sur, una sociedad estatal creada en el 2000 para “propender a un mayor equilibrio que revirtiese las evidentes desigualdades entre la zona sur y el resto de la Ciudad”. Toda una definición para una ciudad que tiene a alrededor de 500 mil personas viviendo en villas, asentamientos o núcleos habitacionales transitorios y 2 mil en situación de calle, según el informe sobre las políticas de hábitat y movilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2010, del Centro de Estudios Perspectiva Sur. Desde el espacio Generación Política Sur, del que depende este centro de estudios, la politóloga Geraldine Oniszczuk explica que “Macri subejecutó partidas y no sólo en hábitat y movilidad. También hizo lo mismo en otras áreas, como salud o educación. La ideología se traduce en políticas públicas que expresan el horizonte de un proyecto político y, en este caso, se esconde un modelo en el que el Estado está más ausente que presente”.Lanzado a competir por la presidencia en octubre próximo, Macri no sólo mostró desinterés en términos de crisis habitacional. Ni siquiera se preocupó por el llamado a declaración indagatoria, fijado para el 25 de febrero, que le trabó el juez Facundo Cubas –a pedido de la Fiscalía de Instrucción Nº 13, a cargo de Marcelo Roma– en la causa que investiga el accionar de la UCEP, creada por Macri, en diversos operativos de desalojo de indigentes de las calles, parques y plazas porteñas. Junto con el ingeniero, deberán declarar el ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo –que hoy preside Subterráneos de Buenos Aires–, y los integrantes de la unidad acusada de amenazar y maltratar a personas en situación de calle.La diputada Sánchez Andía advierte que “Macri no tiene que olvidarse que hasta el 10 de diciembre de 2011 sigue siendo jefe de Gobierno. Hoy es evidente que existe una situación de emergencia habitacional, por más que él haya vetado la ley. En todo caso, esa decisión demuestra que es coherente: nunca tuvo una visión de gestión para solucionar la crisis de vivienda en la ciudad”. En la misma sintonía, Nenna afirma: “El veto de Macri es, más que nada, ideológico. Se trata de un gobierno de derecha al que no le interesa pensar en políticas y derechos sociales sino privilegiar sus negocios con los sectores privados”.