"EN LOS ARCHIVOS ESTÁ TODA LA VERDAD"

Por Gabriela Juvenal

Gustavo Meoño, de visita por Argentina, participó de un encuentro con la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia Histórica.

"Aquí no hay archivos”, respondían las autoridades guatemaltecas cada vez que la comisión para el esclarecimiento histórico solicitaba documentos. Después de años de reiterados pedidos, se habían convencido de que aquel material –que podía probar el genocidio que dejó 155 mil muertos y 45 mil desaparecidos– no existía. En Guatemala, desde la intervención de los Estados Unidos en 1954, cuando fue derrocado el gobierno de Jacobo Árbenz, hasta 1986, hubo 32 años de sucesión de dictaduras militares. Sin embargo, un día de julio de 2005, sucedió lo que nadie hubiese imaginado. Ochenta millones de documentos de la Policía Nacional –casi ocho kilómetros lineales de paquetes– fueron hallados en un viejo edificio de la zona seis del complejo de la Policía Nacional Civil (PNC). “Fue como un sueño”, dice en una entrevista con Miradas al Sur Gustavo Meoño, actual director de ese archivo. Ex miembro de la dirección del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), ex director de la fundación que lleva el nombre de su amiga, la líder indígena Rigoberta Menchú, Meoño cuenta cómo es el proceso de organización de ese archivo que se convirtió en el más grande de América latina; y su lucha para que ese edificio sea un espacio para la memoria.

–¿Cómo fue el día de la recuperación?
–Nos habíamos convencido de la inexistencia de los archivos. Durante el tiempo que funcionó la Comisión para el esclarecimiento histórico, buscaron documentos por todos lados. El informe de la comisión consta de 12 tomos y en el último reproduce la decena de cartas a los comisionados, presidente, vice, jefe de ministros y de la Policía, pidiendo acceso. En cartas, respondían: “No hay archivos”. La anécdota surge durante una madrugada en que explotó un polvorín de un cuartel militar ubicado en las orillas de la capital. Aunque no hubo muertos, fue impresionante, estaba muy oscuro y los cascotes caían sobre las casas. Se especuló que era para borrar evidencias. Esto hizo que los habitantes se dirigieran a la procuraduría de los Derechos Humanos para denunciar que la PNC tenía también un depósito de explosivos. Pedían una investigación. El depósito existía, y ordenaron sacarlo. El 5 de julio de 2005, una comisión de la Procuraduría fue a verificar que ese traslado se efectuara. Afortunadamente, iba acompañada del historiador Heriberto Cifuentes. Digo esto porque pudo haber habido algún burócrata que tachara el asunto rápido. Cifuentes vio por una ventana muchos paquetes. Pidió entrar para inspeccionar y le dijeron que ahí no había nada. Tras su insistencia, terminaron abriéndole. No había armas, sino 80 millones de documentos. Era el archivo de la policía nacional. Una gigantesca montaña en medio de un caos de volcanes. Constatamos que había 7.900 metros lineales de paquetes, 8 kilómetros que hacen un total de 80 millones de folios.

–¿Qué período abarca?
–Es toda la historia de la policía desde su fundación en el siglo XIX –el documento más antiguo es de 1882– hasta su disolución a mediados de 1987. Es decir, 115 años, un archivo administrativo que tiene de todo. Algunos, sin ninguna intervención, y otros que seguían siendo alimentados, haciendo diferencia entre la actual Policía y la anterior, cuya diferencia se dio con los acuerdos de paz en 1996.

–¿Realmente cambió la policía?
–Fue más una cuestión de reciclado de los mismos jefes y agentes. Cambiaron nombre y uniforme, pero el fondo no cambió nada.

–¿Es uno de los archivos más grandes?
–Probablemente sea el archivo de policía más grande de América latina. Pero en un país como Guatemala, que se había negado tanto a su existencia, fue muy importante. Yo soy del lugar en donde apareció el archivo, la zona 6 –el país está dividido por zonas numeradas– un barrio popular donde hay una iglesia y donde el santo patrono es el señor de las Tres Patronas. Por eso, decimos que se lo debemos al santo.

