martes, 15 de febrero de 2011

LUCIANO ARRUGA, DOS AÑOS SIN JUSTICIA


Había sido detenido y golpeado en dos ocasiones por la misma comisaría 8ª de La Matanza. La fiscal que lleva el caso nunca avanzó sobre los pedidos de la familia. Las pruebas apuntan contra ocho bonaerenses que fueron restituidos a sus funciones.


Por Nahuel Lag


Dos años después de la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, ocurrida el 31 de enero de 2009, no hay imputados, pese a que hace más de un año que la propia fiscal de la investigación sostenía que “la hipótesis más firme es la de la responsabilidad policial”. La causa no sumó ninguna prueba en ese sentido. Sin embargo, “en el expediente figura una cantidad de irregularidades por parte de la policía que se relacionan con la desaparición de Luciano”, aseguró Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga. Entre las pocas medidas que se ordenaron en 2010 hubo una en la que se pidió a Mónica Alegre, mamá de Luciano, “recorrer las morgues judiciales para identificar cuerpos de jóvenes de entre 18 a 20 años”, indicó Combi. “Se investiga el más alto delito contra los derechos humanos, mientras el gobierno bonaerense trata de invisibilizarlo”, denunció Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se incorporó a la causa en noviembre. El organismo y la APDH participaron la semana pasada de la primera serie de peritajes solicitados en conjunto.
La hipótesis que recae sobre los ocho policías que estaban en funciones en la madrugada del 31 de enero en el destacamento policial de Lomas del Mirador –dependiente de la comisaría 8ª y donde los registros indican que Luciano estuvo ilegalmente detenido en 2008– fue reacreditada por la fiscal 1 de La Matanza, Celia Cejas. La familia pidió que se cite a indagatoria, por la prueba surgida de los peritajes y los cruces de testimonios, a los policías responsables por supresión de documento público, incumplimiento del deber de funcionario público y apremios ilegales.
En cambio, en marzo de 2010, Cejas le solicitó al titular del juzgado de Garantías 5, Gustavo Banco, que revise si la causa no debería pasar al fuero federal. Entonces, el juez consideró que no había prueba suficiente. Mantuvo la carátula de averiguación de paradero y se declaró incompetente.
Dos meses después, el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la ONU, entregó su informe a la Argentina y exhortó al Estado a “concluir la investigación” por “desaparición forzada”. “Es una investigación compleja, con fuertes sospechas sobre la Bonaerense y en la que se muestran problemas de compromiso por parte de la Justicia y el gobierno provincial. El cambio de carátula puede ser simbólico pero indica que la causa no está considerada con la importancia que debería tener la desaparición de una persona”, sentenció Litvachky, directora del Programa de Justicia democrática del CELS.
Desde el rechazo del juez, se sucedieron pocas medidas entre las que estuvo el pedido de que la madre de Luciano busque a su hijo en las morgues, algo a lo que la querella familiar se negó. Y la citación de Mónica a declarar varias veces. Medidas más, medidas menos, Pablo Pimentel, titular de la Asociación por los Derechos Humanos de La Matanza, reflexionó: “Los primeros doce meses de la fiscal Cejas hubo movimiento, líneas de investigación, pero a partir de abril de 2010 notamos un cambio de actitud”.
Desde que Luciano fue visto por última vez a una cuadra de donde vivía en el barrio 12 de Octubre, la investigación comenzó torcida. La fiscal Roxana Castelli, la primera del caso, entregó los primeros 45 días de investigación a la Policía Bonaerense, violando la resolución 1390 de la Procuración General provincial, por lo que fue sumariada.
En manos de Cejas, un rastrillaje con perros halló el rastro de Luciano en un auto abandonado en el patio trasero del destacamento –apostado en una casa, donde cualquier detención es irregular– y en un patrullero. A eso se le sumó la prueba de que dos móviles policiales del destacamento, que debían patrullar por separado, aquella madrugada estuvieron detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde otro rastrillaje indicó que allí había estado el cuerpo de Arruga. Esa prueba, que se sumó en abril de 2009, aún es la más fuerte de la causa. Los testimonios de dos testigos que reconocieron a Luciano como un adolescente detenido y torturado en la comisaría 8ª aquella madrugada, no fueron confiables para la fiscal.
La última medida tomada ese año fue el peritaje sobre los libros policiales. Las grandes irregularidades encontradas en esos documentos son el basamento de las denuncias de supresión de documento público e incumplimiento del deber de funcionario público realizadas por la familia. “En estos dos años, el gobierno bonaerense no mostró voluntad política y los mensajes en relación con el funcionamiento de la Bonaerense fueron siempre los de darle más autonomía y no más control”, resaltó Litvachky. En agosto de 2009, el gobernador Daniel Scioli iba a recibir a la familia Arruga, pero la reunión la mantuvieron con el entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal, y de Seguridad, Carlos Stornelli.
Entonces, uno de los ministros se enfureció por el reclamo de responsabilidad de la familia. Dos meses después, los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador que habían sido puestos a disponibilidad por Stornelli fueron reincorporados a sus actividades y reasignados en otros distritos, donde aún continúan al servicio de la comunidad.
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