"Andá a la dirección”, le dijo la vicedirectora al pibe que estaba formado en la fila. “No quiero”, contestó el pibe. “Entonces voy a llamar a la policía”, refutó la autoridad. Tal desacato podría haber ocurrido en cualquier escuela pública. Pero en una de Villa Pueyrredón, la amenaza se hizo realidad el viernes 3 de septiembre. La vicedirectora levantó el teléfono y discó 911. A los 10 minutos, cuatro efectivos de la Policía Metropolitana llegaron a la institución. A Pedro –nombre con reserva de identidad– le bastó con ver los chalecos flourescentes para salir corriendo y esconderse en un baño.
El pibe tiene 12 años y está en séptimo grado. Lo acusaban de haberle pegado a una nena de su mismo curso. La mayoría de los alumnos son habitantes de Villa Martelli, uno de los barrios más humildes del partido bonaerense de Vicente López. Todas las mañanas cruzan la General Paz para ir a la escuela.
Recién tiempo después la vicedirectora hizo lo correcto y llamó a sus padres y al Same, según normativas educativas. Firmaron el acta de notificación de lo que había pasado y se lo llevaron a su casa. Lo que se exageró como un golpe había sólo sido un empujonazo. Los médicos revisaron a la nena y no tenía ninguna lesión.
La escuela pública no tiene autonomía universitaria, que implica que no es terreno del Estado. Padres y docentes radicaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Escribieron una nota el 6 de septiembre en donde expresaron el “repudio” a lo que sucedió. Pedro en ningún momento se puso agresivo, al contrario. Estaba calmo, pero angustiado.
“Haber convocado a la policía por un incidente entre alumnos carece de toda razonabilidad –explica Gustavo Lesbegueris, del Área de Derecho a la Educación de la Defensoría–. Los docentes y directivos están totalmente capacitados para educar y contener a los chicos y si no, hay procedimientos, como recurrir al Consejo del Niño, Niñas y Adolescentes”.
La Ley 114 lo creó en 1998. Y trata de la protección integral de los menores en la ciudad de Buenos Aires, que enumera los derechos y garantías. En el artículo 29, el Gobierno porteño le garantiza al joven ser escuchado por las autoridades antes de cualquier medida o sanción. Y que las mismas sólo pueden tomarse “mediante procedimientos y normativas conocidas, claras y justas”.
“Si se confirma el hecho, es grave; porque no fue una situación de riesgo inminente para la seguridad de un alumno –continúa Lesbegueris–, el Ministerio de Educación porteño deberá responder cuáles son los motivos que llevaron a la presencia policial.”
La Metropolitana tiene otro antecedente de invasión de la comunidad educativa el año pasado. Durante seis meses ocupó las instalaciones del Complejo Puerto Pibes, un lugar recreativo donde se realizan programas sociales destinados a jóvenes en situaciones vulnerables. El predio incluía la Escuela Indira Gandhi y un jardín de infantes. Los chicos compartían el espacio con los uniformados. De marzo a noviembre utilizaron como sus oficinas un salón de usos múltiples y las habitaciones que servían para alojar a chicos provenientes del interior. La presión de gremios, legisladores y organizaciones sociales hizo que los efectivos abandonen el lugar que funcionaba como sede de la policía porteña.
“La Policía Metropolitana no espía estudiantes”, repetía el ministro de Seguridad y Justicia porteño Guillermo Montenegro. Se refería a las tareas de inteligencia y al supuesto espionaje de las que fue acusada la fuerza contra los alumnos que toman escuelas. La semana pasada circuló por los medios un documento interno de la Metropolitana calificado como “secreto y confidencial” que nombraba a tres estudiantes como los encargados de organizar la movilización y protesta estudiantil. Quizás estaba en lo cierto Montenegro y el documento sea falso. La Policía Metropolitana ya no espía estudiantes desde afuera. Ahora directamente entra a buscarlos.
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