NACIDAS DE LA CRISIS, LOGRARON AFIANZARSE

El estudio realizado por la Facultad de Filosofía y Letras muestra que mientras en 2003 había 128 empresas recuperadas en Capital y Gran Buenos Aires, ahora se elevan a 205 y emplean a casi diez mil trabajadores. Estado y sindicatos son los nuevos apoyos.

Por Laura Vales

Lejos de apagarse, la experiencia de las empresas recuperadas se ha asentado y muestra un flujo constante de nuevos casos. Así lo señala el Tercer Relevamiento del sector realizado por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; el informe revela que las recuperadas siguen creciendo en número y ampliando sus planteles de trabajadores. Una de las conclusiones de la investigación es que la formación de cooperativas o empresas autogestionarias como forma de preservar el trabajo ha sido incorporada por los trabajadores como una herramienta cierta de acción frente a conflictos que antes consideraban sin salida.

El relevamiento fue presentado el sábado en el centro cultural de la imprenta recuperada Chilavert. El director del programa, Andrés Ruggeri, con el apoyo de un Power Point mostró los datos principales de lo que es, a fin de cuentas, el mapa más completo que se tenga sobre el tema, un mapa armado en base a visitas a cada cooperativa por parte de los investigadores, 85 estudiantes universitarios que hicieron el rastrillaje. La universidad ya había hecho otros dos relevamientos generales, en el 2003 y 2004, y luego –en el 2007– un estudio de la situación en la ciudad de Buenos Aires. Esto le permite hacer comparaciones en el tiempo y detectar cambios y tendencias.

Una de las novedades de esta época es que aparecen otros actores entre quienes son señalados por los trabajadores como sus apoyos. En primer lugar, en los procesos de recuperación el respaldo más fuerte sigue siendo el de las otras empresas recuperadas, pero ahora aparece el Estado (en años anteriores no era así) y aumentó la importancia otorgada a los sindicatos, mientras que se desdibujaron los movimientos sociales. Quizá lo más llamativo sea el giro que dieron los gremios, que allá por el 2001, en el pico de este fenómeno, eran hostiles a la toma de empresas y su reapertura por parte de los trabajadores, con la única excepción de la UOM.

Entre el público reunido en el primer piso de Chilavert, sin embargo, hubo otro tema que se llevó todo el interés: la situación de los trabajadores y, en especial, el modo en que realizan nuevas incorporaciones a sus cooperativas. De acuerdo con el relevamiento, hoy en las recuperadas trabajan 9362 personas (en el 2004 eran bastante menos, 6900). Este crecimiento se debió no sólo a que hay nuevas empresas autogestionadas, sino a que las antiguas tomaron trabajadores. El conflicto está en que un elevado número de las incorporaciones se hace bajo contrato.

Como cooperativas de trabajo (ésta es la forma legal que adoptaron todas las recuperadas para poder impulsar la expropiación de las máquinas y edificios), las empresas autogestionadas sólo pueden tomar gente en calidad de aspirantes a socios, con un período de prueba de seis meses, vencido el cual deben definir si los integran. En la investigación, surgió que un 46 por ciento de las recuperadas tienen en su plantel de trabajadores a personas que no son socias. De ellas, un 45 por ciento aparece como contratados como aspirantes y otro 21 por ciento figura en la encuesta como contratado, sin más detalle, es decir que no se sabe en qué condición.

El dato sirvió para abrir la discusión sobre las dificultades de las recuperadas en este punto, una cuestión sensible porque hace a su identidad. Si en épocas de crecimiento piensan en ampliar el número de trabajadores, cuando sus ventas decaen o su mercado se achica no pueden aplicar la clásica receta de los privados y despedir gente. Les queda el recurso de que cada socio se lleve menos dinero a su casa a fin de mes, pero esto pone en crisis a la cooperativa. En algunos casos, hay cooperativas que decidieron colectivamente hacer suspensiones rotativas. Como sea, hay un panorama que vuelve muy complejo para las recuperadas tomar la decisión de agregar puestos de empleo.

Para algunos de los trabajadores presentes en el debate, la solución sería permitir a las cooperativas de trabajo tomar personal en relación de dependencia. Otros plantearon que el período de prueba podría extenderse a dos años, porque asociar a un nuevo integrante a una cooperativa es una decisión de demasiado peso. La mayoría expresó que las leyes que se aplican al sector no son adecuadas; fueron hechas para cooperativas de trabajo, pero las recuperadas no nacieron como cooperativas, sino que tuvieron que adoptar a la fuerza esa figura legal. El trabajo autogestionado, coincidieron, es otra cosa.

El desafío de incorporar trabajadores todavía no encuentra un modo de ser resuelto, y se muestra como el gran tema de los próximos años.

El rol del Estado aparece como complejo y contradictorio. “Al no tener una política coherente, el Estado atiende a las recuperadas con acciones sueltas”, señaló Ruggeri. El grueso del apoyo es a través de subsidios: el 85 por ciento de las recuperadas declaró haberlos recibido, la mayoría a través del Ministerio de Trabajo, que creó el Programa Trabajo Autogestionado, y luego a través del Inaes y del Ministerio de Desarrollo Social. El relevamiento detectó, sin embargo, que no hay una política unificada ni siquiera en la otorgación de los subsidios, que en general se entregan luego de que los propios trabajadores presionan y buscan “en los recovecos de la administración la posibilidad” de conseguirlos. Mientras tanto, el grueso de las expropiaciones sigue sin ser pagadas por el Estado, lo que da lugar a juicios de expropiación inversa, y no se ha impulsado la sanción de una legislación específica para el sector, lo que deja a las autogestionadas sin acceso al crédito –ya que no tienen la propiedad de sus inmuebles– e incluso fuera de los créditos de la banca estatal, y sin poder acceder a los planes de promoción para las pymes.

Sobre este panorama de dificultades, con todo, las recuperadas se muestran como una realidad consolidada y vital. De las 128 estimadas como existentes en el 2003, pasaron a 161 en el 2004 y a 205 en la actualidad. Aunque la mayoría están ubicadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en los últimos años el crecimiento se hizo más notable en el interior del país. El relevamiento señala que la crisis internacional generó una nueva camada de recuperadas, pero que en general lo que se ve es un flujo estable de nuevas recuperaciones. La tasa de permanencia de las autogestionadas también se mantiene alta, como otro indicador de la potencialidad del sector.