Inspeccionaron 9.000 de 23.000: probaron que 350 contaminan. Pero sólo 12 presentaron planes de reconversión y ninguno está en marcha. Y deben hacer cloacas, trasladar gente, y sacar basurales.
A dos años y medio de la orden de saneamiento del Riachuelo, la contaminación que producen las industrias sigue sin tratarse y no para. Hasta ahora sólo se han inspeccionado 9.000 de 23.000 establecimientos y se encontraron las primeras 350 que contaminan.
Este uno de los ejes del plan de saneamiento que más se viene demorando. Los vertidos son los que tienen peores consecuencias para la salud , y los que menos se ven: mercurio, zinc, plomo y cromo, hasta 50 veces por encima de los valores legalmente admitidos.
La ACUMAR (Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo) es la responsable de inspeccionar las curtiembres, frigoríficos, industrias químicas, petroquímicas y metalúrgicas que tiran sus fluidos sin tratar a la cuenca. La Autoridad está a cargo del secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien llegó al puesto a fines de diciembre tras dos gestiones cuestionadas, las de Homero Bibiloni, y antes, de Romina Picolotti.
El plazo inicial previsto era de 30 días, pero dos años y medio más tarde sólo se llevan inspeccionadas 9.000 fábricas: en 350 se probó que contaminan. De esas, sólo 12 presentaron planes de reconversión , y ninguno está en marcha. Para las tareas de control, ACUMAR cuenta únicamente con 42 inspectores. Según Consuelo Bilbao, coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace, “esta cifra da idea de que no se puede proceder con mucha celeridad”.
Para Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) –otra de las ONGS encargadas de controlar el saneamiento de la cuenca–, esta demora “habla de un déficit, a pesar de los constantes reclamos de las ONGS y del Juzgado Federal de Quilmes, que lleva adelante la causa”.
En 2008, la Corte dictó un fallo que provocó la creación de la ACUMAR –el organismo compuesto por representantes de la Nación, Ciudad y la Provincia de Buenos Aires– que debía trabajar sobre el plan de saneamiento. La sentencia se basó en una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en Dock Sud, afectados por los altos niveles de contaminación.
Bilbao explica que los avances son “muy lentos. Las medidas implementadas hasta ahora son aspectos ‘cosméticos’. En la cuestión de fondo no se están tomando medidas para recomponer la cuenca”. Sin embargo, el juez federal de Quilmes Luis Armella, que lleva la causa, tiene un enfoque más positivo: “Lo importante es que se está haciendo, más allá de los tiempos”, le explicó a Clarín .
Además, el fallo contempla otros ejes dentro del plan. Uno es sobre otro tipo de desechos : el 65% de las viviendas de la cuenca, la mayoría en villas, no tiene cloacas y sus desechos van a parar directamente al río, sin tratamiento.
Para hacer nuevas obras –agua potable y cloacas– y construir una planta de tratamiento, se aprobó un préstamo del Banco Mundial por 640 millones de dólares. Fuentes de la empresa estatal AySA explicaron que recién a fin de año comenzarían las obras.
La Corte Suprema también dio un plazo de un año para la erradicación de los 220 basurales a cielo abierto que hay a lo largo del Riachuelo (los más grandes de la Ciudad están en Villa Lugano y Barracas). Si bien el año pasado sacaron 70 mil toneladas de basura, apenas se removieron 25 basurales. “Son ‘dinámicos’, los cierran pero vuelven a aparecer. Por eso pasan las gestiones y en vez de disminuir, cada vez hay más”, explica Bilbao.
Pero para Nápoli lo más urgente es reubicar a las personas que aún están viviendo entre los desechos, “que son quienes presentan la situación de mayor riesgo sanitario. Y aún seguimos sin saber cuántas son”.
El plomo en sangre de los habitantes de la cuenca supera los niveles máximos tolerables. Por eso aparecen las consecuencias: pérdida de peso y capacidad intelectual, trastornos en embarazos, cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel. ACUMAR debía presentar en 2008 un programa sanitario en 90 días, que nunca se llevó a cabo, y todavía sigue sin saberse el número concreto de personas en situación de emergencia.
El titular de la ACUMAR, Juan José Mussi no respondió a los pedidos de este diario para hablar sobre el plan de saneamiento. Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos por La Boca criticó: “Se estará trabajando mucho, pero todo es visual. En lo profundo están los caños con residuos industriales. Es lo más grave, lo que enferma y sobre lo que no se hace nada. Con eso estamos muy en deuda”.
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