–¿Cómo llegó usted a dirigir el archivo?
–Ha sido un regalo de la vida. Llegué siendo director de la fundación Rigoberta Menchú y en cuanto tuvimos la noticia nos unimos a un grupo y ahí nos quedamos. Después, la procuraduría de DD.HH. me propuso la dirección.

–¿Cómo se formaron para trabajar?
–Entramos en contacto con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). Ana Cacopardo e Ingrid Jaschek llegaron a Guatemala con muchas ideas y eso nos inspiró mucho. Además, nació un cariño muy importante y entrañable. También conocimos experiencias de la National Security Archive de EE.UU., y a la doctora Trudy Peterson, que es probablemente quien más sabe de archivos de Policía en el mundo. Aceptó asesorarnos y se convirtió en nuestra hada madrina. Aprendimos rápido y bien. Logramos hacer un trabajo archivístico con mucho rigor técnico y científico. Hoy, cinco años después de aquel caos de papeles, avanzamos muchísimo.

–¿En qué estado estaban esos papeles?
–Por entonces, para pasar de un lado a otro, subíamos un pequeño montículo que parecía de tierra, que tenía incluso plantas que habían brotado. ¡Y nos dimos cuenta que caminábamos sobre documentos! Se volvió un material terroso, una capa impermeable y sólo se perdió esa capa superior. Esa costra había protegido lo demás. Hoy todo está guardado en cajas y digitalizado.

–¿En qué instancia están?
–Como no podíamos trabajar en orden cronológico, priorizamos los años que van desde 1975 a 1985, que son los once años en que se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos. Coincide con los años de la dictadura argentina. Es el Plan Cóndor donde se da la relación entre el fundador de los escuadrones de la muerte en Guatemala 1966 con el brujo López Rega en Madrid. Digitalizamos casi 12 millones de documentos. No terminamos, pero el 90 por ciento ya han tenido intervención archivística.Al menos, ya no hay plagas. Había de todo: roedores, insectos, murciélagos.

–¿En qué consiste básicamente ese trabajo?
–Los organizamos, los describimos y digitalizamos y fueron a un proceso de investigación. Los datos los capturamos en fichas especiales y se vacían en bases de datos. Los procesos archivísticos se hicieron en simultáneo con los procesos de investigación. La ortodoxia decía que primero una cosa y después la otra. Pero así, dentro de 20 años, no quedaba nadie vivo. Trabajamos con mucha mística. Somos 150 personas, la mayoría jóvenes, mitad mujeres, mitad hombres. Fue un acierto este equipo. Se aprendió mucho. Los viejos somos material de consulta.

–¿Cuánto estiman que terminarán?
–Podrían ser unos 10 años más para que sea un archivo estabilizado, pleno y completo. Hace más de un año lo hemos abierto al acceso público. Tenemos 85 mil folios de información en respuesta a unas 4.000 consultas, donde el mayor usuario es el ministerio público.

–¿Cuántos juicios terminaron en condena?–Hay dos con juicio y sentencia por el delito de desaparición forzada. Fueron 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos en un país que no llegaba a los 10 millones de habitantes. Mujeres jueces han sido clave en esto. Pero están los que funcionan como los metales: “Si no funciona la plata, funciona el plomo”. El 18 de octubre comienza la audiencia por la desaparición del dirigente sindical Fernando García cuyas pruebas están sustentadas en documentos del archivo, que demuestran desde el día que fue capturado hasta la cadena de mandos, las condecoraciones y otras pruebas. Antes no había más que las denuncias de los familiares.

–¿Cómo asimiló este avance la sociedad?
–La situación todavía es de indiferencia, ha calado mucho la propaganda machacona de ver el futuro y reconciliarse. Repiten la frase: “El carro de la historia no se puede revisar viendo un retrovisor”. Y se sienten poetas. Los medios hacen su coro. Hay que reconocer igual a algunos periodistas. Pero ahora, se expresa gente que antes no lo hacía. Está la organización Hijos, inspirada en la de Argentina, y se suman jóvenes que se identifican con ellos. Cada vez hay más fotografías en las calles de los desaparecidos.