LAS CÁRCELES DE CASAL

Por Mariano Massaro

El hacinamiento de los detenidos –muchos de ellos, sin condena– es una de las marcas distintivas de las cárcelas bonaerenses que dependen de Ricardo Casal. Tortura, hacinamiento e insalubridad son las constantes. Diversas organizaciones de derechos humanos coinciden en denunciar la responsabilidad del gobierno provincial.

Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, ordena el Artículo 18 de la Constitución. La derecha nacional, sin embargo, parece no reparar en que el Sistema Penitenciario de la provincia de Buenos Aires es sinónimo de tortura, hacinamiento, precariedad alimenticia e insalubridad. Allí se conjuga el verbo reprimir, y la mano dura encuentra el respaldo de diversos sectores políticos. “La situación es extremadamente grave”, advierte la Marta Vedio, abogada vinculada durante mucho tiempo a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. “La sobrepoblación es alarmante, con sus consecuencias de hacinamiento y maltrato. Las cárceles están que rebasan”, afirma Vedio.En diálogo con Miradas al Sur, Roberto Cipriano, abogado y coordinador del Comité contra la Tortura, le puso cifras a la realidad. “La población carcelaria excede los 30 mil detenidos. La tasa de encarcelamiento, durante la gestión Scioli-Casal, se incrementó de 181 personas por cada 100 mil habitantes a 195 en 2010. Las cárceles están saturadas. En celdas de siete metros cuadrados, donde debería haber un solo detenido, se alojan tres y hasta cuatro personas. Una situación que esta semana pudimos comprobar en la Unidad 28 de Magdalena”, señala Cipriano.Sin embargo, el hecho más grave y revulsivo es la tortura. Una práctica sistemática. Durante 2010, la Comisión Provincial por la Memoria presentó 1.220 habeas corpus por torturas y malos tratos. El Comité contra la Tortura documentó los casos. No es el único organismo que recibe denuncias. También los registros de la Apdh. platense y de La Cantora dan cuenta de la situación. Inclusive diversas instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Relator de Personas Privadas de la Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han requerido al Estado provincial que modifique la grave situación en las cárceles bonaerenses.
Plaf-plaf y pata-pata. “Las torturas son algo habitual en las cárceles de la provincia; esto lo hemos constatado en cada recorrida que efectuamos”, comentó a Miradas al Sur Alcira Daroqui, directora del grupo de estudio sobre sistema penal y derechos humanos del Centro de Estudios Gino Germani. Casos de submarino seco y húmedo son habituales. También lo que se conoce en la jerga carcelaria como plaf-plaf, que consiste en un cachetazo en los oídos con las manos abiertas, una práctica que produce el sangrado de los oídos. Otra técnica frecuente es el pata-pata, en el cual lo reclusos son apaleados en los tobillos o en las plantas de los pies, lo que les impide caminar durante días.Los maltratos físicos no se detienene en las técnicas descriptas. Las frecuentes requisas de pabellones son otro ejemplo. En esas circunstancias, los agentes penitenciarios suelen ingresan a los pabellos tirando con postas de gomas. Una situación que se repite frente a cualquier disturbio, por menor que sea. “Durante la requisas no se respeta lo previsto por el reglamentado para éstos casos”, explica Daroqui, quien también es investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional y Directora de la carrera de Sociología de la UBA.
Muchos responsables. Otro de los temas donde existe acuerdo se relaciona con el trato inhumano que conllevan los constantes traslados a los que son sometidos los reclusos. “Los presos se la pasan viajando. Los trasladan todo el tiempo y nunca saben a donde los llevan. Los dejan esposados en los móviles para hacer viajes de catorce horas”, dice Vedio. El trato inhumano no se detiene allí. También alcanza la la cuestión alimentaria. La comida es imposible de consumir y son las familias de los presos las que se encargan de suministrarles los alimentos.Daroqui relata que en su última visita a Sierra Chica constató que la población carcelaria tenía un promedio de entre 19 a 20 años. “Todos eran pibes del conurbano. Los aíslan de sus familias, las únicas que pueden ayudarlos con la cuestión alimentaria”, dice el especialista. La consecuencia es obvia: mal alimentados, muchos internos terminan presentado cuadros clínicos.En los hechos, el Sistema Penitenciario Bonaerense se maneja de forma autónoma, pese a que la responsabilidad institucional recae en Javier Mendoza, secretario de Política Penitenciaria. El cuadro de situación, efectivamente, responde a una política de dejar hacer, donde las responsabilidades se licuan entre el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y el gobernador, Danniel Scioli. Cipriano opina que “la gestión de Casal es pésima”. Según su visión, “las políticas penitenciarias consistieron en la delegación, una especie de autogobierno de los agentes; una situación similar a la que se verifica con la policía bonaerense”, explica el coordinador del Comité contra la Tortura.La abogada Vedio asegura que las responsabilidades por la situación de las cárceles son amplias. “No creo que haya un solo responsable. Hay muchos. Lógicamente, que la primera mirada debe posarse sobre el Ejecutivo provincial, ya que hay políticas posibles que no se implementan. Hay responsabilidades relacionadas con el lugar de detención, como la adecuada atención alimentaria, sanitaria, educativa, familiar y laboral de los internos, que son tareas ineludibles del ejecutivo provincial”, explica la abogada de la Apdh.
Dejar hacer. Según Vedio, “Casal debería atender menos los requerimientos de las fuerzas de seguridad y comenzar a escuchar con atención a las organizaciones de derechos humanos, quienes están en condiciones de aportar experiencia y capacidad para la implementación de una política que respete los derechos humanos de todos”. Las críticas hacia su gestión no son nuevas. Recientemente, el funcionario fue duramente repudiado por la Comisión por la Memoria, a través de una declaración pública por los homicidios en José León Suárez.Hugo Cañón, presidente de la Comisión, asegura que “Casal es vocero del servicio penitenciario y de la corporación policial” y que “representa a esas corporaciones punitivas” en lugar de “ejercer el control civil y político sobre ellas”. La conclusión de Cañón es contundente: “La gestión de Casal está basada en la demagogia punitiva”.No obstante, en el reparto de responsabilidad, una cuota no menor la cabe al Poder Judicial y al Ministerio Público de la provincia. En otras palabras: a jueces y fiscales. Quienes conocen la situación afirman que son muy pocos los magistrados y funcionarios de las fiscalías que se hacen cargo de supervisar las condiciones de detención de procesados y condenados. Menos aun de monitorear el accionar de las autoridades y los agentes penitenciarios.La situación bonaerense, sin duda, contrasta con la política del Gobierno Nacional que, mediante diversos programas e iniciativas, procura ampliar y hacer efectivos los derechos de los internos. Mientras tanto, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que dirige Casal se promueve un laissez-faire respecto del sistema carcelario. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, al decir de los especialistas, la cárcel expresa un espacio de no derecho. Un ámbito donde rige un estado de excepción permanente, que lo excluye, en la práctica, del imperio de la ley.