martes, 16 de noviembre de 2010

LOS CIVILES EN EL BANQUILLO DE NÜREMBERG

En el juicio sustanciado en el Tribunal de Nuremberg puede calibrarse la importancia de la participación civil en los delitos de lesa humanidad cometidos por Alemania.
Cuando se consideran los crímenes de lesa humanidad cometidos, en general, se atribuye el protagonismo a los militares; parecería que los civiles hubieran sido ajenos a ellos. Sin embargo, la historia muestra que no es así. Siempre existieron civiles que no sólo participaron en los delitos perpetrados, sino que muchas veces fueron sus autores intelectuales o ejecutores directos y, con frecuencia, sus beneficiarios económicos y políticos.
Un ejemplo histórico típico es lo ocurrido en la Alemania nazi, no sólo por la índole de los delitos, sino también por la profundidad de la investigación realizada. Si se analiza el juicio sustanciado en el Tribunal de Nuremberg, puede calibrarse la importancia de la participación civil en esos delitos de lesa humanidad.
El Tribunal estuvo integrado por juristas estadounidenses, británicos, soviéticos y franceses; se designó un juez titular y un fiscal por país, cada uno con su suplente. Funcionó desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1º de octubre de 1946. Con respecto a cada procesado debía determinarse su participación en un plan común para cumplir crímenes contra la paz; si planeó o inició guerras y otros crímenes contra la paz; si cometió crímenes de guerra; y si cometió crímenes contra la humanidad.
Fueron procesados 24 personajes del nazismo; otros ya habían muerto, algunos de ellos por suicidio. La primera comprobación interesante es que seis de ellos eran militares y 18, civiles. Además, debe considerarse que el principal criminal, Adolf Hitler (ya suicidado), fue un civil, y que uno de los principales instrumentos para la comisión de delitos fue un partido político.
Entre los procesados civiles condenados a muerte y ahorcados figuran Wilhelm Frick, ministro del Interior; Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores; Hans Frank, gobernador de Polonia; Fritz Sauckel, líder de la zona de Turingia; Arthur Seyss-Inquart, comisario del Reich en los Países Bajos; Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Policía Secreta, y Alfred Rosenberg, ideólogo del racismo. Robert Ley, jefe del Frente del Trabajo Alemán, se suicidó antes del juicio.
Además fueron condenados Walter Funk, ministro de Economía, y Rudolf Hess, segundo en la línea de sucesión de Hitler, ambos a prisión perpetua; Baldur von Schirach, líder de la zona de Viena, y Albert Speer, ministro de Armamentos, a 20 años de prisión cada uno; y Konstantin von Neurath, protector de Bohemia y Moravia, a 15 años de prisión.
Fueron absueltos Franz von Papen, que había sido embajador en Turquía (1939-1944); Hjalmar Schacht, presidente del Banco Central (1933-1938); y ministro de Economía (1934-1937); Hans Fritzsche, comentarista de radio y jefe de informaciones del ministro Goebbels.
Al industrial nazi Gustav Krupp se lo consideró inepto para someterlo a juicio por razones de salud. Posteriormente, en 1947, su hijo Alfried Krupp fue sometido en Nuremberg a un tribunal militar estadounidense, que en julio de 1948 lo condenó a 12 años de prisión, por haber utilizado en sus fábricas mano de obra esclava judía proveniente de campos de concentración y prisioneros de guerra. Sin embargo, en 1951, John McCloy, alto comisionado de los Estados Unidos en Alemania, revisó la sentencia, lo puso en libertad y le devolvió sus bienes, que habían sido confiscados.

Vinculación económica. Es interesante examinar la vinculación entre los responsables de la economía y los delitos de lesa humanidad. En este caso, de qué modo el ministro Walter Funk instrumentó la economía para servir primero el esquema político nazi y después a la guerra.
Funk era un periodista especializado en finanzas e ingresó al partido nazi en 1931 y, en 1933, fue jefe de prensa del Gobierno y subsecretario del Ministerio de Propaganda. En 1938, fue nombrado ministro de Economía y plenipotenciario general para la Economía de Guerra; luego agregó a esas funciones las de presidente del Banco Central y reemplazó en esos cargos a Hjalmar Schacht. Desde agosto de 1939, fue miembro del Consejo Ministerial de Defensa del Reich, y, a partir de 1943, miembro del Consejo de Planificación Central.
En el juicio de Nuremberg se lo acusó de haber planeado la guerra, en especial, de haber preparado la ocupación del territorio ruso, incluso mediante la impresión de rublos. Proyectó la explotación económica del vasto territorio ruso como proveedor de materias primas para Europa y fue un estrecho colaborador de Hermann Goering.
En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, propuso el decreto por el que se prohibía toda actividad económica a los judíos, “que lógicamente seguía a la eliminación de los judíos de la vida política”. En 1942 acordó con Himmler la remisión al Banco Central de oro, joyas y dinero de las SS (grupo paramilitar) sin determinar su origen; se enviaron entonces al Banco Central las pertenencias de las víctimas de los campos de concentración. Así, fueron a las bodegas del Banco el dinero, las joyas, los relojes y el oro de los dientes y los anteojos de los recluidos. En el juicio, Funk declaró que no sabía que el Banco Central recibía esos objetos; el Tribunal declaró que, o bien sabía lo que se recibía, o bien cerraba deliberadamente los ojos.
Se probó que participaba en el aprovechamiento económico de los territorios anexados. Presidió la Continental Oil, que explotaba el petróleo de los territorios ocupados del este de Europa. Fue responsable de la incautación de las reservas de oro del Banco Nacional de Checoslovaquia y de la liquidación del Banco Nacional de Yugoslavia. En 1943 fue miembro del Consejo Central de Planificación, que determinaba el número de trabajadores que necesitaba la industria alemana y requería su provisión, en especial por la deportación desde los territorios ocupados. Bajo su dirección, el Banco Central otorgó un fuerte crédito a las SS para la construcción de fábricas para que trabajaran obreros provenientes de campos de concentración.
Como atenuante, el Tribunal concluyó que Funk nunca fue una figura dominante en los programas en los que participó. En consecuencia, se lo condenó a prisión perpetua. Se salvó así de ser ahorcado como otros colegas ministros, pero quedó marcada la responsabilidad del ministro de Economía en los crímenes de lesa humanidad, aunque no hubiera intervenido personalmente en actos de violencia física.

Responsabilidades compartidas. La atribución de responsabilidades entre civiles y militares por estos crímenes, varió según los países y las situaciones. En Alemania, los jefes militares debieron responder por los delitos cometidos; pero no sólo ellos, también los civiles que participaron fueron enjuiciados ante el Tribunal Internacional.
Esta no fue la situación general en América latina. Ahora, con la perspectiva que dan los decenios transcurridos, puede analizarse con mayor lucidez en qué medida la avidez de poder y dinero de grupos mixtos, integrados por civiles y militares, llevaron a situaciones sangrientas. Pero la realidad es que cargaron con casi toda la responsabilidad los grupos militares ejecutores, mientras los civiles que planearon e instigaron muchos de esos hechos violentos y a menudo usufructuaron los resultados económicos y políticos, quedaron impunes. Ya decía Keynes que algunos economistas podían matar más gente que cualquier conquistador de la historia.

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